Sentencia EP-1209-14 — Registro 5345
Resumen
Imputado que cumple medida de prisión preventiva fue trasladado del Primer Batallón de Infantería a las instalaciones del Centro Preventivo del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS),constatandose el estado de salud de éste y las malas condiciones en que se encuentra dicho centro ,que podrian comprometer la salud del mismo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO: Que esta Sala no concuerda con el parecer de la Juez Ejecutora en cuanto a declarar parcialmente con lugar el presente recurso de Exhibición Personal, en virtud de que contrario a lo que arguye la recurrente, no se ha determinado de lo actuado la constatación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual del agraviado, por lo que no se ha demostrado en la tramitación de este recurso, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo cual procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar sin lugar el recurso interpuesto. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, sí se ha logrado establecer en el presente trámite que el centro en donde se encuentra recluido el señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, presenta deficiencias que podrían comprometer la salud del mismo, por lo que resulta necesario que esta Sala ordene lo pertinente para salvaguardar los derechos que en este respecto asisten al referido agraviado y así debe ser dispuesto y ordenado por esta Sala"...
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO: Que esta Sala no concuerda con el parecer de la Juez Ejecutora en cuanto a declarar parcialmente con lugar el presente recurso de Exhibición Personal, en virtud de que contrario a lo que arguye la recurrente, no se ha determinado de lo actuado la constatación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual del agraviado, por lo que no se ha demostrado en la tramitación de este recurso, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo cual procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar sin lugar el recurso interpuesto. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, sí se ha logrado establecer en el presente trámite que el centro en donde se encuentra recluido el señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, presenta deficiencias que podrían comprometer la salud del mismo, por lo que resulta necesario que esta Sala ordene lo pertinente para salvaguardar los derechos que en este respecto asisten al referido agraviado y así debe ser dispuesto y ordenado por esta Sala.
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de noviembre de dos mil catorce. VISTO: El recurso de exhibición personal interpuesto por la abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, en su condición de Defensora Privada del señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, mediante el cual expone la peticionaria que en fecha martes veintiuno de octubre del año dos mil catorce, con supuestas órdenes de un Fiscal del Ministerio Público y del Instituto Penitenciario, se trasladó al privado de libertad a las instalaciones del Centro Preventivo del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS), contraviniendo la resolución dictada por la Jueza con Jurisdicción Nacional, que ordenó que el imputado debía cumplir dicha medida en el Primer Batallón de Infantería ubicado en las Tapias Mateo, en aras de prever la seguridad del mismo, señala la reclamante que para dicho traslado se argumentó que necesitaban esas celdas para custodiar a otros privados de libertad, siendo del criterio la impugnante que tal decisión no le fue notificada a la defensa ni a sus familiares, teniendo conocimiento de tal circunstancia mediante los medios de comunicación, además aprecia la impetrante que dichas instalaciones a las que fue trasladado su representado no tienen las condiciones necesarias en razón del estado de salud del agraviado; agrega la peticionaria que al privado de libertad se le restringen las visitas, que ha sido objeto de extorsión por otros procesados que también se encuentran resguardados en las instalaciones de dicho Comando de Operaciones, el cual ya está saturado afirma la denunciante, pues son dieciséis detenidos por crímenes graves y violentos cuando dichas instalaciones solo cuentan con seis celdas, por lo que su representado fue ubicado en un pasillo que no cuenta ni siquiera con un espacio para sus necesidades fisiológicas, igualmente expone la suplicante que no se permite se le lleven alimentos al afectado, a pesar de que necesita alimentación especial por padecimiento, sumado a que no se le esta permitiendo proveerle de sus medicamentos, lo que ha causado su deterioramiento en el agraviado conforme lo establece el dictamen médico que adjunta al recurso, en el que se recomienda tratamiento farmacológico y detención domiciliaria, en este caso especifico puntualiza la recurrente tendría que ser internamiento hospitalario, finalmente señala la quejosa que su representado fue expuesto de forma denigrante a su dignidad y honor que protege la constitución a los privados de libertad, así como diversas disposiciones que contemplan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO: Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce, esta Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, admitió el Recurso de Exhibición Personal, relacionado en el inciso anterior, nombrando como Jueza Ejecutora a la abogada CARMEN REINA ORTIZ, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a fin de requerir a la autoridad denunciada para que rindiera un informe detallado de los hechos alegados por la recurrente, así mismo se constituya en el lugar de la detención del supuesto agraviado para constatar los hechos expuestos por la solicitante, así como de decretar de ser preciso todas las medidas necesarias para mantener la integridad del afectado y cumplir con los deberes inherentes a su mandato con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que la abogada CARMEN REINA ORTIZ, en su condición indicada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que en fecha veintitrés de octubre del presente año se personó en las instalaciones del Centro Preventivo del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS), a entrevistarse con el señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, a fin de constatar los hechos que motivaron su traslado y los tratos crueles y degradantes que se está lesionando en contra de su seguridad individual, según lo manifestado por su representante; siendo recibida la suscrita ejecutora por un oficial de turno, quien le manifestó que en dichas instalaciones no había persona que pudiera brindarle información sobre los motivos por los que se retiene al señor MONTES RODRÍGUEZ, indicándole que esa información era de conocimiento exclusivo del Coronel de Infantería FRANCISCO GALVEZ GRANADOS, en su condición de DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, ya que él ordenó el traslado a fin de salvaguardar la vida e integridad física del privado de libertad; B) Seguidamente en mismo lugar la Jueza Ejecutora se constituyó en las celdas donde se encontraba el agraviado, para constatar su estado físico y conocer las instalaciones donde se encuentra, manifestando durante la entrevista el afectado que desconocía las razones por las cuales lo habían trasladado del Primer Batallón al presente lugar y que lo que está pasando en las instalaciones Cobras es que están sobre pobladas y hay hacinamiento, que sólo los sacan unos minutos siempre dentro de las instalaciones y que no sale al exterior de las mismas, expreso que sufre de diabetes y no recibe la dieta adecuada y la medicina ya no le hace efecto; asimismo informó que al momento del traslado se le negó una llamada telefónica para informar a sus familiares y a su abogada sobre la situación, asimismo señaló que duerme en el piso con otras personas y que tiene temor de que le puedan hacer algo pensando que tiene dinero al asociarlo con Mario Zelaya; agrega la Jueza Ejecutora que a continuación realizó la inspección en situ, observando que las instalaciones físicas de atención a dicho privado de libertad no son las adecuadas por el confinamiento de la cantidad de personas que guardan prisión preventiva, pues el privado de libertad padece de diabetes, pues hay un solo baño y al bañarse todos el agua se derrama por el pasillo hasta la colchoneta que está en el suelo donde duerme el agraviado, y al encontrarse el proceso en etapa inicial, se recomienda mejorar las instalaciones o el traslado a otros centros de detención a algunos de los privados de libertad, a la vez recomienda la Jueza Ejecutora que dicho privado de libertad se le brinde asistencia médica por la condición de salud del mismo y pueda tener acceso a una dieta balanceada a su salud; C) Posteriormente la Jueza Ejecutora se hizo presente en el Instituto Nacional Penitenciario, para requerir al DIRECTOR GENERAL el señor FRANCISCO GÁLVEZ GRANADOS, quien mediante su respectivo informe expone que ordenó el traslado efectuado al privado de libertad señor CARLOS MONTES RODRIGUEZ, mediante Resolución CETINP-240-2014, de fecha 21 de octubre de 2014, misma que estima ésta conforme a derecho en virtud de ajustarse en el marco legal, en vista que dicho Instituto tiene las suficientes atribuciones legales para trasladar a privados de libertad a cualquier establecimiento penitenciario del país incluyendo a los Centros Preventivos que para tal efecto fueron creados, sin importar la condición jurídica del interno, siempre y cuando dichos traslados se hagan con el propósito de proteger la vida e integridad física de los mismos, de otras personas y mantener el orden, seguridad y disciplina al interior de cada establecimiento penitenciario, siendo del criterio que en base a la información recabada por la funcionara asignada como Jueza Ejecutora, es del parecer de que se Declare CON LUGAR DE MANERA PARCIAL EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL a favor del señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ. CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. CONSIDERANDO: Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, asimismo contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO: Que la prisión preventiva, es una medida cautelar de carácter excepcional, que priva de la libertad deambulatoria, en contra de quien pesa indicios racionales de responsabilidad en la comisión de un delito con penas privativas de libertad, para evitar el riesgo de que en espera del juicio, el sujeto pueda evadir la acción penal. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en el artículo 68 estipula que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. CONSIDERANDO: Que en los establecimientos penitenciarios deberá velarse por la salud física y mental de los reclusos. Así, el médico encargado deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención [1]. CONSIDERANDO: Que esta Sala no concuerda con el parecer de la Juez Ejecutora en cuanto a declarar parcialmente con lugar el presente recurso de Exhibición Personal, en virtud de que contrario a lo que arguye la recurrente, no se ha determinado de lo actuado la constatación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual del agraviado, por lo que no se ha demostrado en la tramitación de este recurso, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo cual procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar sin lugar el recurso interpuesto. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, sí se ha logrado establecer en el presente trámite que el centro en donde se encuentra recluido el señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, presenta deficiencias que podrían comprometer la salud del mismo, por lo que resulta necesario que esta Sala ordene lo pertinente para salvaguardar los derechos que en este respecto asisten al referido agraviado y así debe ser dispuesto y ordenado por esta Sala. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del que se ha hecho mérito, interpuesto por la abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, en su condición de Defensora Privada del señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, por las razones expuestas y estipuladas en este fallo; 2) ORDENAR QUE SE ADOPTEN TODAS LA MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD MENTAL Y FÍSICA del señor CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, adecuando y mejorando las condiciones de su lugar de reclusión para ese propósito; permitiéndole recibir la atención necesaria para el tratamiento de su enfermedad y el cuidado necesario para su salud en general; 3) Que es imperativo asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad por cuanto se ordena a la autoridad recurrida que de forma inmediata tome las medidas necesarias para conservar el respeto de la dignidad personal de los privados de libertad que se encuentran en las instalaciones del Centro Preventivo del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS), cumpliendo con la observancia de los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales, y suplir los medicamentos y servicio médicos que en el caso particular del agraviado necesite para resguardar su salud, lo cual se deberá llevar a cabo de forma inmediata; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO.LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA[1]. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de octubre de dos mil quince, certificación del fallo de fecha diez de noviembre del dos mil catorce, recaído en el Recurso de Exhibición Personal No.1209=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL