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Sentencia AA-101-14 — Registro 4765

Resumen

Resolución impugnada emitida por el Tribunal Supremo Electoral con relación a la solicitud de nulidad parcial de la declaraciones de elecciones, específicamente el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Resolución, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, luego que el pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Lectoral conoció la solicitud de nulidad parcial de las declaraciones de elecciones, según Acuerdo 13-2013 de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, específicamente el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), promovida por el Señor LISANDRO QUESADA BARDALES; responde punto por punto los señalamientos que el recurrente hace en su escrito de formalización de la demanda de Amparo, así como también se señala que el Tribunal Supremo Electoral ha observado y completado todos los procedimientos que el sistema exige los datos reflejados en las actas de cierre emitidas por las Mesas Electorales Receptoras; y en base a lo anterior ése Tribunal procedió a establecer la distribución de los 20 candidatos (as) Propietarios (as) y sus respetivos suplentes, así como su correspondiente orden de precedencia en el Acuerdo 13-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013, contentivo de la Declaratoria de Ciudadanos (as) electos (as) al cargo de Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales, Elecciones Generales 2013, en aplicación irrestricta del mandato legal que establece que “en todo caso, cada partido político tendrá derechos a un Diputado Propietario y su respectivo suplente como mínimo”; en tal sentido efectuada la declaración antes indicada las personas electas representan al Estado Parte ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Por lo que el Tribunal Supremo Electoral resolvió declarar sin lugar la acción de nulidad parcial de la Declaratoria de Elecciones según Acuerdo 13-2013 en el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), interpuesta por el abogado LISANDRO QUEZADA BARDALES, en su condición de Candidato a Diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el Partido Liberal de Honduras. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso de impugnación sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por el Tribunal Supremo Electoral en su resolución y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral 9) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de alegaciones de mera legalidad, al calificar como un error lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a SOBRESEER el presente recurso."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RUBEHIN HERNÁNDEZ VEGA a favor del Señor LISANDRO QUESADA BARDALES, contra la Resolución número IMPUG-DE.-007-2014-EG- dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, con relación a la solicitud de nulidad parcial de la declaraciones de elecciones, según Acuerdo 13-2013 de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, específicamente el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), promovida por el Señor LISANDRO QUESADA BARDALES.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 44 y 64 de la Constitución de la República, 2 y 6 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, 23 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; relacionados con los artículos 2 numeral 6), 104, 125 numeral 3), 194 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil trece, compareció ante el Tribunal Supremo Electoral, el Señor LISANDRO QUESADA BARDALES, promoviendo acción de nulidad parcial de la declaraciones de elecciones, según Acuerdo 13-2013 de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, específicamente el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 2) Que en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, compareció ante el Tribunal Supremo Electoral, el Abogado JOSE RUBEHIN HERNÁNDEZ VEGA, presentando ampliación de la petición de nulidad parcial de declaratoria de elecciones, específicamente las posiciones del dieciséis al veinte de la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 3) Que en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, el Tribunal Supremo Electoral, dictó Resolución número IMPUG-DE.-007-2014-EG-, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, la acción de nulidad parcial de la Declaratoria de Elecciones según Acuerdo 13-2013 en el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), interpuesta por el abogado Lisandro Quezada Bardales, en su condición de Candidato a Diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el Partido Liberal de Honduras, interpuso, en virtud que éste Tribunal procedió a establecer la distribución de los 20 candidatos (as) Propietarios (as) y sus respetivos suplentes, así como su correspondiente orden de precedencia en el Acuerdo 13-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013, contentivo de la Declaratoria de Ciudadanos (as) electos (as) al cargo de Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales, Elecciones Generales 2013, en aplicación irrestricta del mandato legal que establece que “en todo caso, cada partido político tendrá derechos a un Diputado Propietario y su respectivo suplente como mínimo”; en tal sentido efectuada la declaración antes indicada las personas electas representan al Estado Parte ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). SEGUNDO: Con la presente resolución se agota la Vía Administrativa Electoral, y contra ella solo procede el Recurso de Amparo, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.” (Folios diecisiete (17) al veintidós (22) de la pieza de los antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado JOSE RUBEHIN HERNÁNDEZ VEGA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce, interponiendo Recurso de Amparo a favor del Señor LISANDRO QUESADA BARDALES, contra la Resolución número IMPUG-DE.-007-2014-EG- dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, alegando que con dicha resolución se están violentando a su representado los Artículos 44 y 64 de la Constitución de la República, 2 y 6 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, 23 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; relacionados con los Artículos 2 numeral 6), 104, 125 numeral 3), 194 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno de mayo del año dos mil catorce. 5) Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE RUBEHIN HERNÁNDEZ VEGA a favor del Señor LISANDRO QUESADA BARDALES, se dirige contra la Resolución número IMPUG-DE.-007-2014-EG- dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, con relación a la solicitud de nulidad parcial de las declaraciones de elecciones, según Acuerdo 13-2013 de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, específicamente el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), promovida por el Señor LISANDRO QUESADA BARDALES. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que el Tribunal Supremo Electoral ha incurrido en error y arbitrariedad al hacer recaer la elección como Diputados Propietarios al Parlamento Centroamericano desde la posición dieciséis a la veinte, junto a sus respectivos suplentes a miembros de los Partidos Alianza Patriótica y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia; cuando estos partidos políticos no tienen derecho a ser declarados electos ninguno de sus candidatos al Parlamento Centroamericano, no solo por no haber obtenido ningún cociente ni residuo electoral suficiente para ser electos, si no también porque de conformidad con lo prescrito por el Artículo 96 preámbulo, numeral 4); y, párrafo final de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, están disueltos de pleno derecho por no haber obtenido en las elecciones generales para cargos de elección popular por lo menos el dos porciento del total de los votos validos tomando como base el nivel electivo de mayor votación obtenida y por no haber obtenido por lo menos un Diputado al Congreso Nacional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha cuatro de junio dos mil catorce, en el sentido de que se pudo determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de amparo, ya que la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral únicamente hace uso del Principio de Legalidad que debe observarse en todos los procedimientos que la ley establece de manera clara para la integración de la planilla de diputados al Parlamento Centroamericano. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque no se otorgue el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo electoral, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Resolución, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, luego que el pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Lectoral conoció la solicitud de nulidad parcial de las declaraciones de elecciones, según Acuerdo 13-2013 de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, específicamente el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), promovida por el Señor LISANDRO QUESADA BARDALES; responde punto por punto los señalamientos que el recurrente hace en su escrito de formalización de la demanda de Amparo, así como también se señala que el Tribunal Supremo Electoral ha observado y completado todos los procedimientos que el sistema exige los datos reflejados en las actas de cierre emitidas por las Mesas Electorales Receptoras; y en base a lo anterior ése Tribunal procedió a establecer la distribución de los 20 candidatos (as) Propietarios (as) y sus respetivos suplentes, así como su correspondiente orden de precedencia en el Acuerdo 13-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013, contentivo de la Declaratoria de Ciudadanos (as) electos (as) al cargo de Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales, Elecciones Generales 2013, en aplicación irrestricta del mandato legal que establece que “en todo caso, cada partido político tendrá derechos a un Diputado Propietario y su respectivo suplente como mínimo”; en tal sentido efectuada la declaración antes indicada las personas electas representan al Estado Parte ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Por lo que el Tribunal Supremo Electoral resolvió declarar sin lugar la acción de nulidad parcial de la Declaratoria de Elecciones según Acuerdo 13-2013 en el punto primero que declara la elección de Diputados Propietarios y Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), interpuesta por el abogado LISANDRO QUEZADA BARDALES, en su condición de Candidato a Diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el Partido Liberal de Honduras. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso de impugnación sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por el Tribunal Supremo Electoral en su resolución y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral 9) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de alegaciones de mera legalidad, al calificar como un error lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a SOBRESEER el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 62, 89, numeral 1) y 90 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 133, 156 y 157 de su Reglamento, FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. PRESIDENTE POR LEY. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado bajo el número SCO-0101-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL