Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-107-14 — Registro 4766

Resumen

Resolución recurrida que declara la responsabilidad administrativa e impone la sanción disciplinaria de despido del cargo de Juez,omitiendo una correcta notificación al haberse enterado primero por los medios de comunicación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO DIECISÉIS (16): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma la Sala de lo Constitucional, que resulta inadmisible sustraer infundadamente al Juez (a) del conocimiento de los casos que la Ley le atribuye en el ámbito de su competencia, perturbando inclusive la inamovilidad judicial en su amplio concepto,[10] al imponerse una suspensión provisional sin una adecuada notificación que habilite su derecho al recurso, el cual expresamente le conceden las leyes. Se ha privado así al referido servidor judicial, a que, oída que fuera su defensa, se revisare oportunamente por la instancia decisora la legalidad y procedencia de la medida de suspensión adoptada; la cual no sólo agravia sus derechos individualmente considerados, sino que la independencia judicial integralmente considerada; visto que no le corresponde al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial suspender, siquiera de forma provisional, a los jueces y magistrados, sino con apego a las debidas garantías procesales constitucionales y dentro de un plazo razonable. – Por todo ello, la Sala concluye que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial sub judice no se ajusta a las normas jurídicas aplicables, en su interpretación conforme a los estándares constitucionales ni convencionales del debido proceso, en perjuicio de las garantías procesales que asisten al ciudadano PEDRO JOSE VILLANUEVA, en su condición de miembro de la carrera judicial; por lo cual procede otorgar el amparo solicitado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados LEDY PATRICIA FAJARDO OSEGUERA Y JOSÉ ALEXIS VÁSQUEZ VELÁSQUEZ a favor del Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA, contra actuaciones y resoluciones emitidas por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, relacionadas con la Suspensión del Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA del Cargo de Juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, en virtud de la sustanciación de responsabilidad disciplinaria por múltiples infracciones denunciadas ante la Inspectoría de Tribunales. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 1, 15, 16, 59, 63, 78, 80, 82, 89, 90, 95 y 128 numeral 8 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de enero del año dos mil catorce (2014), la Direccion de Administración de Personal de la Carrera Judicial, dictó Resolución Número 01-02-03-04-2014 mediante la cual recomendó: “PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa del servidor Judicial PEDRO JOSE VILLANUEVA, por incurrir en infracciones disciplinarias graves, contenida en el artículo 4 literales a), k), l) del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en el acta numero 4 de fecha 29 de octubre del 2013. SEGUNDO: Imponer al Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA, la sanción disciplinaria de despido del cargo de Juez de Letras departamental de Ocotepeque, sin responsabilidad Institucional. Haciendo las notificaciones y advertencias procesales del caso. TERCERO: Ordenar el trámite por separado de las diligencias relativas a los cargos administrativos atribuidos en cada una de las denuncias a los siguientes funcionarias Judiciales; Abogada LILIANA YAMILETH CHINCHILLA, Juez CARLOS ENRIQUE ALDANA DUBON, Secretario, WENDY CAROLINA AQUINO CALDERÓN Y JOSE DAVID CARTAGENA Receptores, todos del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque.” (Ver folios cuatrocientos cuarenta (440) al cuatrocientos cuarenta y cinco (445) de la pieza de antecedentes). 2) Que los recurrentes, Abogados LEDY PATRICIA FAJARDO OSEGUERA Y JOSÉ ALEXIS VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, comparecieron ante este Alto Tribunal, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil catorce (2014), interponiendo Recurso de Amparo a favor del Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA, contra las actuaciones y resoluciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, las cuales consideran violatorias de lo dispuesto en los artículos 1, 15, 16, 59, 63, 78, 80, 82, 89, 90, 95 y 128 numeral 8) de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014).3) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, dictó Resolución mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del servidor judicial Pedro Jose Villanueva por el cometimiento de las Infracciones disciplinarias graves previstas en los literales a), k), l) del Artículo 4 del Régimen Disciplinario aprobado en el acta número 4 de la Sesión celebrada en fecha 29 de Octubre de 2013. Y literal f) de artículo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial contenida en el decreto No. 291-2013. SEGUNDO: Imponer al Señor PEDRO JOSE VILLANUEVA, la sanción disciplinaria de DESPIDO DEL CARGO DE JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SIN RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. TERCERO: Se ordena a la Secretaría General del Consejo de la Judicatura y de la Carera Judicial notifique la presente resolución al sancionado por medio de los actos de comunicación que permita el conocimiento objeto de la misma por parte de éste (sancionado). CUARTO. Se establece como advertencia procesal que la presente resolución es recurrible únicamente en vía de reposición dentro del plazo de tres (3) días, con fundamento a lo que dispone el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.” (Ver folios cuatrocientos cuarenta y ocho (448) al cuatrocientos cincuenta y dos (452) de la pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil catorce (2014), el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por estimar que el acto reclamado está consumado de modo irreparable, en vista que la resolución de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, a que ha hecho referencia en el Antecedente inmediato anterior, declara la responsabilidad administrativa del señor PEDRO JOSE VILLANUEVA, imponiéndosele por consiguiente la sanción disciplinaria de despido del cargo de Juez de Letras Departamental de Ocotepeque; resolución que le fue notificada en la misma fecha y que fue recurrida en tiempo a través de sus apoderados legales, quienes interpusieron un recurso de reposición: “…, mismo que a la fecha de remisión del expediente está pendiente de resolución”. (Ver folios sesenta (60) al sesenta y tres (63) del recurso de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Articulo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por los Abogados LEDY PATRICIA FAJARDO OSEGUERA Y JOSÉ ALEXIS VÁSQUEZ VELÁSQUEZ a favor del Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA, contra actuaciones y resoluciones emitidas por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, relacionadas con la Suspensión del Cargo que ocupaba el Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA como Juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, en virtud de sustanciársele responsabilidad disciplinaria por múltiples infracciones denunciadas en su contra ante la Inspectoría de Tribunales. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados LEDY PATRICIA FAJARDO OSEGUERA Y JOSÉ ALEXIS VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, en su calidad de impetrantes del recurso, lo formalizaron en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), explicando en la relación de hechos y de fundamentación jurídica la existencia de una múltiple transgresión a los derechos constitucionales al derecho al trabajo y al salario del agraviado, incluyendo aguinaldo y vacaciones como derechos adquiridos, los cuales como un mínimo debieron pagarse en forma proporcional; a no ser suspendido del cargo gozando de vacaciones, en perjuicio de su integridad moral y reconocimiento de la dignidad que le es inherente; asimismo, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, manifestado en particular en el derecho a una notificación adecuada, la cual se le hizo llegar mediante un receptor de despacho y no un superior a él, como la ley establece; enterándose del contenido de la suspensión mediante los medios de comunicación y específicamente por la voz del señor Duarte, vocero institucional; todo ello antes de darle oportunidad de defenderse, el cual no se perfeccionó al no darle la oportunidad de defenderse previo a las acciones y resoluciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. CONSIDERANDO CINCO (5): Que ante la supresión de los derechos laborales constitucionales que acompañan a su representado y a los cuales se ha hecho referencia, solicitan los amparistas se restituya en el cargo judicial respectivo al Abogado PEDRO JOSE VILLANUEVA; se le restituya el inmediato pago correspondiente al tiempo trabajado y no remunerado, así como sus beneficios sociales, los cuales podrían considerarse como salarios caídos; se le restituya la imagen social a través de los mismos medios por el que fue denigrado y la compensación de las capacitaciones no recibidas, resolviendo en lo demás conforme a derecho. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se establece el ámbito legal de su competencia, confiriéndole entre otras atribuciones, las siguientes: Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico; ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la Carrera Judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.[1] CONSIDERANDO SIETE (7): Que así también la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, manda que los procesos de investigación iniciados con la Ley de la Carrera Judicial, la que deroga, se tramitarán por la nueva ley, señalando además los medios y recursos que se tienen para impugnar tales decisiones y que el Consejo garantizará en la adopción de sus resoluciones el respeto al debido proceso, salvaguardando el derecho a los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción. [2] CONSIDERANDO OCHO (8): Que debemos recordar, asimismo, lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que resulta asimismo mandatorio, en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva en lo atinente a los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone para el Estado de Honduras la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma. Por lo cual se entiende que las garantías judiciales mínimas relacionadas forman parte esencial del denominado debido proceso, vinculando por tanto, en lo competente, a las autoridades legítimamente establecidas, así como también a los administrados en cuanto concierne a mantener la integridad de sus derechos fundamentales, relación jurídica que constituye verdadero eje transversal al ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en tal sentido se ha pronunciado, asimismo, lo más granado de la doctrina constitucional contemporánea, para el caso lo expuesto por Konrad Hesse, al establecer su teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”;[3] precisando el autor citado, más adelante, el alcance de tal implicancia en la teoría constitucional de los derechos: “Al significado de los derechos fundamentales como derechos subjetivos de defensa del individuo frente a intervenciones injustificadas del Estado corresponde su significado jurídico objetivo como preceptos negativos de competencia. Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”.[4] CONSIDERANDO ONCE (11): Que continuando con la vista del caso, si bien se aprecia, que en el derecho disciplinario, la suspensión provisional del cargo pareciera cumplir la misma función que cumplen las medidas cautelares privativas de la libertad en el derecho procesal penal: garantizar el cumplimiento de los fines del proceso, es decir, que el aseguramiento de que la persona procesada no interfiera en la investigación, evitando asimismo la posibilidad siga incurriendo en el mismo supuesto que dio pie a la investigación. Resulta claro también, para esta Sala de lo Constitucional, que como corolario de la presunción de inocencia, la suspensión provisional no equivaldría necesariamente a la imposición llana de una sanción disciplinaria de carácter definitivo, la cual obviamente se distingue por su carácter final y ejecutorio. De ello se sigue, que la suspensión provisional reúne un carácter netamente provisorio y cautelar, por lo cual no debería generar por si misma el levantamiento de antecedentes ni anotaciones en su hoja de vida; evitándose asimismo, toda laceración en la honorabilidad que se reputa de cada miembro de la carrera judicial, se encuentre o no sujeto a procedimiento de investigación en curso. CONSIDERANDO DOCE (12): Que aunado a lo anterior se significa, que las reglas del proceso disciplinario deberán aplicarse, en todo caso, con apego al principio derecho al debido proceso. También es cierto que, al igual ocurre con la imposición de las medidas cautelares penales, la medida de suspensión provisional en el ejercicio del cargo debe cumplir con una serie de supuestos para su imposición, entre los que se cuentan por principio asegurar la necesidad, proporcionalidad e idoneidad, restringiendo la discrecionalidad en la aplicación de la misma;[5] el deber de motivación, inexcusable para el órgano estatal encargado de adoptar la decisión pertinente, carga de argumentación que vincula a justificarla, probatoria y jurídicamente; asegurando al investigado (a) el derecho de controvertirla, incluso a través de los recursos efectivos que le franquee la ley, siempre con el debido respeto al estado o presunción de inocencia. Condiciones que en general no fueron tenidas en cuenta por la autoridad de la cual se ampara la recurrente, para decretar la suspensión provisional del cargo aplicada, en virtud no habérsele efectuado una correcta notificación de haber recaído la misma con base a la investigación de mérito. CONSIDERNDO TRECE (13): Que también es cierto que por prevalencia del principio derecho al debido proceso que garantiza nuestra Constitución y, en su conjunto, el sistema normativo que se plasma y configura en el denominado Bloque de Constitucionalidad, exige que previo a proceder a la afectación o intervención en la esfera de derechos de los particulares, debe salvaguardárseles un adecuado derecho de defensa, en todo procedimiento o proceso legalmente establecido y que, tal es la primacía de este derecho, que nuestra Constitución le conceptúa como inviolable; lo cual conlleva un correlativo deber de respeto para el Estado, en su doble significación convencional de imponerle una obligación de respeto a los derechos y libertades, y, a contramano, exigirle una obligación de garante, misma que ya ha enmarcado la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 1 y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesta de manifiesto en los párrafos 165 al 167 de la sentencia Velásquez Rodríguez vs Estado de Honduras.[6]

  • El derecho de defensa comprende pues, en concordancia y armonía con el derecho al debido proceso, de modo meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes elementos: El conocimiento de la imputación y/o disponibilidad o prestación que se le exige desde el Estado; el derecho a ser oído; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la facultad de probar y controlar la prueba ante un órgano previamente determinado en ley, imparcial y competente; así como la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, el derecho a recurrir de lo desfavorable y a una notificación razonable de lo resuelto; todo ello de conformidad a ley. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la ley aplicable al presente caso, como reconoce expresamente el informe rendido por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, a través de su Secretario General, Abogado JOSÉ ROBERTO ESPINAL RAMOS,[7] es el precepto contenido en el artículo 69 párrafo primero de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, con relación al artículo 53 literal c), párrafo segundo de la ley en referencia; la cual reviste a la medida de suspensión de un carácter preventivo y temporal, susceptible de recurso de reposición por constituir el derecho al recurso una garantía prevista en la ley en aras de preservar y optimizar el principio de inamovilidad judicial y, por ende, de la independencia judicial en su más amplio concepto; todo ello en consonancia con una lectura armónica de la citada ley con relación a lo preceptuado en la norma fundante, como es el artículo 317 párrafo primero de la Constitución de la República, donde se establece; que los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que recapitulando lo hasta aquí expresado, la garantía del debido proceso en el orden administrativo, acorde a lo plasmado en nuestra Constitución, incumbe al conjunto de garantías, formalidades y derechos que asiste en procesos disciplinarios, laborales, gubernativos o análogos sustanciados ante la Administración Pública, en aras de obtener pronta y cumplida justicia. Teniendo en consecuencia el administrado el derecho a ser oído en la sustanciación de cualquier proceso, como queda dicho y explicitado, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro orden;[8] conservando - por ende - su derecho a proponer e instar la evacuación de pruebas ante Juez o autoridad competente, en un plazo razonable; así como a una correcta notificación, la cual se conceptúa en el núcleo del debido proceso en su aspecto procesal,[9] así como a formular argumentos y alegaciones y a interponer cuantos recursos estime oponibles, también de conformidad a ley. CONSIDERANDO DIECISÉIS (16): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma la Sala de lo Constitucional, que resulta inadmisible sustraer infundadamente al Juez (a) del conocimiento de los casos que la Ley le atribuye en el ámbito de su competencia, perturbando inclusive la inamovilidad judicial en su amplio concepto,[10] al imponerse una suspensión provisional sin una adecuada notificación que habilite su derecho al recurso, el cual expresamente le conceden las leyes. Se ha privado así al referido servidor judicial, a que, oída que fuera su defensa, se revisare oportunamente por la instancia decisora la legalidad y procedencia de la medida de suspensión adoptada; la cual no sólo agravia sus derechos individualmente considerados, sino que la independencia judicial integralmente considerada; visto que no le corresponde al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial suspender, siquiera de forma provisional, a los jueces y magistrados, sino con apego a las debidas garantías procesales constitucionales y dentro de un plazo razonable. – Por todo ello, la Sala concluye que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial sub judice no se ajusta a las normas jurídicas aplicables, en su interpretación conforme a los estándares constitucionales ni convencionales del debido proceso, en perjuicio de las garantías procesales que asisten al ciudadano PEDRO JOSE VILLANUEVA, en su condición de miembro de la carrera judicial; por lo cual procede otorgar el amparo solicitado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículos 1, 4, 59, 60, 64, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 127, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 317 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 17, 18, 19 y 20 del Código Civil; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales que se dejan relacionados en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0107=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver artículo 3 literales c) y e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011, del 28 de diciembre).

[2] Ver artículos 13 con relación a lo estipulado en el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011, del 28 de diciembre).

[3] Vid. Benda, Maihofer, Vogel, Hesse y Heyde, Manual de Derecho Constitucional, traducción de Antonio López Pina, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 90. Citado por: Castañeda Otsu, Susana, en: Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: Origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú (Con prólogo de Pablo Lucas Verdú). Editorial Alternativas, Lima, 2001, p. 31.

[4] Ibídem, p. 32.

[5] Al respecto, Bernal Pulido nos recuerda como ésta es jurisprudencia constante en diversos tribunales constitucionales de la Unión Europea, como son los de España y la República Federal de Alemania, la cual ha recapitulado al principio de proporcionalidad como “el principio propio del Estado de derecho”, puesto que no sólo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas por el Estado, sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. Al respecto concluye: “… el principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa. Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto a los derechos fundamentales establecido por la Constitución”. Bernal Pulido, Carlos. El Derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 80-1. – En el mismo sentido: Barroso, Luis Roberto. El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, p. 51.

[6] Ver sentencia de fondo Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 29 de julio de 1988.

[7] Ver folios cuarenta y siete (47) al cuarenta y nueve (49) de la pieza de amparo.

[8] Ver el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

[9] En tal sentido lo manifestado por eminente jurista panameño Arturo Hoyos, para quien, el núcleo del debido proceso: “… ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción gubernamental”. Vid. El Debido Proceso en la Sociedad Contemporánea, aporte a la compilación homenaje: LIBER AMICORUM: HÉCTOR FÍX-ZAMUDIO (Volumen II). Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, C.R., 1998, p. 911.

[10] Cabe recordar que el Estatuto del Juez Iberoamericano, adoptado por la VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001, reconoce a la inamovilidad en cuanto principio general en el artículo 14 del Estatuto, mientras establece también salvaguardas a la inamovilidad interna y la ad hoc. Sobre esta última prescribe el artículo 18: “La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados”.