Sentencia AP-229-14 — Registro 5325
Resumen
Resolución recurrida que revoco el sobreseimiento definitivo favor de impetrantes dictado en primera instancia,ordenando auto de prisión en contra de éstos en relación a la causa que se les sigue por suponerlos responsables del delito de Violación a los Derechos de Autor y Derechos Conexos por retransmitir señales de televisión sin tener los derechos de representación,en perjuicio de las Sociedad Mercantil que poseen los derechos exclusivos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que del examen del caso de merito, esta Sala de lo Constitucional estima que de los medios de prueba aportados tanto por el Ministerio Publico como el acusador privado, no resulta acreditada la plena prueba, como tampoco el indicio racional suficiente de la participación del imputado en la comisión del ilícito por el cual se ha presentado requerimiento fiscal en su contra, y ello se estila así puesto que los contratos suscritos por las empresas denominadas SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.; con las empresas INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. (INCATECO) y SOL MAYA S. de R. L., para la retrasmisión de señales de televisión por cable, al momento de suscribirse los mismos las empresas suministradoras no se encontraban legalmente inscritas en la oficina administradora de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Dirección General de Propiedad Intelectual, razón por la cual se estima que el sobreseimiento definitivo que en su oportunidad dicto el juez a-quo es conforme a derecho; por otro lado es menester señalar por parte nuestra, que no se comparte el criterio esgrimido por el Tribunal de Alzada respecto de la valoración que se le da a los medios de prueba de cargo consistente en varias Actas notariales, mismas que ha criterio de esta Sala concitan dudas razonables sobre su autenticidad, amen de lo anteriormente señalado es preciso acotar que con el medio de prueba denominado peritaje presentado por el ingeniero en sistemas el señor Francisco Flores Cruz, éste es claro al afirmar que no hay indicios que las empresas cuyos representantes legales son las personas imputadas, estuviesen retransmitiendo las señales de televisión de los canales de los grupos Discovery, MTV., y Televisa de los cuales las empresas SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.; tienen los derechos exclusivos de representación. En este sentido es importante señalar que en el caso subjúdice al constatarse que el encausado no ha tenido participación en los hechos que se le atribuyen, circunstancia en razón de la cual, también debe decretarse en su favor sobreseimiento definitivo en las diligencias penales que hasta ahora se ha venido promoviendo en su contra. CONSIDERANDO (8): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se revoque el auto de sobreseimiento definitivo dictado a favor de los señores ADAN ANTONIO ANCHETA CHINCHILLA en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., y ADOLFO WILFREDO BENITEZ en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V., y consecuentemente y dictar contra los mismos auto de formal procesamiento, ello no obstante que de los antecedentes no se desprende que existan elementos probatorios suficientes para suponer racionalmente que los mismos ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, con ello el Tribunal de Alzada ha infringido la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de los imputados, puesto que pretende la prosecución del procedimiento penal que con respecto a los procesados no tiene razón de ser, por lo que el amparo interpuesto por el recurrente debe ser otorgado, en orden a la preservación de la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. "
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre de dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, a favor de los señores Adán Antonio Anchecta Chinchilla en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., y ADOLFO WILFREDO BENITEZ en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada en fecha siete (7) de enero del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual se declaró CON LUGAR un Recurso de Apelación contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de noviembre del año (sic) “Dos Mil Once”, por el Juzgado de Letras Dep artamental de Ocotepeque, con relación a la causa instruida contra los referidos señores por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y de la Sociedad Mercantil denominada INTERESES EN EL ITSMO, S.A. ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce(2012), la abogada SONIA GUADALUPE BAIDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores ADAN ANTONIO ANCHECTA CHINCHILLA, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE, S. DE R.L DE C.V. (INCATECO S. DE R.L. DE C.V.) y ADOLFO WILFREDO BENITEZ en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada SOL T.V. MAYA, S. DE R.L. DE C.V., por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y de la Sociedad Mercantil denominada INTERESES EN EL ITSMO, S.A. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, llevó a cabo Audiencia Inicial y dictó Auto en fecha once de junio (11) del año dos mil doce (2012), mediante el cual decretó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del Señor ADAN ANTONIO ANCHECTA CHINCHILLA. 3) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo de Recursos de Apelación dictó Sentencia mediante la cual falló declarando NO HA LUGAR los Recursos de Apelación promovidos por parte del Representante de la Fiscalía del Ministerio Público y del Acusador Privado contra la resolución dictada en la Audiencia de Declaración de Imputado de fecha veintidós (22) de mayo del dos mil doce (2012), asimismo declaró NULIDAD de dicha resolución; de igual manera declaró HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por parte del Representante de la Fiscalía del Ministerio Público y del Acusador Privado contra la resolución de fecha once de junio del dos mil doce y REVOCÓ dicha resolución ordenando que el A-Quo lleve a cabo nueva Audiencia Inicial y dicte la correspondiente resolución. 4) Que en acatamiento de lo anteriormente señalado y una vez seguido el trámite de ley correspondiente, nuevamente el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, llevó a cabo Audiencia Inicial y dictó Auto en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), mediante el cual decretó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los imputados ADAN ANTONIO ANCHECTA CHINCHILLA y ADOLFO WILFREDO BENITEZ. 5) Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo de los Recursos de Apelación en fecha veintiuno de mayo del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual falló declarando HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por parte del Representante de la Fiscalía del Ministerio Público y del Acusador Privado contra la resolución de fecha veinte de marzo del dos mil trece y ordenó dictar Auto de Prisión o Sobreseimiento en atención a la valoración de la totalidad de la prueba. 6) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil trece (2013), de conformidad a lo ordenado por la Alzada, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, dictó Auto mediante el cual decretó Auto de Prisión en contra de los imputados ADAN ANTONIO ANCHECTA CHINCHILLA y ADOLFO WILFREDO BENITEZ por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y de la Sociedad Mercantil denominada INTERESES EN EL ITSMO, S.A. 7) Que en fecha dos (2) de septiembre del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la apoderada defensora de los imputados dictó Sentencia mediante la cual falló declarando HA LUGAR el mismo, y declaró la nulidad de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha veinte de febrero del dos mil trece, mediante el cual se señalo fecha para la celebración de la audiencia inicial. 8) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil trece (2013), de conformidad con la resolución del Tribunal ad-quem, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, llevo acabo nuevamente Audiencia Inicial, y dictó Auto mediante el cual resolvió: (Sic.) “1.- Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores ADÁN ANTONIO ANCHECTA CHINCHILLA y ADOLFO WILFREDO BENÍTEZ, por los hechos que se les imputan por el delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR y DERECHOS CONEXOS, en perjuicio de LA SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AMPRO) y de la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO SOCIEDAD ANÓNIMA.- Por las razones anteriormente expuestas.-” (Folios mil doscientos treinta y seis (1236) al mil doscientos cuarenta (1240) de la pieza de primera instancia). 9) Que en fecha siete de enero del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo de los Recursos de Apelación promovidos por: a) el Abogado HERBERT MAURICIO PALACIOS MOLINA en su condición de Fiscal del Ministerio Público y b) el Abogado JEOVANNY JOEL HERNÁNDEZ SANCHEZ en su condición de Acusador Privado y Representante Legal de las Sociedades Mercantiles denominadas AMERICANA DE PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AMPRO) e INTERESES EN EL ITSMO S.A., dictó Sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público y el Acusador Privado, respectivamente; SEGUNDO: REVOCAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO Y DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra de ADÁN ANTONIO ANCHECTA CHINCHILLA Y ADOLFO WILFREDO BENÍTEZ, por el delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, en perjuicio de LA SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y de la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.” (Folios cinco (05) al diecisiete (17) de la pieza de segunda instancia). 10) Que en fecha diez (10) de marzo del año dos mil catorce (2014), la recurrente abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de los señores Adan Antonio Anchecta Chinchilla en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada Inversiones, Cable, Televisión y Comunicaciones del Occidente, S. de R.L. de C.V., y Adolfo Wilfredo Benítez en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada Sol T.V. Maya, S. de R.L. de C.V., por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha siete de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90, 92 y 321 de la Constitución de la República. En fecha seis (6) de agosto del año dos mil catorce (2014), se tuvo por formalizado en tiempo la acción constitucional impetrada, omitiéndose la vista al fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO(1): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que el acto impugnado mediante la vía constitucional es la resolución dictada en fecha siete (7) de enero del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el proceso incoado en contra de los señores ADAN ANTONIO ANCHETA CHINCHILLA, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., y ADOLFO WILFREDO BENITEZ en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V., por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, en perjuicio de LA SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y de la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.; fallo que en su Fundamentación Fáctica y Jurídica básicamente entre otros argumenta lo siguiente : a) Que en el caso de autos no reviste controversia el hecho que la empresa Sociedad Americana de Producciones S.A.(AMPRO) e Interés del Istmo, suscribieron contratos de transmisión de canales de televisión por cable con las Empresas Inversiones Cable, Televisión y Comunicaciones de Occidente S. de R. L. de C. V., conocida por sus siglas INCATECO, representadas legalmente por Adán Antonio Anchecta Chinchilla y Sol T.V. MAYA S. de R. L. de C. V., representada legalmente por Adolfo Wilfredo Benitez; b) Que conforme al aforismo “pacta sun servanda” los contratos deben cumplirse al tenor de lo pactado en los mismos, salvo que ocurrieren circunstancias que modifiquen lo originalmente pactado (rebús sic stantibus); y que en el caso de autos se constata que la relación establecida entre las referidas empresas ha sufrido una ruptura provocada por el impago de cantidades a que estaba obligada la empresa INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., y Sol T.V. MAYA S. de R. L. de C. V., razón por la cual a las referidas empresas se les gira en fecha catorce de septiembre de dos mil once, notas mediante las cuales se les notifica que deben cancelar la deuda que mantienen pendiente en concepto de retrasmisión de varios paquetes de canales de televisión por cable, nota por la cual se establecía un plazo perentorio en el sentido de que se abstuvieran de seguir transmitiendo los señalados canales a partir del día veintiséis de septiembre de ese mismo año; c) Que de lo anterior se presenta la dicotomía, si optar por hacer el reclamo por la vía civil, ello de acuerdo al principio pro actione, y hacer el reclamo de la deuda al tenor de lo señalado en el articulo 400.2 del Código Procesal Civil, pudiendo también contar con otra opción como lo es la Tutela de Derechos de Propiedad Intelectual que son preceptuados en los artículos del 531 al 536 del Código Procesal Civil y 173 al 180 de la Ley de Derechos de Autor. La otra vía es la penal, que en estos casos requiere la venia de quien ostenta la titularidad de los derechos; d) Que una vez truncada la opción de retransmitir un cierto numero de canales por cable por parte de las ya referidas empresas, sí las mismas persisten en hacerlo se entra al ámbito penal, ello debido a las peculiaridades de este tipo de ilícito, donde se impide la distribución de señales portadoras de programas y trasmitidas mediante satélite, por distribuidores a quienes esas señales no están destinadas; e) Que respecto del análisis del contenido de la resolución de la primera instancia, tales argumentos resultan ser un sofisma empleado por el juzgador a-quo, por que igual que en materia civil, la inscripción en los registros correspondientes de los contratos, es para que estos tengan efectos erga omnes, no inter partes, por lo que en el caso de autos, pese a que los contratos no fueron inscritos en Honduras, sus efectos entre las partes siempre existe y no le quita el carácter de ley que priva entre ellas y por ende su cumplimiento; y que a contrario sensu la no inscripción de los referidos contratos, trae como consecuencia repercusiones de tipo administrativo o tributario, sancionados con multa; f) Que otro de los argumentos esgrimidos por el a-quo, referido a la no credibilidad de las actas notariales números 236,237, 238 y 239 realizada por la notaria Argentina Maria Valle, en razón de que las mismas no pudieron ejecutarse simultáneamente en dos lugares distintos y distantes, y que las actas notariales números 9 y 10 las mismas son falsas, por que según la referida notaria las mismas se llevaron a cabo junto con el requirente el señor Roque Gerardo Pascua, este ultimo en el testimonio rendido afirmó que el no ha viajado a la ciudad de Ocotepeque; situación sobre la cual al tenor de lo preceptuado en el articulo 21 de la Ley del Notariado, y al hacer revisión de las referidas actas se constata que estas reúnen los requisitos del citado articulo, mismas en donde se consigna los datos del requirente y la relación circunstanciada de los hechos, como era la de verificar la transmisión de señales de televisión por cable, y específicamente la programación de canales ofrecidos por las empresas denunciadas a sus clientes, y g) Que conforme lo señalado en los artículos 248, 248-A del Código Penal en relación con los artículos 167 numeral 9 y 170 de la Ley de Derechos de Autor y los Derechos Conexos; en el caso de las personas jurídicas denominadas INCATECO y SOL MAYA, sin autorización de los respectivos titulares de los derechos de autor o derechos conexos, continuaron con la retrasmisión con fines comerciales de las señales de los canales de los paquetes de las compañías Televisa, Discovery Latin American, MTV Network Latin American Inc., por lo que concurren tanto los elementos objetivos y subjetivos para la tipificación del delito, y que respecto del indicio racional de participación de los imputados, los mismos han resultado debidamente acreditados con la prueba documental que obra en la causa y que consiste en las actas notariales numero 236, 237, 238 y 239 realizadas por la notaria Argentina Maria Valle, actas estas que no pueden ser tachadas de falsas, pues las mismas reúnen los requisitos que contempla la ley, y que mas bien lo que se aprecia en ellas son errores de forma, como ser consignar un lugar diferente en el encabezamiento, pero lo que resulta fundamental en estos actos es la presencia de la notaria actuante en el sitio in situ; con lo cual se cumplen los requisitos básicos para dictar auto de formal procesamiento en contra de los imputados por el ilícito de violación de los derechos de autor y derechos conexos en perjuicio de las sociedades denominadas AMPRO e Intereses del Istmo. CONSIDERANDO (3): Que a juicio de la recurrente abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, la resolución dictada por el Tribunal ad-quem y que se deja relacionada en el acápite anterior concita las vulneraciones de los artículos 89, 90, 92 y 321 de la Constitución de la República; señala que la vulneración de la garantía genérica del debido proceso se produce en tanto en cuanto el Tribunal de Alzada en el fallo proferido le atribuye a la defensa criterio propios de otro proceso, que no se ha ventilado ni se ha planteado como argumento de esa defensa en la audiencia inicial; introduciendo por lo tanto un elemento externo que vulnera el principio de inmediatez, preceptuado en el articulo 20 del Código Procesal Penal, señala la recurrente que los argumentos que la defensa ha planteado versan sobre los siguientes puntos: I.- Que la controversia suscitada entre las referidas empresas SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.; con INCATECO y SOL MAYA S. de R. L., tiene su origen por parte de las primeras de no inscribir los contratos respectivos en la oficina Administrativas de Derechos de Autor, a lo cual devenían obligadas conforme lo preceptuado en el articulo cuatro (4) de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y que en ese sentido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), emitió la resolución Nº RN0024/2002, misma por la cual se hace énfasis de la obligatoriedad de contar con las constancias respectivas de las referida oficina administrativa de Derecho de Autor, y que fue hasta que CONATEL envió los respectivos oficios que las empresas AMPRO E INTERESES DEL ITSMO, procedieron a inscribir los referidos contratos, y II.- Que las Actas notariales que obran en el proceso como pruebas de cargo, su contenido es falso; al respecto señala la recurrente que si bien es cierto que el Tribunal de Alzada hace una apreciación sobre las referidas actas notariales, fundamentándose para ello en el contenido del articulo 21 de la Ley de Notariado, también lo es que se ha obviado por parte de la referida instancia hacer una valoración sobre el fondo de las mismas; dice la impetrante que ha resultado claro en la audiencia inicial que tales actas resultan falsas, por lo que en el caso de autos se ha violentado el contenido del articulo 202 del Código Procesal Penal, que establece que el órgano jurisdiccional establecerá su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Dice la recurrente en sustento de su tesis de que el contenido de las referidas Actas Notariales es falso, ya que en las números 236, 237, 238, 239, y 09 y 10 la notaria actuante afirma que se presento a los lugares en que fue requerida junto con el requirente señor Roger Pascua Duran, esto es en la ciudad de Ocotepeque, situación que dice no es cierta, ya que el mismo señor Pascua Duran en declaraciones que vertiera en la audiencia inicial afirmo que el nunca había ido con la notaria a levantar actas; y que establecido lo anterior el Tribunal de Alzada ha introducido en el proceso un elemento externo al razonar que: (Sic.) “…esto ocurre por que los notarios no tienen la cautela de cambiar datos a los contratos y se conforman con transcribir lo hecho en anteriores, pero no tiene incidencia en el fondo.”; aduce la recurrente que con tal parecer se vulnera no solo el principio contradictorio pues este elemento probatorio nunca fue ingresado al proceso, para ser cuestionado por la defensa, si no que además resulta vulnerado el principio de inmediatez de la prueba, que responde a la necesidad suprema de que el juez se mantenga dentro del principio de inmediación, que no es otra cosa mas que la cercanía, continuidad y proximidad del órgano enjuiciador. CONSIDERANDO (4): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona con el principio de presunción de inocencia, la de que solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, y la de que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, establecidos dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de prisión, un sobreseimiento provisional o definitivo, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo señalado en el acápite anterior necesario es señalar también, que excepcionalmente obran precedentes por parte de la Sala en casos en los que manifiestamente la valoración o no valoración de medios de prueba en un proceso penal ha concitado la vulneración de garantías constitucionales, en cuyo caso sí ha provocado la intervención del juez constitucional en salvaguarda de derechos fundamentales, así pues en el caso que nos ocupa resulta necesario al tenor de los alegatos planteados por la defensa, del estudio y análisis de los antecedentes y del fallo que se recurre, establecer si efectivamente se han producido o no la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la impetrante. CONSIDERANDO (7): Que del examen del caso de merito, esta Sala de lo Constitucional estima que de los medios de prueba aportados tanto por el Ministerio Publico como el acusador privado, no resulta acreditada la plena prueba, como tampoco el indicio racional suficiente de la participación del imputado en la comisión del ilícito por el cual se ha presentado requerimiento fiscal en su contra, y ello se estila así puesto que los contratos suscritos por las empresas denominadas SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.; con las empresas INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. (INCATECO) y SOL MAYA S. de R. L., para la retrasmisión de señales de televisión por cable, al momento de suscribirse los mismos las empresas suministradoras no se encontraban legalmente inscritas en la oficina administradora de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Dirección General de Propiedad Intelectual, razón por la cual se estima que el sobreseimiento definitivo que en su oportunidad dicto el juez a-quo es conforme a derecho; por otro lado es menester señalar por parte nuestra, que no se comparte el criterio esgrimido por el Tribunal de Alzada respecto de la valoración que se le da a los medios de prueba de cargo consistente en varias Actas notariales, mismas que ha criterio de esta Sala concitan dudas razonables sobre su autenticidad, amen de lo anteriormente señalado es preciso acotar que con el medio de prueba denominado peritaje presentado por el ingeniero en sistemas el señor Francisco Flores Cruz, éste es claro al afirmar que no hay indicios que las empresas cuyos representantes legales son las personas imputadas, estuviesen retransmitiendo las señales de televisión de los canales de los grupos Discovery, MTV., y Televisa de los cuales las empresas SOCIEDAD AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A. (AMPRO) y la SOCIEDAD INTERESES EN EL ISTMO, S.A.; tienen los derechos exclusivos de representación. En este sentido es importante señalar que en el caso subjúdice al constatarse que el encausado no ha tenido participación en los hechos que se le atribuyen, circunstancia en razón de la cual, también debe decretarse en su favor sobreseimiento definitivo en las diligencias penales que hasta ahora se ha venido promoviendo en su contra. CONSIDERANDO (8): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se revoque el auto de sobreseimiento definitivo dictado a favor de los señores ADAN ANTONIO ANCHETA CHINCHILLA en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., y ADOLFO WILFREDO BENITEZ en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V., y consecuentemente y dictar contra los mismos auto de formal procesamiento, ello no obstante que de los antecedentes no se desprende que existan elementos probatorios suficientes para suponer racionalmente que los mismos ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, con ello el Tribunal de Alzada ha infringido la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de los imputados, puesto que pretende la prosecución del procedimiento penal que con respecto a los procesados no tiene razón de ser, por lo que el amparo interpuesto por el recurrente debe ser otorgado, en orden a la preservación de la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos: 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 17 del Código Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por la abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, a favor de los señores ADAN ANTONIO ANCHETA CHINCHILLA y ADOLFO WILFREDO BENITEZ en sus condiciones ya señaladas de Representantes Legales de las Sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES, CABLE, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES DEL OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., y de SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada en fecha siete (7) de enero del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Amparo Penal bajo el número SCO-0229-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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