Sentencia AP-224-09 — Registro 6239
Resumen
Recursos de amparos interpuestos contra resolución que declara la nulidad de resolución que otorga medida desjudicializadora de suspensión de la persecución penal solicitada por la Fiscalía, esta Sala comparte el criterio del Ad-quem al otorgar el recurso de apelación al Ministerio Publico, donde el A-quo ha pretendido darle curso nuevamente a una resolución de suspensión de la persecución penal, que quedó anulada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
ue del estudio de los antecedentes y la exposición del recurrente esta sala observa que la resolución del A quo autorizando la suspensión condicional de la persecución penal fue resuelta en audiencia donde las partes pudieron someter al contradictorio tanto sus posiciones como los hechos que provocaron el requerimiento fiscal en aquel momento, pero posteriormente fue anulada y consentida por la defensa, quedando sin valor. CONSIDERANDO ONCE(11): Que así también aparece en autos que en Audiencia Inicial celebrada en fecha diez de abril de dos mil seis, el Ministerio Público solicitó la modificación de la calificación del delito de DETENCIÓN ILEGAL AGRAVADA al delito de SECUESTRO, la cual fue declarada con lugar por subsumirse los hechos en el tipo penal de secuestro, asimismo el Juez Instructor decretó Auto de Prisión contra los señores SERGIO NEPTALI MEJÍA DUARTE, ELIO OQUELÍ MEJÍA DUARTE, JOSÉ LINDON ARGUETA VALLADARES y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor NELSON MEZA, aplicándoles como medida cautelar la Prisión Preventiva, y librándose las respectivas ordenes de captura, por considerar que existe el indicio racional de que los individuos mencionados participaron en la comisión del delito; citando como fundamento jurídico los Artículos 192, 201 del Código Penal; 172, 173 numeral 3 y 295 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE(12): Que el veintisiete de junio de dos mil seis, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmo la resolución apelada por considerar el Ad-Quem que existen los indicios racionales de que los imputados participaron en la comisión del delito de secuestro; fundamentando su decisión en el Artículo 192 del Código Penal. Misma que fue recurrida en Amparo ante esta Sala, el cual fue denegado mediante sentencia dictada en nombre de la Corte Suprema de Justicia en fecha once de abril de dos mil siete. CONSIDERANDO TRECE(13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE(14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, donde el A-quo ha pretendido darle curso nuevamente a una resolución de suspensión de la persecución penal, que quedó anulada el 22 de marzo del año 2006, por las razones que expresó el Agente del Ministerio Publico, llevándose así de encuentro el Auto de Prisión decretado en autos por el delito de Secuestro mencionado en el considerando 11, por lo que esta Sala comparte el criterio del Ad-quem al otorgar el recurso de apelación al Ministerio Publico contra el auto de fecha 22 de mayo del año 2008, que fue dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, por lo que en vista de las razones expuestas, no encuentra Violación Fundamental al Debido Proceso, o al Derecho de Defensa en la resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por lo que no cabe otorgar los amparos presentados.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. IV (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. IV (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
ue del estudio de los antecedentes y la exposición del recurrente esta sala observa que la resolución del A quo autorizando la suspensión condicional de la persecución penal fue resuelta en audiencia donde las partes pudieron someter al contradictorio tanto sus posiciones como los hechos que provocaron el requerimiento fiscal en aquel momento, pero posteriormente fue anulada y consentida por la defensa, quedando sin valor. CONSIDERANDO ONCE(11): Que así también aparece en autos que en Audiencia Inicial celebrada en fecha diez de abril de dos mil seis, el Ministerio Público solicitó la modificación de la calificación del delito de DETENCIÓN ILEGAL AGRAVADA al delito de SECUESTRO, la cual fue declarada con lugar por subsumirse los hechos en el tipo penal de secuestro, asimismo el Juez Instructor decretó Auto de Prisión contra los señores SERGIO NEPTALI MEJÍA DUARTE, ELIO OQUELÍ MEJÍA DUARTE, JOSÉ LINDON ARGUETA VALLADARES y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor NELSON MEZA, aplicándoles como medida cautelar la Prisión Preventiva, y librándose las respectivas ordenes de captura, por considerar que existe el indicio racional de que los individuos mencionados participaron en la comisión del delito; citando como fundamento jurídico los Artículos 192, 201 del Código Penal; 172, 173 numeral 3 y 295 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE(12): Que el veintisiete de junio de dos mil seis, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmo la resolución apelada por considerar el Ad-Quem que existen los indicios racionales de que los imputados participaron en la comisión del delito de secuestro; fundamentando su decisión en el Artículo 192 del Código Penal. Misma que fue recurrida en Amparo ante esta Sala, el cual fue denegado mediante sentencia dictada en nombre de la Corte Suprema de Justicia en fecha once de abril de dos mil siete. CONSIDERANDO TRECE(13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE(14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, donde el A-quo ha pretendido darle curso nuevamente a una resolución de suspensión de la persecución penal, que quedó anulada el 22 de marzo del año 2006, por las razones que expresó el Agente del Ministerio Publico, llevándose así de encuentro el Auto de Prisión decretado en autos por el delito de Secuestro mencionado en el considerando 11, por lo que esta Sala comparte el criterio del Ad-quem al otorgar el recurso de apelación al Ministerio Publico contra el auto de fecha 22 de mayo del año 2008, que fue dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, por lo que en vista de las razones expuestas, no encuentra Violación Fundamental al Debido Proceso, o al Derecho de Defensa en la resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por lo que no cabe otorgar los amparos presentados.
Jerarquía: Reiterativa
ue del estudio de los antecedentes y la exposición del recurrente esta sala observa que la resolución del A quo autorizando la suspensión condicional de la persecución penal fue resuelta en audiencia donde las partes pudieron someter al contradictorio tanto sus posiciones como los hechos que provocaron el requerimiento fiscal en aquel momento, pero posteriormente fue anulada y consentida por la defensa, quedando sin valor. CONSIDERANDO ONCE(11): Que así también aparece en autos que en Audiencia Inicial celebrada en fecha diez de abril de dos mil seis, el Ministerio Público solicitó la modificación de la calificación del delito de DETENCIÓN ILEGAL AGRAVADA al delito de SECUESTRO, la cual fue declarada con lugar por subsumirse los hechos en el tipo penal de secuestro, asimismo el Juez Instructor decretó Auto de Prisión contra los señores SERGIO NEPTALI MEJÍA DUARTE, ELIO OQUELÍ MEJÍA DUARTE, JOSÉ LINDON ARGUETA VALLADARES y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor NELSON MEZA, aplicándoles como medida cautelar la Prisión Preventiva, y librándose las respectivas ordenes de captura, por considerar que existe el indicio racional de que los individuos mencionados participaron en la comisión del delito; citando como fundamento jurídico los Artículos 192, 201 del Código Penal; 172, 173 numeral 3 y 295 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE(12): Que el veintisiete de junio de dos mil seis, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmo la resolución apelada por considerar el Ad-Quem que existen los indicios racionales de que los imputados participaron en la comisión del delito de secuestro; fundamentando su decisión en el Artículo 192 del Código Penal. Misma que fue recurrida en Amparo ante esta Sala, el cual fue denegado mediante sentencia dictada en nombre de la Corte Suprema de Justicia en fecha once de abril de dos mil siete. CONSIDERANDO TRECE(13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE(14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, donde el A-quo ha pretendido darle curso nuevamente a una resolución de suspensión de la persecución penal, que quedó anulada el 22 de marzo del año 2006, por las razones que expresó el Agente del Ministerio Publico, llevándose así de encuentro el Auto de Prisión decretado en autos por el delito de Secuestro mencionado en el considerando 11, por lo que esta Sala comparte el criterio del Ad-quem al otorgar el recurso de apelación al Ministerio Publico contra el auto de fecha 22 de mayo del año 2008, que fue dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, por lo que en vista de las razones expuestas, no encuentra Violación Fundamental al Debido Proceso, o al Derecho de Defensa en la resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por lo que no cabe otorgar los amparos presentados.
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por la Abogada ANA LOURDES ARRIAGA MARTINEZ, a favor de los señores JOSE LINDON ARGUETA VALLADARES, SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE Y ELVIN GEOVANNY CARRASCO PADILLA ;y por el Licenciado CARLOS RENÉ FÚNEZ GALEAS, a favor de los señores SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELÍ MEJÍA DUARTE Y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA; ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de noviembre de dos mil ocho, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, de fecha veintidós de mayo de dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra los señores SERGIO NEPTALÍ MEJÍA DUARTE, MARDONY RIVAS RAMIREZ, RAMON CARDONA, JUVENALDO IZIQUIEL AVILA, MURILLO, JOSÉ ERNOL VALLADARES, JOSE LINDON ARGUETA VALLADARES, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE Y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA, por suponerlos responsables del delito de DETENCIÓN ILEGAL AGRAVADA Y SECUESTRO, en perjuicio del señor NELSON MEZA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de sus representados los Artículos 80, 82,90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de octubre del año dos mil cinco, el licenciado CARLOS EDUARDO RAMOS FLORES, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, MARDONY RIVAS RAMIREZ, RAMON CARDONA, JUVENALDO IZIQUEL AVILA MURILLO, JOSE ERNOL VALLADARES, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE, JOSE LINDON ARGUETA VALLADARES Y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA, por suponerlos responsables del delito de DETENCION ILEGAL AGRAVADA en perjuicio del señor NELSON MEZA. 2) Que habiéndose personado la Abogada DANIA MARIA MUÑOZ AVELAR, en su condición de fiscal del Ministerio Público en las diligencias de mérito, solicitando se decretara la nulidad de actuaciones a fin de dejar sin valor y efecto la resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil cinco, el Juzgado de Letras citado en fecha veintidós de marzo del año dos mil seis, celebró la Audiencia en la cual, decretó la nulidad de la suspensión condicional de la persecución penal y ordenó que se librara orden de captura en contra de los imputados. 3)Que en fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho, el Juzgado referido, declaró: I) con lugar el incidente de nulidad planteado por la defensa, por considerar que la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede violenta el principio de legalidad, además de que el criterio constitucional al debido proceso, degenera el principio de legalidad, derivando como consecuencia el vicio absoluto de la causa penal; II) declaró subsistente y válida la medida desjudialisadora de la suspensión de la persecución penal decretada en fecha catorce de diciembre del año dos mil cinco; III) declaró la extinción de la acción penal decretando el correspondiente sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, en virtud de haberse cumplido mas de seis meses de cumplimiento de la medida impuesta y IV) dejó sin valor ni efecto las ordenes de captura y alerta migratoria decretadas en contra de los imputados, por considerar que los mismos no son peligrosos, fundamentando su decisión en el artículo 42 del Código Procesal Penal. 4) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia, mediante la cual declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que es improcedente e inaudito, que la Juez A-quo, dos años y dos meses después, proceda a declarar con lugar el incidente de nulidad absoluta de la resolución, a declarar la extinción de la acción penal y decretar sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y lo mas aberrante es que se deje vigente y válida la medida alternativa de suspensión de la persecución penal, la cual, por haber sido solicitada y autorizada en violación al derecho de defensa de la víctima y con infracción al debido proceso, había sido objeto de la nulidad. 5) La recurrente Abogada ANA LOURDES ARRIAGA MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de enero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de los señores JOSE LINDON ARGUETA VALLADARES, SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE Y ELVIN GEOVANNY CARRASCO PADILLA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. 6) El recurrente Licenciado CARLOS RENE FUNEZ GALEAS, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidos de enero del año dos mil nueve, interponiendo acción de amparo a favor de los señores SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de noviembre de dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 80, 82 90 y 321 de la Constitución de la República. Habiéndo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional el día quince de mayo de dos mil nueve, y omitiéndose la vista de los antecedentes al fiscal del despacho para que emita su dictamen, por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO TRES (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba Departamento de Atlántida, mediante la cual declara Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE LINDON ARGUETA VALLADARES, SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE y ELVIN GEOVANNY CARRAZCO PADILLA por suponerlo responsable de los delitos de DETENCIÓN ILEGAL AGRAVADA Y SECUESTRO en perjuicio de NELSON MEZA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada ANA LOURDES ARRIAGA MARTINEZ en la formalización del recurso de amparo, señaló de manera detallada el procedimiento seguido para lograr a favor de sus representados una salida alterna al proceso, haciendo acopio del Instituto Procesal de la suspensión Condicional de la Persecución Penal, por cuanto se cumplía con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Artículo 36 de la ley penal adjetiva. La recurrente hace referencia de manera individualizada a cada uno de los requisitos referidos, concluyendo que se acreditó en autos la concurrencia de los mismos. En audiencia de fecha catorce de diciembre del dos mil cinco, el Ministerio Público, peticionó ante el Juez de Instrucción, con la anuencia de la Defensa la aplicación de la medida antes señalada; solicitud que declarada con lugar por el Juzgador en virtud de haberse aportado en la audiencia y por ende acreditado los requisitos que exige la ley, así como que también se les impuso reglas de conducta establecidas en el Artículo 37 Numerales 4 y 5 del Código Procesal Penal, las que fueron cumplidas a satisfacción bajo los términos indicados; a excepción del período de prueba que fue interrumpido de manera arbitraria, por la solicitud de nulidad planteada en fecha ocho de marzo del dos mil seis por el Ministerio Público a través de la coordinadora Regional de la ciudad de la Ceiba Atlántida, Abogada Dania Muñoz, en abierta violación a las normas esenciales del procedimiento. Dice además que la intervención de la Fiscal coordinadora Regional de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, antes aludida constituye un exceso como funcionaria y como parte procesal, sobre todo en cuanto a esta última circunstancia, pues habiendo adquirido firmeza la decisión del ente jurisdiccional, que en esta fase procesal controla todos los actos sometidos a juzgamiento pericona al Juez Instructor de forma extemporánea revocar el beneficio otorgado, bajo el fundamento del Artículo 11 de la ley del Ministerio Público, que según la agente de Tribunales faculta al superior jerárquico enmendar con indicación de error, los pronunciamientos y solicitudes del inferior, sin embargo la aplicación de esta norma tiene un momento procesal, es decir requiere de una exigencia de carácter imperativo pues debe hacerse antes de que dicte resolución, sin embargo la resolución de fecha 14 de diciembre del 2005 que se revoca, ya existe, al momento de que el superior jerárquico Regional del Fiscal hace la petición, por lo tanto la actuación es ineficaz, al ser un acto nulo, por decretarse al margen de la ley….Considerando la recurrente que se han violentado la garantía del Debido Proceso al vulnerar el principio de legalidad así como que esta fue declarada con lugar por el Juzgador invoca la violación de la garantía del Debido Proceso, Manifiesta que (sic) “en el proceso contra los señores SERGIO NEPATLI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE Y ELVIN GEOVANNY CARRASCO, se le benefició con la medida Intra procesal de la SUSPENCIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL, la cual fue peticionada como lo describe el ritual procesal por parte del Ministerio Público y autorizado en fecha catorce de diciembre del año dos mil seis por el Juez de Letras competente.- No obstante esa resolución jurisdiccional que legitimaba desde todo ámbito, la solicitud formulada al respecto, la cual adquirió inicialmente el carácter de firme, fue objeto de revisión por el mismo Juez instructor mediante una solicitud de nulidad planteada por parte del mismo ente que peticionó la aplicación de la medida alterna objeto de estudio, comprobando además una absoluta deslealtad para con la justicia y un abuso y exceso para con la parte contraria, vulnerando el Debido Proceso, Derecho a la Defensa y Principio de Igualdad de Armas en el proceso, resulta inexplicable como es que el Juzgador, hubiese incurrido en tan craso error, al anular una decisión judicial que había inicialmente causado firmeza, mediante un mecanismo arbitrario originado por la interposición de nulidad, cuando el acto fue consentido por el Ministerio Público, esto es imposible de aceptar, pues para revocar una resolución judicial que reúne todos los requisitos legales, será preciso en su momento procesal oportuno, interponer el Recurso correspondiente, lo que es contrario a juicio justo o debido proceso, pues el sujeto sometido al proceso debe tener la posibilidad de ejercer una defensa activa en el proceso con carácter previo a la adopción de la decisión judicial, por ello la nulidad decretada mancilla este derecho de defensa, se funde con el Derecho de igualdad de Armas o Igualdad de posibilidades, siempre en condiciones de igualdad con la acusación, la que en este caso se vuelve etérea al no identificar claramente la imputación y cambiarse sobre la marcha del mismo proceso lo que impide un ejercicio adecuado de la defensa para materializar alegaciones adecuadas, creando antecedentes funestos de inseguridad jurídica. CONSIDERANDO CINCO (5): Que por su parte el Licenciado CARLOS RENÉ FÚNEZ GALEAS, expresa que existe violación al debido proceso, derecho de defensa y principio de igualdad, cuando resulta inexplicable como es que el juzgador, hubiese incurrido en tan craso error, al anular una decisión judicial que inicialmente causado firmeza, mediante un mecanismo arbitrario, originado por la interposición de nulidad, cuando el acto fue consentido por el Ministerio Público, esto es imposible de aceptar, pues para revocar una resolución judicial que reúne con todos los requisitos legales, será preciso, en su momento procesal oportuno, interponer el recurso correspondiente, lo que es contrario al principio de juicio justo o debido proceso, pues el sujeto sometido al proceso debe tener la posibilidad de ejercer una defensa activa en el proceso con carácter previo a la adopción de la decisión judicial, por ello la nulidad decretada mancilla este derecho de defensa, se funde con el derecho de igualdad de armas o igualdad de posibilidades, siempre en condiciones de igualdad con la acusación, la que en este caso se vuelve etérea al no identificar claramente la imputación y cambiarse sobre la marcha del mismo proceso, lo que impide un ejerció adecuado de la defensa para materializar imputaciones adecuadas, creando antecedentes funestos de inseguridad jurídica. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el origen de la controversia es el auto dictado por el A quo en fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho, que “resuelve sobre la solicitud de nulidad de la resolución en que se concedió la Suspensión de la Persecución Penal, reseñando los hechos que provocan el Requerimiento fiscal presentado contra los poderdantes del recurrente y otros, por el Delito de Detención agravados, según la cual los acusados se presentaron voluntariamente en fecha 14 de diciembre del año dos mil cinco a la audiencia celebrada para tal efecto, el Fiscal del Ministerio Público manifestó que de acuerdo a un análisis objetivo del delito que se imputaba a los acusados consideró que reúnen los requisitos del Artículo 36 del código Procesal Penal y solicitó al Juez de Garantías autorizara la aplicación de la Medida Desjudicializadora de Suspensión de la Persecución Penal, por cumplir todos los requisitos, ya que el término medio no excede de seis años, así como que los imputados no han sido condenados anteriormente y finalmente las constancias extendidas por los Juzgados de Letras de Trujillo y Tocoa le llevan a la convicción de que los mismos no son peligrosos, solicitando un período de prueba de seis meses y que se impongan las medidas del Artículo 173 numerales 4 y 5 consistente en realizar labores del utilidad pública que consistente en crear, acondicionar y amueblar una sala de espera en las oficinas del Ministerio Público de aquella ciudad, destinada a atender dignamente a las personas que asisten a aquella institución accediendo el órgano jurisdiccional a autorizar la medida desjudicializadora por considerar que reúne los requisitos formales establecidos en el Artículo 36 del Código Procesal Penal, agregando la prohibición de portar armas de fuego, ordenando la inmediata libertad de los imputados, según resolución que consta en acta firmada por las partes procesales que fue notificada en estrados. La defensa de los acusados en fecha trece de febrero presentó constancia firmada por el coordinador del Ministerio Público Abogado Melvin Ivan Vásquez con la que se acreditó el cumplimiento de la reparación impuesta a los imputados. En fecha ocho de marzo del año dos mil seis la Fiscal Coordinadora de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, presentó ante el A quo un pronunciamiento solicitando se enmiende la solicitud de suspensión de la Persecución Penal solicitada por el inferior y que se decrete la nulidad, considerando que aquella solicitud fue una ligereza del Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN personado en el caso, para tal efecto se realizó audiencia el día 22 de marzo del año 2006, en la que el Juez anula la Suspensión y ordena orden de captura contra los imputados (folios 150 al 156 primera pieza). Haciendo referencia en el numeral seis (6) de la resolución a lo manifestado por la Defensa de los acusados quien señala que cinco meses después de notificada dicha resolución (es decir la resolución que suspende la persecución penal) y cuando había adquirido firmeza bajo la apreciación selectiva y el control jurisdiccional que la autorizó, decide mediante una petición extemporánea del Ministerio Público revocar dicho beneficio sin fundamento jurídico alguno, ya que la única forma de cambiarlo sería vía recurso. En su motivación Fáctica Jurídica el A quo deja establecido: Que la defensa ha señalado que habían pasado cinco meses de haberse establecido la medida desjudicializadora a favor de sus representado; que el Juzgado quebrantó normas de procedimiento que son insubsanables porque se trata de cosa juzgada tal y como lo establece el Artículo 11 del Código Procesal Penal, la nulidad procede cuando son actos que vulneran las garantías constitucionales y su reclamo se hace en cualquier etapa del proceso, que es oportuno el momento, cuando la defensa del imputado la reclama, son actos que se pueden invalidar por el solo reclamo de la defensa. Que el Artículo 166 No. 5 del código Procesal Penal establece que serán nulos los Actos Procedimentales realizados con infracción a normas esenciales del procedimiento que impidan que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente. Por otra parte señala que el Artículo 142 del mismo Código establece la aclaración y modificación de las resoluciones, disponiendo que se podrá aclarar las expresiones oscuras, corregir los errores materiales, suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, SIEMPRE QUE EL ACTO NO IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN ESENCIAL DE LA RESOLUCIÓN. Manifiesta que la nulidad tiene como propósito sanear los vicios en que se hubiere incurrido en el desarrollo de los actos procesales y como tal su interposición es susceptible, aún hasta que quede firme la sentencia y por tanto, puede interponerse en cualquier momento como mecanismo de retorno cuando el debido proceso se ha salido de los mandatos imperativos y de orden público de la ley procesal. Concluyendo resuelve: Declarar con nulidad el incidente de Nulidad absoluta de la resolución de fecha veintidós de marzo del año dos mil seis en acta que obra del folio ciento cincuenta (150) al folio ciento cincuenta y seis (156) planteados por los abogados defensores de los acusados. Declarar subsistente y válida la medida desjudicializadora de la suspensión de la Persecución Penal, decretada el 14 de diciembre del año dos mil cinco que obra a folios 125 al 129, y la constancia del Ministerio Público sobre el cumplimiento de la medida decretada que obra a folio ciento treinta y nueve (139) extendía por el Ministerio Público, declarando con lugar la nulidad absoluta de demás actuaciones procesales”, además “declara la extinción de la acción penal decretando el correspondiente Sobreseimiento Definitivo a favor de los imputados”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Ad quem al dictar su fallo, en el Recurso de apelación interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho, en su motivación probatoria y jurídica señala, que de conformidad con la norma contenida en el Artículo 92 de la Constitución de la República, como en el Artículo 297 numeral 2) del Código Procesal Penal, para decretar el auto de prisión, el Juez considerara como Plena Prueba de haberse cometido un delito, la concurrencia de todos sus elementos de tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. Dice además que la fiscal coordinadora del Litoral Atlántico Abogada Diana María Muñoz Avelar con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 11 de la ley del Ministerio Público, procedió a solicitar al A quo que se enmendara la solicitud de Suspensión condicional de la Persecución Penal, que el Fiscal Ricardo Arturo Interiano Sabillón había solicitado durante el curso de la audiencia de declaración de imputado, celebrada el 14 de diciembre del año 2005, como medida alternativa aplicada a las personas implicadas en el proceso. En el numeral Cuarto de su resolución el Ad quem señalada que la ley procesal dispone: “Los actos en los cuales concurra causa de nulidad serán anulables por reclamación de la parte perjudicada interpuesta en los actos realizados en la etapa preparatoria del proceso en la primera audiencia; por primera audiencia debe entenderse en audiencia inicial, durante el curso de esta audiencia es que la norma procesal antes transcrita faculta a las partes para promover alguna nulidad procesal de aquellos actos realizados durante la etapa preparatoria del proceso, pues con ella se cierra precisamente dicha etapa. Por lo que es improcedente que la defensa privada de los imputados haya solicitado la nulidad de un acto precluído y aún más reprochable jurídicamente es que la Juez A Quo haya declarado dicha nulidad extemporáneamente e improcedente. Por lo que declara Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público contra el auto motivado de fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho el que Revoca por improcedente. CONSIDERANDO OCHO(8): Que la nulidad es la clásica sanción procesal mediante la cual se privan de validez jurídica los actos realizados mediante la inobservancia de las normas esenciales del procedimiento y la infracción de los derechos y libertades fundamentales del individuo. Para de la Rúa “el acto que se aparta de la forma esencial pone en peligro el fin del proceso y por ello debe ser eliminado”. Observando de igual manera que la nulidad se justifica en el principio de orden público de que están revestidas las leyes procesales, siendo imprescindible en consecuencia, cuando se vulneren las formas esenciales, restablecer el orden jurídico quebrantado, sancionando con nulidad el acto viciado[1]. Por otra parte la seguridad jurídica solo se obtiene con la firmeza de la resolución judicial. La firmeza es la preclusión de los medios de impugnación respecto a una resolución jurisdiccional penal[2]. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Todo lo cual nos lleva a que la Seguridad Jurídica descanse en la credibilidad que se tenga sobre la administración de justicia a través de jueces probos, con conocimientos suficientes del quehacer jurisdiccional, cuyas resoluciones serán motivadas de tal forma que lo que prescribe la ley se cumple y de a conocer a través de fallos justos y acordes al principio de legalidad como parte inherente del debido proceso. CONSIDERANDO DIEZ(10): Que del estudio de los antecedentes y la exposición del recurrente esta sala observa que la resolución del A quo autorizando la suspensión condicional de la persecución penal fue resuelta en audiencia donde las partes pudieron someter al contradictorio tanto sus posiciones como los hechos que provocaron el requerimiento fiscal en aquel momento, pero posteriormente fue anulada y consentida por la defensa, quedando sin valor. CONSIDERANDO ONCE(11): Que así también aparece en autos que en Audiencia Inicial celebrada en fecha diez de abril de dos mil seis, el Ministerio Público solicitó la modificación de la calificación del delito de DETENCIÓN ILEGAL AGRAVADA al delito de SECUESTRO, la cual fue declarada con lugar por subsumirse los hechos en el tipo penal de secuestro, asimismo el Juez Instructor decretó Auto de Prisión contra los señores SERGIO NEPTALI MEJÍA DUARTE, ELIO OQUELÍ MEJÍA DUARTE, JOSÉ LINDON ARGUETA VALLADARES y ELVIN GEOVANY CARRASCO PADILLA por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor NELSON MEZA, aplicándoles como medida cautelar la Prisión Preventiva, y librándose las respectivas ordenes de captura, por considerar que existe el indicio racional de que los individuos mencionados participaron en la comisión del delito; citando como fundamento jurídico los Artículos 192, 201 del Código Penal; 172, 173 numeral 3 y 295 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE(12): Que el veintisiete de junio de dos mil seis, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmo la resolución apelada por considerar el Ad-Quem que existen los indicios racionales de que los imputados participaron en la comisión del delito de secuestro; fundamentando su decisión en el Artículo 192 del Código Penal. Misma que fue recurrida en Amparo ante esta Sala, el cual fue denegado mediante sentencia dictada en nombre de la Corte Suprema de Justicia en fecha once de abril de dos mil siete. CONSIDERANDO TRECE(13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE(14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, donde el A-quo ha pretendido darle curso nuevamente a una resolución de suspensión de la persecución penal, que quedó anulada el 22 de marzo del año 2006, por las razones que expresó el Agente del Ministerio Publico, llevándose así de encuentro el Auto de Prisión decretado en autos por el delito de Secuestro mencionado en el considerando 11, por lo que esta Sala comparte el criterio del Ad-quem al otorgar el recurso de apelación al Ministerio Publico contra el auto de fecha 22 de mayo del año 2008, que fue dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, por lo que en vista de las razones expuestas, no encuentra Violación Fundamental al Debido Proceso, o al Derecho de Defensa en la resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por lo que no cabe otorgar los amparos presentados. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional; 13, 36, 38 del Código Procesal Penal; Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: 1º Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa deben producir una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular los amparos descritos. 2° DENEGAR el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada ANA LOURDES ARRIAGA MARTINEZ, y, por el Licenciado CARLOS RENÉ FÚNEZ GALEAS, a favor de los señores: JOSE LINDON ARGUETA VALLADARES, SERGIO NEPTALI MEJIA DUARTE, ELIO OQUELI MEJIA DUARTE Y ELVIN GOVANNY CARRASCO PADILLA, contra la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-224 y 342-2009.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL
[1] Manual de Derecho procesal Penal Hondureño, Tomo II, Dinámica Procesal, página 373, año 2002
[2] Montero Aroca, Gómez Colomer y otros. Manuales de Derecho Jurisdiccional III, edición 12, Valencia 2004, Pág. 406.
[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.