Sentencia AP-979-12 — Registro 5337
Resumen
Sentencia impugnada declara con lugar recurso de apelación revocando auto de prisión y ordenando sobreseimiento a favor de imputado por el delito delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO NUEVE (9): Que se conoce como el delito de Lavado de Activos a las distintas actividades realizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar, convertir y ocultar los efectos y ganancias ilícitamente obtenidos (producto de actividades ilegales, delincuenciales), integrándolas a la actividad económica y financiera del país para hacerlas pasar como si fueran lícitas o legales; dichas actividades consisten principalmente en efectuar inversiones, ventas, transferencias, adquisición y posesión de diversos bienes así como también operaciones al interior del sistema financiero y bursátil, con las que se busca ocultar el origen ilícito o ilegal de tales fondos. El lavado de capitales, dinero o activos (como se le quiera llamar) produce alteraciones en el sistema económico financiero de un país al integrar en el mercado interno recursos que se obtienen a un costo considerablemente menor respecto a las actividades lícitas, hecho que trastorna los principios en los que se basa el orden socio económico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la prueba que se convalida en el delito de lavado de activos resulta estar un tanto apartado de la concepción formal de la prueba, ya que la prueba usual en este delito es la indiciaria, a cuyo efecto la experiencia dicta como válidos, y a título simplemente enunciativo los siguientes indicios: 1) en primer lugar, el incremento inusual del patrimonio de quien realiza las operaciones de ingreso de dinero o bienes al mercado o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, características del negocio mercantil llevado a cabo, razonabilidad de las inversiones o por tratarse de dinero en efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. 2) en segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transferencias dinerarias. 3) en tercer lugar, la constancia de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de drogas o con personas o grupos relacionados con aquellas; y, 4) en cuarto lugar, la utilización de documentos falsos para aparentar operaciones inexistentes, que estos indicios y otros que se establezcan caso por caso, siempre que por su gravedad y fuerza conviccional permitan inferencias razonables, y claro está, en la medida que se encuentren plenamente acreditados, pueden enervar la presunción de inocencia y, por ende, justificar una sentencia condenatoria."...
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 183 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar Sentencia del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCÍA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha once de octubre del año dos mil doce, que declara con lugar un Recurso de Apelación y revoca la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, de fecha dos de agosto del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra el Señor DIEGO ADRIÁN ATAEFE por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil doce, la Abogada VERA ELOISA GÁLVEZ PONCE, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor DIEGO ADRIÁN ATAEFE por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en fecha dos de agosto del año dos mil doce, dictó Auto en el cual resolvió: “DECRETA: 1) AUTO DE PRISION en contra del imputado DIEGO ADRIAN ATAEFE, por suponerlo responsable a título de autor del delito de LAVADA DE ACTIVO, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Impone la medida cautelar al imputado de PRISION PREVENTIVA, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de la Ceiba, Atlántida.- 3)Ordena a la Secretaria del Despacho se proceda hacer los Oficios respectivos al Jefe de la Policía de esta localidad para que lo mantenga bajo su guarda y custodia mientras el referido imputado es remitido a dicho centro penal, debiendo librar también este oficio al Director del Centro Penal de la Ceiba, para que lo mantenga bajo guarda y custodia en virtud de habérsele decretado AUTO DE PRISION por el delito de LAVADO DE ACTIVO, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, con la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA…”(Folios ochenta y siete (87) al noventa (90) de los antecedentes de primera instancia.) 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado ALFRED C. HOCKERSMITH, en su condición de Defensor Privado del Señor DIEGO ADRIÁN ATAEFE, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once de octubre del año dos mil doce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “Primero: Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada del procesado Diego A. Ataefe en su condición de apelante contra la resolución de fecha dos de agosto del Dos mil Doce dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía.- Segundo: Revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán Islas de la Bahía en fecha dos de agosto del Dos mil Doce contra el señor Diego Adrián Ataefe de generales expresadas en el preámbulo de este resolución, en la causa penal que se le instruye por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía de Honduras.- Tercero: Que en audiencia a-doc proceda el a dquo, a revocar la medidas cautelares decretadas y dictar el sobreseimiento que en derecho corresponde por el delito ya relacionado a favor del procesado Diego Adrián Ataefe.-” (Folios doce (12) al veinticinco (25) de los antecedentes de segunda instancia.) 4) El recurrente Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil doce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha once de octubre del año dos mil doce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiocho de agosto de dos mil trece y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCÍA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la Resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once de octubre del año dos mil doce, que declara con lugar un Recurso de Apelación y revoca la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, de fecha dos de agosto del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra el Señor DIEGO ADRIÁN ATAEFE por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCÍA, considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, así como el principio de legalidad, concretado en el Jus Puniendi, con la finalidad de que no se genere impunidad; y, el concepto en el que han sido ultrajados es porque la Corte de Apelaciones de La Ceiba, no le ha dado el debido valor a la prueba allegada al proceso o la considera insuficiente como para confirmar la resolución dictada en primera instancia. La Corte de Apelaciones al revocar, le cierra la posibilidad al Ministerio Público siquiera de tratar de acreditar en el proceso la precedencia de otro delito, lo cual sin lugar a dudas generaría una impunidad que la que precisamente se trata de combatir con la Ley especial en cuestión. Así las cosas, la Corte de Apelaciones de aquella ciudad no debió revocar el auto de prisión dictado, sino que debió de mantenerse firme, siendo de aplicación pertinente el Artículo 297 en sus numerales 1 y 2; pues sino procede el sobreseimiento provisional ni definitivo, el Juez resolverá dictar auto de prisión, y en tal caso, decidir si decreta la prisión preventiva del imputado u otras medidas cautelares de conformidad con las pruebas practicadas al respecto; y, para decretar auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once de octubre del año dos mil doce; se aprecia que la Corte recurrida luego del análisis de los puntos expuestos por las partes concluyó que no hay prueba de la comisión del tipo penal de Lavado de Activos, porque hay una justificación de la procedencia legal y económica de la cantidad de dólares que le fueron decomisados al procesado Diego Adrían Ataefe, que al faltar uno de los elementos del delito de lavados de activos, como lo es “no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia”, no se cumple con lo que manda con el Artículo 92 constitucional, pues no se dan todos los elementos de la tipificación penal, por ende no hay delito y al no establecerse la existencia del delito, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 296 del Código Procesal Penal numeral 1): “que se dictará sobreseimiento definitivo cuando resulte probado … que no esta tipificado como delito”. Los hechos realizados por el acusado no están tipificados como delito; por lo que estimo los agravios expresados como procedentes. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que se conoce como el delito de Lavado de Activos a las distintas actividades realizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar, convertir y ocultar los efectos y ganancias ilícitamente obtenidos (producto de actividades ilegales, delincuenciales), integrándolas a la actividad económica y financiera del país para hacerlas pasar como si fueran lícitas o legales; dichas actividades consisten principalmente en efectuar inversiones, ventas, transferencias, adquisición y posesión de diversos bienes así como también operaciones al interior del sistema financiero y bursátil, con las que se busca ocultar el origen ilícito o ilegal de tales fondos. El lavado de capitales, dinero o activos (como se le quiera llamar) produce alteraciones en el sistema económico financiero de un país al integrar en el mercado interno recursos que se obtienen a un costo considerablemente menor respecto a las actividades lícitas, hecho que trastorna los principios en los que se basa el orden socio económico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la prueba que se convalida en el delito de lavado de activos resulta estar un tanto apartado de la concepción formal de la prueba, ya que la prueba usual en este delito es la indiciaria, a cuyo efecto la experiencia dicta como válidos, y a título simplemente enunciativo los siguientes indicios: 1) en primer lugar, el incremento inusual del patrimonio de quien realiza las operaciones de ingreso de dinero o bienes al mercado o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, características del negocio mercantil llevado a cabo, razonabilidad de las inversiones o por tratarse de dinero en efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. 2) en segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transferencias dinerarias. 3) en tercer lugar, la constancia de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de drogas o con personas o grupos relacionados con aquellas; y, 4) en cuarto lugar, la utilización de documentos falsos para aparentar operaciones inexistentes, que estos indicios y otros que se establezcan caso por caso, siempre que por su gravedad y fuerza conviccional permitan inferencias razonables, y claro está, en la medida que se encuentren plenamente acreditados, pueden enervar la presunción de inocencia y, por ende, justificar una sentencia condenatoria. CONSIDERANDO ONCE (11): Que los Artículos 5 y 6 del Código Civil mandan que: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este artículo, y ordenarse en casos especiales, otra forma de promulgación.” Que: “No podrá alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona, después del plazo común o especial, sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas, durante dicho plazo, las comunicaciones ordinarias entre el lugar de la residencia del Gobierno y el departamento en que debe regir. En este caso dejará de correr el plazo por todo el tiempo que dure la incomunicación.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. Así también en la etapa inicial del proceso, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como ser desestimar la tipificación de los hechos y revocar la medida cautelar decretada al imputado, por constar en el expediente judicial violación al derecho fundamental del debido proceso, al de defensa, igualdad procesal por cuanto consta en el expediente la cantidad de operaciones inusuales del imputado, el “asesoramiento” del mismo banco para no reportar sus operaciones, además de no constar la actividad profesional, formal y comercial del imputado que den licitud a sus movimientos de capital que podrían constituir una tipología en el delito de lavado de activos; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, al ser evidente la vulneración del debido proceso, y para su restitución se anula la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha once de octubre del año dos mil doce, debiendo dictar dicha Corte una nueva sentencia basada en los principios constitucionales que se ha hecho merito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número 979=12.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL