Sentencia AP-1032-12 — Registro 5352
Resumen
Recurso de apelación declarada con lugar contra esolución impugnada que modifico auto de prisión por el delito de Violación al delito de Estupro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (8): Que del Estudio de los antecedentes y la resolución recurrida se aprecia que el criterio del Ad-Quem resulta totalmente errado, fuera del contexto jurídico que señala claramente los presupuestos que enmarcan las conductas delictivas contenidas en la ley sustantiva. El Tribunal de Alzada pretende configurar los hechos traídos a juicio como un simple estupro con prevalimiento, ignorando por completo la comparecencia y declaración de la víctima, así como que consta en autos que la declaración del ahora acusado fue contradictoria y quedó desacreditada con la prueba científica aportada por el ente acusador. Por todo ello de momento se observan tanto la preexistencia del delito como la probabilidad de participación del acusado invocada por el ente acusador, siguiendo ese orden de ideas y en cumplimiento a las formalidades, exigencias y procedimientos de la ley procesal, el proceso debe seguir su curso, considerando que si bien existe la probabilidad de que el acusado haya participado en los hechos señalados por el Ministerio Público, también es cierto que será en audiencia de juicio oral y público, ante el Tribunal de Sentencia competente, donde se someterá al contradictorio la prueba que ha de llevar a la convicción jurídica de inocencia o culpabilidad del acusado. Asimismo del estudio de la resolución origen de la controversia, observa ésta sala que el A-Quo dictó una resolución conforme a derecho respetando el debido proceso y derecho de Defensa de las partes en conflicto, de tal manera que consta en los antecedentes que pese al auto de formal procesamiento por el delito señalado por el Ministerio Público, el acusado está gozando de medidas sustitutivas de prisión preventiva, enmarcando el proceso dentro de las exigencias y formalidades prescritas en la ley. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del acusador como el acusado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, esta Sala observa que la resolución dictada por el A-Quo es conforme a derecho, encontrándose el proceso en la etapa de investigación, hasta el momento se ha configurado el delito y existe la probabilidad de participación del acusado de acuerdo a los hechos argumentos y disposiciones legales invocadas por el Ministerio Público. En consecuencia esta Sala encuentra que la resolución dictada por el Ad-Quem vulnera derecho garantía del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha vulnerado, constando en autos que ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa, haciendo uso de los recursos que la ley le confiere. CONSIDERANDO (11): Del Estudio de los antecedentes consta la apreciación errónea del Ad-Quem en los hechos y circunstancias que motivaron la acción interpuesta por el recurrente, lo que representa una trasgresión al debido proceso, por apartarse de los requisitos, exigencias, formalidades y procedimiento que deben respetarse para la existencia del Debido Proceso, y el aseguramiento del respeto de los derechos y garantías individuales reconocidas tanto por la Constitución de la República como por los Tratados Internacionales de los que el Estado forma parte.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Y. G. H. a favor de la señora M. G. M. G., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil doce (2012), que declara con lugar un Recurso de Apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil doce (2012), con relación a la causa instruida contra el señor J. E. H. A. por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de M. G. M. G.. Estima la recurrente, como violentados, los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES
- Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil once (2011), el Abogado D. B. A. actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor J. E. H. A. por el delito de VIOLACION en perjuicio de la menor M. G. M..2) Que una vez celebrada Audiencia Inicial en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, dictó resolución mediante la cual: (sic) “DECRETA AUTO DE FORMAL PRISION EN CONTRA DEL ENCAUSADO J.E. H. A., por suponerlo Responsable del Delito de VIOLACION EN PERJUICIO DE M. G. M., de los hechos acontecidos el día diecisiete de Noviembre del año dos mil once del año en curso, en esta ciudad de Choluteca, ASIMISMO RATIFIQUESE LAS MEDIDAS CAUTELARES impuestas en Audiencia de imputado de fecha 22 de febrero del año dos mil once dándole un termino de una semana para que pueda cumplimentar la caución hipotecaria, ofrecida para la libertad provisional del encausado, tomando en cuenta de que el imputado sea sometido al proceso de manera voluntaria para que sea investigado y otros aspectos como prueba de arraigo, tal como se acredita en el expediente de merito, y siendo que la excepción de la norma es la prisión preventiva, por lo que esta juzgadora estima procedente ratificar las mismas en cuanto a la otra medida solicitada por la parte acusadora ya esta impuesta en audiencia de imputado, que se le prohíbe acercarse a la ofendida y circular por el domicilio de esta este Auto de Prisión decretado en su contra es meramente provisional, sin perjuicio de que el mismo pueda ser modificado o revocado a través de las instancias superiores ya que el mismo no se encuentra firme”. (Folios 69 al 72 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil doce (2012), conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado N.F. G. R. en su condición de Defensor Privado del señor J. E. H. A., contra el auto de prisión dictado en contra de éste, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, dictó resolución mediante la cual falló: 1) Declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto; y 2) (sic) “SEGUNDO: Consecuentemente se modifique el Auto de Prisión decretado en Audiencia Inicial por el delito de Violación y en su lugar se dicte AUTO DE PRISION contra el imputado por la supuesta comisión del DELITO DE ESTUPRO”. (Folios 9 al 14 de la segunda pieza de los antecedentes).4) La recurrente Abogada Y. G. H., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil doce (2012), interponiendo acción de amparo a favor de la señora M. G. M. G., por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil doce (2012), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil trece (2013), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha treinta de agosto del año dos mil doce, mediante la cual declara con Lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra el señor J. E. H. A., por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de M. G. M. G.. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso estima que se ha quebrantado los derechos constitucionales del debido Proceso contenido en el Artículo 90 y el derecho a la Defensa establecido en el Artículo 82 constitucional. Señala que los aspectos sobre los cuales fundamenta la vulneración de las garantías citadas son las siguientes: 1.- La referida Corte de Apelaciones en la motivación del fallo solo hace una relación de todos los medios de prueba, sin expresarlas razones del valor probatorio otorgada a cada una de ellas; lo cual vulnera lo prescrito en el Artículo 141 del Código Procesal Penal que entre otras cosas establece: “La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación”. Vulnerándose la Garantía del debido Proceso”. 2.- Señala que el Ad-Quem “no explica el fallo dictado, situación que limita al Ministerio Público, el derecho de acceder a los argumentos utilizados para dictar la resolución objeto del presente recurso, por lo que se hace necesario que la Corte de Apelaciones fundamente las razones que concurrieron para modificar la resolución del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca”…. Expresa que “las actuaciones procesales deben contener una motivación y fundamentación que sirvan de base a la sentencia. En su numeral 3 señala que la resolución no fue dictada de acuerdo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece al no cumplir lo prescrito en el Artículo 141 del Código Procesal Penal que dispone: “…. Los actos y las sentencias interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad una clara y precisa motivación…” La motivación contendrá los hechos y fundamentos de derecho en que basa su resolución y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. En su numeral cuatro invoca el Artículo 338 del mismo cuerpo legal arriba apuntado para referirse a la motivación de las sentencias y el numeral cinco hace referencia que a la falta de valoración tanto del testimonio de la víctima como el dictamen médico forense que le fue practicado y que fueron incorporados en audiencia inicial por el Ministerio Público. Manifiesta la recurrente que la Corte de Apelaciones en su resolución refiere que no hubo violencia o amenaza que el acusado únicamente se valió de una concreta y especifica situación de superioridad y confianza respecto a la víctima, modificando el auto de prisión de violación por el delito de estupro. Todo lo cual resulta contrario a lo acreditado por el Ministerio Público plenamente demostrada la comisión del delito y el indicio racional de participación del imputado. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución describe los medios de prueba aportados por las partes en la audiencia inicial. Señala el Artículo 140 del Código Penal que contiene el delito de violación y el Artículo 142 del mismo código que establece el delito de Estupro y dispone: “El estupro de una persona mayor de 14 años y menor de 18 años prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, se sancionará con pena de 6 a 8 años de reclusión. Cuando el Estupro se comete mediante engaño se sancionará con pena de cinco a siete años de reclusión”; señalando que “aunado a los testimonios las conclusiones que se desprenden de ambos dictámenes médicos forenses practicados a la supuesta ofendida un día después de la supuesta agresión, y que refieren que la evaluada presentaba ruptura reciente himen (menor de diez días), a las tres horas según las manecillas del reloj, compatibles con las producidas por cuerpo romo (ej. Pene adulto erecto) que hubo eyaculación reciente”. Elementos probatorios que constituyen para la Corte de Apelaciones aparte de indicios racionales de participación del imputado, la concurrencia de los elementos para tipificar legalmente el hecho que se investiga, como un delito de ESTUPRO, por ajustarse a los hechos o circunstancias descritas en su tipificación legal, es decir la comisión del ilícito que nos ocupa valiéndose no de violencia o amenaza sino mediante prevalimiento, o sea circunstancias en las cuales el autor del delito que se investiga, se aprovecha de una concreta y específica situación de superioridad y confianza respecto de la víctima para poder cometer con éxito el acto criminoso, en otras palabras que el sujeto activo se aproveche positivamente de las ventajas y prerrogativas que posee con respecto a la víctima por razón de esa posición de superioridad general para así lograr cometer la comisión del acto delictivo. CONSIDERANDO (6): Que los hechos que motivan la controversia surgen en fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce, fecha en que se celebró la Audiencia Inicial en el proceso que se le instruye al señor J. E. H. A. por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de M. G. M., (Folio 69 al 72 pieza de amparo), habiéndose evacuado los medios de prueba propuestos por las partes, el A-Quo (parte final folio 71 vuelto pieza de amparo) deja establecido: “Una vez analizados los elementos probatorios en el desarrollo de esta audiencia y conforme a la prueba documental, y testifical a través de la ofendida M. G. M. G., se ha acreditado tanto la existencia del delito, como la participación del imputado, J. E. H., ya que fue conteste en sus dichos, en cuanto a la ofendida de que no fue de su propia voluntad, ya que el la subió al vehículo y que ella le decía que no le hiciera eso, llevándola a un lugar conocido como el basurero, y después de hacer lo ilícito la vino a dejar por la escuela tirándole veinte lempiras para que comprara pastillas y que se tomara dos, porque si bien es cierto en el dictamen no se consignan signos de violencia de los hechos recientemente acontecidos un día después tal como lo alega la defensa que puede calificar la figura del delito de Estupro no así el de violación, esta juzgadora no comparte dicha petición, en virtud de que no hay otra prueba, que acredite este extremo que el hoy acusado con la ofendida haya tenido alguna relación de noviazgo u otra más cercana, ya que solo se cuenta con la declaración del imputado a la que no debe dársele credibilidad en virtud de ser el investigado en el presente proceso, por lo que dicha figura se califica en base a los indicios acreditados en autos, por el delito de Violación de conformidad al Artículo 140 del C.P.V., …”, por lo que Decreta Auto de formal prisión por el delito de violación en perjuicio de M. G. M., ratificando las medidas cautelares a las que quedó sujeto el acusado. CONSIDERANDO (7): Que el Artículo 92 de la Carta Magna exige ciertos elementos de fondo y de forma para proveer auto de prisión, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa acrediten el haberse cometido un delito, así como la probable responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. Por su parte el Artículo 297 del Código Procesal Penal en relación al auto de prisión establece que “…, para decretarlo el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. De acuerdo a estas premisas los razonamientos del juzgador deben ceñirse a los postulados de la ley, en ese sentido el juzgador no debe creer, pensar, o suponer que sucedió tal o cual situación en relación a determinados hechos, tales suposiciones deben alcanzar un grado de certeza en cuanto a la existencia de un hecho delictivo como presupuesto para decretar auto de prisión, es decir en cuanto a la existencia del delito no debe existir duda, y esto solo podrá alcanzarse si el acervo probatorio lo conduce al encuentro de esa verdad, por lo que la prueba de acuerdo al Código Procesal Penal debe ser apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo que obligará al Juez al descubrimiento de la verdad y a la formación de una convicción en forma razonada, con la ayuda de la lógica y de la experiencia, pero debiendo fundar su razonamiento; es decir el juzgador no tiene libre albedrío para construir una situación jurídica fuera de los parámetros del Debido Proceso, principio de legalidad y la tutela judicial efectiva. El Ente Acusador de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 92 y 93 del Código Procesal Penal, en procura de la persecución de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad es el rector de la investigación criminal que tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió. (Arburola, 1992, p.17); investigación científica del delito que puede asumir dos dimensiones y de hecho deben estar presentes, la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito, el delincuente, la víctima y las acciones del Estado, que permitirán disminuir los indicios de impunidad, aplicando con ellos conocimientos científicos y técnicos; es lo que se llama investigación criminológica y puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiología, incidencia, relación, efectos, tendencias, etc. La segunda se refiere al proceso metodológico, continúo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con bases sólidas su esclarecimiento. (Arburola, Criminalística parte General, L. et al, op.cit, p.61).Considerada la investigación criminal como el soporte de todo proceso, las inconsistencias en la misma tienen como resultado la impunidad, puesto que el proceso penal no puede sostenerse sobre la base de suposiciones o creencias de los administradores de justicia, sino que todo hecho delictivo deberá ser probado de tal forma que todas las hipótesis conduzcan con grado de certeza al juzgador, que puede imputársele responsabilidad al acusado, o declararse su inocencia o la existencia de duda de que este haya participado en los hechos delictivos, cuanto más completa y exacta sea la investigación, tanto más cerca se estará de la solución del conflicto; así como que, debe estar dirigida dentro de la normativa vigente, constitucional, penal, procesal penal. De allí la importancia de tener presente que la omisión en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigación que sobreviene a un proceso, tendrá como resultado un extravío de justicia. CONSIDERANDO (8): Que del Estudio de los antecedentes y la resolución recurrida se aprecia que el criterio del Ad-Quem resulta totalmente errado, fuera del contexto jurídico que señala claramente los presupuestos que enmarcan las conductas delictivas contenidas en la ley sustantiva. El Tribunal de Alzada pretende configurar los hechos traídos a juicio como un simple estupro con prevalimiento, ignorando por completo la comparecencia y declaración de la víctima, así como que consta en autos que la declaración del ahora acusado fue contradictoria y quedó desacreditada con la prueba científica aportada por el ente acusador. Por todo ello de momento se observan tanto la preexistencia del delito como la probabilidad de participación del acusado invocada por el ente acusador, siguiendo ese orden de ideas y en cumplimiento a las formalidades, exigencias y procedimientos de la ley procesal, el proceso debe seguir su curso, considerando que si bien existe la probabilidad de que el acusado haya participado en los hechos señalados por el Ministerio Público, también es cierto que será en audiencia de juicio oral y público, ante el Tribunal de Sentencia competente, donde se someterá al contradictorio la prueba que ha de llevar a la convicción jurídica de inocencia o culpabilidad del acusado. Asimismo del estudio de la resolución origen de la controversia, observa ésta sala que el A-Quo dictó una resolución conforme a derecho respetando el debido proceso y derecho de Defensa de las partes en conflicto, de tal manera que consta en los antecedentes que pese al auto de formal procesamiento por el delito señalado por el Ministerio Público, el acusado está gozando de medidas sustitutivas de prisión preventiva, enmarcando el proceso dentro de las exigencias y formalidades prescritas en la ley. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del acusador como el acusado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, esta Sala observa que la resolución dictada por el A-Quo es conforme a derecho, encontrándose el proceso en la etapa de investigación, hasta el momento se ha configurado el delito y existe la probabilidad de participación del acusado de acuerdo a los hechos argumentos y disposiciones legales invocadas por el Ministerio Público. En consecuencia esta Sala encuentra que la resolución dictada por el Ad-Quem vulnera derecho garantía del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha vulnerado, constando en autos que ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa, haciendo uso de los recursos que la ley le confiere. CONSIDERANDO (11): Del Estudio de los antecedentes consta la apreciación errónea del Ad-Quem en los hechos y circunstancias que motivaron la acción interpuesta por el recurrente, lo que representa una trasgresión al debido proceso, por apartarse de los requisitos, exigencias, formalidades y procedimiento que deben respetarse para la existencia del Debido Proceso, y el aseguramiento del respeto de los derechos y garantías individuales reconocidas tanto por la Constitución de la República como por los Tratados Internacionales de los que el Estado forma parte. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los Artículos números: 1, 59, 69, 80, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; 297 del Código Procesal Penal. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesto por la Abogada Y. G. H. a favor de M. G. M. G., contra la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil doce dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE POR LEY. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 1032=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL