Sentencia AP-109-12 — Registro 4311
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el auto de prisión con relación a la causa instruidas por los delitos de abuso de autoridad y torturas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio del año dos mil diez; y, mediante la cual revocó la resolución dictada en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; con relación a la causa instruida contra los señores ELDER MADRID GUERRA y DENIS HERNARDO CASULA GUEVARA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURAS, en perjuicio del señor MILKO DURAN CESPEDES y LA ADMINISTRACION PUBLICA; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio; y, la valoración que hace de la prueba aportada, los elementos del tipo penal por el que se acusa; y, en el caso sometido a estudio, el Ad-Quem, concluye que es procedente declarar ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocó los autos de prisión decretados por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el revocar el auto de prisión dictado a los imputados, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, a favor y en LA DEFENSA y PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de abril de dos mil diez, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó el auto de prisión decretado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra los señores ELDER MADRID GUERRA y DENIS HERNARDO CASULA GUEVARA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURAS, en perjuicio del señor MILKO DURAN CESPEDES y LA ADMINISTRACION PUBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil nueve, la Abogada MERCEDES SUYAPA VASQUEZ COELLO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores ELDER MADRID GUERRA y DENIS HERNARDO CASULA GUEVARA, por suponerlos responsables de los delitos de DETENCION ILEGAL y TORTURAS, en perjuicio de MILKO DURAN CESPEDES y por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que una vez celebrada la Audiencia Inicial, mediante resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán decretó: 1) AUTO DE PRISIÓN en contra de los procesados por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; las medidas sustitutivas a la PRISION PREVENTIVA consistentes en; 1) quedan ambos procesados al cargo de vigilancia de su Abogado defensor JACOBO SALANDIA.- 2) se le obliga a los procesados a presentarse a esta judicatura los días jueves de cada semana.- 3) se les prohíbe a los imputados salir del país.- 4) los procesados no deben comunicarse con las personas MILKO DURAN CESPEDES, ALBA OCHOA, MABEL LOPEZ, YOVANY PEÑA, KENYA PATRICIA RECONCO TORRES y GLORIA YAMILETH BARAHONA ESPINAL.- Dichas medidas se imponen en virtud de ser las más idóneas para asegurar la eficacia del procedimiento garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba, ya que los imputados se han sometido de forma voluntaria al proceso y la posible obstrucción alegada por el ente fiscal queda amparada a las medidas impuestas, haciéndosele la advertencia a los procesados de que de no cumplir con las medidas impuestas por el Juzgado se les impondrán una más gravosa como ser la de prisión preventiva, por lo que se emitieron las cartas de libertad definitivas. (Folios (180) ciento ochenta al (209) doscientos nueve). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VELLECILLO, en su condición de apoderado legal de los señores ELDER MADRID GUERRA y DENIS HERNARDO CASULA GUEVARA, la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de abril del año dos mil diez, dictó resolución mediante la cual resolvió (Sic); 1.- Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado defensor de los imputados; y 2.- Revocar los autos de prisión decretados por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, debiendo dictar los correspondientes sobreseimientos definitivos. (Folios (600) seiscientos al (602) seiscientos dos de los antecedentes). 4) El recurrente Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor y en la DEFENSA y PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha doce de abril de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiéndo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional el día veintiocho de junio de dos mil once, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, a favor y en LA DEFENSA y PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, se dirige contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de abril de dos mil diez, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó el auto de prisión decretado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra los señores ELDER MADRID GUERRA y DENIS HERNARDO CASULA GUEVARA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURAS, en perjuicio del señor MILKO DURAN CESPEDES y LA ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO DOS (2): Que el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, considera agraviado el derecho del Estado de Honduras, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el primer párrafo del 82 y 90 de la Constitución de la República, el que nos determina el principio-derecho del Debido Proceso y el principio de defensa; cuando se aprecia que por lo menos la plena prueba de la comisión de los delitos de Torturas y Abuso de Autoridad, así como el indicio racional de participación de los enjuiciados, y por los cuales dictó auto de prisión el Juez de Primera Instancia, por lo que sobreseer de manera definitiva como lo hizo el Tribunal de Apelaciones por todos los delitos, no solo pone fin a la causa, sino que no se consideró tan siquiera la posibilidad de incorporar otros elementos a los cuales pueden tener acceso las partes, y allegados ellos resolver lo mas ajustado a derecho. No se discute que la Policía tiene facultades para el desalojo de vías públicas, pero para ello debe actuarse también de conformidad a la ley y reglamentos, para el caso el Manual del Uso de la Fuerza para Instituciones Policiales, Código de Conducta de los Funcionarios, Ley de Policía, Convención Americana de Derechos Humanos, Código Procesal Penal, etc. CONSIDERANDO TRES (3): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio del año dos mil diez; y, mediante la cual revocó la resolución dictada en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; con relación a la causa instruida contra los señores ELDER MADRID GUERRA y DENIS HERNARDO CASULA GUEVARA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURAS, en perjuicio del señor MILKO DURAN CESPEDES y LA ADMINISTRACION PUBLICA; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio; y, la valoración que hace de la prueba aportada, los elementos del tipo penal por el que se acusa; y, en el caso sometido a estudio, el Ad-Quem, concluye que es procedente declarar ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocó los autos de prisión decretados por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el revocar el auto de prisión dictado a los imputados, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 11 y 13 del Código Penal; 1, 8, 15, 25, 54, 56 No. 2), 101, 141, 294 numeral 2), 296 numeral 1), 356, 358, 414, 415 y 416 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 243-P375-P380=11.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL