Sentencia AP-512-12 — Registro 8272
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelaciones y revocó resolución dictada por juzgado de primera instancia en causa contra imputado por suponerlo responsable de delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración Pública por considerar que no se agotó la vía administrativa ante el Tribunal Superior de Cuentas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional, este reclamo es acordado a derecho y concierne al Debido Proceso en su más amplio concepto, trascendiendo del derecho de acción invocado por el garantista, puesto que dimana del propio texto la norma constitucional..."..."en concordancia con lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la jurisdicción constitucional no puede soslayar que se ha vulnerado la parte orgánica de la Constitución de la República, específicamente en los artículos antes citados, producto de una interpretación judicial atinente al caso concreto; la cual si bien se respeta por directriz del principio de independencia judicial, no puede dejar de apreciarse como una grave incorrección en la interpretación jurídica usual, misma que trasciende al orden normativo constitucional,[3] deviniendo en imperativo otorgar el presente amparo en orden a corregirla en apego a derecho, reintegrando la plena vigencia de la norma en el plexo jurídico constitucional relacionada en el presente amparo, como es el artículo 327 de la Constitución de la República, que a la letra dice: “La ley regulará la responsabilidad civil del Estado, así como la responsabilidad civil subsidiaria, penal y administrativa de los servidores del Estado”; norma constitucional que no admite condicionamientos de ninguna clase entre las competencias que asisten tanto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) y que tiene sistemático correlativo con lo preceptuado en los artículos 222 y 232 de la Constitución de la República contentivos del rango constitucional de las respectivas instituciones, con una coincidencia normativa fundamental, su estatuto de autonomía funcional y administrativa; y una especificidad incontrastable en este último postulado (artículo 232 de la Constitución de la República), según el cual, corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción pública..." ..."resulta claro, y así lo recoge en grandes trazos la formalización de la presente acción de amparo, que la afectación al debido proceso y a la garantía de legalidad en cuanto a la deducción de la responsabilidad civil del Estado, así como de la responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado, acaece sobre una equivocación patente en la apreciación jurídica del caso por parte de la jurisdicción penal competente y, sin la cual bien pudo darse lugar a la acreditación de causa probable de la comisión de un ilícito – como es la firme pretensión del recurrente -, afectándose así, de manera patente, los derechos y garantías constitucionales que asisten a ambas partes procesales y, sobre todo, la incolumidad del estatuto constitucional del Ministerio Público; resultando entonces materia de amparo constitucional otorgar tutela efectiva solicitada, preservando así en su integridad los derechos y garantías aquí enunciadas. Por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado, se hace procedente para esta Sala de lo Constitucional, otorgar el presente recurso de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 232 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 327 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero del dos mil catorce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, que declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, en relación a la causa instruida contra el señor JOSE ROSARIO BONANNO ZALDIVAR por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que dicha resolución vulnera los derechos y principios estipulados en los artículos 82, 90 párrafo primero y 327 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de agosto de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, la abogada LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor JOSE ROSARIO BONANNO por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que adelantado que fue el proceso, en Audiencia Inicial celebrada en fechas veintiuno (21) y veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, declaró SIN LUGAR las Excepciones de Incompetencia y Falta de Acción promovidas por el defensor privado, ordenando la continuación de dicha Audiencia para fecha treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011). (Ver folios doscientos treinta (230) al doscientos cuarenta y uno (241) de los antecedentes)3) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011), comparecieron ante el referido Juzgado, los abogados MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA y TITO HERNANDEZ SALGADO, interponiendo recurso de apelación contra la resolución dictada en Audiencia Inicial de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011), misma que es relacionada en el inciso anterior. (Ver folios cuatrocientos trece (413) al cuatrocientos dieciocho (418) de los antecedentes)4) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, resolvió declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA Y TITO HERNANDEZ SALGADO y revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011) a que se ha hecho referencia; lo cual tuvo como fundamento jurídico que no resultaba acordado a derecho que el Tribunal Superior de Cuentas remitiera a la Fiscalía del Ministerio Público informes indiciarios de delitos como los imputados (abuso de autoridad y fraude) a no ser que estuviere completamente agotada la vía administrativa ante el Tribunal, lo cual no fue el caso. Señaló el Tribunal de Alzada en fundamentación de su sentencia, que se exceptúan de la expresada regla los casos de enriquecimiento ilícito, en los cuales una vez habidos indicios de la comisión del referido delito, bastara agotar el recurso de reposición para ponerle fin a la vía administrativa y franquear la acción penal correspondiente. (Ver folios cuatrocientos sesenta y cuatro (464) al cuatrocientos sesenta y seis (466) de los antecedentes)5) El recurrente abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011), resulta violatoria de los derechos y principios estipulados en los artículos 82, 90 párrafo primero y 327 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la motivación y fundamentación jurídica de la Corte Ad Quem en la resolución supradescrita, se apoya, entre otras, en las siguientes consideraciones:[1] 1. Que se ha constatado de autos que en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011) el señor JOSÉ ROSARIO BONANNO recibió nota dirigida a su persona por la Presidencia del Tribunal Superior de Cuentas mediante la cual le remiten el pliego de responsabilidad civil No. 01/06-01/2010 DASP y en el cual se señala responsabilidad civil; asimismo obra en autos la cedula de notificación de pliegos de responsabilidad civil en donde se notifica en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil once (2011) al señor JOSÉ ROSARIO BONANNO el informe número 01/0601/2010 DASP en el cual se le formula responsabilidad civil, concediéndosele el término de treinta (30) días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, si no está de acuerdo con el pliego notificado, a efecto de realizar las alegaciones de descargo conducentes en defensa. 2. Que con relación a los susodichos pliegos de responsabilidades, los mismos obran en un informe provisional y son de tipo civil y administrativo, sujetas primero a descargo ante el propio Tribunal, así como dotadas del recurso de reposición ante éste, cuando constan en un informe definitivo; y posteriormente susceptibles de conocerse en vía contencioso administrativa; regla general de la que se exceptúan las resoluciones que determinen indicios de enriquecimiento ilícito, en los cuales una vez habidos indicios de la comisión del referido delito, bastara agotar el recurso de reposición para ponerle fin a la vía administrativa y franquear la acción penal correspondiente; destacando que el imputado en el caso bajo estudio no está siendo juzgado por el delito de Enriquecimiento Ilícito. 3. Finalmente, se manifiesta a modo sintético, que la presentación de acciones criminales, sustentadas en informes provisionales del Tribunal Superior de Cuentas, y su indebida admisión a trámite, no sólo lesionan la normativa especial de ese Órgano Contralor del Estado sino que pueden dar como resultado que una persona salga condenada en el aludido procedimiento criminal, saliendo posteriormente absuelta de responsabilidad en un procedimiento administrativo, o en su caso, contencioso administrativo, desembocando en un absurdo jurídico. Por todo lo cual procedió declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA y TITO HERNANDEZ SALGADO, contra la resolución dictada por el Juzgado A Quo en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011), la cual declaró SIN LUGAR las Excepciones de Incompetencia y Falta de Acción promovidas por la defensa privada.CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del presente Recurso de Amparo, presentada por el Abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, se han invocado como vulnerados los artículos 82, 90 párrafo primero y 327 de la Constitución de la República referentes a la inviolabilidad del derecho de defensa, al debido proceso y a la garantía de legalidad en cuanto a la deducción de la responsabilidad civil del Estado, así como de la responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado. CONSIDERANDO (5): Que el garantista ha manifestado, en sustento del Recurso de Amparo así definido y circunstanciado, las siguientes consideraciones: 1. Que la legalidad ordinaria aplicable al caso se encuentra primordialmente dispuesta en el artículo 294 del Código Procesal Penal el cual dispone que inmediatamente finalizada la misma el Juez deberá pronunciar resolución sea dictando sobreseimiento provisional y definitivo, o bien auto de prisión o declaratoria de reo; ninguna de las cuales fue adoptada por el Juez A Quo, quien debió dictar una de las anteriores disposiciones una vez rechazadas las excepciones de incompetencia de tribunal y falta de acción, en lugar de suspender la audiencia inicial, como resolvió en el presente caso. Considera el garantista que lo que se debió dictar fue el auto de prisión, una vez declarada la improcedencia de las referidas excepciones, dado que se cumplen los requisitos constitucionales de existir plena prueba de la comisión de un ilícito e indicio racional de quien sea el autor, prueba que va más allá del informe provisional enviado por el Tribunal Superior de Cuentas, los cuales, por su independencia son útiles y pertinentes para la investigación que se adelanta, constando o no necesariamente en el referido informe; ya que se puede ejercitar la acción penal pública no sólo en base a informes enviados por el indicado Tribunal, sino que también otros elementos que la Corte de Apelaciones aprecia dentro o fuera de ellos: “… lo cual se traduciría en un respeto irrestricto a la independencia fundamental de deducción de responsabilidades (civil, penal, administrativa) por parte de los órganos encargados de ello”; consecuentemente, a criterio del amparista, el Ministerio Público no depende absolutamente del inicio, desarrollo o finalización de otras acciones para encontrarse facultado a iniciar la acción penal pública, ya que la competencia y accionar del que está revestido no se determina por la existencia de otras vías o jurisdicciones, sino que nace de la ley, aunque queda entendido que los informes rendidos por el Tribunal, sea provisionales o definitivos, podrían en determinado momento y atendidas las circunstancias propias de cada caso, constituir un indicio más. 2. Finalmente, que se ha fundamentado la resolución impugnada en el delito de Enriquecimiento Ilícito, y siendo que éste contiene elementos objetivos distintos de los otros enunciados (Abuso de Autoridad y Fraude), ilícito que ni siquiera ha constituido objeto de la controversia penal, resulta hasta impertinente su alusión en el presente caso. Todo lo anterior, sin perjuicio alguno al principio de inocencia, ya que el auto de prisión cuya imposición se ha solicitado es meramente provisional, debiendo considerarse también la fianza o caución suficiente de conformidad a la ley adjetiva. Recapitula el garantista que el Debido Proceso comprende una gama de derechos, dentro de los cuales encontramos el derecho de acción, el cual no se agota con la presentación del requerimiento, sino que envuelve la posibilidad de aportar elementos probatorios, de darles el valor debido a los mismos, promover incidentes, excepciones, etc., y recurrir en defensa de los derechos; por lo cual, habiendo existido ultraje a los mismos, según consagrados en la Constitución de la República, solicita el otorgamiento del amparo del cual se ha hecho mérito. CONSIDERANDO (6): Que resulta contribuyente a esclarecer el presente caso la cuestión planteada el examen de los alcances y limitaciones del acto cuya omisión se reclama, en especie, la del dictado del auto de prisión. Éste, conforme a sostenida jurisprudencia: “… se tiene por bien hecho una vez que se ha efectuado una provisional calificación jurisdiccional de la imputación”[2]. Esto es, que el juez debe valorar si los hechos imputados configuran delito y si hay suficiente sustento probatorio para estimar como probable su existencia y la participación en ellos de la persona imputada, derivando de ello, como aserta el garantista, en acopio a lo preceptuado en el artículo 294 del Código Procesal Penal; resolución dictando sobreseimiento provisional o definitivo, o bien, en su caso, el respectivo auto de prisión o declaratoria de reo; ninguna de las cuales determinaciones fue adoptada por el Juez A Quo en la Audiencia Inicial, como se observa de autos. CONSIDERANDO (7): Que también ha fundamentado su amparo la Fiscalía del Ministerio Público en su independencia para ejercitar la acción penal pública, la cual se ha desconocido en la resolución venida en amparo, pues no se basa en informes enviados por el indicado Tribunal Superior de Cuentas, sino que: “(…) en un respeto irrestricto a la independencia fundamental de deducción de responsabilidades (civil, penal, administrativa) por parte de los órganos encargados de ello”; dado que la competencia del Ministerio Público no depende absolutamente del inicio, desarrollo o finalización de otras acciones, ni se determina por la existencia de otras vías o jurisdicciones, sino que nace de la ley. - Para esta Sala de lo Constitucional, este reclamo es acordado a derecho y concierne al Debido Proceso en su más amplio concepto, trascendiendo del derecho de acción invocado por el garantista, puesto que dimana del propio texto la norma constitucional relacionada en el presente amparo, como es el artículo 327 de la Constitución de la República, que a la letra dice: “La ley regulará la responsabilidad civil del Estado, así como la responsabilidad civil subsidiaria, penal y administrativa de los servidores del Estado”; norma constitucional que no admite condicionamientos de ninguna clase entre las competencias que asisten tanto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) y que tiene sistemático correlativo con lo preceptuado en los artículos 222 y 232 de la Constitución de la República contentivos del rango constitucional de las respectivas instituciones, con una coincidencia normativa fundamental, su estatuto de autonomía funcional y administrativa; y una especificidad incontrastable en este último postulado (artículo 232 de la Constitución de la República), según el cual, corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción pública. CONSIDERANDO (8): Que en concordancia con lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la jurisdicción constitucional no puede soslayar que se ha vulnerado la parte orgánica de la Constitución de la República, específicamente en los artículos antes citados, producto de una interpretación judicial atinente al caso concreto; la cual si bien se respeta por directriz del principio de independencia judicial, no puede dejar de apreciarse como una grave incorrección en la interpretación jurídica usual, misma que trasciende al orden normativo constitucional,[3] deviniendo en imperativo otorgar el presente amparo en orden a corregirla en apego a derecho, reintegrando la plena vigencia de la norma en el plexo jurídico constitucional. [4]CONSIDERANDO (9): Que resulta claro, y así lo recoge en grandes trazos la formalización de la presente acción de amparo, que la afectación al debido proceso y a la garantía de legalidad en cuanto a la deducción de la responsabilidad civil del Estado, así como de la responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado, acaece sobre una equivocación patente en la apreciación jurídica del caso por parte de la jurisdicción penal competente y, sin la cual bien pudo darse lugar a la acreditación de causa probable de la comisión de un ilícito – como es la firme pretensión del recurrente -, afectándose así, de manera patente, los derechos y garantías constitucionales que asisten a ambas partes procesales y, sobre todo, la incolumidad del estatuto constitucional del Ministerio Público; resultando entonces materia de amparo constitucional otorgar tutela efectiva solicitada, preservando así en su integridad los derechos y garantías aquí enunciadas. Por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado, se hace procedente para esta Sala de lo Constitucional, otorgar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales subsiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once del mes de febrero de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 512=12.
[1] Ver numerales 4. al 7. del capítulo de Motivación en la resolución venida en amparo.
[2] Vid. TIJERINO, José María.: El Auto de Prisión del Código Procesal Penal de Honduras. Artículo en: Revista Libertad y Poder, INECIPH, Año 2, Volumen 2, Número 2, Tegucigalpa M.D.C., p. 80-81.
[3] Corresponde citar aquí, a modo ilustrativo, la sentencia STC 201/1994, del 4 de julio, del Tribunal Constitucional español; según la cual: “… No corresponde al Tribunal Constitucional, que no es una tercera instancia y órgano revisor que tenga que efectuar el control de mera legalidad, rectificar errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas en la interpretación y aplicación de las normas legales, realizadas por los Jueces y Tribunales (…), salvo que al hacerlo violaran alguna garantía constitucional ”. Vid. Montero Aroca, Juan y Flors Matíes, José, Amparo constitucional y proceso civil. Tirant lo Blanch, 2° Edición, Valencia, 2008. p. 44. (El énfasis no está en el original).
[4] En el mismo sentido, lo expresado por Rubén Hernández Valle en la obra Derecho Procesal Constitucional (Editorial Juricentro, 2° Edición, San José, C.R., 2001. p. 73): “Sólo en la medida en que la Constitución sea considerada como un orden normativo existe la posibilidad de que ella misma arbitre mecanismos procesales idóneos para garantizar la defensa de sus preceptos y principios, de manera que se reintegre el orden violado o se impida la conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos (…)”.