Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RI-937-12 — Registro 4454

Resumen

Decreto impugnado contentivo de Ley la cual ya no esta vigente debido al ambito temporal de vigencia de la misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO: Que resulta innegable para esta Sala, la situación que ha sido advertida por el Ministerio Público, que plantea a la Sala un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción, resultando evidente que al haber perdido vigencia la ley o normativa contra la que se impetra la declaratoria de inconstitucionalidad, el recurso ha perdido su objeto, consecuentemente, el procedimiento que ha sido iniciado no puede continuar, no porque la impugnación que ha sido pretendida sea infundada, sino porque la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, consecuentemente el recurso de mérito ha perdido todo su sentido, no siendo exigible ya el pronunciamiento por parte de la Sala en cuanto a la constitucionalidad de la referida normativa, resultando innecesario seguir garantizando su conformidad o no con la Constitución, por lo cual procede acceder a la solicitud del Ministerio Público y sobreseer el presente recurso de inconstitucionalidad al haber sobrevenido la pérdida de su objeto, al dejar de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., catorce de enero de dos mil catorce. VISTO Para resolver lo procedente en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA quien actúa en su condición de apoderada legal del Señor NELSON FRANCISCO MURILLO PEREZ, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha veinticuatro de mayo de mil doce, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,829 en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, por considerar la recurrente que la referida norma jurídica violenta garantías constitucionales y Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte, en perjuicio de su representado. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción constitucional corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la cual, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia y 2) por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. También el Juez o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución. CONSIDERANDO: Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la Republica, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el objeto del control de constitucionalidad en el recurso de inconstitucionalidad lo conforman las leyes y disposiciones normativas con rango de ley, misma que se censuran por vía de recurso por estimarse que deben ser objeto de depuración por contrastar la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que resulta que en el presente asunto, tal y como lo ha señalado el representante del Ministerio Público, el Decreto Legislativo No.89-2012, cuya declaratoria de inconstitucionalidad se pretende, tenía una vigencia transitoria de seis (6) meses, los cuales transcurrieron ya, dejando el referido decreto de tener vigencia, incluso al momento en el que el Ministerio Público emitiera su dictamen, razón por la que la petición que ha elevado a esta Sala está orientada a que se dicte un sobreseimiento del presente recurso, pues a su juicio, carece de todo sentido que se sustancie y tramite una acción de inconstitucionalidad sobre una norma que ya no tiene aplicación en el ámbito jurídico nacional por haber expirado su período de vigencia. El representante del Ministerio Público invoca la potestad que otorga a la Sala la propia ley en su Artículo 119, de establecer el procedimiento en aquellos casos no previstos en la ley. CONSIDERANDO: Que no obstante que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, misma que ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis[1], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley[2]. CONSIDERANDO: Que resulta innegable para esta Sala, la situación que ha sido advertida por el Ministerio Público, que plantea a la Sala un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción, resultando evidente que al haber perdido vigencia la ley o normativa contra la que se impetra la declaratoria de inconstitucionalidad, el recurso ha perdido su objeto, consecuentemente, el procedimiento que ha sido iniciado no puede continuar, no porque la impugnación que ha sido pretendida sea infundada, sino porque la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, consecuentemente el recurso de mérito ha perdido todo su sentido, no siendo exigible ya el pronunciamiento por parte de la Sala en cuanto a la constitucionalidad de la referida normativa, resultando innecesario seguir garantizando su conformidad o no con la Constitución, por lo cual procede acceder a la solicitud del Ministerio Público y sobreseer el presente recurso de inconstitucionalidad al haber sobrevenido la pérdida de su objeto, al dejar de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la acción de mérito, contentiva del recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA quien actúa en su condición de apoderada legal del Señor NELSON FRANCISCO MURILLO PEREZ, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,829, en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, al haber sobrevenido la pérdida de objeto del presente recurso al momento de perder vigencia y por ende efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, dejando de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, privando a la presente acción de cualquier interés o utilidad real; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma a los recurrentes para los efectos legales que les sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL"

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de febrero de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad No. 937-2012.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. . Tegucigalpa, M. D. C., catorce de enero de dos mil catorce. VISTO Para resolver lo procedente en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA quien actúa en su condición de apoderada legal del Señor NELSON FRANCISCO MURILLO PEREZ, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha veinticuatro de mayo de mil doce, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,829 en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, por considerar la recurrente que la referida norma jurídica violenta garantías constitucionales y Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte, en perjuicio de su representado. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción constitucional corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la cual, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia y 2) por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. También el Juez o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución. CONSIDERANDO: Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la Republica, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el objeto del control de constitucionalidad en el recurso de inconstitucionalidad lo conforman las leyes y disposiciones normativas con rango de ley, misma que se censuran por vía de recurso por estimarse que deben ser objeto de depuración por contrastar la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que resulta que en el presente asunto, tal y como lo ha señalado el representante del Ministerio Público, el Decreto Legislativo No.89-2012, cuya declaratoria de inconstitucionalidad se pretende, tenía una vigencia transitoria de seis (6) meses, los cuales transcurrieron ya, dejando el referido decreto de tener vigencia, incluso al momento en el que el Ministerio Público emitiera su dictamen, razón por la que la petición que ha elevado a esta Sala está orientada a que se dicte un sobreseimiento del presente recurso, pues a su juicio, carece de todo sentido que se sustancie y tramite una acción de inconstitucionalidad sobre una norma que ya no tiene aplicación en el ámbito jurídico nacional por haber expirado su período de vigencia. El representante del Ministerio Público invoca la potestad que otorga a la Sala la propia ley en su Artículo 119, de establecer el procedimiento en aquellos casos no previstos en la ley. CONSIDERANDO: Que no obstante que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, misma que ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley[4]. CONSIDERANDO: Que resulta innegable para esta Sala, la situación que ha sido advertida por el Ministerio Público, que plantea a la Sala un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción, resultando evidente que al haber perdido vigencia la ley o normativa contra la que se impetra la declaratoria de inconstitucionalidad, el recurso ha perdido su objeto, consecuentemente, el procedimiento que ha sido iniciado no puede continuar, no porque la impugnación que ha sido pretendida sea infundada, sino porque la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, consecuentemente el recurso de mérito ha perdido todo su sentido, no siendo exigible ya el pronunciamiento por parte de la Sala en cuanto a la constitucionalidad de la referida normativa, resultando innecesario seguir garantizando su conformidad o no con la Constitución, por lo cual procede acceder a la solicitud del Ministerio Público y sobreseer el presente recurso de inconstitucionalidad al haber sobrevenido la pérdida de su objeto, al dejar de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la acción de mérito, contentiva del recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA quien actúa en su condición de apoderada legal del Señor NELSON FRANCISCO MURILLO PEREZ, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,829, en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, al haber sobrevenido la pérdida de objeto del presente recurso al momento de perder vigencia y por ende efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2012, dejando de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, privando a la presente acción de cualquier interés o utilidad real; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma a los recurrentes para los efectos legales que les sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de febrero de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad No. 937-2012. Firma y Sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL"

[1] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.

[2] Artículos 80, 84 y 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

[3] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.

[4] Artículos 80, 84 y 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional