Sentencia HD-0095-14 — Registro 3767
Resumen
Recurrente pretende una indemnización por daños y perjuicios deducida del Registro de éste, en la base de datos de la Central de Información Crediticia que administra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que según afirma la empresa que se considera acreedora se encuentra sin cancelar, razón por la cual, continúa en dicho registro calificándole como un deudor moroso y no ser una persona digna de crédito.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
…."CONSIDERANDO: Que si bien por medio de la acción constitucional de Habeas Data se puede proceder a la actualización, rectificación y/o enmienda del registro de que se trate, esta Sala observa que en el presente asunto no resultan méritos para ordenar tales acciones, por las siguientes razones: 1) La existencia de la deuda en referencia ha sido afirmada y aceptada tanto por el señor GILBERTO MATUTE MEDINA como por la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., no siendo entonces punto de controversia su existencia. La controversia radica en la vigencia y por ende en la cancelación de dicha deuda, toda vez que el quejoso afirma haberla pagado y la empresa mencionada afirma que esto no se ha llevado a cabo, razón por la cual, según explicó, persiste el registro de la misma en la Central de Información Crediticia que administra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 2) Para poder afirmar que el registro en cuestión amerita ser actualizado, rectificado y/o enmendado, resultaría imperioso que el señor GILBERTO MATUTE MEDINA, presentase comprobantes de la cancelación de la deuda aludida, pues con ello se estaría demostrando de manera fehaciente que el registro no es actual ni veraz y al ser un dato inexacto, se impondría ordenar su actualización, rectificación o enmienda, puesto que podría determinarse que el mantenimiento de un registro carente de autenticidad y exactitud en el historial crediticio de una persona ciertamente puede provocarle perjuicio, afectando su honorabilidad y buen nombre. CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior y no obstante que se ha establecido la improcedencia de ordenar la actualización, rectificación y/o enmienda del registro de mérito por las razones ya señaladas, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el derecho que se tutela por medio de esta acción constitucional, incluye fundamentalmente el de acceder a los registros públicos o privados, en los cuales estén incluidos datos personales y conlleva además, como ya se dijo, la facultad del afectado de tomar conocimiento de la exactitud de esos registros. Esta Sala estima además que ese derecho impone a su vez y en forma recíproca, el deber, a quien es el responsable de proporcionar esa información al registro público o privado y/o base de datos de que se trate, de demostrar que la información que va a ser registrada es veraz y este deber incluye el hacer accesible esa información a quien se puede ver afectado por la misma. Es decir, y ya refiriéndonos al caso que nos ocupa, que si la exclusión que pretende el señor GILBERTO MATUTE MEDINA de la base de datos anteriormente referida como deudor de CITI TARJETAS DE HONDURAS, por cancelación de su deuda exige que éste demuestre con documentos que efectivamente pagó esa deuda; también, en forma recíproca, la inclusión del señor GILBERTO MATUTE MEDINA en la Central de Información Crediticia como deudor de CITI TARJETAS impone a CITI TARJETAS DE HONDURAS el deber de demostrar su condición de acreedora y por ende la condición de deudor del referido señor, acreditando la existencia de esa obligación de pago más allá del mero registro de información, permitiendo acceder y exhibiendo al afectado toda la documentación que ampara dicha deuda, pues ello forma parte de un registro que le concierne directamente. De lo contrario, resultaría cuestionable la certeza y exactitud del registro de mérito, toda vez que un registro de esta naturaleza, es decir de una deuda de pago en el historial crediticio de una persona, no puede quedar al arbitrio de quien se considere acreedor de la misma. La inclusión de estos registros en una base de datos lleva aparejado el deber de demostrar su veracidad y en este caso particular, la vigencia de la referida obligación, sustentada debidamente mediante documentos fehacientes. A su vez la exhibición oportuna de estos documentos al que se señala como deudor, no debe ser motivo de divagaciones, sobre todo porque la condición de deudor moroso que se alega tiene el quejoso, se encuentra en un registro estatal y es objeto de escrutinio por quienes tienen acceso al mismo y sin duda, si esa condición no está debidamente sustentada, puede ocasionarle perjuicios, disminución y afectación de los derechos que tutela esta acción constitucional. CONSIDERANDO: Que con relación al agotamiento de trámites o recursos previos, la Ley Sobre Justicia Constitucional establece efectivamente que el Recurso de Habeas Data será interpuesto cuando se haya agotado el trámite administrativo correspondiente. Sobre este respecto, resulta meritorio establecer, que esta Sala ha sido del criterio que el agotamiento de recursos como requisito previo para promover acciones constitucionales, atendiendo a la naturaleza y antecedentes de cada caso, está condicionada a la efectividad que los mismos puedan tener y al tiempo que se tomen los entes encargados para resolver los mismos, ello en consonancia con criterios definidos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el presente caso, la efectividad de un trámite o reclamo ante la empresa CITI TARJETAS, S.A. o la Unidad de Atención al Usuario de ésta, se ve comprometida desde el momento en el que la Oficial de Atención al Usuario Financiero de la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., aparentemente desconocía que el señor GILBERTO MATUTE MEDINA ya había presentado un reclamo ante su empresa, pues según estableció mediante constancia de fecha 11 de febrero de 2014, extendida ante requerimiento de la Jueza Ejecutora, el recurrente no había presentado reclamo formal ante la Unidad de Atención al Usuario Financiero y sólo fue hasta que el propio quejoso manifestó en el presente trámite mediante escrito que sí había hecho un reclamo a esa empresa, siendo el mismo registrado con número de gestión 281212, que la Oficial de Atención al Usuario de CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., asintió, mediante nota de fecha 8 de abril de 2014, que se adjuntó al expediente de mérito, que efectivamente esa gestión se había realizado, quedando con ello en entredicho la constancia previa que daba por hecha la falta de gestión o reclamo por parte del quejoso. CONSIDERANDO: Que en consonancia con lo anterior, si bien con posterioridad la empresa CITI TARJETAS explica que el recurrente realizó una gestión a través de lo que denomina “Servicio al Cliente” y no a través de la “Unidad de Atención al Usuario”, esta Sala encuentra que ciertamente la empresa en cuestión fue puesta al tanto del reclamo del quejoso y el hecho que afirmó lo contrario, llegando a hacerlo constar por escrito ante el requerimiento de la Jueza Ejecutora, da pie para inferir que al reclamo efectuado no se le dio la importancia debida y por ende la efectividad de un reclamo posterior ante esa empresa es a estas alturas cuestionable y no podría ser exigible ya, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, quien es la llamada a tutelar los derechos que asisten al señor GILBERTO MATUTE MEDINA. CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. CONSIDERANDO: Que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. CONSIDERANDO: Que la Constitución garantiza a toda persona el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. CONSIDERANDO: Que de todo lo anterior se colige y se ha establecido en el presente trámite, del informe respectivo y de las actuaciones realizadas al efecto por la Jueza Ejecutora nombrada, que si bien no hay mérito para ordenar la actualización, rectificación y/o enmienda del registro que se ha cuestionado en la Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la empresa TRANSUNION, esta Sala de lo Constitucional reconoce el derecho que asiste al señor GILBERTO MATUTE MEDINA de ser informado debidamente acerca de la deuda que se afirma tiene pendiente con la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., así como el derecho que tiene a que esta empresa le exhiba y le permita acceder, sin más trámite ni formalidad, a todos los documentos en los que se ampara la manifestada deuda. Esta Sala dispone y concluye que en este respecto procede declarar HA LUGAR el Recurso de Habeas Data que se ha promovido ante esta Sala de lo Constitucional, debiéndose permitir al señor GILBERTO MATUTE MEDINA tener acceso a documentación que le concierne en forma personal, un derecho que le asiste y que debe de ser tutelado por esta Sala, haciéndolo efectivo a través de la presente garantía constitucional"....
Jerarquía: Hito
..."CONSIDERANDO: Que por otro lado, la pretensión del recurrente en cuanto a que la empresa CITIBANK DE HONDURAS sea condenada a resarcirle daños y perjuicios, resulta a todas luces improcedente, toda vez que el alcance del Recurso de Habeas Data, como garantía constitucional, se encuentra claramente definido en nuestra normativa, tutelando los derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen y siendo su objeto inter alia: el acceso de una persona a la información que exista sobre sí misma en una base de datos pública o privada y en su caso, la actualización, rectificación y/o enmienda de esta información, por ende no comporta de manera alguna el reconocimiento de derechos de índole patrimonial y tampoco ser un medio para que se declare la responsabilidad civil que se pueda derivar de éstos, que pertenecen al ámbito de la justicia ordinaria, al igual que todo lo referente a la prescripción de las acciones a que ha hecho referencia el quejoso, pues ciertamente que lo dispuesto en esta sentencia debe entenderse sin perjuicio del ejercicio de las acciones que de conformidad con la ley estime el quejoso que le puedan asistir."...
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquierotro procedimiento de su elección. CONSIDERANDO: Que la Constitución garantiza a toda persona el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. CONSIDERANDO: Que de todo lo anterior se colige y se ha establecido en el presente trámite, del informe respectivo y de las actuaciones realizadas al efecto por la Jueza Ejecutora nombrada, que si bien no hay mérito para ordenar la actualización, rectificación y/o enmienda del registro que se ha cuestionado en la Central de
Información Crediticia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la empresa TRANSUNION, esta Sala de lo Constitucional reconoce el derecho que asiste al señor GILBERTO MATUTE MEDINA de ser informado debidamente acerca de la deuda que se afirma tiene pendiente con la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., así
como el derecho que tiene a que esta empresa le exhiba y le permita acceder, sin más trámite ni formalidad, a todos los documentos en los que se ampara la manifestada deuda. Esta Sala dispone y concluye que en este respecto procede declarar HA LUGAR el Recurso de Habeas Data que se ha promovido ante esta Sala de lo
Constitucional, debiéndose permitir al señor GILBERTO MATUTE MEDINA tener acceso a documentación que le concierne en forma personal, un derecho que le asiste y que debe de ser tutelado por esta Sala, haciéndolo efectivo a través de la presente garantía constitucional"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., tres de junio de dos mil catorce. VISTO: El recurso de Habeas Data interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDÓN, a favor del señor GILBERTO MATUTE MEDINA, contra el registro público en la CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS y TRANSUNION del registro personal del señor GILBERTO MATUTE MEDINA con identidad No.801-1963-04443, en la cual según el peticionario, su representado aparece que tiene una deuda con la sociedad mercantil denominada CITI BANK HONDURAS, la cual data desde el año mil novecientos noventa y seis. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Habeas Data en consecuencia toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o suprimirla”. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las alegaciones arribadas a esta Sala por parte del recurrente, éste estableció que el acto que motivó su recurso lo constituye el registro del nombre de su representado GILBERTO MATUTE MEDINA en la Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la empresa TRANSUNION, poniendo de manifiesto que este registro lo califica como un deudor moroso y no ser una persona digna de crédito, lo cual afecta su honorabilidad y honradez, que son parte de su dignidad y buen nombre. El quejoso indicó como causante de las violaciones que arguye fueron cometidas, a la empresa CITI BANK DE HONDURAS, la cual según expone, es la responsable de enviar y mantener los datos que le afectan personalmente en la Central de Información Crediticia. CONSIDERANDO: Que entre los hechos enunciados en el recurso que nos ocupa, el quejoso señaló los siguientes: PRIMERO: Que con fecha 16 de enero de 2014, en su condición personal se presentó a la Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a solicitar su historial de crédito, encontrando sorpresivamente, según afirma, que tenía una deuda con CITIBANK por un valor de LPS.17,665.28; deuda que data, según el historial, desde el año de 1996; SEGUNDO: El quejoso afirmó con posterioridad a esta Sala, que se personó al departamento de Atención al Público de la empresa CITIBANK, realizando una gestión, consignada bajo el número 281212, comunicándose con empleados de la referida empresa, quienes según dice, no le proporcionaron información o documentos que ampararan la deuda que según se ha informado tiene pendiente el señor GILBERTO MATUTE MEDINA con la referida sociedad. CONSIDERANDO: Que en fecha cinco de febrero de este año, este Tribunal admitió la acción de Habeas Data interpuesto y designó como Jueza Ejecutora a la Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES, Defensora Pública de esta ciudad de Tegucigalpa, quien debía comparecer ante la autoridad denunciada y ante la empresa referida para la emisión del informe correspondiente y cumplir con los deberes inherentes a su mandato. CONSIDERANDO: Que el Secretario General de la Comisión de Bancos y Seguros informó a la Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES que de la revisión a la base de datos de la Central de Información Crediticia se determinó que no existían registros a nombre del señor GILBERTO MATUTE MEDINA que fueran realizados por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, sin embargo señaló que sí existen reportes realizados por CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., que es miembro del Grupo Financiero CITI, detallando el reporte de un saldo pendiente de Lps.17,665.28 a nombre del referido señor. Se estableció de la información proporcionada que dicho saldo se encuentra pendiente desde el 1 de julio de 1998. CONSIDERANDO: Que además del requerimiento hecho por la Jueza Ejecutora nombrada a la Jefe de la Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se llevó a cabo requerimiento al Gerente General de TRANSUNION DE HONDURAS y a la Jefe de Asesoría Legal de CITIBANK, quienes afirmaron que el señor GILBERTO MATUTE MEDINA no había presentado ningún reclamo con relación al cuestionado registro. Así, en su primer informe, la Jueza Ejecutora concluyó que el señor GILBERTO MATUTE MEDINA no había agotado ningún trámite ante los órganos administrativos correspondientes, estimando que éste debió haberse avocado ante los mismos para obtener la corrección o enmienda de su información personal. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, una vez rendido el informe antes mencionado, el propio agraviado compareció a esta Sala solicitando aclaración del mismo, indicando que había establecido en su escrito de interposición que había iniciado una gestión ante CITIBANK, indicando que dicha gestión fue identificada con el número 281212, hecho que fue posteriormente admitido por la empresa CITI TARJETAS, adicionando que el recurrente GILBERTO MATUTE MEDINA, aún tenía un saldo pendiente por la cantidad ya antes establecida y que no existía registro alguno que el referido señor hubiera cancelado la deuda, pues no había presentado comprobante de dicha cancelación, por ende el registro no podía ser “limpiado”. La Jueza nuevamente concluyó que a pesar de esa gestión realizada, el agraviado no se personó ante la Unidad de Atención al Usuario Financiero de CITI y que aún esperaban al señor GILBERTO MATUTE MEDINA para que realizara el reclamo correspondiente. CONSIDERANDO: Que entre los derechos tutelados por el recurso de Habeas Data prevalecen el derecho al honor y a la intimidad y en éste ámbito, a la seguridad de la información, pues esta acción constitucional busca proteger al individuo contra la invasión a su intimidad, su privacidad y honor, protegiéndolo de calificaciones discriminatorias o erróneas que puedan perjudicarlo; conociendo, rectificando, suprimiendo y prohibiendo la divulgación de determinados datos especialmente sensibles[1]. CONSIDERANDO: Que toda persona tiene derecho a la intimidad y a la reserva de toda información relevante a su vida familiar y profesional, así, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como norma de protección de la honra y dignidad que (sic): “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. CONSIDERANDO: Que especial y trascendental relevancia tiene en la tutela de estos derechos, el manejo responsable y legitimo de la información referente a la persona, en este sentido, además de la protección de los datos personales, resulta exigible que los mismos resulten ser fidedignos y auténticos. En este ámbito, la acción de habeas data supone el derecho de toda persona de solicitar la exhibición de registros públicos o privados, en los cuales estén incluidos sus datos personales, para tomar conocimiento de su exactitud y a requerir su rectificación, supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación por ser sensibles[2]. CONSIDERANDO: Que en este orden de ideas y ya referente al recurso que nos ocupa, se ha acreditado en el presente trámite la existencia de un registro personal que se encuentra en una base de datos, relacionado al historial crediticio del señor GILBERTO MATUTE MEDINA, consistente en una supuesta deuda u obligación de pago no cumplida, que según ha afirmado la empresa que se considera acreedora de dicha deuda, se encuentra sin cancelar desde el año de 1996, razón por la cual la misma continúa siendo incluida en la base de datos de la Central de Información Crediticia que administra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. CONSIDERANDO: Que si bien por medio de la acción constitucional de Habeas Data se puede proceder a la actualización, rectificación y/o enmienda del registro de que se trate, esta Sala observa que en el presente asunto no resultan méritos para ordenar tales acciones, por las siguientes razones: 1) La existencia de la deuda en referencia ha sido afirmada y aceptada tanto por el señor GILBERTO MATUTE MEDINA como por la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., no siendo entonces punto de controversia su existencia. La controversia radica en la vigencia y por ende en la cancelación de dicha deuda, toda vez que el quejoso afirma haberla pagado y la empresa mencionada afirma que esto no se ha llevado a cabo, razón por la cual, según explicó, persiste el registro de la misma en la Central de Información Crediticia que administra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 2) Para poder afirmar que el registro en cuestión amerita ser actualizado, rectificado y/o enmendado, resultaría imperioso que el señor GILBERTO MATUTE MEDINA, presentase comprobantes de la cancelación de la deuda aludida, pues con ello se estaría demostrando de manera fehaciente que el registro no es actual ni veraz y al ser un dato inexacto, se impondría ordenar su actualización, rectificación o enmienda, puesto que podría determinarse que el mantenimiento de un registro carente de autenticidad y exactitud en el historial crediticio de una persona ciertamente puede provocarle perjuicio, afectando su honorabilidad y buen nombre. CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior y no obstante que se ha establecido la improcedencia de ordenar la actualización, rectificación y/o enmienda del registro de mérito por las razones ya señaladas, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el derecho que se tutela por medio de esta acción constitucional, incluye fundamentalmente el de acceder a los registros públicos o privados, en los cuales estén incluidos datos personales y conlleva además, como ya se dijo, la facultad del afectado de tomar conocimiento de la exactitud de esos registros. Esta Sala estima además que ese derecho impone a su vez y en forma recíproca, el deber, a quien es el responsable de proporcionar esa información al registro público o privado y/o base de datos de que se trate, de demostrar que la información que va a ser registrada es veraz y este deber incluye el hacer accesible esa información a quien se puede ver afectado por la misma. Es decir, y ya refiriéndonos al caso que nos ocupa, que si la exclusión que pretende el señor GILBERTO MATUTE MEDINA de la base de datos anteriormente referida como deudor de CITI TARJETAS DE HONDURAS, por cancelación de su deuda exige que éste demuestre con documentos que efectivamente pagó esa deuda; también, en forma recíproca, la inclusión del señor GILBERTO MATUTE MEDINA en la Central de Información Crediticia como deudor de CITI TARJETAS impone a CITI TARJETAS DE HONDURAS el deber de demostrar su condición de acreedora y por ende la condición de deudor del referido señor, acreditando la existencia de esa obligación de pago más allá del mero registro de información, permitiendo acceder y exhibiendo al afectado toda la documentación que ampara dicha deuda, pues ello forma parte de un registro que le concierne directamente. De lo contrario, resultaría cuestionable la certeza y exactitud del registro de mérito, toda vez que un registro de esta naturaleza, es decir de una deuda de pago en el historial crediticio de una persona, no puede quedar al arbitrio de quien se considere acreedor de la misma. La inclusión de estos registros en una base de datos lleva aparejado el deber de demostrar su veracidad y en este caso particular, la vigencia de la referida obligación, sustentada debidamente mediante documentos fehacientes. A su vez la exhibición oportuna de estos documentos al que se señala como deudor, no debe ser motivo de divagaciones, sobre todo porque la condición de deudor moroso que se alega tiene el quejoso, se encuentra en un registro estatal y es objeto de escrutinio por quienes tienen acceso al mismo y sin duda, si esa condición no está debidamente sustentada, puede ocasionarle perjuicios, disminución y afectación de los derechos que tutela esta acción constitucional. CONSIDERANDO: Que con relación al agotamiento de trámites o recursos previos, la Ley Sobre Justicia Constitucional establece efectivamente que el Recurso de Habeas Data será interpuesto cuando se haya agotado el trámite administrativo correspondiente. Sobre este respecto, resulta meritorio establecer, que esta Sala ha sido del criterio que el agotamiento de recursos como requisito previo para promover acciones constitucionales, atendiendo a la naturaleza y antecedentes de cada caso, está condicionada a la efectividad que los mismos puedan tener y al tiempo que se tomen los entes encargados para resolver los mismos, ello en consonancia con criterios definidos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el presente caso, la efectividad de un trámite o reclamo ante la empresa CITI TARJETAS, S.A. o la Unidad de Atención al Usuario de ésta, se ve comprometida desde el momento en el que la Oficial de Atención al Usuario Financiero de la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., aparentemente desconocía que el señor GILBERTO MATUTE MEDINA ya había presentado un reclamo ante su empresa, pues según estableció mediante constancia de fecha 11 de febrero de 2014, extendida ante requerimiento de la Jueza Ejecutora, el recurrente no había presentado reclamo formal ante la Unidad de Atención al Usuario Financiero y sólo fue hasta que el propio quejoso manifestó en el presente trámite mediante escrito que sí había hecho un reclamo a esa empresa, siendo el mismo registrado con número de gestión 281212, que la Oficial de Atención al Usuario de CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., asintió, mediante nota de fecha 8 de abril de 2014, que se adjuntó al expediente de mérito, que efectivamente esa gestión se había realizado, quedando con ello en entredicho la constancia previa que daba por hecha la falta de gestión o reclamo por parte del quejoso. CONSIDERANDO: Que en consonancia con lo anterior, si bien con posterioridad la empresa CITI TARJETAS explica que el recurrente realizó una gestión a través de lo que denomina “Servicio al Cliente” y no a través de la “Unidad de Atención al Usuario”, esta Sala encuentra que ciertamente la empresa en cuestión fue puesta al tanto del reclamo del quejoso y el hecho que afirmó lo contrario, llegando a hacerlo constar por escrito ante el requerimiento de la Jueza Ejecutora, da pie para inferir que al reclamo efectuado no se le dio la importancia debida y por ende la efectividad de un reclamo posterior ante esa empresa es a estas alturas cuestionable y no podría ser exigible ya, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, quien es la llamada a tutelar los derechos que asisten al señor GILBERTO MATUTE MEDINA. CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. CONSIDERANDO: Que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. CONSIDERANDO: Que la Constitución garantiza a toda persona el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. CONSIDERANDO: Que de todo lo anterior se colige y se ha establecido en el presente trámite, del informe respectivo y de las actuaciones realizadas al efecto por la Jueza Ejecutora nombrada, que si bien no hay mérito para ordenar la actualización, rectificación y/o enmienda del registro que se ha cuestionado en la Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la empresa TRANSUNION, esta Sala de lo Constitucional reconoce el derecho que asiste al señor GILBERTO MATUTE MEDINA de ser informado debidamente acerca de la deuda que se afirma tiene pendiente con la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A., así como el derecho que tiene a que esta empresa le exhiba y le permita acceder, sin más trámite ni formalidad, a todos los documentos en los que se ampara la manifestada deuda. Esta Sala dispone y concluye que en este respecto procede declarar HA LUGAR el Recurso de Habeas Data que se ha promovido ante esta Sala de lo Constitucional, debiéndose permitir al señor GILBERTO MATUTE MEDINA tener acceso a documentación que le concierne en forma personal, un derecho que le asiste y que debe de ser tutelado por esta Sala, haciéndolo efectivo a través de la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO: Que por otro lado, la pretensión del recurrente en cuanto a que la empresa CITIBANK DE HONDURAS sea condenada a resarcirle daños y perjuicios, resulta a todas luces improcedente, toda vez que el alcance del Recurso de Habeas Data, como garantía constitucional, se encuentra claramente definido en nuestra normativa, tutelando los derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen y siendo su objeto inter alia: el acceso de una persona a la información que exista sobre sí misma en una base de datos pública o privada y en su caso, la actualización, rectificación y/o enmienda de esta información, por ende no comporta de manera alguna el reconocimiento de derechos de índole patrimonial y tampoco ser un medio para que se declare la responsabilidad civil que se pueda derivar de éstos, que pertenecen al ámbito de la justicia ordinaria, al igual que todo lo referente a la prescripción de las acciones a que ha hecho referencia el quejoso, pues ciertamente que lo dispuesto en esta sentencia debe entenderse sin perjuicio del ejercicio de las acciones que de conformidad con la ley estime el quejoso que le puedan asistir. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8, 11 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9.1, 13.2, 17, 40, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS DATA del cual se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDÓN, a favor del señor GILBERTO MATUTE MEDINA, contra el registro público en la CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS y TRANSUNION del registro personal del señor GILBERTO MATUTE MEDINA, EN EL ÚNICO SENTIDO DE RECONOCER EL DERECHO QUE ASISTE AL SEÑOR GILBERTO MATUTE MEDINA de acceder y ser informado debidamente acerca de sus datos personales, entre ellos la deuda que se afirma tiene pendiente con la empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A. y que se encuentra registrada en la Central de Información Crediticia antes relacionada; SEGUNDO: Consecuentemente ORDENA a la Empresa CITI TARJETAS DE HONDURAS, S.A. que proceda a ordenar a quien corresponda, sin más trámite ni formalidad, el acceso y la exhibición inmediata al señor GILBERTO MATUTE MEDINA de todos los documentos en los que se ampara la manifestada deuda, misma que ha derivado en el registro que ha sido objeto de la presente acción constitucional; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su inmediata ejecución y al posterior archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de julio del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fechas tres de junio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Habeas Data bajo el número SCO-0095-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius.
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius