Sentencia AP-554-12 — Registro 6259
Resumen
La Sentencia recurrida reformó el auto de prisión y ordenó que el delito debe ser el de falsificación de documentos públicos y no privados, en cuanto al delito de contrabando se dictó sobreseimiento definitivo en lugar de provisional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de prisión, un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso subjúdice..."..."Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al reformar la resolución apelada y estimar que en el caso de autos es procedente dejar sin valor ni efecto el auto de prisión dictado en contra del imputado por el delito de Falsificación de Documentos Privados, debiéndosele dictar auto de prisión por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, y dejar sin valor ni efecto el sobreseimiento provisional que se le había dictado por el delito de Contrabando, debiendo en cambio dictársele sobreseimiento definitivo por ese ilícito; no ha vulnerado en perjuicio de la Administración Publica del Estado de Honduras, el derecho a la tutela judicial efectiva; conclusión a la que arriba esta Sala, ya que el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes como para reformar la resolución que en su oportunidad fue apelada..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de junio del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha veinte de abril de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, que resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada en fecha veintidós de septiembre de dos mil once, por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUEVARA por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS y CONTRABANDO en perjuicio de la FE PUBLICA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de agosto de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Francisco Morazán, la abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ALEJANDRA CARRASCO ZUNIGA y JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUEVARA por suponerlos responsables de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, CONTRABANDO y ESTAFA en perjuicio de LA FE PUBLICA, LA ADMINISTRACION PUBLICA y MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ MOLINA, respectivamente. 2) Que en fecha veintidós de septiembre de dos mil once, adelantado que fue el proceso, el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán celebró audiencia inicial en el proceso instruido contra el señor JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUEVARA, en la cual resolvió: a) decretar auto de prisión contra el imputado, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS, b) decretar sobreseimiento provisional a favor del imputado por el delito de CONTRABANDO, y c) decretar sobreseimiento definitivo a favor del imputado por el delito de ESTAFA. (Folios 157 al 170 de los antecedentes) 3) Que en fecha catorce de octubre de dos mil once, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, el abogado MARCIO MEMBREÑO VILLELA, en su condición de defensor publico del señor JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUEVARA y la abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, ambos interponiendo recurso de apelación contra la decisión tomada por el mismo Juzgado en fecha veintidós de septiembre de dos mil once. (Folios 173 al 175 y 177 al 190 de los antecedentes) 4) Que en fecha veinte de abril de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los abogados MARCIO MEMBREÑO VILLELA y JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en sus condiciones antes mencionadas, falló: “1) Declarando parcialmente HA LUGAR el recurso interpuesto por el Apoderado Defensor del imputado.- 2) Declarando parcialmente HA LUGAR el recurso interpuesto por el Ministerio Publico.- 3) REFORMANDO la resolución apelada, en el sentido y alcance siguientes: a) Dejar sin valor ni efecto el Auto de Prisión por el delito de Falsificación de Documentos Privados, para que en su lugar el A-Quo dicte contra el señor José Alberto Zelaya Guevara, el respectivo Auto de Prisión por el delito de Falsificación de Documentos Públicos; b) Dejar sin valor ni efecto el Sobreseimiento Provisional por el delito de Contrabando, para que en su lugar el A-Quo dicte contra el señor José Alberto Zelaya Guevara el respectivo Sobreseimiento Definitivo por dicho delito.” (Folios 224 al 227 de los antecedentes) 5) Que en fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, la recurrente abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de amparo a favor de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-quem, en fecha veinte de abril de dos mil doce, es violatoria de de lo estipulado en los artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha uno de abril de dos mil trece, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo impetrado, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que según expone la recurrente abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al declarar ha lugar parcialmente los recursos de apelación interpuestos tanto por el Ministerio Publico como por la defensa del imputado y consecuentemente reformar la resolución apelada en el sentido de: a) Dejar sin valor ni efecto el Auto de Prisión por el delito de Falsificación de Documentos Privados, para que en su lugar el A-Quo dicte contra el señor José Alberto Zelaya Guevara, el respectivo Auto de Prisión por el delito de Falsificación de Documentos Públicos; y b) Dejar sin valor ni efecto el Sobreseimiento Provisional por el delito de Contrabando, para que en su lugar el A-Quo dicte contra el señor José Alberto Zelaya Guevara el respectivo Sobreseimiento Definitivo por dicho delito; ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva preceptuado en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República, en relación con lo establecido en los artículos 303 y 323 de la carta magna, para ello expone que la garantía del debido proceso se ve vulnerada, por la realización de un juicio con abierto irrespeto al ordenamiento jurídico penal sustantivo y adjetivo, ya que es deber de los Tribunales garantizar una tutela judicial efectiva, la que incluye entre otras la de hacer una correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica; señala asimismo la recurrente que el derecho a una tutela Judicial efectiva comprende la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, y que esa sentencia se cumpla, siendo necesario garantizar esa ejecutoriedad de las sentencia emitidas por los juzgados y Tribunales, pues de lo contario el reconocimiento de los derechos establecidos en la sentencia seria vano, una mera declaración de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica, pues como parte culminante del proceso, la ejecución de la sentencia debe satisfacer las pretensiones de justicia de la sociedad como parte interesada en el proceso y de la victima. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente en la continuación de la exposición del amparo impetrado, manifiesta que el fallo dictado por el Tribunal de Alzada violenta el derecho a la Tutela Judicial Efectiva por las siguientes razones: a) Al dejar sin valor ni efecto el sobreseimiento provisional por el delito de Contrabando dictado por el a-quo, y ordenar el ad-quem que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, se violenta el debido proceso, al no hacerse valoración de elementos de prueba propuestos por el Ministerio Publico, y que fueron evacuados en la audiencia inicial, tal y como lo manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, en cuanto al sistema de valoración de la sana critica, articulo que lo relaciona con el 199 de la cita ley; aduce que de los medios de prueba aportados se constata que los hechos fueron realizados por el procesado sin que este cumpliera la normativa aplicable a la introducción de vehículos nuevos al país, en ese sentido apunta la impetrante que la declaración de la Licenciada Oneyda Zamora, empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y que es la encargada de la investigación de dispensas, quien afirmo que en cuanto a la dispensa del señor JORGE ANTONIO ESPAÑA, como diputado del Congreso Nacional de la República, existió una simulación de realizar en forma correcta el tramite aduanero al introducir al país el vehículo marca land rover, modelo discovery, año 2007; utilizando para ello un documento publico fraudulento de Dispensa con status de diputado y supuestamente emitido por la Secretaria de Finanzas. CONSIDERANDO (3): Que la impetrante señala que el Ministerio Publico también ha aportado al proceso otros elementos de prueba de cargo a saber: 1.- Declaraciones de los señores Jorge Antonio España y Miguel Ángel Idiáquez Molina; 2.- Documental referida a las características del vehículo y 3.- Pericial consistente en Dictámenes que establecen que el referido vehículo fue comprado omitiendo el pago de los impuestos correspondientes, con un dispensa oficial a nombre del señor Jorge Antonio España, la cual resulto ser falsificada. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente aduce que no comparte el criterio esgrimido por el ad-quem al hacer la valoración del universo de la prueba aportada, ya que según su entender el Tribunal de Alzada al establecer en su motivación que efectivamente existe un documento publico, se contradice al ordenar que se sobresea definitivamente a favor del imputado por el delito de contrabando; en ese sentido dice que ha resultado acreditado la existencia del delito de Contrabando así como la participación del señor Jose Alberto Zelaya Guevara en la comisión del mismo, ya que la falsedad del documento oficial llamado Dispensa con estatus para Diputado, ha hecho posible que se introduzca al país un vehículo sin el pago de los impuestos respectivos causando un perjuicio económico al Estado. CONSIDERANDO (5): Que con arreglo a lo previsto por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; en ese orden de ideas entendemos que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (6): Que en el caso de autos, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al emitir la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, ha basado la misma señalando básicamente lo siguiente: a) Que en el proceso se ha establecido plenamente la existencia del delito de Falsificación de documentos públicos, por cuanto la dispensa falsificada sirvió para que el ofendido comprara un vehículo marca land rover a que aluden los documentos incorporados como prueba de cargo; b) Que se ha establecido la existencia del delito de Contrabando; c) Con la prueba aportada resulta acreditado el indicio racional de participación del señor José Alberto Zelaya Guevara, en la comisión del delito de falsificación de Documentos Públicos, convicción que se adquiere de la declaración del señor Jorge Antonio España, quien depuso que no conoce al imputado y que el no ha comprado ningún carro a la empresa Euro Autos; de la declaración del ofendido señor Miguel Ángel Idiáquez Molina, quien afirmo que conoció al señor Zelaya Guevara por que le fue presentado por la señora Alejandra Carrasco Zuniga, quien a su vez le informo que era quien conocía al diputado para el tramite de la dispensa, que lo vio varias veces en la referida empresa de vehículos, que él le entrego a la señora Alejandra Carrasco Zuniga la suma de Siete Mil Dólares y ella le extendió un recibo con el membrete de la empresa Euro Autos, recibo éste en el que claramente se lee que tal cantidad se recibe para ser entregada al procesado como tramite para la dispensa, y d) Que no existe el indicio racional de participación del imputado en relación al delito de Contrabando, por que no se ha valorado ningún medio probatorio que aporte el mas mínimo indicio de que el imputado haya sido la persona que propicio la falta de pago de los impuestos que causaba a favor del Estado de Honduras, la importación del vehículo vendido al señor Miguel Ángel Idiáquez Molina mediante una operación aduanera simulada o aparente. CONSIDERANDO (7): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de prisión, un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso subjúdice. CONSIDERANDO (8): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al reformar la resolución apelada y estimar que en el caso de autos es procedente dejar sin valor ni efecto el auto de prisión dictado en contra del imputado por el delito de Falsificación de Documentos Privados, debiéndosele dictar auto de prisión por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, y dejar sin valor ni efecto el sobreseimiento provisional que se le había dictado por el delito de Contrabando, debiendo en cambio dictársele sobreseimiento definitivo por ese ilícito; no ha vulnerado en perjuicio de la Administración Publica del Estado de Honduras, el derecho a la tutela judicial efectiva; conclusión a la que arriba esta Sala, ya que el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes como para reformar la resolución que en su oportunidad fue apelada. CONSIDERANDO (9): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2, 8, 14, 54, 202, 295 y 297 Nº 1 del Código de Procesal Penal; 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 7, 8 y 9 de La Convención Americana de Derechos Humanos.- FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia dictada en fecha veinte de abril de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO 0554-2012.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL