Sentencia AP-865-11 — Registro 5335
Resumen
Resolución recurrida que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto a favor de impetrante,por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y sin lugar el incidente de nulidad ,confirmando la resolución que decreta la Medida Cautelar de Fianza Depositaria por catorce millones de lempiras (Lps.14,000,000.00) impuesta a impetrante emitida en primera instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...(8): Que así las cosas, a esta Sala le competería analizar el planteamiento relacionado con la procedibilidad de imponer una medida cautelar sustitutiva a la que implique privación de libertad. Sin embargo, el planteamiento de la recurrente esta fundado en la inaplicación de disposiciones constitucionales, consecuencia de la errónea estimación de medios probatorios y circunstancias que rodean el presente caso, verbigracia, prueba documental mediante la cual se acredita que a su representado se le impuso una fianza hipotecaria, y no así a los demás imputados, el hecho de haberse presentado voluntariamente, la cantidad desproporcionada de la fianza impuesta, etc. Esta Sala estima que si bien, le compete conocer de resoluciones que impongan, revoquen o modifiquen medidas cautelares, será en aquellos casos en que se ha excedido el tiempo máximo de las mismas, cuando se trate de delitos cuya sanción es menor a cinco años, es decir cuando la misma pena indique la falta de peligrosidad etc.; estándole vedada esta actividad jurisdiccional, cuando se trata de la valoración de medios de pruebas y circunstancias que han hecho al Juez de instrucción determinar, después de un ejercicio mental de utilización y aplicación de la sana crítica y máximas de la experiencia, fundado en la observancia al principio de inmediación, la imposición o no, de tal o cual medida cautelar, pues como quedó dicho, ello constituye una actividad de jueces de instancia desvinculada con argumentos de mera constitucionalidad.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 167, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que lo anteriormente expresado, es sin desmedro de la razonabilidad exigible a las resoluciones que esclarecen los asuntos de mera legalidad suprarelacionados, así como de la vigencia incondicionada de los principios que informan el derecho procesal penal, conglomerados alrededor del principio pro homine; lo cual resulta de riguroso cumplimiento para la tutela judicial efectiva que ejerce la Sala de lo Constitucional y que sin embargo mantiene continencia en la resolución que venida en amparo, la cual no se aprecia violentada por haber resuelto la jurisdicción ordinaria cual es el momento procesal oportuno para plantear las nulidades a que haya lugar, según se dedujeren de la etapa preparatoria; resolución cuya plausibilidad se aprecia de la conducente argumentación jurídica expuesta en el presente fallo. CONSIDERANDO (12): Que resulta de suyo importante motivar que si bien concurre causal de inadmisibilidad, también se ha motivado suficientemente en esta sede de justicia constitucional la no acreditación del merito necesario para su otorgamiento, lo cual no prejuzga en ningún momento sobre el fondo de dicha controversia. Por todo lo expuesto y relacionado, resulta procedente dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 304 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 167, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de Agosto del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA a favor del abogado ENRIQUE FLORES LANZA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha quince de junio de dos mil once; con relación a la causa instruida en contra del abogado ENRIQUE FLORES LANZA, en el expediente penal numero 427-11. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los artículos 68, 69, 82, 89 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado LEONARDO MARTIN ORELLANA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES y ENRIQUE FLORES LANZA por suponerlos responsables de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA FE PÚBLICA; asimismo contra los señores REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA y JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y como coautores en el delito de FRAUDE y CESAR ARNULFO SALGADO por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO y como coautor en el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA FE PÚBLICA. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en Audiencia de Declaración de Imputado de fecha quince de junio de dos mil once, la parte defensora interpuso incidente de nulidad, el referido Juzgado resolvió, declarar: “SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD solicitado por la defensa, ya que debe ser interpuesto en Audiencia Inicial. …” Decretando en consecuencia “LA MEDIDA CAUTELAR al señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA FE PUBLICA, contenidas en el artículo 173 numeral 10 del Código Procesal Penal consistente en: numeral 10) La constitución a favor del Estado de Honduras de una FIANZA DEPOSITARIA por el propio imputado por la cantidad CATORCE MILLONES DE LEMPIRAS que deberá enterarse al Banco Central de Honduras mediante cheque certificado y que debe hacerla efectiva en este momento, sirviendo de fundamento los artículos 172, 173 numerales 10, 179 del Código Procesal Penal que establece la importancia del daño que debe indemnizar, así como en el requerimiento fiscal consta la gravedad de la pena a imponer en el proceso. …” asimismo el a-quo resuelve: “habiéndoles manifestado anteriormente sobre la pronunciación de que el imputado no cuenta en este momento con la cantidad de 14 millones de lempiras para pagar la Fianza que se le ha impuesto como medida cautelar y oyendo la situación planteada por la Defensa, se le otorga un PLAZO DE TREINTA DIAS, a partir hoy para poder rendir la CAUCION DE CATORCE (14) MILLONES DE LEMPIRAS pagaderos en efectivo y al Banco Central, asimismo en virtud de que la parte defensora del señor ENRIQUE FLORES LANZA ha manifestado no poder constituir la fianza depositaria ordenada en este momento procesal, este juzgador con la finalidad de no aplicarle otra medida más gravosa para su libertad, le impone al señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 4 del Código Procesal Penal consistente en: ARRESTO EN SU PROPIO DOMICILIO bajo vigilancia policial, haciéndole saber al encausado que de no cumplir con la medida impuesta, se decretará una medida más gravosa. …” (Folios del 899 al 911 de los antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados RAUL SUAZO BARILLAS Y TIRZA FLORES LANZA en su condición de Apoderados Defensores del señor ENRIQUE FLORES LANZA, contra la resolución que se relaciona en el inciso que precede y seguido el trámite de Ley, la Corte de Apelaciones de lo Penal de esta Sección Judicial en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, resolvió: “1.-Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada del imputado Enrique Alberto Flores Lanza en contra de la resolución que declara sin lugar el incidente de nulidad y de la resolución que decreta la Medida Cautelar de Fianza Depositaria por CATORCE MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 14,000,000.00) impuesta a dicho imputado; y 2.- Confirmar las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. …”. (Folios del 1099 al 1104 frente y vuelto de los antecedentes.) 4) Que la recurrente abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, reclamando amparo a favor del señor ENRIQUE FLORES LANZA, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha veintinueve de agosto de dos mil once, es violatoria de lo dispuesto por los artículos 68, 69, 82, 89 Y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado su recurso en tiempo y forma en fecha uno de febrero de dos mil doce, habiéndose omitido la vista al fiscal del despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que se conoce del Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA a favor del abogado ENRIQUE FLORES LANZA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha quince de junio de dos mil once; mediante la cual impuso al señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, LA MEDIDA CAUTELAR contenida en el artículo 173 numeral 10 del Código Procesal Penal consistente en: La constitución a favor del Estado de Honduras de una FIANZA DEPOSITARIA por el propio imputado por la cantidad CATORCE MILLONES DE LEMPIRAS que deberá enterarse al Banco Central de Honduras mediante cheque certificado y que debe hacerla efectiva dentro de un término de 30 días, sirviendo de fundamento los artículos 172, 173 numerales 10, 179 del Código Procesal Penal, argumentando como presupuesto legitimador la importancia del daño que debe indemnizar, así como el hecho de que en el requerimiento fiscal consta la gravedad de la pena a imponer, en el proceso que se le ha incoado por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA FE PUBLICA. Es así que el tema a decidir en el presente amparo es sobre medidas cautelares y específicamente la medida cautelar patrimonial. CONSIDERANDO (2): Que según el punto de vista doctrinario, las medidas cautelares en el proceso penal, pueden definirse como aquellas que pueden adoptarse motivadamente por el órgano jurisdiccional, u otra autoridad competente en casos excepcionales, contra el presunto responsable de un hecho delictivo, al estimarse dos aspectos esenciales: por una parte, la existencia de una imputación basada en la constatación objetiva de un hecho típico y en la probabilidad razonable de quien sea su autor, y por otra, en la fundada posibilidad de ocultación personal del inculpado en el curso del procedimiento penal, es así como nuestro Código Procesal, en su artículo 172 párrafo primero, establece que “….las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de medios de prueba.” CONSIDERANDO (3): Que la medida cautelar mas gravosa es la prisión preventiva y de acuerdo a lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal, para decretar la medida cautelar de prisión preventiva, deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1) Peligro de fuga del imputado, 2) la posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva de la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados, y 4) riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. Que el artículo 179 de la misma norma, señala los presupuestos legitimadores para determinar si existe peligro de fuga enumerando cuatro circunstancias a saber: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. CONSIDERANDO (4): Que ha sido criterio de los jueces de instancia, que en el proceso penal bajo examen, no se dan los presupuestos objetivos para temer que concurra alguna de las circunstancias mencionadas en los numerales dos, tres y cuatro, antes relacionados, y es visto que tanto el A-quo como el Ad-quem NO consideraron en éste caso en concreto y particular del imputado ENRIQUE FLORES LANZA, la gravedad razonable y fundada de un peligro de fuga, tanto que de entrada se optó por la imposición de la medida cautelar menos gravosa de constituir a favor del Estado, la garantía consistente en un depósito de dinero, otorgando un término de 30 días para efectuarla, en tanto se consigna, se impuso la medida de arresto en su propio domicilio, medida cautelar que quedó en suspenso por decisión de esta Sala de lo Constitucional mediante resolución de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil once, (ver folio 37 pieza de amparo). CONSIDERANDO (5): Que seguida la tramitación de rigor, en la formalización de la acción de amparo, es reiterativo el planteamiento como agravio el hecho de que la Corte de Apelaciones, al confirmar la decisión del A-quo, vulnera el derecho constitucional a la igualdad y consecuentemente a un debido proceso, al exponer que se ha dado al señor ENRIQUE FLORES LANZA, un trato discriminatorio y parcial, en relación a los otros procesados, “…pues a ninguno se le ha impuesto una fianza del monto de la que se pretende obligar a pagar al abogado Flores lanza” apunta la recurrente en su escrito.” CONSIDERANDO (6): Que además de lo anterior, expone que se invocan como vulneradas diversas leyes y normas constitucionales como el artículo 90 de la Constitución de la República en relación a la contravención, por parte de la autoridad recurrida, a lo establecido en el artículo 172 del Código Procesal Penal en dos de sus numerales y en los artículos 184 y 194 del mismo Código, la cual consiste en afirmar la existencia de un peligro de fuga en alguien de sólido arraigo y prestigio profesional, como es la persona del imputado, lo que se muestra no solo por su voluntad de volver del exilio sino en sus relaciones familiares, domicilio personal y profesional, participación política activa en la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular y su reconocido activismo en diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos. En cuanto al presupuesto de riesgo de obstrucción de la investigación, este es inexistente porque desde la presentación de los respectivos requerimientos fiscales ha transcurrido tiempo suficiente para dar por concluida la investigación, a través del procedimiento de prueba anticipada y accediendo a toda la documentación que el Ministerio Público ha estimado pertinente. - Sigue considerando la Abogada Recurrente, que las medidas impuestas por el Juez de primera instancia resultan violatorias a los principios rectores del debido proceso penal, por trasgredir el principio de racionalidad, lo cual resulta de la desmesura e inviabilidad de la fianza depositaria impuesta con relación a la capacidad económica del imputado, la cual prácticamente tiene el propósito de justificar la prisión preventiva una vez transcurrido el plazo de 30 días establecido por el Juez para el pago de la misma; el principio de idoneidad, por no ser adecuada la medida para obtener los fines legítimos perseguidos en el proceso; el principio de necesidad, conforme al cual, de entre las medidas restrictivas aplicables debe imponerse la menos gravosa al ejercicio ciudadano; actuando en este caso contrario a las medidas impuestas a los otros procesados, aplicando una medida excesiva y desproporcionada; el principio de intervención mínima, conforme al cual debe garantizarse la eficacia de la justicia mediante la imposición de otras medidas cautelares diferentes a las privativas de la libertad, tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva como presupuesto del actual proceso penal. Finalmente y en cuanto a este acápite, manifiesta la recurrente la resolución repelida violenta el principio de proporcionalidad, pues la presencia del Abogado Flores en juicio, dada su manifiesta voluntad de someterse al proceso, puede garantizarse mediante otras medidas que no resulten tan lesivas a su libertad y al ejercicio de otros derechos del procesado. CONSIDERANDO (7): Que otras violaciones al debido proceso son, a juicio de la impetrante, el incumplimiento a lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, al negarse los órganos jurisdiccionales a aplicar en forma extensiva la nulidad decretada por la Corte de Apelaciones designada a favor del expresidente Manuel Zelaya Rosales, no obstante que los demás coimputados se encuentran en la misma situación y le son aplicables los mismos motivos en que se fundamentó la nulidad de los juicios en mención; violación que se vuelve más ostensible al impedirle la jurisdicción ordinaria al Abogado Flores Lanza la posibilidad de interponer el recurso de nulidad correspondiente, pese a que la audiencia de declaración de imputado es precisamente la primera audiencia ante Juez competente y por ende, la primera audiencia del proceso. La resolución recurrida, violenta además el derecho de defensa y a la presunción de inocencia que acompañan al imputado, puesto que remite a consideraciones como la gravedad de la pena que corresponde al delito imputado como fundamento para la imposición de las medidas cautelares, incurriendo en un prejuzgamiento de la participación del referido profesional del derecho en los hechos que se le imputan; lo cual es claramente violatorio a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la privación de libertad establecida en el caso Loaiza Tamayo v. Perú,[1] así como del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras firmado el veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012) por el entonces Presidente de la República, Licenciado Porfirio Lobo Sosa y por el cual se acuerda, inter alia, profundizar las garantías otorgadas para el ingreso en condiciones de seguridad y libertad a los exfuncionarios de gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, lo cual es considerado por la amparista de obligatorio cumplimiento para el Estado de Honduras. En suma, que todas las violaciones aquí denunciadas, al entramado normativo constitucional e inclusive a disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han victimizado al agraviado y a su familia, con graves consecuencias para su integridad física y moral, pues son víctimas inclusive de campañas de odio, de las cuales han sido parte los órganos jurisdiccionales contra los cuales se recurre en amparo, al imponer y ratificar unas medidas cautelares que se han convertido en una pena anticipada; por todo lo cual solicita el otorgamiento del presente amparo, declarando la violación de los derechos fundamentales enunciados y, en consecuencia, se revoquen y sustituyan definitivamente las medidas cautelares ilegales impuestas al Abogado Enrique Flores Lanza. CONSIDERANDO (8): Que así las cosas, a esta Sala le competería analizar el planteamiento relacionado con la procedibilidad de imponer una medida cautelar sustitutiva a la que implique privación de libertad. Sin embargo, el planteamiento de la recurrente esta fundado en la inaplicación de disposiciones constitucionales, consecuencia de la errónea estimación de medios probatorios y circunstancias que rodean el presente caso, verbigracia, prueba documental mediante la cual se acredita que a su representado se le impuso una fianza hipotecaria, y no así a los demás imputados, el hecho de haberse presentado voluntariamente, la cantidad desproporcionada de la fianza impuesta, etc. Esta Sala estima que si bien, le compete conocer de resoluciones que impongan, revoquen o modifiquen medidas cautelares, será en aquellos casos en que se ha excedido el tiempo máximo de las mismas, cuando se trate de delitos cuya sanción es menor a cinco años, es decir cuando la misma pena indique la falta de peligrosidad etc.; estándole vedada esta actividad jurisdiccional, cuando se trata de la valoración de medios de pruebas y circunstancias que han hecho al Juez de instrucción determinar, después de un ejercicio mental de utilización y aplicación de la sana crítica y máximas de la experiencia, fundado en la observancia al principio de inmediación, la imposición o no, de tal o cual medida cautelar, pues como quedó dicho, ello constituye una actividad de jueces de instancia desvinculada con argumentos de mera constitucionalidad. CONSIDERANDO (9): Que finalmente, en cuanto a la argumentación promovida por la amparista, referida a denunciar el impedimento planteado por la jurisdicción ordinaria para que la representación procesal del imputado interponga el recurso de nulidad correspondiente en la audiencia de declaración de imputado, es necesario referirse a ella con mayor detenimiento, puesto que tal impedimento podría o no ser legítimo, dependiendo de su compatibilidad para con las normas y estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos. Para ello se tiene a la vista la copiosa motivación adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de esta Sección Judicial en su resolución de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), con relación a lo manifestado por la amparista en motivación del percibido agravio. Considera la Corte Ad Quem que el artículo 167 numeral 1 del Código Procesal Penal establece que la oportunidad procesal para plantear nulidades en la etapa preparatoria del juicio oral y público, la cual sería precisamente la Audiencia Inicial, pues habilitaría la posibilidad de contradictorio efectivo inter partes; mientras que la garantista sostiene que no es ésta, sino la denominada audiencia de declaración de imputado, la que debería entenderse como 'la primera audiencia', a la que vincularía expresamente la mencionada regla procesal. Resulta sin duda plausible lo expresado por la Corte Ad Quem, en cuanto a que su interpretación compatibiliza con la necesidad de mayor sistematización procesal, implementación de buenas prácticas y la evitación de innecesarias demoras que es exigible a la justicia penal. Lo anterior concretaría así, a juicio de esta Sala de lo Constitucional, que es claro que la primera audiencia que garantiza cada uno de los principios que informan el Código procesal Penal es la audiencia inicial y no la audiencia de declaración de imputado, ya que aquella esta diseñada con mayores garantías de celeridad y efectividad, la atribución primordial de la judicatura que ya establece el artículo 304 constitucional, en cuanto que corresponde a ésta aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha efectuado un análisis congruente y de fondo ante los hechos y el derecho alegados en el presente caso, con especial atención a los derechos constitucionales invocados por la Recurrente, en particular los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, los cuales también se invocan como violentados; de todo lo cual no encuentra o percibe violación o menoscabo para los mismos, en los términos expresados por la parte Recurrente; reconociendo esta Sala la legitimidad de plantear su discrepancia para con lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, en ejercicio del derecho constitucional de petición, pero sin alcanzar el mérito necesario para su otorgamiento. CONSIDERANDO (11): Que lo anteriormente expresado, es sin desmedro de la razonabilidad exigible a las resoluciones que esclarecen los asuntos de mera legalidad suprarelacionados, así como de la vigencia incondicionada de los principios que informan el derecho procesal penal, conglomerados alrededor del principio pro homine; lo cual resulta de riguroso cumplimiento para la tutela judicial efectiva que ejerce la Sala de lo Constitucional y que sin embargo mantiene continencia en la resolución que venida en amparo, la cual no se aprecia violentada por haber resuelto la jurisdicción ordinaria cual es el momento procesal oportuno para plantear las nulidades a que haya lugar, según se dedujeren de la etapa preparatoria; resolución cuya plausibilidad se aprecia de la conducente argumentación jurídica expuesta en el presente fallo. CONSIDERANDO (12): Que resulta de suyo importante motivar que si bien concurre causal de inadmisibilidad, también se ha motivado suficientemente en esta sede de justicia constitucional la no acreditación del merito necesario para su otorgamiento, lo cual no prejuzga en ningún momento sobre el fondo de dicha controversia. Por todo lo expuesto y relacionado, resulta procedente dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de Septiembre del año dos mil catorce. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, cinco (05) de Agosto del año dos mil catorce (2014), y por la cual se falla denegando el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA a favor del abogado ENRIQUE FLORES LANZA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha veintinueve de agosto de dos mil once. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que vista la petición de la recurrente, se aprecia de la misma que ésta funda su recurso arguyendo que: 1.- No comparte el criterio en cuanto a que la audiencia inicial en es realidad la primera y verdadera audiencia del procedimiento señalado para la celebración de un juicio oral y público; 2.- Insiste que la medida cautelar impuesta es un prejuzgamiento y una sentencia anticipada, que no hay proporcionalidad y por ende se abusa del principio de instrumentalidad, que es hacer posible la efectividad de la tutela judicial a través de la celebración de un juicio; violentándose asimismo el derecho a la igualdad, en tanto otras personas con igual responsabilidad penal según, la tesis acusatoria, apunta la recurrente han gozado de un trato mas tolerante. 3.- Sostiene la impetrante que, en su momento solicitó amparo con el objeto de que esta Sala declare la vulneración a los derechos fundamentales invocados, que causa la imposición de la medida cautelar de carácter económico, mas no la revocación de la misma. Es menester mencionar que es sabido que el efecto inmediato de lo pedido, es precisamente lo que alega no solicitó; éste alegato junto con los siguientes respecto a la supuesta vulneración al debido proceso, a lo expuesto sobre las alegaciones de mera legalidad y sobre la racionalidad de las resoluciones y la tutela constitucional, no constituyen más que alegatos que pueden llegar a constituir una forma de dilación del proceso, el que después de tres años, aun no inicia. CONSIDERANDO (3): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha cinco (05) de agosto de dos mil catorce, que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la desestimación del estudio solicitado. En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Y a solicitud de la Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de octubre de dos mi catorce, certificación de la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil catorce y la resolución de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, recaídas el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 865=11.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Sentencia de la CorteIDH de fecha 17 de septiembre de 1997. Asequible en Internet en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf