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Sentencia AA-1023-13 — Registro 4781

Resumen

Decisión administrativa de bloquear el Registro Tributario Nacional de Banco del País, sin notificarle dicho acto al afectado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria de la Dirección ejecutiva de Ingresos, también es cierto que no puede ser ilimitada ni menos prepotente. Sus resoluciones, que concretan el procedimiento administrativo y se convierten en ley especial y particular, no pueden o no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso. No quiere decir, por supuesto, que la eficacia de la motivación dependa de lo extenso del texto (probablemente una frase apropiada respalde suficientemente la decisión), pero sí que en todo caso la lealtad para con el contribuyente por su confianza de acudir a la administración publica exige que se le relate la fundamentación del fallo que les afecta, sin esperar que el interesado, acaso predispuesto por su problema, quede satisfecho, porque lo que se busca es en beneficio de la seguridad que debe dar el derecho a todos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, y al derecho de defensa, al proceder a bloquear el Registro Tributario Nacional de BANCO DEL PAIS S.A., acto que no se tramito por medio del proceso administrativo sancionador previo. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual condenó a Á.A. M. Y. por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de D. J M. G. a la pena principal de TRES (03) AÑOS OCHO (08) MESES DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado V.M. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado R. M. O., Defensor del acusado Á. A. M. Y. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: Que en fecha siete de julio del año dos mil ocho, siendo aproximadamente las doce del mediodía, D.J.M. se dirigía a bordo de su bicicleta a realizar compra a un restaurante que queda a la altura del semáforo de los Robles, cuando al salir de dicho lugar, es interceptado por el Señor Á. A. M.Y, quien con arma blanca en mano, lo intimida y despoja de la bicicleta. SEGUNDO: D. J. M., en su afán de recuperar su bicicleta, le da inmediata persecución a Á. A. M. Y., quien se dirige con rumbo al Barrio la Merced; en ese momento se encuentra con una patrulla, que circulaba por la zona, esta le brinda auxilio y lo sigue, evitando que el Señor Á. A.M. se lleve totalmente su bicicleta, recuperándola en el acto al mismo tiempo que es detenido por los agentes y puesto a la orden de las autoridades.” CONSIDERANDO I.-El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente, Abogado V. M. M, formalizó su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN I.- POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO ÚNICO: “Infracción por interpretación errónea del artículo 217 y 14 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: El Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado los hechos siguientes: PRIMERO: “Que en fecha siete de julio del año dos mil ocho, siendo aproximadamente las doce del mediodía, D.J. M. se dirigía a bordo de su bicicleta a realizar compra a un restaurante que queda a la altura del semáforo de los Robles, cuando al salir de dicho lugar, es interceptado por el señor Á. A. M. Y, quien con arma blanca en mano, lo intimida y despoja de la bicicleta. SEGUNDO: D.J.M, en su afán de recuperar su bicicleta, le da inmediata persecución a Á. A. M. Y. quien se dirige con rumbo al Barrio La Merced; en ese momento se encuentra con una patrulla, que circulaba por la zona, esta le brinda auxilio y lo sigue, evitando que el señor Á. A. M. se lleve totalmente su bicicleta, recuperándola en el acto al mismo tiempo que es detenido por los agentes y puesto a la orden de las autoridades. El precepto penal citado como infringido por interpretación errónea dice: Artículo “217: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equiparará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que la debiliten o anulen”. Artículo 14: “El delito es consumado cuando en él concurran todos los elementos de su tipificación legal”. La infracción denunciada en el presente caso, se produjo cuando el sentenciador no le dio una adecuada interpretación al verbo “apodera” que es rector del tipo básico de robo. En este sentido, tenemos que “apoderarse” es tomar o sacar un bien mueble del apoderamiento del titular por parte del sujeto activo. En el presente caso, los bienes muebles de ajena pertenencia lo constituye una bicicleta en la que se conducía el joven D. J.M., y la acción dolosa de “apoderamiento” se produjo mientras se dirigía a un Restaurante que queda a la altura del semáforo de los Robles en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, cuando sale del lugar el ofendido es interceptado por el señor Á. A. M. Y., quien mediante intimidación portando un arma blanca en mano lo obliga a entregarle su bicicleta, luego el ofendido le da seguimiento al imputado con el fin de recuperar su bicicleta y encuentra una patrulla policial que le presta auxilio y procede al decomiso de la bicicleta y a la detención de Á. A. M. Y. El defecto de interpretación que ahora denunciamos, consiste en que el Juzgador en el pronunciamiento contenido el numeral segundo de la fundamentación jurídica, entiende que se realizó un acto típico en su grado de ejecución de tentativa, ya que el acusado realizó actos inequívocos de ejecución de tal manera que no se consuma totalmente en virtud de que una vez que es despojado el ofendido de su bicicleta, no pierde de vista al acusado y emprende persecución en su contra; estableciendo el Juzgador que sin duda alguna la intención del acusado era pretender apoderarse del bien ajeno mediante intimidación de la víctima, no obstante su accionar fue truncado en su consumación por la intervención de un tercero que auxiliando a la víctima le da persecución y evita el apoderamiento efectivo por parte del acusado, quien hasta el momento de su detención no había tenido la libre disponibilidad del bien siquiera un momento, por lo que el Sentenciador concluyó que la acción delictiva no llegó a consumarse y por lo tanto constituye un delito tentado. Asimismo el Tribunal en el mismo apartado de fundamentación jurídica hace acopio al a opinión del Doctor L. A. de D. D, quien ha señalado que el momento consumativo de los delitos de Robo y Hurto, es aquel en que el infractor ha tenido la libre disponibilidad del bien, siquiera de un modo momentáneo, fugaz o de breve duración; a pesar de ello el Juzgador condena al imputado por un delito de tentado por considerar que la acción de Robo no fue consumada, por no tener la disponibilidad del bien al ser detenido por la policía; sin embargo tal y como lo expresa el autor, la consumación del delito de Robo se produce siquiera de modo momentáneo, fugaz o de breve duración; circunstancia que resulta congruente con el caso supra relacionado, ya que si bien es cierto la policía le brindó ayuda a la víctima, tal accionar ocurrió posterior a la comisión del ilícito, es decir, el bien salió de la esfera de dominio del ofendido, al serle despojado mediante intimidación o amenaza; aunado a ello, la policía decomisa posteriormente la bicicleta al imputado, es decir el bien ya se encontraba en posesión de éste; por el contrario nos encontraríamos ante un grado de ejecución de tentativa si en el momento de despojar de su bicicleta al ofendido, es decir en el momento de cometerse la acción ilícita la Policía hubiera llegado y hubiera interrumpido el acto doloso. Sobre este extremo, autores como Bustos Ramírez, consideran que “el momento consumativo solo puede estar referido al momento en que la disponibilidad de la cosa ha pasado de manos del sujeto pasivo al sujeto activo, en ese momento se puede decir que se ha apoderado de la cosa”[1]; situación que efectivamente sucedió, pues tal como ha quedad demostrado el imputado Á. A. M. Y, fue la persona que con el propósito de que el ofendido le entregara la bicicleta le mostró de forma amenazante un arma blanca, por lo que éste, ante tal intimidación, procedió a entregarle el objeto, es decir, que el despojo fue real y efectivo. Al respecto la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 630-04, ha establecido que “el verbo rector del delito de robo es el de apoderar que significa quitar la tenencia o disposición que se ejerce sobre un bien mueble, pudiera pensarse que no existe desapoderamiento cuando la proximidad del bien mueble con su dueño o tenedor no se pierde, pero en los delitos de la propiedad la proximidad sin disponibilidad o tenencia es intrascendente; por ejemplo cuando al tenedor o dueño le es arrebatado el bien y son sometidos sin vis absoluta, el hecho de estar cerca del bien objeto del delito, sin su voluntad, sin disponibilidad sobre los mismos y sin posibilidad de recuperarlos, es intrascendente. La ley considera que existe tentativa, cuando el imputado realiza todos los actos para que se dé un resultado, y este no se da por causas ajenas a la voluntad.- En esta sentencia el juzgador subsume los hechos en el tipo de tentativa de robo, partiendo del presupuesto de que los actos realizados por el procesado no logran el apoderamiento y no sacan de la esfera de dominio del dueño o tenedor los bienes, es decir que nos e perdió la tenencia o disponibilidad sobre ellos; doctrinariamente la esfera de dominio no se refiere a la distancia o la proximidad del mueble, sino a la posibilidad real y efectiva de tener disponibilidad del mismo; en este caso específico el apoderamiento por los acompañantes fue real y efectivo, la recuperación de los bienes se dio, no, por no haber salido de la esfera de dominio del tenedor (salieron porque se perdió la disposición sobre ellos) o porque el apoderamiento no se había consumado (los bienes ya están bajo la égida o dominio del imputado y su compañeros), o porque los sujetos activos no tenían disponibilidad sobre ellos (ya la tenían) sino por situaciones inminentemente circunstanciales…” Tal como se indica en el fallo supra mencionado, el bien sale de la esfera de dominio de la víctima y pasa a la del imputado, por lo que cualquier circunstancia posterior a esta acción es intrascendente, tal como acontece en el presente proceso, al desprenderse del factum en el hecho probado segundo, que el ofendido una vez que se le despojó de su bicicleta, le dio inmediata persecución al imputado, siendo auxiliado por la policía quien le dio captura, recuperando el objeto, por lo que resulta más que evidente que el objeto salió del dominio de la víctima, contrario a lo que estableció el Juzgador en la sentencia. En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que la interpretación errónea resulta evidente cuando el Tribunal afirma que el acusado no se logró apoderar del bien mueble, pues no tuvo la oportunidad de disponer del mismo, y por ello nos e consumó el delito de robo, aplicando en consecuencia el tipo penal de tentativa contenido en el artículo 15 del Código Penal, situación que pone al descubierto la aplicación del tipo básico de robo contenido en el artículo 217 del mismo cuerpo legal, en un sentido distinto al que verdaderamente tiene, ya que restringió sus alcances y efectos, al no interpretar adecuadamente el término “apodera” como se ha dejado demostrado en el presente recurso. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado Á. A. M.Y., es responsable del delito de ROBO, en perjuicio de D. J.L M. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por el delito de Robo pero en su grado de ejecución de Tentativa ha producido en consecuencia la infracción denunciada. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA INCORRECTA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL III.-Establece el Artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el Artículo 369 del Código de Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación; El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes; y 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y d. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal tratándose del Motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- IV.- El Ministerio Público establece que el Iudex ha hecho una Interpretación Indebida de los alcances del Artículo 217 en relación con el Artículo 14 del Código Penal, por cuanto conforme a los hechos declarados probados, el delito cometido por el acusado Á. A. M. Y. es de carácter consumado y no Tentado, por cuanto el desapoderamiento del bien mueble fue efectivo, causando perjuicio al ofendido D. J. M. G. V.- Es oportuno hacer un breve pronunciamiento doctrinal respecto al Iter Criminis (camino al delito) y sus diferentes fases dentro de las cuales está la tentativa y la consumación del delito que es en sí la cuestión a dilucidar en el presente caso. El Iter Criminis: Es la descripción del Proceso del Delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el Derecho Penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en dos fases: 1).- Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- Fase Intermedia: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal; 3).- Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos y a depender de la efectividad de éstos últimos igual la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado. c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado y existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el Artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El Artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, es decir, el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito; de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguna al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. d. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal. Ahora bien y en alusión al Recurso, es oportuno indicar que para que el delito de ROBO pueda considerarse consumado debe de existir disponibilidad del sujeto activo sobre el objeto mueble, ya que solo así puede darse por cumplidos los elementos del tipo penal. La Sentencia de fecha 27 de julio del 2010, emitida en el Expediente 263-2008 explica: “… La Sala de lo Penal, partiendo de que el núcleo de la acción descrita en el tipo penal de Robo es el “apoderamiento”, entiende que, ello implica que el sujeto activo debe haberse apoderado de la cosa mueble, debiéndose entender para ese apoderamiento que el ofendido sea desapoderado de la cosa mueble para la efectiva lesión del bien jurídico tutelado, ahora bien, para considerar su plena consumación es necesario que concurra la “disponibilidad” del autor sobre la cosa mueble desapoderada a la víctima, siendo necesario para ello que, además del apoderamiento material (apropiarse de la cosa mueble), se pueda tener disponibilidad de los bienes robados, lo cual sólo sucede cuando el autor logra colocar la cosa mueble aunque sea de manera momentánea en orden o condición beneficiosa para considerar lo que hará con los bienes, es decir, actos de disponibilidad de dominio, enajenar, poseerla, regalarla, etc. La disponibilidad del autor, para que vaya más allá del apoderamiento material requerirá la disponibilidad aludida en la cual el sujeto pasivo ya no debe tener ningún dominio de la cosa, pudiendo resultar la disponibilidad de manera momentánea o de manera permanente situación que se deberá definir en cada caso concreto de conformidad a los hechos acaecidos. Justamente la doctrina al explicar la teoría de la disponibilidad, para determinar cuándo concurre la misma, considera el caso del ladrón que es capturado in fraganti o es perseguido ininterrumpidamente por la fuerza pública o particulares siendo capturado, manteniéndose la tesis de que, en estos casos no habrá disponibilidad, no obstante haber existido apoderamiento material…”.- La Tesis de la Disponibilidad constituye Doctrina Legal al haber sido considerada por la Sala de lo Penal en los fallos del 15 de junio de 2007 en el Exp 224-2006, fallo del 20 de junio de 2007 en Exp 249-2005, fallo del 27 de julio del 2010 en Exp 263-2008 y fallo del 07 de Agosto de 2013 en el Exp 192-2011. Conforme a los hechos declarados probados el acusado Á. A. M. Y., mediante intimidación, despojo de una bicicleta al Señor D. J. M. quien como reacción procedió a darle “inmediata persecución” (f. 64v.), al que se le sumo la Policía Nacional, logrando alcanzar al acusado y recuperar el bien mueble; Estos hechos dan cuenta que el acusado al momento de su captura se encontraba en estado de flagrancia material (Art. 175.2 del C.P.P.), y si bien logro apoderarse del bien mueble (fase ejecutiva), no logro tener la posibilidad de disponer de él tal y como lo haría su verdadero dueño (imposibilidad de consumación) precisamente debido a un acto ajeno a su voluntad (persecución del ofendido y la policía), que le impidió consumar y agotar el delito, siendo su actuar solamente un acto tentado.- Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley presentado por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de una Ley Sustantiva en su ÚNICO MOTIVO, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha dieciséis (16) de Marzo del dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Supremo Tribunal de Justicia No.S.P.478=2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1]Bustos Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal, parte especial. Segunda edición, editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1991. Página 161 y 167.