Sentencia AA-1044-14 — Registro 4782
Resumen
Recurso de Amparo interpuesto contra resolución mediante la cual se le comunicó al impetrante, a través de correo electrónico que secretaría de Estado disponía dejar sin valor ni efecto su asignación como Director Departamental de Educación, al estar éste en proceso de investigación; Sin notificación de los motivos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…", esta Sala de lo Constitucional, debe pronunciarse que el Derecho de Defensa, Se Ha Vulnerado, por cuanto el recurrente se ha visto impedido en el ejercicio de su derecho a la Defensa, cuando la autoridad recurrida ha emitido el Oficio 1521 – SE-2014 con instrucciones arbitrarias y por ende contrarias al respeto de los derechos y garantías del Recurrente. Esta Sala concluye que el derecho a la Defensa NO SE ha garantizado al recurrente. CONSIDERANDO (7): El Estado reconoce un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso a todo ciudadano. Por ello, todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones arbitrarias de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo ese orden de ideas la Carta Magna exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Entendiendo que la garantía del Debido Proceso no solamente se circunscribe al ámbito jurisdiccional, sino que su aplicación comprende las sedes administrativas, o sea, en lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado ha de tener noticia y conocimiento de los hechos que se le atribuyen, las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. Por todo ello esta Sala se pronuncia que la resolución conocida en vía constitucional emitida mediante Oficio No. 1521 –SE-2014, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Secretario de Estado en la Secretaría de Educación, MARLON ESCOTO VALERIO, para Dejar Sin Valor Ni Efecto, la asignación como Director Departamental de Educación en el Departamento de Choluteca del recurrente, ha vulnerado el Derecho al DEBIDO PROCESO que constitucionalmente y conforme La Convención Americana Sobre Derechos Humanos le asiste al recurrente. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 321 Constitucional establece como límites a las facultades de los Servidores Públicos el respeto y apego incondicional a la Ley, entendido como la sujeción a la Carta Magna, las leyes secundarias y los Tratados y Convenios Internaciones parte de nuestro derecho interno. La falta de sujeción a la ley trae como sanción la nulidad de los actos producidos mediante el quebranto de esta disposición y por ende implica responsabilidad para sus autores. En la misma línea de ideas se expresa la norma Constitucional contenida en el artículo 323, cuando dispone que los funcionarios son depositarios de la autoridad, por lo que deberán responder legalmente por la conducta que asuman en los asuntos oficiales de su cargo, reiterando dicha normativa que tales servidores están sujetos a la ley y jamás superiores a ella, por lo que independientemente del Servicio que se preste al Estado, tales funcionarios jamás serán superiores a la Ley. Por su parte el artículo 324 Constitucional, determina la responsabilidad de los Funcionarios Públicos que infringen la ley, extendiendo tal responsabilidad al Estado mismo o a la Institución Estatal a cuyo servicio se encuentre el funcionario, dejando a salvo la acción de repetición del Estado contra tales funcionarios. Quedando establecido que la deducción de responsabilidad civil no excluye la responsabilidad administrativa y penal al infractor. Delimitando de esta manera los límites a la autoridad de los funcionarios de Estado que no son otras que las establecidas por la Constitución de la República. En apego irrestricto a las normas antes invocadas esta Sala de lo Constitucional, encuentra del estudio de los antecedentes y de la formalización del recurso que la autoridad recurrida ciertamente ha inobservado la resolución de esta Sala en cuanto a suspender todo acto que restrinja o disminuya los derechos y garantías del recurrente. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 94 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de febrero del dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL a favor de SI MISMO contra las actuaciones emitidas por el señor MARLON ESCOTO VALERIO, en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION y contra la señora YENY MALDONADO, en su condición de Secretaria General en funciones de la referida Secretaría de Estado contenidas en el Oficio No. 1521-SE-2014, consistentes, según el recurrente, en dejar sin valor ni efecto su asignación como Director Departamental de Educación en el departamento de Choluteca. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el señor JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra actuaciones del señor MARLON ESCOTO VALERIO, en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION y contra la señora YENY MALDONADO, en su condición de Secretaria General en funciones de la referida Secretaría de Estado, contenidas en el Oficio No. 1521-SE-2014, (ver folio 07 de la pieza de amparo), consistentes, según el recurrente, “…A DEJAR SIN VALOR NI EFECTO…” mi asignación como Director Departamental de Educación tal como se lee en el documento referido; manifestando además que dichos funcionarios se han permitido violar de manera frágil y repudiable el trámite legal establecido para tal finalidad. 2) Que en fecha nueve septiembre de dos mil catorce, este alto Tribunal, admitió el Recurso de Amparo de mérito, con suspensión provisional del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a efectos que dentro del plazo de un (01) día hábil, remitiese los antecedentes correspondientes al proceso de formación del acto impugnado. 3) Que en fecha once de septiembre de dos mil catorce, ésta Sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, desprendiéndose del mismo lo siguiente: a) Que el docente JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL, fue nombrado mediante concurso de manera interina como Director Departamental de Educación de Choluteca, mediante Acuerdo No. 2441-SE-10 de fecha 12 de noviembre de 2010, con vigencia a partir del 02 de agosto de 2010 al 02 de agosto de 2013; b) Al vencimiento del referido acuerdo la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en fecha 20 de junio de 2013 emitió el Oficio No. 0822-SE-2013 para que el señor JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL, continuara en su cargo como Director Departamental de Educación de Choluteca, de manera funcional, hasta que la Secretaría de Educación dispusiera lo contrario; c) Que mediante Acuerdo No. 1433-SE-2013 de fecha 09 de julio de 2013, dispuso nombrar interinamente en el mismo cargo al señor JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL, con una vigencia a partir del 03 de agosto de 2013 con vencimiento hasta que en dicho cargo se nombrase el profesional que aprobara el concurso, o se emitiera una disposición en contrario según oficio No. 066-UCA-SG-2013, asignación basada en la potestad discrecional del señor Secretario de Estado, ya que el cargo en mención no fue hecha en base al proceso de selección de concurso, el cual ya le había precluido; d) Que se presentaron denuncias contra el señor JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL, las cuales ingresaron a través de la Secretaría General de la Secretaría de Educación, conformándose una Comisión de Intervención e Investigación para proceder a investigar sobre las denuncias vertidas sobre el referido señor; e) Que mediante Oficio No. 1521-SE-2014 de fecha 5 de septiembre de dos mil catorce, se le comunicó al señor JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL, mediante correo electrónico que a partir de esa fecha la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación disponía en Dejar sin valor ni efecto su asignación como Director Departamental de Educación de Choluteca, al estar en proceso de investigación. 4) Que seguido el trámite correspondiente, se concedió vista por el término de cuarenta ocho horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo, teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce. 5) Que en fecha seis de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, siendo de la opinión porque “SE DENIEGUE” el recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo las actuaciones contenidas en el Oficio No.1521-SE-2014, emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se deja sin Valor ni efecto la Asignación como Director Departamental de Educación en el Departamento de Choluteca, del señor recurrente JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, (Folio 42), hace una relación de los hechos que motivan el Recurso, señalando que el señor Secretario de Estado en los Despachos de Educación al emitir el Oficio No. 1521 –SE-2014 de fecha 05 de septiembre del 2014; manifestando en su numeral primero que (sic) “el día jueves 04 de septiembre del presente año, a las 8:30 de la mañana, la señora YENY MALDONADO, Secretaria General en funciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, encabezando una “comisión” enviada supuestamente por el señor Ministro de Educación, sin mediar explicaciones y en absoluto abuso de autoridad, sin acreditación escrita ni legal, reunió a todo el personal de la Dirección Departamental de Educación para informar verbalmente y de manera informal que dicha Dirección esta “INTERVENIDA”. siendo el recurrente en ese momento el Director Departamental de Educación de Choluteca, nombrado mediante Acuerdo No. 2,441 SE-10 de fecha doce de noviembre del 2010, ampliando el período con Acuerdo No. 1,433-SE- 2013 de fecha 09 de julio del 2013; no se le hizo ninguna notificación de los motivos de la supuesta intervención y se entregó un oficio con el que se le despide ilegalmente haciendo caso omiso al acuerdo de nombramiento referido; pretendiendo confundir de manera maliciosa al darle un tratamiento como si hubiera estado en “funciones”. Señala en el numeral Tercero que “en ningún momento previo ni posterior a los hechos acontecidos el día jueves 04 de septiembre del 2014, le notificaron bajo ninguna modalidad que existieran hechos imputables que motivaran algún tipo de falta; mucho menos se le citó para celebrar audiencia de descargos tal y como establece el Estatuto del Docente y su Reglamento. (F.43)”. Manifiesta que “la supuesta “INTERVENCIÓN” de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca como la separación de su cargo, se efectuó sin desarrollar el Debido Proceso y sin que fuera oído por la autoridad competente, ya que no pudo desvirtuar ningún hecho imputado, porque ni el Ministro Escoto Valerio ni la señora Jeny Maldonado, ni ninguno de los demás integrantes de la supuesta comisión interventora, le expresaron los hechos que motivaron alguna falta conforme a ley”. Señala que el Derecho de Defensa se le ha vedado al haberlo juzgado sin darle el derecho a defenderse y peor aún le juzgaron sin saber cuáles son los cargos. Resume la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales de la siguiente manera: 1.-Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 párrafo primero constitucional, relacionado con: a) “El Estatuto del Docente artículos 4.1 (regula la carrera docente), 35, 36, 37, 38, 39, 40, Reformado (faltas, sanciones y despidos). Reglamento del Estado del docente en sus artículos 144 del Personal de la Directiva Departamental; 145 Las medidas disciplinarias serán aplicadas una vez escuchadas las razones y descargos del inculpado; 146 La autoridad respectiva de hacer notificación escrita al inculpado de los hechos que se le imputan para que los desvirtúe y entregarle el Oficio de citación para celebrar audiencia de descargos; 147, 148, 149, 150 hasta el 160 del Procedimiento para celebrar audiencia de descargo”. b) “Convención Americana Sobre Derechos Humanos Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución, la ley, o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”. 2.- La Constitución de la República en sus artículos 90 y 94, a toda persona a quien se le imputa un hecho, debe seguírsele un proceso legal por autoridad competente”. En el acápite que corresponde al Concepto de la violación reitera las normas constitucionales que considera se han vulnerado, así como que expone (sic) “que el comportamiento errático emanado de la Secretaría de Educación, le ha causado un grave perjuicio, además da a conocer que dicho comportamiento no ha cesado, a contrario sensu, ha incrementado, sometiéndolo a un acoso de carácter político, situación que expone a continuación: Que aun habiéndose comunicado a la Secretaría de Educación la ordenanza emitida por la honorable Corte de suspender todo acto que vulnere su nombramiento como Director Departamental de Choluteca, hace del conocimiento de la Honorable Corte que la Secretaria supra expuesta continúa ejerciendo actos flagrantes e ilegales en su contra, en vista de que en fecha 30 de septiembre del año en curso (2014) se le hizo un llamamiento para una audiencia de Descargo la cual tiene como objeto primario de establecer un procedimiento supuestamente legal para proceder a su cancelación (adjunta copia de la citación y acta de audiencia de descargo) situación que es contraria a derecho y por tanto deben ser anuladas de pleno Derecho. Finalmente señala que los actos tendientes a su destitución son constantes y no cesan por ningún motivo. CONSIDERANDO (5): Que el señor MARLON ESCOTO VALERIO en su condición de Secretario de Estado en la Secretaria de Educación emitió el Oficio No. 1521- SE-2014, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil catorce (2014), dirigido al Licenciado JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ, mediante el cual le informa que a partir de la fecha (indicada) esa Secretaría ha determinado DEJAR SIN VALOR NI EFECTO su asignación como Director Departamental de Educación en el Departamento de Choluteca. Por lo que le agraden sus servicios prestados en esa Institución misma que está en proceso de investigación. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, derecho que no admite excepción alguna, garantizando la igualdad en el proceso llámese Administrativo, Civil, Penal etc. Derecho reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales e Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Que tal y como lo ha dejado establecido esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional ésta que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de derechos o formalidades, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho de tener conocimiento de los hechos que se le imputan así como ser oído y aportar los medios probatorios que desvirtúen los hechos que han generado el acto impugnado, establecidas dentro de nuestro marco constitucional. Siendo así, el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley, como una manifestación del derecho de defensa en materia administrativa, connotación ineludible para materializar dicho Derecho. Por todo ello en cuanto a este motivo, esta Sala de lo Constitucional, debe pronunciarse que el Derecho de Defensa, Se Ha Vulnerado, por cuanto el recurrente se ha visto impedido en el ejercicio de su derecho a la Defensa, cuando la autoridad recurrida ha emitido el Oficio 1521 – SE-2014 con instrucciones arbitrarias y por ende contrarias al respeto de los derechos y garantías del Recurrente. Esta Sala concluye que el derecho a la Defensa NO SE ha garantizado al recurrente. CONSIDERANDO (7): El Estado reconoce un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso a todo ciudadano. Por ello, todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones arbitrarias de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo ese orden de ideas la Carta Magna exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Entendiendo que la garantía del Debido Proceso no solamente se circunscribe al ámbito jurisdiccional, sino que su aplicación comprende las sedes administrativas, o sea, en lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado ha de tener noticia y conocimiento de los hechos que se le atribuyen, las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. Por todo ello esta Sala se pronuncia que la resolución conocida en vía constitucional emitida mediante Oficio No. 1521 –SE-2014, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Secretario de Estado en la Secretaría de Educación, MARLON ESCOTO VALERIO, para Dejar Sin Valor Ni Efecto, la asignación como Director Departamental de Educación en el Departamento de Choluteca del recurrente, ha vulnerado el Derecho al DEBIDO PROCESO que constitucionalmente y conforme La Convención Americana Sobre Derechos Humanos le asiste al recurrente. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 321 Constitucional establece como límites a las facultades de los Servidores Públicos el respeto y apego incondicional a la Ley, entendido como la sujeción a la Carta Magna, las leyes secundarias y los Tratados y Convenios Internaciones parte de nuestro derecho interno. La falta de sujeción a la ley trae como sanción la nulidad de los actos producidos mediante el quebranto de esta disposición y por ende implica responsabilidad para sus autores. En la misma línea de ideas se expresa la norma Constitucional contenida en el artículo 323, cuando dispone que los funcionarios son depositarios de la autoridad, por lo que deberán responder legalmente por la conducta que asuman en los asuntos oficiales de su cargo, reiterando dicha normativa que tales servidores están sujetos a la ley y jamás superiores a ella, por lo que independientemente del Servicio que se preste al Estado, tales funcionarios jamás serán superiores a la Ley. Por su parte el artículo 324 Constitucional, determina la responsabilidad de los Funcionarios Públicos que infringen la ley, extendiendo tal responsabilidad al Estado mismo o a la Institución Estatal a cuyo servicio se encuentre el funcionario, dejando a salvo la acción de repetición del Estado contra tales funcionarios. Quedando establecido que la deducción de responsabilidad civil no excluye la responsabilidad administrativa y penal al infractor. Delimitando de esta manera los límites a la autoridad de los funcionarios de Estado que no son otras que las establecidas por la Constitución de la República. En apego irrestricto a las normas antes invocadas esta Sala de lo Constitucional, encuentra del estudio de los antecedentes y de la formalización del recurso que la autoridad recurrida ciertamente ha inobservado la resolución de esta Sala en cuanto a suspender todo acto que restrinja o disminuya los derechos y garantías del recurrente. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Licenciado JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ ESPINAL, a favor de SI MISMO, contra la Resolución contenida en el Oficio No. 1521 – 2014 de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil catorce (2014), emitida por el Secretario de Estado en la Secretaria de Educación MARLON ESCOTO VALERIO. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, recaída en recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 1044-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.