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Sentencia RI-295-13 — Registro 5350

Resumen

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por vía de excepción ,contra la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contenida en Decreto Legislativo No. 27-2010,en relación a la solicitud de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito promovida por el Ministerio Público ,contra recurrente, sosteniendo éste que en el caso de mérito, con la aplicación de dicha Ley impugnada ya se ha expulsado y despojado de su casa de habitación a su familia; referida vulneración se suscita por que se pretende que sus representados siendo menores de edad, acrediten la licitud de los bienes que eran de sus causantes fallecidos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."…"CONSIDERANDO (19): Que como se ha establecido en anteriores sentencias, la regla stare decisis implica en un sentido formal o estrictamente conceptual, la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de Inconstitucionalidad, en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en especie por el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. CONSIDERANDO (20): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo emitido en la acción con registro SCO 706=11 de fecha primero de noviembre de dos mil trece (2013), del cual se ha hecho amplia y literal referencia, al ser desestimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No. 27-2010 contentivo de la LEY SOBRE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, con la salvedad ya argumentada; resultando de lo anterior fundamentada la ostensible improcedencia del presente recurso y excepción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto VÍA EXCEPCIÓN, por el abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contra la LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, CONTENIDA EN DECRETO LEGISLATIVO No. 27-2010, publicada en el Diario oficial La Gaceta No. 32,239 de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, en relación a la solicitud de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito promovida por el abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra el señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN y OTROS. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, presentando solicitud de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, contra los bienes incautados al señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, cuyos titularidad de derechos corresponde, además del ya referido señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, a los señores OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, RUBEN SALVADOR TOBAR, DENNIS DAVID MARQUEZ VASQUEZ, FREDI DOMICIANO YANES MACHADO, ANGEL MARIA REAQUS MONTES, JOSE EVELIO LOPEZ PONCE, SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y COPSIS EMPRESA DE SEGURIDAD. (Ver folios uno (1) al catorce (14) de la pieza de Antecedentes, Tomo I). 2) Que en la misma fecha, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, resolvió decretar la medida de aseguramiento sobre un lote de terreno identificado con el numero B 14, inscrito a favor del señor FREDI DOMICIANO YANES MACHADO, ubicado en el Barrio Zarcita, Villa Santa Martha, de la Ciudad de Comayagua donde se encuentra construida una casa de habitación de dos (2) pisos, dinero en moneda nacional y extranjera, vehículos automotores, armas de fuego, aparatos de radio comunicación, entre otros bienes, librando oficio a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) a fin de poner a su disposición los bienes incautados al señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN. (Ver folios ciento ochenta y dos (182) al ciento noventa y dos (192) de la pieza de Antecedentes, Tomo I). 3) Que de fecha veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013) al diecinueve (19) de febrero del mismo año, se llevó a cabo Audiencia de Evacuación de Medios de Prueba, en la Solicitud de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito contra los bienes incautados al señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, a que se ha hecho anterior referencia, procediendo durante el transcurso de la misma el abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, en su condición de defensor privado del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, a interponer en forma oral, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. (Ver folios novecientos diecinueve (919) al novecientos setenta y ocho (978) de la pieza de Antecedentes, Tomo II). 4) Que en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, en su condición de apoderado legal del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, presentando escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad VÍA EXCEPCIÓN por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo No. 27-2010 contentivo de la LEY SOBRE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, por considerar que infringe los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 59, 61, 64, 82, 89, 90, 95, 103, 105, 106, 111, 118 y 119 de la Constitución de la República. (Ver folios novecientos ochenta (980) al novecientos ochenta y ocho (988) de la pieza de Antecedentes, Tomo II). 5) Que en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013), esta Sala, recibió el recurso de inconstitucionalidad que por VÍA EXCEPCIÓN interpuso el abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, contra la LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, CONTENIDA EN DECRETO LEGISLATIVO No. 27-2010, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 32,239, en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diez (2010); el cual fue admitido mediante auto de fecha tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República en virtud de que el presente recurso no va dirigido contra el procedimiento de creación sino en forma total y por razón de contenido del citado Decreto, disponiéndose en consecuencia, conceder traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles para que emitiera su Dictamen en el asunto de mérito. (Ver folios uno (1) al doce (12) de la pieza contentiva del recurso). 6) Que en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013), se tuvo por abstenida de emitir su dictamen a la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, al derivarse el caso de la actuación ejercida por el Ministerio Publico y en aras de salvaguardar la objetividad de sus actuaciones. (Ver folios quince (15) al dieciocho (18) de la pieza contentiva del recurso). 7) Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción constitucional por el Abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, se interpuso ya un recurso[1] con el mismo objeto de control constitucional que el presente, como es se declare por parte de la Sala de lo Constitucional, la inconstitucionalidad y consiguiente inaplicabilidad con efecto erga omnes del Decreto número Legislativo Número 27-2010 contentivo de la LEY DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha cinco de mayo de dos mil diez, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 32,239 de fecha dieciséis de junio del año dos mil diez, el cual fue interpuesto por el Abogado PEDRO ANASTACIO CASTELLON GARCIA, de generales conocidas, en su condición de apoderado legal de los señores CHRISTOPHER REYES GOMEZ y ANA MARIA HERNANDEZ CAMBAR, por considerar que el referido Decreto era violatorio a lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90, 96, 103 y 186 de la Constitución de la República. 8) Que en fecha uno (1) de octubre del año dos mil trece (2013, esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en el referido recurso de inconstitucionalidad, declarándolo “SIN LUGAR”. CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República se encuentra dotada de carácter normativo en un grado superlativo, por cuanto concreta tendencialmente los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico constitucional para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado, en cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo y en tanto práctica social relevante, se erige en premisa jurídica fundamental para la adopción de las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.[2] CONSIDERANDO (2): Que para efectos de control constitucional, establece ya la Constitución de la República en su artículo 185, el derecho público subjetivo de instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, la cual podrá solicitarse - inter alia - por vía de excepción; la cual podrá oponerse en cualquier procedimiento judicial, suspendiéndose los procedimientos y elevándose las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (3): Que el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo preceptuado en el ya referido artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la Acción de Inconstitucionalidad, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo. A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, el profesional del derecho recurrente, Abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, quien actúa en su condición de representante procesal del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, cuenta con la legitimación necesaria y suficiente para comparecer e interponer la presente garantía, en vista de recaer la aplicación de la ley repelida sobre bienes cuya titularidad en forma ilícita y sin justo título le es imputada a su representado; concerniéndole, por tanto, en forma directa, personal y legítima, la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la norma legal que es solicitada, vistos los efectos generales y vinculantes de la aplicación de esta normativa para con los bienes patrimoniales de la persona representada por el impetrante. CONSIDERANDO (5): Que los artículos 83 con relación al artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establecen, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de excepción deberá contener entre otros requisitos: El señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende; los motivos, que le sirven de fundamento a la pretensión; la explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motivan su acción; así como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad; requisitos todos ellos de rigurosa concurrencia, cuyo examen es exigencia ineludible en el trámite de la presente excepción de inconstitucionalidad, así como en el íter lógico motivacional que sustenta la presente sentencia. CONSIDERANDO (6): Que por otra parte, el artículo 82 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina como requisito para ejercitar esta garantía constitucional por vía de excepción, el que ésta se oponga en cualquier estado del proceso, antes de la citación para sentencia, lo cual es un requisito de procedibilidad constitucional que tiene efectivo cumplimiento en el presente caso. CONSIDERANDO (7): Que la Corte Suprema de Justicia conoce del recurso de inconstitucionalidad que por VÍA EXCEPCIÓN y por razón de su contenido, ha promovido el Abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, en su condición de representante procesal del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, contra la LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, CONTENIDA EN DECRETO LEGISLATIVO No. 27-2010, publicada en el Diario oficial La Gaceta No. 32,239 de fecha dieciséis de junio de dos mil diez entrando en vigencia veinte (20) días después de su fecha. CONSIDERANDO (8): Que el demandante de amparo argumenta su escrito, sustentándolo jurídicamente en la colisión de la norma secundaria señalada como inconstitucional, respecto a los artículos 59, 61, 64, 82, 89, 90, 95, 103, 105, 106, 111, 118 y 119 de la Constitución de la República; así como de los artículos 11, 16.3 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5.3, 8, 9, 17, 19 y 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10, 14, 15, 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. CONSIDERANDO (9): Que en cuanto a la motivación del referido recurso, se hace alusión a la situación de hecho que sufre el señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN referente a que sin haber sido declarado culpable fue ya despojado de su patrimonio personal y familiar, habiéndosele quitado hasta la casa en que habita con su familia, obligando a su esposa y niños a vivir de posada donde sus abuelos maternos. Lo anterior en cumplimiento de la LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO y de la LEY ESPECIAL DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, lo cual análoga a un despojo, merced al trámite especial y sumario que dicha ley establece, en franco ultraje al Estado de Inocencia, al Derecho de Defensa, a la Propiedad Privada, a la Prohibición Constitucional de las penas denominadas Confiscatorias y, en definitiva, al Debido Proceso. De acuerdo al plan de la demanda, éste último derecho se ve enervado en cuanto a las posibilidades de la Defensa, al no poder esgrimir otras nulidades, incidentes y excepciones que las que de manera muy restrictiva establecen los artículos 50, 51 y 52 de la Ley, lo cual convierte al Juez en un mero tramitador de desapoderamiento sumario y abusivo de bienes, en ultraje al derecho de defensa, manifestando que nos encontramos ante una verdadera confiscación de bienes, disimulada o encubierta con el eufemismo de “comiso”, o “decomiso” o “privación de dominio”. CONSIDERANDO (10): Que sigue manifestando el recurrente, en la parte concerniente al ultraje percibido al Estado de Inocencia, que la ley repelida no es una simple reversión de la carga de la prueba, sino que se trata de una verdadera y grave vulneración al Estado de Inocencia, estableciendo una presunción o estado de culpabilidad, en contravención a los preceptos constitucionales, que podría sintetizarse de la siguiente manera: “Toda persona es culpable mientras no demuestra lo contrario”. Asimismo transcribe lo estipulado en los artículos 89 de la Constitución de la República, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos los cuales hacen referencia a la prevalencia del Estado de Inocencia mientras no se haya declarado culpabilidad conforme a la ley y por intermedio de autoridad competente. CONSIDERANDO (11): Que sigue manifestando el recurrente, en la parte concerniente al ultraje percibido al derecho de petición y a la prohibición de retroactividad de la ley, contentiva en los artículos 80 y 96 de la Constitución de la República, los cuales estima correlativos a los artículos 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos los cuales hacen referencia a la no retroactividad de la ley sino cuando favorezca al delincuente o al procesado, lo cual se ha visto vulnerado, según sigue refiriendo el recurrente, con el eufemismo de llamar “retroespectividad de la ley” a lo que sin lugar a dudas es “retroactividad de la ley”. CONSIDERANDO (12): Que sigue manifestando el recurrente, en la parte concerniente al ultraje percibido al derecho de propiedad y consiguiente proscripción de las penas confiscatorias, contentivas en los artículos 61, 97, 103 y 106 de la Constitución de la República, los cuales estima correlativos a lo estipulado en los artículos 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (13): Seguidamente, hace acopio el Recurrente, a la garantía normativa contenida en los artículos 90, 95, 111, 118, 119 y 304 de la Constitución de la República; los cuales estima correlativos a los artículos 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 5.3, 17 y 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.7, 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con la prohibición de doble juzgamiento, a la defensa y a la protección de la familia, la niñez y el patrimonio familiar, así como a la prohibición a que la pena trasciende de la persona del delincuente: “… como en el caso de mérito, en el que se pretende, o mejor dicho ya se ha expulsado y despojado de su casa de habitación a la familia de Aristides Cruz Guillén”; finalizando la exposición de esta parte del recurso con mención del efecto nocivo que tiene en la práctica que la notificación o emplazamiento a través de la publicación de edictos en medios escritos o digitalizados de mayor circulación en la República o por medio de Internet, según prescrito en el artículo 58 numeral 29 de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, pues se produce un alejamiento de los clientes, amistades y hasta parientes, pues su asociación a términos como “ilícito”, “organización criminal” y “crimen organizado” son muy disuasivos y significan el escarnio público y la muerte civil de quien sufre la desgracia de esta imputación. CONSIDERANDO (14): Que en lo concerniente a sus dos (2) antepenúltimos motivos, hace acopio el recurrente a la garantía normativa contenida en los artículos 59, 60 y 61 de la Constitución de la República; referente a los principios de supremacía de la persona humana y de igualdad ante la ley, los cuales se han visto ultrajados al crearse un fuero especial y sumario para despojar a las personas de sus bienes personales y familiares a personas que ni siquiera han sido condenadas por la comisión de un delito; lo cual tiene correlación, según expresa el recurrente, en lo preceptuado en los artículos 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CONSIDERANDO (15): Finalmente y en lo concerniente al último motivo, invoca el profesional del derecho demandante de inconstitucionalidad, la declaración contenida en el artículo 64 de la Constitución de la República, puesto que considera que la ley controvertida en sede constitucional disminuye, restringe y tergiversa declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República y en Tratados y Convenios Internacionales de los que es signatario el Estado de Honduras; por todo lo cual solicita la admisión de la presente excepción de inconstitucionalidad, declarando inconstitucional e inaplicable por razón de contenido la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. CONSIDERANDO (16): Que corre agregado a autos Certificación de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional que contiene el Recurso de Inconstitucionalidad registrado bajo el número registro SCO 706=11 de fecha primero de noviembre de 2013,[3] cuya motivación desestimando el recurso de inconstitucionalidad antes interpuesto contra la ley objeto de excepción de inconstitucionalidad, por razón de contenido, en la presente sentencia, estableció en su parte conducente lo que sigue: “CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo preceptuado por la ley fundamental, tiene mediante la Garantía de Constitucionalidad el rol de legislador negativo, ésta prerrogativa le impone el deber de expulsar del orden normativo de la República, toda ley impugnada que se opone a lo prescrito por la Constitución. Sin embargo, para efectos del ejercicio responsable y ecuánime de esta prerrogativa, la Sala de lo Constitucional, tiene como base de juicio, el estimar que toda norma legal goza de la presunción de estar acorde con los preceptos constitucionales; de tal suerte que el demandante de inconstitucionalidad, al motivar su análisis de colisión, deberá indicar con claridad y contundencia las razones que le asisten para estimar que dicha norma es inconstitucional. CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con lo anteriormente apuntado los artículos de La Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, invocados por el recurrente, gozan de la presunción de constitucionalidad; ahora bien, tal presunción no es óbice para que esta Sala se pronuncie sobre todos y cada uno de los razonamientos hechos por el impetrante sobre los artículos de la norma secundaria señalados de inconstitucionales y los artículos constitucionales invocados como transgredidos. CONSIDERANDO (7): Que la Garantía de Inconstitucionalidad de mérito se motiva así, PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIO-NALIDAD: Infracción directa del articulo 64 de La Constitución de la República, que preceptúa “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan” infracción constitucional que asevera se configura con la vigencia de los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Decreto 27-2010. Expone que el referido Decreto violenta varias garantías constitucionales tales como el derecho a la libertad e igualdad ante la ley (artículos 60 y 61), derecho a la defensa (articulo 82), derecho a ser oído y vencido en juicio (artículos 90 y 94), derecho a la propiedad (articulo 103), prohibición a la confiscación de bienes y derecho a reivindicar los bienes confiscados (articulo 105), derecho a la no retroactividad de la ley (articulo 96), derecho a la previa y justa indemnización (articulo 106), potestad de impartir justicia y aplicar leyes a casos concretos de los juzgados y Tribunales de la República ( artículos 303 y 304), derecho a la seguridad jurídica. Señala el recurrente que el Juzgado de Letras de Privación de Dominio esta aplicando en detrimento de sus representados una ley que contiene presunción de ilicitud, lo que a todas luces dice es una incongruencia con el derecho de presunción de inocencia. CONSIDERANDO (8): Como SEGUNDO MOTIVO DE INCOSTITUCIONALIDAD, se señala la infracción directa del artículo 82 de la Constitución de la República que preceptúa “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, en relación con el articulo 94 segundo párrafo, infracción constitucional que se alega se produce por los artículos 34, 36, 42, 52 y 53 del Decreto 27-2010; explica que la referida vulneración se suscita por que se pretende que sus representados siendo menores de edad, acrediten la licitud de los bienes que eran de sus causantes fallecidos, y que en ese sentido los mismos no pueden conocer el trabajo desarrollado por sus progenitores para la obtención de los bienes que hoy son objeto de la referida ley, imponiéndoles y ejecutando medidas cautelares, sin que las mismas puedan ser impugnadas, puesto que con el proceso contemplado por la referida ley, no se pueden invocar excepciones ni incidentes (articulo 52), situación que a su parecer no permite el acceso a una defensa eficaz, amen de que existe un recurso de amparo que obra bajo el numero 410-2010, con lo cual podría resultar que si el mismo se declara ha lugar, y en el proceso se decreta la privación de Dominio a favor del Estado; se pregunta ¿Cuál de las dos resoluciones tendría preeminencia?. CONSIDERANDO (9): Como TERCER MOTIVO DE INCOSTITUCIONALIDAD, se señala la infracción directa del artículo 90 de la Constitución de la República que preceptúa “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Señala el recurrente que el procedimiento que aplica el Decreto 27-2010, es especial y que en el artículo 7 del mismo se establece la Presunción de Ilicitud, que vulnera la Presunción de Inocencia del articulo 89 de la Constitución de la República, amen de que la referida ley al tener como objeto la extinción del derecho de dominio para transferirlo a favor del Estado, también se constituye en una violación al derecho de igualdad de las partes, en virtud de que dicha presunción es manifestada, interpretada y aplicada exclusivamente por funcionarios del Estado, por lo que el referido Decreto no puede estar por encima de la Constitución. Aduce que se violenta el debido proceso ya que no se permite a los propietarios de bienes defenderse mediante la interposición de excepciones e incidentes ya establecidos en las leyes de Honduras y en Convenios Internacionales, por lo que se expropia de una manera ilógica y brusca los bienes inmuebles a los propietarios, por una mera presunción, tal y como sucede en el caso de autos en el que los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, fueron victimas de una muerte violenta, y en lugar de investigarse las circunstancias de sus homicidios, el Ministerio Publico se dio a la tarea de trabar medidas cautelares sobre los bienes de los fallecidos, de quienes dice, que al no ostentar un apellido de abolengo, ha parecido extraño al ente acusador, que los mismos posean bienes, es decir que es un pecado para los humildes superarse en el plano económico, por que se constituye en presunción de ilicitud al tenor de lo señalado en la referida ley. CONSIDERANDO (10): Como CUARTO MOTIVO DE INCOSTITUCIONALIDAD, se señala la infracción directa del artículo 96 de la Constitución de la República que preceptúa “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Respecto de tal infracción señala el recurrente que la misma se produce con la vigencia del artículo 80 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito; ya que la legislación hondureña no contempla la retroactividad de ninguna ley, mas que en materia penal cuando la nueva ley favorezca al reo, por lo que con la vigencia de la referida ley se vulnera tal principio constitucional pues retrotrae sus efectos a expedientes con fechas anteriores a la entrada en vigencia de la misma, como sucede en el caso de sus representados. Aduce que el Decreto Legislativo 27-2010, viola el citado articulo 96 de nuestra carta magna, ya que se pretende expropiar bienes inmuebles a personas que nunca fueron objeto de una investigación criminal por ningún delito, nunca fueron acusadas por ninguna razón, y ahora ya fallecidos, jamás serán acusados, por lo que el articulo 80 de la cuestionada ley pretende de forma burda soslayar este derecho constitucional al preceptuar que “la ley se aplicara retrospectivamente”; situación que a juicio del recurrente no solo constituye un insulto a la inteligencia si no que una clara violación a la irretroactividad de la ley. CONSIDERANDO (11): Como QUINTO MOTIVO DE INCOSTITUCIONALIDAD, se señala la infracción directa del artículo 103 de la Constitución de la República que preceptúa “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés publico establezca la ley”; infracción constitucional que se produce en relación con los artículos 61, 105, 106, 328, 331 y 332 de la carta magna, con la vigencia de los artículos 4, 6, 7, 11, 32, 33, 34, 36 y 42 del Decreto Legislativo 27-2010, ya que en el caso de merito los bienes que han sido afectados con la aplicación de la referida ley, fueron adquiridos por sus representados mediante sucesión por causa de muerte y no por transacción entre vivos, así que este derecho fundamental a suceder es violentado por la aplicación del referido Decreto, aduce que la Constitución de la República al garantizar el derecho a la propiedad privada, protege de esta manera a los propietarios en nuestro país dándoles seguridad jurídica y social. CONSIDERANDO (12): Como SEXTO MOTIVO DE INCOSTITUCIONALIDAD, se invoca la infracción directa del artículo 186 de la Constitución de la República que preceptúa “Ningún Poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia. La ley reglamentara los casos y la forma de revisión”. Aduce el recurrente que con la aplicación de los artículos 10 y 80 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se vulnera el referido articulo constitucional, ya que se le esta dando facultades al Juez para que pueda conocer prominentemente de expedientes judiciales que están pendientes de resolverse por una u otra razón y en los cuales no ha habido una resolución definitiva, por lo que en el caso de autos el Juzgado de Letras de Letras de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos, no puede avocarse al conocimiento de causas pendientes, puesto que hay un recurso de amparo pendiente de resolución. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional después de un exhaustivo estudio del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en contra del Decreto 27-2010, estima lo siguiente: Que en cuanto al Primer Motivo de Inconstitucionalidad, planteado respecto de la vulneración del artículo 64 constitucional, al hacerse el juicio de contraste entre la citada norma constitucional y los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Decreto 27-2010, citados por el recurrente, se estima que los mismos no entran en contradicción con el precepto constitucional citado, esto es no vulneran el llamado principio de “la razonabilidad” y ello se estima así, puesto que “la regulación” a la que hace referencia el articulo 64 de nuestra carta magna, supone arbitrariedad o irrazonabilidad, en ese orden de ideas entendemos que la ley citada de inconstitucionalidad no incurre en esa llamada regulación, apreciación que nos lleva a concluir que toda actividad estatal para que sea acorde al citado precepto constitucional debe ser razonable. Dado que el recurrente expone en este primer motivo de inconstitucionalidad que el Decreto 27-2010, violenta varias garantías constitucionales a saber como el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, de defensa, de ser oído y vencido en juicio, de propiedad, prohibición a la confiscación de bienes y el derecho a reivindicar los bienes confiscados, a la no retroactividad de la ley, a una previa y justa indemnización, que la potestad de impartir justicia y aplicar leyes a casos concretos le corresponde a los juzgados y Tribunales de la República, y finalmente el derecho a la seguridad jurídica. Preceptos constitucionales que al ser desarrollados en cada uno de los motivos de inconstitucionalidad planteados, esta Sala analiza y da respuesta en el desarrollo de este fallo. CONSIDERANDO (14): Que el impetrante en su escrito contentivo de la acción de inconstitucionalidad sostiene en el Segundo Motivo, que los artículos 34, 36, 42, 52 y 53 del Decreto 27-2010, vulneran directamente el artículo 82 de la Constitución de la República, referente a la inviolabilidad del derecho de defensa, en relación con lo preceptuado en el articulo 94 segundo párrafo. Vulneraciones respecto de las cuales, esta Sala de lo Constitucional considera que las mismas no son validas; toda vez que del análisis respectivo se concluye que los referidos artículos del cuestionado Decreto, no suscitan o causan indefensión; señalado lo anterior hay que recordar que tal y como ya se ha dejado establecido anteriormente, el criterio de la Sala al respecto es que al ser el derecho de defensa un derecho fundamental, resulta claro que toda persona natural o jurídica tiene derecho al mismo, derecho que conlleva el que las partes puedan hacerse aconsejar, defenderse, en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procesales, en fin este derecho tiene como objeto que toda persona sea oída y vencida en juicio; en otras palabras la inviolabilidad del derecho de defensa consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de “oportunidad suficiente” para participar con utilidad en el proceso, y para ello es obvio que se requiere: a) tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; b) ser oído; c) ofrecer y producir pruebas. Cuando el proceso es “contradictorio”, o sea, cuando hay controversia entre las partes, el mismo tiene que sustanciarse conforme al principio de “bilateralidad” o contradicción, que asegura la participación de ambas partes y el conocimiento reciproco de los actos y etapas procesales; así pues la bilateralidad refleja el cumplimiento del debido proceso y la sujeción de este a las formas sustanciales de la defensa en juicio. Esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo expresado anteriormente observa que con los referidos artículos del Decreto no se vulnera su derecho de defensa, toda vez que la propia ley garantiza el derecho de defensa de aquellas personas propietarios de bienes ya sean muebles o inmuebles que se pudiesen ver afectados por las medidas cautelares contempladas en la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, puesto que: 1) Los propietarios o sus causahabientes tienen la posibilidad ante la jurisdicción respectiva y en defensa de sus derechos de aportar pruebas, de ser oídos, y de exponer sus argumentos a fin de demostrar el origen licito de los bienes; y 2) No se vulnera el derecho de defensa de los propietarios, puesto que el articulo 38 de la citada ley garantiza que contra cualquier medida cautelar o de aseguramiento el perjudicado podrá hacer uso de los respectivos recursos de reposición y apelación subsidiaria, evidentemente con ello se garantiza el que se pueda recurrir ante una instancia superior en defensa de sus derechos. Finalmente respecto de los argumentos planteados por el impetrante en el segundo motivo de inconstitucionalidad y que tienen que ver con el recurso de Amparo interpuesto también ante esta Sala y que se registra bajo número 410-2010, argumentos referidos a que podría darse la vulneración del derecho de defensa si se declara con lugar el referido recurso de amparo y por otro lado en el proceso se decreta la privación de dominio a favor del Estado, puesto que dice se estaría ante un caso de no saberse cual de los fallos tendría preeminencia; razonamiento que queda desestimado en virtud de que en fecha quince de abril del año dos mil trece, esta Sala de lo Constitucional conociendo del Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Jorge Abilio Serrano Villanueva, a favor del menor Christopher Reyes Gomes y de la señora Ana Maria Hernández Cambar, contra la sentencia proferida en fecha veintinueve de abril del año dos mil diez por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; dicto fallo en el referido recurso de Amparo denegando el mismo, amen de que también se denegó el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de esta Sala. CONSIDERANDO (15): Que el impetrante en el Tercer Motivo de inconstitucionalidad, alega la infracción directa del artículo 90 de la Constitución de la República y aduce para ello que el artículo 7 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, establece la Presunción de Ilicitud, misma que según él vulnera la Presunción de Inocencia del articulo 89 de la Constitución de la República, alegatos respecto de los cuales esta Sala deviene en señalar que también la referida ley contempla en el articulo 6, el Principio del Licitud, que establece que los bienes solo serán reconocidos como legales y lícitos “cuando el titular del dominio acredite que su derecho ha sido originado o adquirido a través de los medios o mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico”, articulo este que en relación con lo señalado en el artículo 7 de la citada ley no contraviene el Estado de Inocencia, porqué cuando se habla en este ultimo de Presunción de Ilicitud, esto esta referido a las sospechas e indicios, sobre el origen de determinados bienes y que dan pie para iniciar la investigación respectiva, evidentemente la ley da margen al o los propietarios de los bienes bajo sospecha para que puedan acreditar la licitud de los mismos, situación que es compatible con lo apuntado por la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que en su artículo 7, señala que cada una de las partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba, respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, también establece dicha normativa internacional que la implementación de la inversión de la carga de la prueba se hará en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno de cada país suscriptor y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y demás. En ese orden de ideas y siendo que Honduras es un Estado de Derecho, y que por lo tanto deviene obligado a garantizar a sus habitantes la seguridad jurídica, es entonces procedente que el mismo cuente con un instrumento jurídico moderno que respetando las garantías y derechos no solo establecidos en nuestra carta magna y los Tratados Internacionales, regule de forma eficiente todas aquellas situaciones que tengan que ver con uno de los mas grandes flagelos que hoy en día abate a nuestra sociedad, señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional no encuentra que el articulo 7 de la referida ley entre en contradicción con el principio de inocencia constitucional. Por otro lado cabe recordar que la Sala ha dejado sentada su posición en cuanto que el debido proceso consignado en el articulo 90 de nuestra carta magna, encaja en el llamado derecho a la jurisdicción, mismo que no se agota con el solo acceso de las partes al Tribunal, sino que se desarrolla durante toda la secuela del proceso en persecución de la sentencia o resolución que resuelva la pretensión, así pues para que exista la posibilidad de defensa y debido proceso, tiene que haber proceso, lo que presupone disponer del acceso al órgano judicial o administrativo para que administre justicia; es evidente que en el caso que nos ocupa el Decreto 27-2010, no hace sustracción alguna del proceso, con lo cual no se provoca la vulneración del debido proceso. CONSIDERANDO (16): Que el impetrante en el Cuarto Motivo, alega la infracción directa del artículo 96 de la Constitución de la República y aduce para ello que tal vulneración se produce con la vigencia del artículo 80 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito; señala que la legislación hondureña no contempla la retroactividad de ninguna ley, excepto en materia penal, cuando la misma sea favorable al delincuente o procesado. Sobre tal vulneración es parecer de esta Sala de lo Constitucional, que si bien es cierto que al tenor de lo preceptuado en el citado articulo de nuestra carta magna, se contempla la irretroactividad de la ley, con la excepción establecida en materia penal, también lo es que al hacer el juicio de contraste entre la norma constitucional y el cuestionado articulo 80 de la norma secundaria, no se encuentra que el citado articulo contravenga la norma constitucional; y esto se estima así, ya que dado el carácter objetivo y real de la acción de extinción de dominio se posibilita su aplicación con independencia del momento en que se adquirieron los bienes; acción que únicamente se llevara a cabo cuando concurran las causales de extinción de dominio del articulo 11 de de la citada ley, entendemos que esta regulación excepcional con respecto del tiempo en que se adquirieron bienes de origen ilícito y la acción de extinción de dominio de los mismos, tiene que ver fundamentalmente por que las actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado atentan de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, por lo que resulta claro que el artículo sub examine se aplica únicamente a esta variedad de procesos de extinción de dominio; por otro lado si se revisa el esquema procesal de la acción de extinción de dominio se tiene que ésta comienza con una fase inicial o administrativa, en la cual el Ministerio Público una vez realizada la investigación, decreta el archivo o cierre administrativo o por el contrario el fiscal de conocimiento promueva la acción ante el órgano jurisdiccional correspondiente, de todo lo cual se colige, que le está vedado al Estado dar inicio a esta clase de acciones de manera arbitraria, es decir, sin contar con suficientes elementos de juicio que le permitan de manera razonable inferir que determinados bienes tienen una procedencia ilícita, y con fundamento en ello, proceder a dar inicio al proceso. De tal suerte, que el funcionario que llegare a iniciar un proceso sin contar con los suficientes elementos probatorios que le permitan inferir razonablemente la procedencia del inicio de esta acción podría estar incurso en responsabilidades de tipo civil, penal y disciplinaria. En este orden de ideas, queda claro que corresponde al Estado la carga inicial de la prueba sobre el origen ilícito de los bienes respectivos (principio Onus probandi incumbit actori); el afectado tiene el derecho de defenderse, controvirtiendo las pruebas esgrimidas por el Estado y demostrar la licitud de tales bienes. Esta Sala deja establecido entonces que La extinción del dominio en la modalidad prevista por el artículo 80 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, otorga al Estado la herramienta judicial para hacer efectivo y palpable el postulado, deducido del concepto mismo de justicia, según el cual el crimen, el fraude y la inmoralidad no generan derechos. El Estado no puede avalar o legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y honesto; es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la observancia de los principios éticos, en consecuencia, la protección estatal, no cobija a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas; es decir, no puede premiarse con el amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito, importante también resulta anotar, que como sobre los bienes adquiridos directa o indirectamente de una actividad ilícita no puede consolidarse derecho alguno, es evidente entonces que tampoco podrá transmitirse la propiedad de los mismos por quien figure como su titular, consecuentemente en el caso del heredero o legatario de un bien adquirido directa o indirectamente de una actividad ilícita, también sufrirá las consecuencias del fallo de extinción de dominio, sin que pueda reclamar derecho de herencia alguno, dado que en razón de la ilícita procedencia del bien, el causante no les ha transmitido ningún derecho. CONSIDERANDO (17): Que el impetrante en el Quinto Motivo de inconstitucionalidad, alega la infracción directa del artículo 103 constitucional, vulneración que según su parecer se produce por la vigencia de los artículos 4, 6, 7, 11, 32, 33, 34, 36 y 42 del Decreto Legislativo 27-2010. Efectuado el análisis de contraste entre la referida norma constitucional y los artículos de la ley cuestionada, es criterio de esta Sala de lo Constitucional, que los mismos no vulneran el derecho constitucional a la propiedad privada, derecho este que de sumo esta decirlo se concibe como aquel “de poseer, usar y gozar unos bienes propios, si mas limitaciones que las que establece la ley”; ahora bien, hasta ahora normalmente y en materia penal, hemos entendido que la privación de bienes de particulares a favor del Estado, se ha concebido como el cambio de titularidad del derecho a favor de este ultimo, a través de la figura del comiso, cuando se ha impuesto una sentencia condenatoria derivada de responsabilidad penal; sin embargo el rango constitucional del derecho a la propiedad privada en cuanto a reconocer y garantizar la misma, enfrenta unos limites establecidos por el constituyente, esto es que tal derecho pueda ser restringido por causa de “necesidad o interés publico” establecido por la ley; en otras palabras el reconocimiento claro del mismo por nuestra carta magna, debe ser entendido en que su contendido deberá ser establecido por la norma secundaria y en todo caso deberá ser delimitado por la misma. El reconocimiento del derecho a la propiedad privada evidentemente conlleva que nadie puede ser privado sino por las causas anteriormente apuntadas, siendo así entendemos que el traspaso de bienes a favor del Estado en aquellos casos en que los mismos tienen su origen en ilícitos, no es una negación del derecho a la propiedad privada sino que es el resultado del “interés publico”, mismo que debe prevalecer sobre los intereses privados, y cuya justificación es el hecho de que el derecho a la propiedad privada no tiene un contenido ilimitado. CONSIDERANDO (18): Alega el impetrante en el Sexto Motivo de inconstitucionalidad, la infracción directa del artículo 186 de la Constitución de la República, por la aplicación de los artículos 10 y 80 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Con referencia al citado articulo constitucional estima esta Sala que el mismo es lo suficientemente claro al expresar que “Ningún poder o autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo….”, en ese sentido es importante señalar que los artículos invocados de inconstitucionales el primero de ellos esta referido a la Prelación en la Tramitación del Proceso, por lo que esta Sala no encuentra que el mismo contrarié la norma constitucional invocada, respecto del articulo 80 de la ley, cabe señalar que el mismo esta referido a que “la privación definitiva de dominio se declarara cualquiera que sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes..”, entiende esta Sala que tal articulo esta referido únicamente al inicio de aquellos procesos que tengan que ver sobre la Privación de Bienes de Origen Ilícito, cualquiera que haya sido el tiempo de su adquisición y destinación, en ese orden de ideas el referido articulo no señala que se podrán abrir juicios fenecidos o avocarse al conocimiento de causas pendientes. CONSIDERANDO (19): Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Decreto Legislativo Número 27-2010 contentivo de la LEY DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha cinco de mayo de dos mil diez, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 32,239 de fecha dieciséis de junio del año dos mil diez, en sus artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 32, 33, 34, 36, 42, 52, 53 y 80, no entra en conflicto con los artículos 64, 82, 90, 96, 103 y 186, de la Constitución de la República; por lo que no procede declarar la inconstitucionalidad de la referida ley. POR TANTO:…”. CONSIDERANDO (17): Que por lo antes expuesto, no resulta pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro SCO 706=11 de fecha primero de noviembre de dos mil trece (2013), nos encontramos de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico[4], con la acción de reiterar, la cual implica un volver a decir o hacer. En el caso concreto, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito, implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer, desconociendo indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas con la emisión de la sentencia desestimatoria en referencia, sobre todo tomando en consideración que en todos y cada uno de los motivos (con salvedad del primero) esbozados en la presente demanda de inconstitucionalidad por la vía de excepción formulada por el abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, en su condición de apoderado legal del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN; se ha retomado argumentaciones y fundamentos jurídicos ya explicitados en la referida sentencia precedente, por lo cual resultaría ya reiterativo e irrelevante referirse a éstas cuestiones, siendo que fueron ya conocidas y resueltas ante esta alta sede de justicia constitucional. CONSIDERANDO (18): Que en lo concerniente al único motivo no reiterativo, parcial o totalmente, al precedente a que se ha hecho anterior e inmediata referencia; es el motivo primero referido al supuesto ultraje al Estado de Inocencia por parte de la ley concernida, el cual sin embargo no es desarrollado en forma por el Censor, pues se ha limitado a referir su escueta apreciación en el sentido que la ley denunciada de inconstitucional no establece una simple reversión de la carga de la prueba, sino que se trata de una verdadera y grave vulneración al Estado de Inocencia, estableciendo – a contrario sensu - una presunción o estado de culpabilidad, limitándose posteriormente a transcribir lo preceptuado en los artículos 89 de la Constitución de la República, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; lo cual impediría, por los momentos y en lo que concierne limitadamente al presente recurso, hacer un pronunciamiento de fondo sobre la supuesta infracción al Estado de Inocencia así denunciada en la interposición del presente recurso. CONSIDERANDO (19): Que como se ha establecido en anteriores sentencias, la regla stare decisis implica en un sentido formal o estrictamente conceptual, la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de Inconstitucionalidad, en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en especie por el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. CONSIDERANDO (20): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo emitido en la acción con registro SCO 706=11 de fecha primero de noviembre de dos mil trece (2013), del cual se ha hecho amplia y literal referencia, al ser desestimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No. 27-2010 contentivo de la LEY SOBRE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, con la salvedad ya argumentada; resultando de lo anterior fundamentada la ostensible improcedencia del presente recurso y excepción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 15, 59, 60, 61, 63, 62, 64, 82, 89, 90, 95, 103, 104, 105, 106, 111, 118, 119, 184, 185 párrafo 2º., 303, 304, 313 atribución 5ª; Artículos 314 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 74, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 91 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y; 17, 18, 19 y 20 del Código Civil; FALLA: Declarar que al ser firme el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha primero de noviembre de dos mil trece, recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto VÍA EXCEPCIÓN, por el abogado PEDRO ANASTACIO CASTELLON GARCIA a favor de los señores CHRISTOPHER REYES GOMEZ y ANA MARIA HERNANDEZ CAMBAR mismo que es desestimatorio de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 27-2010 contentivo de la LEY SOBRE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO emitido por el Congreso Nacional de República y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 32,239 de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado; razón por la cual SE SOBRESEE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto VÍA EXCEPCIÓN por el abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, a favor del señor ARISTIDES CRUZ GUILLEN, por constituirse en similares motivos a los ya desestimados en el supramencionado precedente. Y MANDA: Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se certifique la misma al Recurrente para los efectos legales pertinentes y se proceda a la devolución de los antecedentes para el Tribunal de su procedencia. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil catorce, certificación del Fallo de fecha tres días del mes de junio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso Inconstitucionalidad bajo el número SCO-0295-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver la sentencia recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con número de registro SCO 706=11 de fecha primero de noviembre de 2013. Se acompaña Certificación a la presente sentencia.

[2] Vid. El control de constitucionalidad de los actos administrativos. Santacruz Miranda, José Gabriel en: Tensiones Contemporáneas del Constitucionalismo: Actas del 3° Congreso Nacional y 1° Internacional de Derecho Constitucional. Goyes Moreno, Isabel (Comp.) Edinar, Nariño, Colombia, 2008. p. 323.

[3] A la cual se ha hecho anterior referencia en la primera cita a pie de página en la presente sentencia.

[4] Ver entrada en Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas de Torres, tomo 7, p. 128.