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Sentencia AP-25-12 — Registro 5324

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra resolución que declara con lugar recurso de apelación interpuesto por el M.P. y revoca el beneficio de libertad condicional a favor de impetrante imputado por el delito de Robo,en consideración a denuncia del delito de Evasión en contra de la Seguridad Pública del Estado cuando trabajaba en el Taller Mecánico de la Penitenciaria Nacional, delito por el cual fue sobreseído

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (7): Que resulta procedente analizar en un primer momento lo referente al principio constitucional de estado de inocencia. Acorde al artículo 89 de la Constitución de la República, resulta claro que el estado de inocencia acompaña a toda persona mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, lo cual normalmente tiene aplicación en el ámbito procesal penal, con relación al artículo 92 de la Constitución de la República (que establece que no podrá decretarse auto de formal procesamiento sin que exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice), así como en relación a la correcta aplicación de derecho por los órganos jurisdiccionales, concernida a los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República. Al respecto cabe señalar, que la norma legal de autorización implícita en el artículo 76 del Código Penal resulta bastante amplia y general - incurriendo en cierta indeterminación conceptual - y que si bien, la subsunción o no de un caso en la mencionada norma es cuestión que remite prima facie a la justicia ordinaria; no menos cierto es que la motivación de la Corte Ad Quem es la que pone en liza el ámbito y alcance del principio constitucional de estado de inocencia, al determinar que no basta al imputado haber obtenido, mediante auto dictado por la autoridad judicial competente, un sobreseimiento definitivo en la causa contra él seguida, puesto que: “… no con el hecho de haber sido sobreseído se borra la acción que cometió”. Esta fundamentación es errónea y niega en los hechos la virtualidad del principio constitucional de inocencia, pues parte de un supuesto diametralmente opuesto al mismo, en el cual la inocencia se vería formalmente comprometida con la sola imputación de una acción delictiva, no siendo relevante que tal estado de inocencia haya prevalecido en una causa penal por sobre la acusación formulada y se haya dictado, inclusive, un auto de sobreseimiento definitivo en la causa. CONSIDERANDO (8): Que en consonancia con lo anterior, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República vincula el derecho al estado de inocencia, de obligatoria observancia para toda persona en un régimen constitucional de derecho, con el debido proceso y la consiguiente obligación para autoridad de no juzgar a nadie sino es con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Este derecho fundamental consignado de último se ha visto seriamente comprometido con el actuar del Tribunal Ad Quem, el cual es venido en amparo, pues se le ha restado virtualidad a un documento público denominado Constancia de Conducta No. 178-2011, según emitido por la autoridad competente, a la sazón el Sub Comisario de Policía JONATHAN ELOY SEVILLA CARÍAS, en su calidad de Director de la Penitenciaria Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”, mediando para ello la sola advocación de tener conocimiento de la existencia de una denuncia penal en contra del interno ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO, aun reconociéndose a texto expreso de la supra indicada sentencia, que la misma carecía de virtualidad por haber sido sobreseída definitivamente en el ordenamiento; lo cual se entiende como un desconocimiento o inobservancia de los derechos constitucionales que asisten al procesado, mismos que han quedado suficientemente explicitados en el iter de la presente sentencia. En virtud de todo lo cual, resulta procedente dictar resolución otorgando la garantía constitucional de amparo, de la cual se ha hecho debido mérito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de febrero del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARLON SAUL CERRATO GOMEZ a favor del señor ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de agosto de dos mil once, mediante la cual declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, contra la resolución emitida en fecha doce de abril del dos mil once por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, misma que otorga LIBERTAD CONDICIONAL al agraviado con relación a la causa contra él instruida, en la cual resultó condenado por el delito de ROBO en perjuicio de la AGENCIA BANCARIA FICOHSA DE LA QUINTA AVENIDA DE COMAYAGUELA. Estimando el recurrente que con la resolución reclamada se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 60, 61, 63, 64, 68 párrafo tercero, 69, 80, 82, 87, 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho, compareció ante el Juzgado de Paz de lo Criminal de Comayagüela del departamento de Francisco Morazán, el abogado VICENTE RAMON AGUILAR AGUIRIANO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Acusación Criminal contra los señores JOSE ASTOLDO ARMIJO GONZALES, ALIRIO ASTILLO ALMENDARES, ISMAEL DIAZ GARCIA, FREDY MARTIR NIETO SANTOS, ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO Y WILL ERNESTO AREVALO SIERRA, por suponerlos responsables del delito de ROBO en perjuicio de la AGENCIA BANCARIA FICOHSA DE LA QUINTA AVENIDA DE COMAYAGUELA (FICOHSA). (Ver folios uno (01) al tres (03) de los antecedentes).2) Que seguido el tramite de ley correspondiente, en fecha uno de abril del año dos mil dos, el Juzgado antes referido emitió la Sentencia que en su parte resolutiva falla: “PRIMERO: CONDENANDO: a JOSE ASTOLDO ARMIJO GONZALES, ALIRIO ASTILIO ALMENDRARES Y ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de DOCE años de reclusión por el delito de ROBO en perjuicio de BANCO FICOHSA y a las accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción civil por el termino que dure la condena.- SEGUNDO: SOBRESEER la presente causa favor de WILL ERNESTO ARÉVALO SIERRA e ISMAEL DIAZ GARCIA…”. (Ver folios doscientos ochenta y uno (281) al doscientos ochenta y seis (286) de los antecedentes).3) Que en fecha cuatro de abril de dos mil once, la abogada BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS en su condición de Apoderada del señor ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO, presentó SOLICITUD DE BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán; en virtud de lo cual, el Juzgado A-Quo, conociendo de la antedicha petición, resolvió con fecha doce de abril del dos mil once: “PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de Libertad Condicional a favor de ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO; SEGUNDO: (…).” (Ver folios trescientos treinta y seis (336) al trescientos cuarenta (340); y del trescientos cincuenta y cinco (355) al trescientos cincuenta y ocho (358) de los antecedentes).4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada VILMA LUCIA ARIAS LAINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución que antecede, por no estar de acuerdo con que se otorgue el Beneficio de Libertad Condicional por considerar que no se reúnen los requisitos del artículo 76 del Código Penal; la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con fecha once de agosto del año dos mil once, resolvió: “1) Declarar CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la abogada VILMA LUCIA ARIAS LAINEZ, Fiscal del Ministerio Publico. -2) REVOCAR la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán en fecha doce de abril de dos mil once…”; resolución que se fundamenta en que al señor ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO se le imputó la comisión de un delito de Evasión en contra de la Seguridad Pública del Estado de Honduras cuando trabajaba en el Taller Mecánico de la Penitenciaria Nacional, delito por el cual fue sobreseído por el Juzgado competente en fecha siete de marzo de dos mil ocho: “… pero no con el hecho de haber sido sobreseído se borra la acción que cometió”. – Sigue refiriendo la Alzada en el acápite 4) de la Motivación, que la anterior circunstancia le impediría al reo acreditar la exigencia de haber observado buena conducta durante su permanencia en el Centro Penal, la cual es de preceptivo cumplimiento para optar al beneficio solicitado, según lo que ordena el numeral segundo del artículo 76 del Código Penal vigente; por todo lo cual, procede la declaratoria con lugar del recurso y consiguiente revocatoria del beneficio penitenciario concedido al señor ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO. (Ver folios trescientos ochenta y uno (381) al trescientos ochenta y dos (382) frente y vuelto de los antecedentes) 5) El Recurrente abogado MARLON SAUL CERRATO GOMEZ compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de enero del año dos mil doce, reclamando amparo a favor del señor ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO, afirmando que la decisión del Ad-quem, que se deja relacionada en el inciso que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 61, 63, 64, 68 párrafo tercero, 69, 80, 82, 87, 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Teniéndose por formalizado el recurso de mérito en fecha veintiuno de mayo del año dos mil doce, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho, de conformidad a lo previsto por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes del caso, se alegan por el recurrente como violados los artículos 60, 61, 63, 64, 68 párrafo tercero, 69, 80, 82, 87, 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, referentes tanto a declaraciones como a derechos, entre los cuales destacan, la inviolabilidad del derecho de defensa, el derecho a la rehabilitación del recluido y su preparación para la reinserción social mediante el trabajo, el derecho al estado de inocencia y a un debido proceso; los cuales le han sido infringidos a su poderdante debido a la decisión del Ad Quem de revocarle la libertad condicional a él concedida, por el Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial de Tegucigalpa, sin motivación conforme a derecho. CONSIDERANDO (4): Manifiesta el garantista, entre otras consideraciones, que la honorable Corte de Apelaciones recurrida ha violentado las garantías procesales a su defendido, por una serie de argumentaciones, entre las cuales se consignan las siguientes: Que la impugnación derivada en fecha catorce de abril de dos mil once por la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada VILMA LUCIA ARIAS LAINEZ resulta incongruente, dado que no resulta útil para aclarar lo concerniente a la buena conducta del agraviado el hecho de haber sido objeto de una denuncia penal por el delito de Evasión; estando debidamente acreditado que este caso resultó sobreseído por el Juzgado competente en fecha siete de marzo de dos mil ocho: “… desapareciendo con ello todos los indicios de que se hubiese cometido un delito de evasión por parte de mi representado”;[1] por lo cual, no existe antecedente penal o circunstancia que pudiera modificar o alterar la buena conducta acreditada al señor CORDOVA MALDONADO, la cual se demostró tal y como lo establece la Normativa Penal de nuestro país y en particular lo expresado en la Constitución de la República, conforme a la cual sólo hacen Antecedentes Penales, las sentencias dictadas por el Juzgado o Tribunal competente. Asimismo considera el recurrente, la resolución venida en amparo vulnera el Estado de Inocencia y deja en completa indefensión a su representado, pues se le sindica de la comisión de un delito que la misma Fiscal de la causa reconoce ha sido sobreseída por el Juzgado competente, sin acreditar, por otra parte que haya realizado actos que demuestren mala conducta del beneficiario del recurso ante las autoridades de la Penitenciaria Nacional. CONSIDERANDO (5): Que por otra parte, sigue manifestando el demandante de amparo, le ha sido conculcado a su representado el derecho a la rehabilitación del recluido y su preparación para la reinserción social mediante el trabajo, según consignado en el artículo 87 de la Constitución de la República, pues estando debidamente acreditado mediante la Constancia de Conducta emitida por autoridad competente, que el señor ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO realizó trabajo en el Taller de Mecánica de la Penitenciaria, demostrando con ello buena conducta, preparación para el trabajo y rehabilitación efectiva, haciendo meritos suficientes para admitir ser reinsertado en la sociedad hondureña, con derecho a libertad conforme a ley y, en particular, por haberse mostrado que el mismo reúne los requisitos para el otorgamiento del beneficio en referencia, según constan en el artículo 76 del Código Penal vigente y que son a la letra, los siguientes: 1) Que el reo no haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad, por otro delito doloso; 2) Haber observado buena conducta durante su permanencia en el Establecimiento Penal y contraído hábitos de trabajo, orden y moralidad, que patenticen su arrepentimiento y propósito de enmienda, y; 3) Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los casos de delitos contra la propiedad y cumplido las demás obligaciones civiles derivadas del delito, o demuestre su incapacidad económica para satisfacer las últimas. CONSIDERANDO (6): Que visto el presente caso para sentencia, resulta que se impone efectuar - a la luz de la efectiva vigencia de los principios constitucionales

  • un análisis de legalidad pertinente a comprobar si asiste o no razón al Ad Quem en su ejecutoria de haber privado de virtualidad probatoria el requisito 2) del artículo 76 del Código Penal, en el caso en referencia; verificando si la argumentación que motiva tal revocatoria se ajusta o no a los preceptos constitucionales. CONSIDERANDO (7): Que resulta procedente analizar en un primer momento lo referente al principio constitucional de estado de inocencia. Acorde al artículo 89 de la Constitución de la República, resulta claro que el estado de inocencia acompaña a toda persona mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, lo cual normalmente tiene aplicación en el ámbito procesal penal, con relación al artículo 92 de la Constitución de la República (que establece que no podrá decretarse auto de formal procesamiento sin que exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice), así como en relación a la correcta aplicación de derecho por los órganos jurisdiccionales, concernida a los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República. Al respecto cabe señalar, que la norma legal de autorización implícita en el artículo 76 del Código Penal resulta bastante amplia y general - incurriendo en cierta indeterminación conceptual - y que si bien, la subsunción o no de un caso en la mencionada norma es cuestión que remite prima facie a la justicia ordinaria; no menos cierto es que la motivación de la Corte Ad Quem es la que pone en liza el ámbito y alcance del principio constitucional de estado de inocencia, al determinar que no basta al imputado haber obtenido, mediante auto dictado por la autoridad judicial competente, un sobreseimiento definitivo en la causa contra él seguida, puesto que: “… no con el hecho de haber sido sobreseído se borra la acción que cometió”. Esta fundamentación es errónea y niega en los hechos la virtualidad del principio constitucional de inocencia, pues parte de un supuesto diametralmente opuesto al mismo, en el cual la inocencia se vería formalmente comprometida con la sola imputación de una acción delictiva, no siendo relevante que tal estado de inocencia haya prevalecido en una causa penal por sobre la acusación formulada y se haya dictado, inclusive, un auto de sobreseimiento definitivo en la causa.[2] CONSIDERANDO (8): Que en consonancia con lo anterior, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República vincula el derecho al estado de inocencia, de obligatoria observancia para toda persona en un régimen constitucional de derecho, con el debido proceso y la consiguiente obligación para autoridad de no juzgar a nadie sino es con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Este derecho fundamental consignado de último se ha visto seriamente comprometido con el actuar del Tribunal Ad Quem, el cual es venido en amparo, pues se le ha restado virtualidad a un documento público denominado Constancia de Conducta No. 178-2011, según emitido por la autoridad competente, a la sazón el Sub Comisario de Policía JONATHAN ELOY SEVILLA CARÍAS, en su calidad de Director de la Penitenciaria Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”,[3] mediando para ello la sola advocación de tener conocimiento de la existencia de una denuncia penal en contra del interno ROBERTO SAMUEL CORDOVA MALDONADO, aun reconociéndose a texto expreso de la supra indicada sentencia, que la misma carecía de virtualidad por haber sido sobreseída definitivamente en el ordenamiento; lo cual se entiende como un desconocimiento o inobservancia de los derechos constitucionales que asisten al procesado, mismos que han quedado suficientemente explicitados en el iter de la presente sentencia. En virtud de todo lo cual, resulta procedente dictar resolución otorgando la garantía constitucional de amparo, de la cual se ha hecho debido mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 87, 89, 90, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, y 323 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo promovida contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha once de agosto de dos mil once. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha once de febrero de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 25=12.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE

LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver acápite segundo, relación de hechos en la formalización del presente recurso de amparo.

[2] Según el artículo 296 numeral 1) del Código Procesal Penal, el Sobreseimiento definitivo procede, cuando: “Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión”.

[3] Ver folio trescientos cuarenta y nueve (349) de la pieza contentiva de Antecedentes.