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Sentencia AP-456-11 — Registro 5331

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra sentencia que confirmo interlocutoria que otorgo el beneficio de conmuta de la pena por los delitos de actos de lujuria por el beneficio de trabajo a favor de la comunidad y por el delito de posesión de armas de fuego comerciales no autorizadas,el beneficio de pago en efectivo a favor del Estado,considerando impetrante que dicho beneficio no procede por tratarse de un Concurso Real de delitos que excede de cinco años la acumulación de la pena

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Sin embargo, conforme lo expuesto por esta Sala y alegado por el reclamante, ello no es aplicable en el caso del condenado BLAS RAMON DIAZ AMAYA, toda vez, que el Artículo 35 del Código Penal, sin ningún género de duda, ofrece y determina concretamente la naturaleza del concurso real de delitos, es decir, el mecanismo para hacerlas efectivas, describiendo la acumulación de todas las penas, su cumplimiento simultáneo y en su caso sucesivo y finalmente un límite al Ius Puniendo que no exceda de treinta años, salvo las excepciones que la ley establece. En ese marco referencial y aunque el A-quo no lo haya enunciado en su fallo condenatorio, debe entenderse en garantía de la legalidad, que las penas, a las cuales se hizo acreedor el señor BLAS RAMON DIAZ AMAYA, por la comisión de los referidos ilícitos penales, en virtud de generarse de un concurso real de delitos envuelven y deben percibirse como una sumatoria de dichas penas y es desde ese ángulo penal sustantivo que la precitada disposición del Artículo 35 no permite la posibilidad de los beneficios de libertad condicional y conmuta, por el expreso contenido de dicho precepto legal, no es pertinente la aplicación del Principio de Favor Libertatis, soporte básico al cual recurrió el Tribunal de Apelaciones en soporte de la decisión asumida. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Sala de lo Constitucional, ha establecido doctrina legal citando para ello las sentencias emitidas en las acciones de amparo registradas con los números AP 610-09, AP188-05, AP3151-10, AP583–11, AP407-12; siendo la doctrina legal emitida por la Sala de lo Constitucional, vinculante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. La no aplicación del principio de la acumulación de las penas en casos de concurso real, para efectos de favorecer al condenado con los beneficios que le otorga la ley penal, quebranta el derecho fundamental a ser juzgado con los derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO DOCE (12): Que como quedó dicho, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, el fallo censurado quebranta las garantías constitucionales reclamadas por la amparista, pues no se está juzgando con las formalidades, derechos y garantías que franquea la ley, básicamente nuestra legislación penal vigente y asimismo la garantía de Legalidad, al sustraerse a los condenados del espíritu punitivo del concurso real de delitos con la indebida pretensión de los beneficios de libertad condicional y conmuta, en tal virtud, esta Sala deviene obligada por imperio de la ley, a otorgar la presente acción constitucional de Amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA; y, Recurridos: ROSIBEL GABRIE BENDECK, en su condición personal y en representación de sus menores hijos JORGE ELIAS y ROSIBEL, ambos de apellidos RODAS GABRIE, como herederos Ab-Intestato del señor JORGE ALBERTO RODAS ÁLVAREZ, representados en juicio por la abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial contencioso administrativo para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, se ordene el pago de los valores que se adeudan por suministro consistente en arrendamiento de equipo de computo y servicio de internet, indemnización de daños y perjuicios por atraso de la administración en el pago, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE ALBERTO RODAS ÁLVAREZ, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que el Instituto de la Propiedad, por medio de la Unidad de Servicios Generales, solicitó a ABC COMPUTADORAS, el suministro de equipo de cómputo en arrendamiento y los servicios de internet satelital por 11 meses, de febrero a diciembre del 2007, para la implementación del Programa Nacional de Regularización Predial, suministro que fue recibido en el tiempo, conforme a las especificaciones técnicas establecidas y en los centros de regularización de los Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho; que en aplicación del artículo 91 de la Ley de Contratación del Estado, que establece que el pago del precio podrá realizarse de una sola vez o mediante pagos parciales, el Instituto de la Propiedad hizo a la empresa dos pagos parciales a través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI, reteniendo el impuesto sobre ventas; que al haber recibido el Subdirector General del Programa Nacional de Regularización Predial, los equipos de cómputo suministrados en arrendamiento y el servicio de Internet satelital, sin haber hecho reclamo alguno, se ha formalizado por parte de ABC COMPUTADORAS la entrega del suministro y por parte del Instituto de la Propiedad la recepción de los bienes y servicios solicitados, cumpliéndose el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la entrega de bienes se considera realizada cuando la Administración efectivamente los reciba verificando las condiciones previstas, que da derecho al pago al contratista, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Contratación del Estado, reconoce al contratista el derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que se le ocasionaren ante el incumplimiento de la administración; que en fecha 13 de octubre del 2009, se hizo requerimiento formal de pago al Instituto de la Propiedad de las facturas vencidas más la indemnización de daños y perjuicios conforme a derecho, pues la Ley de Contratación del Estado en su artículo 28 establece, que se pagará al contratista de acuerdo con la ejecución real de las prestaciones a su cargo..., y en el artículo 124, Derechos de los Contratistas, numeral 3) Derecho al pago de intereses por mora conforme al artículo 28, la administración reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario, cuando se produzcan atrasos en el pago de obligaciones por causas imputables a la Administración.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que no se firmó un CONTRATO DE SUMINISTRO con ABC COMPUTADORAS, tal como quedó demostrado con los Informes rendidos por la Dirección General Administrativa y el Departamento de Auditoría Interna del IP, los cuales constan a folios números 50 y 54 del expediente que contiene el reclamo administrativo que se acompaña a la presente demanda y en cuanto a los pagos realizados no coinciden ni las fechas ni los montos cancelados con los montos adjudicados por el Comité de Compras del IP conforme las actas No.131-F-2007 por un monto de L.16,688.00 No.132-F-2007 por L.33,376.00 y No.141-F-2007 por la cantidad de L.33,376.00, estos pagos, si se encuentran formalmente documentados; que no se incumplió con las normas establecidas en los artículos 39 y 49 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2007, en las que se describe: “Los contratos de Suministro de Bienes y Servicios requerirán Licitación Pública cuando el monto supere los L.425,000 y Licitación Privada cuando exceda de L.170,000.00”, en el presente caso el valor que reclama ABC COMPUTADORAS es por la cantidad de L.469,392.00; que se fraccionó el servicio prestado en 6 facturas, lo cual se encuentra prohibido en el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado que dispone lo siguiente: “Se prohíbe el fraccionamiento de toda ejecución de un proyecto con la finalidad de eludir los procedimientos de contratación establecidos”; que no se suscribió ningún Contrato de Suministro entre el Instituto de la Propiedad y ABC COMPUTADORAS, tal como lo manda la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; que en los servicios solicitados y facturados no se encontraron las respectivas cotizaciones, ni se presentaron las respectivas ordenes de compra firmadas por funcionario autorizado; que la empresa demandante no presentó la Orden de Pago emitida por la autoridad correspondiente del IP, documento obligatorio que formaliza cada pago.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la señora Rosibel Gabrie Bendeck, actuando en su condición personal y en representación de sus menores hijos Jorge Elias y Rosibel ambos de apellidos Rodas Gabrie, como herederos ad-intestado del señor Jorge Alberto Rodas Álvarez; anuló el acto impugnado consistente en la Resolución No.13-2010 emitida por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, en fecha 21 de julio del 2010; reconoció la situación jurídica individualizada de la parte demandante y como medida para su pleno restablecimiento se condenó al Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, al pago de L.469,392.00, más los intereses a la tasa promedio aplicada en el sistema bancario en concepto de daños y perjuicios sufridos por dicha empresa mercantil, sin costas; bajo el criterio que el señor Jorge Alberto Rodas Álvarez, fallecido, era titular de la empresa ABC COMPUTADORAS, quien era contratista no empleado ni funcionario público, entregó al Instituto de la Propiedad el arrendamiento de equipo de cómputo y servicio de Internet satelital para la implementación del Programa Nacional de Regularización Predial, programa que se llevó a cabo en los Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho, de febrero a octubre del 2007, según órdenes de compra, estando pendiente a la fecha el pago de las facturas por este suministro de abril a octubre del 2007 a pesar de haber entregado toda la documentación para cobro, que ese arrendamiento de equipo de cómputo y servicio de Internet satelital es un suministro; que la Resolución 13-2010 del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, acto impugnado tiene como fundamento que se incumplieron las disposiciones Generales del Presupuesto del año 2007, no existe contrato, se fraccionó en seis facturas la adquisición, no se encuentran las respectivas cotizaciones, órdenes de compra, ni actas de recepción y que no encuentra contrato de arrendamiento o adjudicación de licitación alguna que legalice el pago, que por lo tanto declara sin lugar el Requerimiento de Pago; que la Unidad de Servicios Generales del Instituto de la Propiedad informó que todas las solicitudes de este suministro fueron hechas por la Dirección General de Regularización Predial y que cuentan con el visto bueno del Secretario Ejecutivo; que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad concluye que el servicio y el alquiler del equipo en referencia es real; que con lo anterior, ABC COMPUTADORAS cumplió con la entrega de bienes a la administración en el lugar, tiempo y conforme a las especificaciones técnicas requeridas y ofertadas tal como lo establece el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, entrega efectiva hecha al Instituto de la Propiedad, la cual conforme al artículo 129 de la Ley de Contratación del Estado, da lugar a que al contratista se le reconozca el derecho al pago de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que se le causaren ante el incumplimiento de la administración.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que no se acreditó en autos contrato alguno celebrado con la demandante, también es cierto que en el caso de autos, por tratarse del arrendamiento de equipo y la prestación de servicio de internet por parte de la demandante a la demandada a cambio de un precio, se dieron contratos de suministro, ya que consta en autos que los bienes fueron recibidos por la demandada, por lo cual los bienes fueron entregados y que se inició el tramite para la elaboración del pago respectivo, en consecuencia, la demandante tiene derecho al pago por el suministro realizado; que en cuanto a que la demandada no siguió el procedimiento respectivo para dicho suministro, no es imputable a la demandante, quien tiene el derecho a que se le pague lo que se le adeuda por el servicio prestado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, presentó en fecha cinco de abril de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 354-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 668-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha nueve de abril de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS, presentó en fecha trece de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de mayo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas veinticuatro de mayo y catorce de agosto de dos mil trece, las abogadas IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS y MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS y MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, presentaron escritos en fechas treinta y uno de mayo y diecinueve de agosto de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en sus fundamentos de derecho en su considerando número cinco (5) establece que “Se hace la anterior relación, en virtud, que si bien es cierto, que en el caso de autos, por tratarse del arrendamiento de equipo y la prestación de servicio de Internet por parte de la demandante a la demanda a cambio de un precio, se dieron contratos de suministro, ya que consta en autos que los bienes fueron recibidos por la demandada, por lo cual los bienes fueron entregados y que se inicio el trámite para la elaboración del pago respectivo, en consecuencia, la demandante tiene derecho al pago por el suministro realizado”; que continua fundamentándose en su considerando número siete que: “ que el acto cuya nulidad se solicita con la presente acción, es un acto administrativo, susceptible de revisión ante esta jurisdicción, en virtud que lo reclamado, se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que el fondo del asunto es una cuestión referente al cumplimiento y efecto del contrato regulados por la Ley de Contratación del Estado Celebrado por un poder del Estado, ya que aunque no se suscribieron los mismos, fueron perfeccionados de la forma establecida en la referida Ley, por lo cual tiene efectos jurídicos”.- SEGUNDO: Que en su considerando número ocho (8) se fundamenta el Honorable Magistrado que “en cuanto a que la demandada no siguió el procedimiento respectivo para dicho suministro, no es imputable a la demandante, quien tiene derecho a que se le pague lo que se le adeuda por el servicio prestado, que consta en autos fue recibido por la demandada.- TERCERO: Que el Magistrado ponente en la sentencia no aprecio los medios probatorios, asimismo que no valoro el señor Juez al emitir sentencia apelada en los siguientes puntos: a).- que las facturas aportadas por la parte demandante como documentos públicos, así como el memorando en los cuales se solicita el servicio por parte del Sb-director del Programa Nacional de Regularización Predial al Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad y los documentos en los cuales se recibió el servicio, no prueban que existió una obligación de pago por parte del Instituto de la Propiedad, por cuanto no siguió el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, de compras y contratación, que según la cuantía se podría haber suscrito el contrato de suministros correspondiente.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. CUARTO: Que tal Serán Nulos los contratos que al suscribirse carezcan de asignación presupuestaria, y resulta que en el presente caso, ratifico señores magistrados que ni siquiera se suscribió un contrato.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo: 27 de la Ley de Contratación del Estado; Artículo: 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; resulta que en el presente caso, ratifico señores magistrados que ni siquiera se suscribió un contrato, por lo que no hubo un proceso de contratación para la compra de bienes y servicios, para los meses de abril hasta octubre de 2007 que se reclaman, como tampoco lo hubo para los meses de febrero a abril de 2007, por lo tanto no se suscribió un contrato entre las partes..- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 63 numeral 3, 110, 111 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Por el recurso extraordinario de casación el litigante vencido encuentra un medio idóneo para llevar al conocimiento de la Corte de Casación un fallo que considera injusto ya sea porque el juzgador incurrió en error iuris in iudicando o en error in procedendo, con el objeto de que sea reexaminado; sin embargo ese examen se realiza en forma limitada, no es absoluto, porque como ya se dijo, este medio de impugnación no provoca una tercera instancia, sino que en él se enjuicia la sentencia, buscando con ello el control sobre la regularidad del proceso.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que la Censora omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VII. En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 533-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL