Sentencia AP-569-10 — Registro 5332
Resumen
Sentencia recurrida que declaró sin lugar incidente de nulidad absoluta en relación a un acta de inspección,en relación a diligencias investigativas realizadas en oficina de recurrente y como fundamento de requerimiento fiscal contra impetrante por suponerla responsable del delito de Fraude
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de junio de dos mil diez; se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión que la declaración de nulidad deviene improcedente, por cuanto, a la imputada no se le ha violentado ni su derecho de defensa ni al debido proceso. Señalando que por principio debe establecerse que los edificios donde funciona la Presidencia de la República, o cualquier Secretaria, Institución o Dependencia del Estado, tienen la categoría de edificios públicos, en consecuencia los mismos pueden ser registrados sin más tramite, tal como lo dispone el Artículo 209 del Código Procesal Penal, en sus párrafos primero y segundo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. En el presente caso, la Sala observa que el principio-derecho del debido ha sido respetado al dársele cumplimiento a lo establecido en lo dispuesto los artículos 272, 273, 209 y 217 del Código Procesal Penal; de los cuales se concluye que los entes encargados de la investigación de los delitos, llámense Policía Nacional y Ministerio Público, al tener conocimiento que un hecho pueda ser constitutivo de delito, “cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento” … adoptaron las medidas necesarias, tal cual señala el artículo 273 de la norma procesal, para impedir que se produzcan consecuencia ulteriores… -entre otras, que prospere un incidente de nulidad absoluta-; así como media necesaria realizaron la establecida en el numeral 2) Practicar inspecciones oculares en archivos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públicas, o de oficinas o locales privados abiertos al público;”. Aunado a lo anterior, el artículo 209 de la normativa procesal penal indica que el registro de oficinas públicas, se efectuará con solo hacérselo saber a la persona a cuyo cargo se encuentre, observándose en las diligencias, que si bien, el registro en la Oficina del Ministro de la Presidencia se hizo sin estar él presente, no obstante, la presencia del Vice-Ministro legitimó esta diligencia de investigación, alejando con ello cualquier tipo de vulneración al debido proceso por esta razón. No se trata pues de: …no es posible hallar la verdad en el proceso penal a cualquier precio…; sino que, el Juez en su condición de garante de la legalidad, ha concluido que se han respetado los derechos y garantías que la ley procesal señala, puesto que en observancia a lo establecido al artículo 203 supramencionado, las diligencias de investigación las ha realizado la policía de investigación especializada para ello, firmando el acta respectiva, por lo que se concluye que la respuesta jurisdiccional que declara sin lugar la nulidad planteada esta dictada de conformidad a derecho congruente. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser la no procedencia de la declaración de nulidad de un acta de inspección en la que se funda el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 209, parrafo 1 y 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 217 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 272 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 273 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 316 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de Marzo del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BELKY JANETH JIMÉNEZ GUEVARA, a favor de la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, hondureña, mayor de edad, soltera y de este domicilio, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de agosto de dos mil diez, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, en fecha siete de junio de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES
- Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil diez, el Abogado LEONARDO MARTIN ORELLANA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES y ENRIQUE FLORES LANZA, por suponerlos responsables a titulo de autores de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN y LA FE PUBLICA; contra los señores REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA y JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS, por suponerlos responsables a titulo de autores del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, y coautores del delito de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION y LA FE PUBLICA; y contra el señor CESAR ARNULFO SALGADO, por suponerlo responsable a titulo de autor de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, y a titulo de coautor del delito de FRAUDE, todos en perjuicio de LA ADMINISTRACION y LA FE PUBLICA. 2) Que en fechas uno, siete y once de junio del año dos mil diez, se celebró audiencia inicial en el proceso instruido contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, en la cual el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, mediante resolución de fecha siete de junio de dos mil diez, declaró NO HA LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD planteado por la defensa de la imputada, continuando con la celebración de dicha Audiencia. (Folios 443 al 460 del tomo I de los antecedentes). 3) En fecha treinta de junio de dos mil diez, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, consideró procedente aplicar de oficio la Amnistía en lo relativo al tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, encontrado en el Artículo 349 numerales 1, 2 y 3 del Código Penal, de conformidad a lo establecido en los Artículos 1 y 2 del Decreto legislativo No.2-2010 por lo que resolvió: “Decreta EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR AMNISTÍA a favor de los señores JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, ENRIQUE FLORES LANZA, REBECA PATRICIA SANTOS, JOSÉ ANTONIO BORJAS MASIS y CESAR SALGADO a quienes se les instruye proceso por suponerlos responsables de haber cometido los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, ENRIQUE FLORES LANZA, REBECA PATRICIA SANTOS, JOSÉ ANTONIO BORJAS MASIS y CESAR SALGADO a quienes se les instruye proceso por suponerlos responsables de haber cometido los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.” 4) Que en fecha tres de agosto de dos mil diez, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, DECLARÓ NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la Abogada BELKY JANETH JIMÉNEZ GUEVARA, en su condición de defensora privada de la imputada REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, y en consecuencia confirmó la resolución apelada, dictada por el A-quo en fecha siete de junio de dos mil diez, relacionada en el inciso anterior. (Folios 579 al 582 del tomo I de los antecedentes). 5) La recurrente Abogada BELKY JANETH JIMÉNEZ GUEVARA, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de septiembre del año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor de la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, por considerar que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha tres de agosto de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha cuatro de marzo de dos mil once, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por ser parte involucrada en el proceso de instancia. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada BELKY JANETH JIMÉNEZ GUEVARA, a favor de la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de agosto de dos mil diez, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, en fecha siete de junio de dos mil diez; que declaró SIN LUGAR el incidente de nulidad absoluta planteado por la defensa, en la causa instruida contra la señora REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO DOS (2): Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio de dos mil diez, decretó la EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR AMNISTÍA entre otros, a favor de REBECA PATRICIA SANTOS a quien se le instruye proceso por suponerla responsable de haber cometido el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y consecuentemente se decretó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a su favor por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por lo que se continuó la presente causa por el delito de FRAUDE.” CONSIDERANDO TRES (3):Que la Abogada BELKY JANETH JIMÉNEZ GUEVARA considera agraviado el derecho de su representada, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el primer párrafo del Artículo 90 de la Constitución de la República, el que nos determina el principio-derecho del Debido Proceso y de Defensa; y el concepto en que éste ha sido ultrajado se explica de la forma siguiente: Es evidente que con la práctica de la inspección fiscal llevada a cabo entre el primero y el tres de julio de dos mil nueve, no se consigna: 1.- De qué manera el ente estatal tuvo el conocimiento del hecho a investigar como delictivo; 2.- mucho menos se expresa qué delito es el investigado con la inspección, 3.- En que consistió esa primera diligencia, 4.- Quienes fueron sus supuestos participes, obviando lo dispuesto en el Artículo 272 del Código Procesal Penal. Sigue señalando que se atropelló, lo dispuesto en el Artículo 209 de ese mismo cuerpo legal, pues… 5.- Se allanó y registró el edificio en que ha funcionado el Ministerio de la Presidencia, sin habérsele hecho saber al titular de esa Secretaria de Estado. 6.- Así también se infringió el Artículo 203 del Código Procesal Penal, pues no se dejó a cargo de la Policía Nacional la inspección y custodia del edificio a que antes se ha hecho referencia, si no que esa custodia fue confiada a miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen facultad para ello. CONSIDERANDO (4): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO(7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de junio de dos mil diez; se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión que la declaración de nulidad deviene improcedente, por cuanto, a la imputada no se le ha violentado ni su derecho de defensa ni al debido proceso. Señalando que por principio debe establecerse que los edificios donde funciona la Presidencia de la República, o cualquier Secretaria, Institución o Dependencia del Estado, tienen la categoría de edificios públicos, en consecuencia los mismos pueden ser registrados sin más tramite, tal como lo dispone el Artículo 209 del Código Procesal Penal, en sus párrafos primero y segundo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. En el presente caso, la Sala observa que el principio-derecho del debido ha sido respetado al dársele cumplimiento a lo establecido en lo dispuesto los artículos 272, 273, 209 y 217 del Código Procesal Penal; de los cuales se concluye que los entes encargados de la investigación de los delitos, llámense Policía Nacional y Ministerio Público, al tener conocimiento que un hecho pueda ser constitutivo de delito, “cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento” … adoptaron las medidas necesarias, tal cual señala el artículo 273 de la norma procesal, para impedir que se produzcan consecuencia ulteriores… -entre otras, que prospere un incidente de nulidad absoluta-; así como media necesaria realizaron la establecida en el numeral 2) Practicar inspecciones oculares en archivos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públicas, o de oficinas o locales privados abiertos al público;”. Aunado a lo anterior, el artículo 209 de la normativa procesal penal indica que el registro de oficinas públicas, se efectuará con solo hacérselo saber a la persona a cuyo cargo se encuentre, observándose en las diligencias, que si bien, el registro en la Oficina del Ministro de la Presidencia se hizo sin estar él presente, no obstante, la presencia del Vice-Ministro legitimó esta diligencia de investigación, alejando con ello cualquier tipo de vulneración al debido proceso por esta razón. No se trata pues de: …no es posible hallar la verdad en el proceso penal a cualquier precio[1]…; sino que, el Juez en su condición de garante de la legalidad, ha concluido que se han respetado los derechos y garantías que la ley procesal señala, puesto que en observancia a lo establecido al artículo 203 supramencionado, las diligencias de investigación las ha realizado la policía de investigación especializada para ello, firmando el acta respectiva, por lo que se concluye que la respuesta jurisdiccional que declara sin lugar la nulidad planteada esta dictada de conformidad a derecho congruente. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser la no procedencia de la declaración de nulidad de un acta de inspección en la que se funda el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número 569=10.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Fernández Entralgo, Jesús ; Gómez Colomer, Juan Luis; Cuellar Cruz; y otros, “Derecho Procesal Penal en Honduras” (Manual Teórico-Practico). 1ª. Ed. Licotom, 2004. Vid pag. 323.