Sentencia AP-683-11 — Registro 5341
Resumen
Resolución recurrida revoco auto de formal procesamiento en contra de imputados por el delito de Estafa en relación a una Demanda Ordinaria de Pago, Daños y Perjuicios y Lucro Cesante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Observa esta que en el presente caso el Derecho de defensa no ha sido conculcado, por cuanto la recurrente ha intervenido desde la presentación de la demanda con libre acceso a los Tribunales, quienes han ejercido su jurisdicción competente en forma independiente e imparcial, haciendo uso de cuantas acciones y recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (11): Que por las razones expuestas esta Sala de lo Constitucional determina la procedencia del Recurso de Amparo impetrado, en virtud de estimarse que el Tribunal Ad-Quem, no ha realizado un estudio exhaustivo de los medios de prueba de cargo y por consiguiente una correcta valoración de estos en apego a la sana critica, negando una tutela judicial efectiva, de esta manera se ve quebrantado el debido proceso, al existir elementos que sostienen la decisión del A-Quo, por lo menos hasta este momento del proceso. En tal sentido esta Sala deviene obligada a otorgar el Amparo relacionado, para que el Tribunal Ad-Quem proceda conforme lo expuesto en el presente fallo, en virtud de haberse vulnerado el Debido Proceso"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90, parrafo 1 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92, reformado (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de julio del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO a favor de los accionistas de la sociedad mercantil “UNION RADIO” señores ANTONIO Y ENRIQUE LARDIZÁBAL GUILBERT, y ASLEY LARDIZÁBAL BOHANNON, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha quince de febrero de dos mil once, que declara con lugar un Recurso de Apelación interpuesta contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL; con relación a la causa instruida contra los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT Y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY en el proceso promovido contra ellos por los accionistas de la sociedad mercantil “UNION RADIO” señores ANTONIO Y ENRIQUE LARDIZÁBAL GUILBERT, y ASLEY LARDIZÁBAL BOHANNON. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de octubre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, la Abogada YESSENIA MARQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores FERNANDO DUOGLAS LARDIZABAL GUILBERT Y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de ANTONIO Y ENRIQUE LARDIZÁBAL GUILBERT, y ASLEY LARDIZÁBAL BOHANNON. 2) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, en audiencia inicial, el referido Juzgado resolvió: “1) Decretar AUTO DE PRISIÓN contra del señor FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT Y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY, a quienes se les instruye proceso por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de ANTONIO LARDIZÁBAL GUILBERT…”. (Folios del 270 al 277 de los antecedentes). 3) Que la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial, conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución relacionada el inciso anterior y seguido el trámite de Ley, mediante resolución dictada en fecha once de junio de dos mil diez, “RESUELVE: 1.- Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Defensor Privado de los Imputados; y 2.- Revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.” (Folios del 324 al 327 de los antecedentes). 4) Que la recurrente Abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de septiembre del año dos mil once, reclamando amparo a favor de los señores ANTONIO Y ENRIQUE LARDIZÁBAL GUILBERT, y ASLEY LARDIZÁBAL BOHANNON, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha quince de febrero del dos mil once, es violatoria de lo dispuesto por los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, habiendo formalizado su recurso en tiempo y forma el día dieciocho de enero del dos mil doce. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal interpuesto por la Abogada SINDY DAYANA FORTÍN ALVARADO, a favor de los accionistas de la sociedad mercantil “UNIÓN RADIÓ”, señores ANTONIO Y ENRIQUE LARDIZÁBAL GUILBERT, ASHLEY LARDIZÁBAL BOHANNON, contra la Sentencia Dictada por la Corte de Apelaciones De lo Penal de esta Sección Judicial, de fecha quince de febrero del dos mil once, que declara con lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra las actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial, con relación a la causa instruida contra los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZÁBAL GUILBERT Y FERNANDO LARDIZÁBAL KELLY, estimando la recurrente que con el acto reclamado se han quebrantado en su perjuicio los derechos referentes al Derecho de Defensa y al Debido Proceso, establecidos en el Articulo 82 y 90, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en resumen la Recurrente en su relación de hechos establece lo siguiente: Que la conducta desplegada por los ahora imputados se enmarca en el tipo penal de Estafa regulado en el Articulo 240 del Código Penal, hechos que tuvieron su origen por una Demanda Ordinaria de Pago, Daños y Perjuicios, Lucro Cesante, Intereses y Costas, presentada por el imputado FERNANDO LARDIZÁBAL KELLY contra “UNIÓN RADIO”, cuyo representante legal de la Empresa era el Co-Imputado FERNANDO DOUGLAS LARDIZÁBAL GUILBERT, que este no contesto la demanda posteriormente mediante sentencia definitiva condenatoria, donde fue condenada la sociedad mercantil a pagar a favor de su hijo FERNANDO LARDIZÁBAL KELLY una deuda inexistente y desproporcionada. También manifiesta la recurrente que FERNANDO LARDIZÁBAL GUILBERT, le otorgo poder de ADMINISTRACIÓN AL SEÑOR JUAN BRUNO RAMOS MONCADA, hombre de su extrema confianza, estableciéndose en el mismo que no le concedía la facultad de enajenar bienes de la sociedad, pero que no dijo nada en lo absoluto cuando este en representación de la empresa confirió PODER AL ABOGADO MARIO ZEPEDA CASTILLO quien en colusión con padre e hijo, mediante un CONTRATO DE DACIÓN EN PAGOS se hizo el traspaso de unos o varios inmuebles, extremos que desconocían los demás socios y que se enteran no por la diligencia del señor FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT sino por el anuncio de venta de dichos inmuebles, los que creían ser aun propiedad de “UNION RADIO”, y por los actos de desalojo de los ocupantes de dichos predios, hechos que provocaron Perjuicios Patrimoniales a los ofendidos. Aunado a lo anterior, en fecha 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, se llevo acabo la Audiencia Inicial, procediendo el A-Quo en base al Articulo 92 de la constitución y 297 numeral 2 del Código Procesal Penal Dictar resolución Decretando: Auto de formal Procesamiento contra los ahora procesados por el Delito de Estafa. CONSIDERANDO (5): Que siendo, que el Derecho Procesal Penal tiene como finalidad investigar la verdad, la verdad material, es decir lo que realmente ha ocurrido para obtener siempre una sentencia justa y castigar al auténtico culpable o absolver al verdaderamente inocente; en una condena se debe haber llegado cumpliendo todos los principios procesales penales propios de un Estado de Derecho, y garantizando todos los derechos que protegen al imputado constitucionalmente o por ley ordinaria. Que con arreglo a lo prescrito por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República:”Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del Debido Proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un plano de igualdad en la dinámica del Proceso. Que dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la Justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del Juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que tal como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar un auto de prisión y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que el objeto de la Audiencia Inicial es la de aportar el elemento indiciario para resolver sobre la probable realidad del hecho imputado. Sobre su relevancia jurídico penal y sobre la probabilidad de que los acusados han tenido participación en el mismo. De este modo para dictar un auto de prisión, no se exige en el juzgador un estado anímico de certeza, que si es requerido para los Jueces del Tribunal de Sentencia cuando dictan una sentencia condenatoria, sino que solamente el juicio hipotético y esencialmente provisional de que imputados, con un alto grado de probabilidad, ha podido participar en la comisión de un hecho penalizado por nuestra ley. Actualmente y tras una reforma constitucional, el Artículo 92, que exige para decretar “auto de formal procesamiento”, ya no la “plena prueba de la comisión de un delito”, sino la evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”. Tal interpretación que ha venido asumiendo esta Sala, antes y posterior a la reforma de mérito, es congruente con el principio-derecho de presunción de Inocencia que consagra el Artículo 89 de nuestro texto fundamental donde se prevé que “que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, es decir, mientras no recaiga sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada, pues de otro modo una interpretación aislada y meramente literal nos llevaría a la conclusión errónea de que en la etapa preparatoria del proceso en la que se dicta el auto de prisión (ahora tras la reforma operada “auto de formal procesamiento”) tendría que existir la certeza plena en el juzgador de haberse cometido un delito para decretar el referido auto, lo cual como antes lo dijimos no es exigible por las razones antes apuntadas. CONSIDERANDO (9): Del examen de los Antecedentes se constata, que en Fecha Quince de Junio de Mil Novecientos Sesenta y Seis, los SEÑORES REGINA LARDIZÁBAL, FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, ENRIQUE DOUGLAS LARDIZABAL Y ANTONIO DOUGLAS LARDIZABAL, constituyeron una sociedad mercantil, ”UNIÓN RADIO” S DE R.L. ver( folio 19 al 21 p .p .a) y esta adquirió mediante compraventa a la lotificación Moncada en la cuidad de Choluteca, varios lotes de terrenos, posteriormente el señor ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, renuncio como Gerente General y se eligió como nuevo Gerente al señor Fernando Douglas Lardizábal Guilbert, luego este en fecha treinta y Uno de Enero del Año Dos mil Uno, procedió a delegar como administrador General al SEÑOR JUAN BRUNO RAMOS MONCADA, ver folio( 13 al 15 s. p. a. ), para que en nombre de la sociedad pueda realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa. Asimismo para que pueda representar ante toda clase de autoridades publicas, administrativas o judiciales, con el mandato expreso de no comprometer en forma alguna los bienes de la aludida sociedad, también se acreditó que en fecha QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, el imputado FERNANDO DOUGLAS LARZIBAL KELLY presento demanda civil contra su padre en calidad de presidente del Consejo de Administración y Gerente de la Sociedad ver folio( 135 AL 137 p.p.a.),siendo citado y emplazado por no contestar la demanda, por lo cual fue declarado REBELDE. Dictándose Sentencia Condenatoria a favor de FERNANDO DOUGLAS LARDIZAL KELLY, POR LA CANTIDAD DE UN MILLÓN CIENTO VENTINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS, ver folio (56 y 56 vuelto p.p. a), en Perjuicio y a espaldas de los demás Socios, luego en fecha Diecinueve de Agosto del Año Dos Mil Siete, según testimonio 1590 del notario JOSE REINALDO ANDINO, COMPARECE EL ABOGADO MARIO ZEPEDA CASTILLO en su condición de Representante Legal de “UNIÓN RADIO”, dando en Dación de Pago sobre los lotes ubicados en la cuidad de Choluteca, autorizando al imputado FERNANDO LARDIZABAL KELLY, para que compareciera al registro del propiedad a inscribir a su favor los Bienes Inmuebles, acción realizada en perjuicios de los demás socios. Luego en fecha veintisiete de Agosto del año Dos Mil siete, y mediante instrumento numero 594, autorizado por el notario JOSE NUÑEZ VELASQUEZ, se autoriza la venta el IMPUTADO FERNANDO LARDIZABAL KELLY, VENDE A SU MADRE ANA KATERENE KELLY los inmuebles en cuestión, por la cantidad de Doscientos Cincuenta mil lempiras. Medios probatorios antes relacionados que al ser concatenados con los testimonios de los ofendidos que comparecieron en la audiencia inicial, el A-Quo considero que concurren los elementos del tipo penal de ESTAFA precepto regulado en el Articulo 240 del Código Penal, y los indiciosos racionales de participación de los ahora encartados imputados, sin perjuicio de la observancia del Principio de Presunción de inocencia garantizado en el Articulo 89 constitucional. CONSIDERANDO (10): Que la recurrente ha manifestado que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa del señores ANTONIO LARDIZÁBAL GUILBERT, ENRIQUE LARDIZÁBAL GUILBERT, ASLEY LARDIZABAL BOHANNON, EN VULNERACIÓN A LO DISPUESTO EN EL Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; derecho y garantía que no admite excepción alguna, pues asegura la efectiva igualdad procesal y el acceso irrestricto a la tutela judicial efectiva, según queda reconocido dentro del amplio marco de las garantías Constitucionales y en diversos instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos: 8 y 10; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 14. 1, inter alia y, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en los Artículos 1, 8 y 25. Observa esta que en el presente caso el Derecho de defensa no ha sido conculcado, por cuanto la recurrente ha intervenido desde la presentación de la demanda con libre acceso a los Tribunales, quienes han ejercido su jurisdicción competente en forma independiente e imparcial, haciendo uso de cuantas acciones y recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (11): Que por las razones expuestas esta Sala de lo Constitucional determina la procedencia del Recurso de Amparo impetrado, en virtud de estimarse que el Tribunal Ad-Quem, no ha realizado un estudio exhaustivo de los medios de prueba de cargo y por consiguiente una correcta valoración de estos en apego a la sana critica, negando una tutela judicial efectiva, de esta manera se ve quebrantado el debido proceso, al existir elementos que sostienen la decisión del A-Quo, por lo menos hasta este momento del proceso. En tal sentido esta Sala deviene obligada a otorgar el Amparo relacionado, para que el Tribunal Ad-Quem proceda conforme lo expuesto en el presente fallo, en virtud de haberse vulnerado el Debido Proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 89, 90 párrafo primero, 92 reformado de la Constitución de la República, 303, 304, 313 No. 5, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, numeral 2, 5, 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 54 63, 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 300, 301, 302, 303 y 305 del Código Procesal Penal, 37 de la Ley del Ministerio Público, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: OTORGAR la garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente Fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 683=11.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.