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Sentencia AP-1017-13 — Registro 5338

Resumen

Resolución declaró con lugar recurso de apelación; revocó sobreseimiento provisional dictado por Juzgado de Instancia en causa contra recurrente y otros, por suponerla responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, Fraude en perjuicio de la Administración Pública, de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y de Jetstereo S A de C V; La Autoridad recurrida ordenó se dicte auto de prisión contra la impetrante por considerar que con la prueba de cargo y descargo en el proceso se probó la participación directa de la imputada en la ejecución de los hechos, asumiendo una conducta omisiva ya que se abstuvo de denunciar el hecho a sus superiores y autoridad competente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al resolver revocando el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que se le dicte auto de prisión por los delitos que se le imputan, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor. CONSIDERANDO (11): Que en armonía y desarrollando el contenido del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 Nº 1) del Código Procesal Penal establece que: “….Para decretar el auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo acto, hecho o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito…”. CONSIDERANDO (12): Que según lo prevé el numeral 3) del artículo 349 del Código Penal, comete el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios y será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión el funcionario o empleado publico que: “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”. CONSIDERANDO (13): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito). CONSIDERANDO (14): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa. CONSIDERANDO (15): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, donde se establece que: “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” CONSIDERANDO (16): Que el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, únicamente admite la comisión dolosa, en éste sentido y para considerar realizado el tipo penal antes mencionado, es necesario constatar la existencia de los elementos objetivos, como son la imputación o atribución de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, y la conclusión obtenida a posteriori de que el hecho o hechos delictivos se han realizado o que el delito efectivamente realizado se imputó o atribuyó a quien no tuvo participación en él. CONSIDERANDO (17): Que en la motivación de la resolución impugnada en amparo, el Tribunal Ad Quem afirma que: “Analizando en conjunto tanto las pruebas de cargo como de descargo, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que en el subexamine se ha acreditado plenamente la comisión de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, así como el grado de participación que en la categoría de autores corresponde atribuir a los imputados ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos; en el primero de los ilícitos mencionados, desde que asumiendo una conducta omisiva, rehusaron ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, el acto de abstenerse de tramitar el expediente incoado a instancia de Kenia Yamileth Martínez Hernandez, haciéndose pasar como Maria de los Ángeles Martínez, impetrando la instalación de los DID, absteniéndose igualmente de denunciar el hecho a sus superiores y a la autoridad competente……….”. CONSIDERANDO (18): Que la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que contra la misma se dicte auto de prisión por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, no encontrando esta Sala que la referida Corte haya razonado mas y por separado sobre cada uno de los delitos que califica; así tenemos que sobre el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, no se pronuncia sobre el carácter de funcionaria de la encausada, y con ello no analiza las obligaciones de la imputada en razón de su cargo, misma que pudiese establecer una posible conducta omisiva por parte de ésta, y un incumplimiento de sus deberes como funcionaria. En ese mismo sentido la postura del Tribunal de Alzada respecto de la procesada es que la responsabilidad de la misma es por haber permitido que se continuara con el tramite sin que ella hubiese hecho nada al respecto, argumento que se contrapone con lo sostenido por la imputada en el sentido de que ella al tener conocimiento de lo que estaba pasando lo puso en conocimiento de su superior jerárquico; en ese sentido es criterio de la Sala que la referida Corte no ha profundizado en los elementos objetivo y subjetivos del delito. CONSIDERANDO (19): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. CONSIDERANDO (20): Que la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (21): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada, se ha vulnerado en perjuicio de ésta última la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO(22): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica y racional si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, que se atribuye a la imputada, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea una auto de prisión, un sobreseimiento provisional o definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al resolver revocando el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que se le dicte auto de prisión por los delitos que se le imputan, cumple con esa exigencia..."..."de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor..."..."en la motivación de la resolución impugnada en amparo, el Tribunal Ad Quem afirma que: “Analizando en conjunto tanto las pruebas de cargo como de descargo, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que en el subexamine se ha acreditado plenamente la comisión de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, así como el grado de participación que en la categoría de autores corresponde atribuir a los imputados ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos; en el primero de los ilícitos mencionados, desde que asumiendo una conducta omisiva, rehusaron ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, el acto de abstenerse de tramitar el expediente incoado a instancia de Kenia Yamileth Martínez Hernandez, haciéndose pasar como Maria de los Ángeles Martínez, impetrando la instalación de los DID, absteniéndose igualmente de denunciar el hecho a sus superiores y a la autoridad competente...”..."la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que contra la misma se dicte auto de prisión por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, no encontrando esta Sala que la referida Corte haya razonado mas y por separado sobre cada uno de los delitos que califica; así tenemos que sobre el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, no se pronuncia sobre el carácter de funcionaria de la encausada, y con ello no analiza las obligaciones de la imputada en razón de su cargo, misma que pudiese establecer una posible conducta omisiva por parte de ésta, y un incumplimiento de sus deberes como funcionaria. En ese mismo sentido la postura del Tribunal de Alzada respecto de la procesada es que la responsabilidad de la misma es por haber permitido que se continuara con el tramite sin que ella hubiese hecho nada al respecto, argumento que se contrapone con lo sostenido por la imputada en el sentido de que ella al tener conocimiento de lo que estaba pasando lo puso en conocimiento de su superior jerárquico; en ese sentido es criterio de la Sala que la referida Corte no ha profundizado en los elementos objetivo y subjetivos del delito..."..."la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada, se ha vulnerado en perjuicio de ésta última la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica y racional si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, que se atribuye a la imputada, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea una auto de prisión, un sobreseimiento provisional o definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al resolver revocando el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que se le dicte auto de prisión por los delitos que se le imputan, cumple con esa exigencia..."..."de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor..."..."en la motivación de la resolución impugnada en amparo, el Tribunal Ad Quem afirma que: “Analizando en conjunto tanto las pruebas de cargo como de descargo, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que en el subexamine se ha acreditado plenamente la comisión de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, así como el grado de participación que en la categoría de autores corresponde atribuir a los imputados ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos; en el primero de los ilícitos mencionados, desde que asumiendo una conducta omisiva, rehusaron ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, el acto de abstenerse de tramitar el expediente incoado a instancia de Kenia Yamileth Martínez Hernandez, haciéndose pasar como Maria de los Ángeles Martínez, impetrando la instalación de los DID, absteniéndose igualmente de denunciar el hecho a sus superiores y a la autoridad competente...”..."la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que contra la misma se dicte auto de prisión por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, no encontrando esta Sala que la referida Corte haya razonado mas y por separado sobre cada uno de los delitos que califica; así tenemos que sobre el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, no se pronuncia sobre el carácter de funcionaria de la encausada, y con ello no analiza las obligaciones de la imputada en razón de su cargo, misma que pudiese establecer una posible conducta omisiva por parte de ésta, y un incumplimiento de sus deberes como funcionaria. En ese mismo sentido la postura del Tribunal de Alzada respecto de la procesada es que la responsabilidad de la misma es por haber permitido que se continuara con el tramite sin que ella hubiese hecho nada al respecto, argumento que se contrapone con lo sostenido por la imputada en el sentido de que ella al tener conocimiento de lo que estaba pasando lo puso en conocimiento de su superior jerárquico; en ese sentido es criterio de la Sala que la referida Corte no ha profundizado en los elementos objetivo y subjetivos del delito..."..."la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada, se ha vulnerado en perjuicio de ésta última la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica y racional si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, que se atribuye a la imputada, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea una auto de prisión, un sobreseimiento provisional o definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al resolver revocando el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que se le dicte auto de prisión por los delitos que se le imputan, cumple con esa exigencia..."..."de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor..."..."en la motivación de la resolución impugnada en amparo, el Tribunal Ad Quem afirma que: “Analizando en conjunto tanto las pruebas de cargo como de descargo, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que en el subexamine se ha acreditado plenamente la comisión de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, así como el grado de participación que en la categoría de autores corresponde atribuir a los imputados ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos; en el primero de los ilícitos mencionados, desde que asumiendo una conducta omisiva, rehusaron ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, el acto de abstenerse de tramitar el expediente incoado a instancia de Kenia Yamileth Martínez Hernandez, haciéndose pasar como Maria de los Ángeles Martínez, impetrando la instalación de los DID, absteniéndose igualmente de denunciar el hecho a sus superiores y a la autoridad competente...”..."la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que contra la misma se dicte auto de prisión por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, no encontrando esta Sala que la referida Corte haya razonado mas y por separado sobre cada uno de los delitos que califica; así tenemos que sobre el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, no se pronuncia sobre el carácter de funcionaria de la encausada, y con ello no analiza las obligaciones de la imputada en razón de su cargo, misma que pudiese establecer una posible conducta omisiva por parte de ésta, y un incumplimiento de sus deberes como funcionaria. En ese mismo sentido la postura del Tribunal de Alzada respecto de la procesada es que la responsabilidad de la misma es por haber permitido que se continuara con el tramite sin que ella hubiese hecho nada al respecto, argumento que se contrapone con lo sostenido por la imputada en el sentido de que ella al tener conocimiento de lo que estaba pasando lo puso en conocimiento de su superior jerárquico; en ese sentido es criterio de la Sala que la referida Corte no ha profundizado en los elementos objetivo y subjetivos del delito..."..."la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada, se ha vulnerado en perjuicio de ésta última la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica y racional si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, que se atribuye a la imputada, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre de dos mil catorce. VISTO: Para dictar Sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor de la Señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, contra el auto motivado dictado en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013), por el pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que resolvió Recursos de Apelación interpuestos contra la Resolución dictada en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los ciudadanos (as) ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, en su condición de ex gerente de ventas, WENDY SUYAPA ELVIR en su condición de ex jefe del departamentos de Grandes Empresas o Servicios Corporativos, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, en su condición de empleada del Departamento de Redes y Banda Ancha y MOISÉS ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ en su condición de Ex Jefe de la Comisión Anti fraude, de la Empresa estatal HONDUTEL; a quienes se les supone responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE Y ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; asimismo en contra de LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO en su condición de ex empleado de HONDUTEL y KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ por suponerlos responsables de los delitos de HURTO CONTINUADO POR EL USO FRAUDULENTO DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE NOMBRES en perjuicio de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), LA FE PUBLICA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL JETSTEREO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil trece(2013), el abogado GERRY YASSAR VALLADARES CERRATO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISÉS ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ; en sus condiciones respectivamente de ex gerente de Ventas, ex jefe del Departamento de Grandes Empresas o Servicios Corporativos, de empleada del Departamento de Redes y Banda Ancha y ex Jefe de la Comisión Anti fraude de la empresa estatal HONDUTEL, y a quienes se supone responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE Y ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; asimismo en contra de LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO en su condición de ex empleado de HONDUTEL y KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ por suponerlos responsables de los delitos de HURTO CONTINUADO POR EL USO FRAUDULENTO DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE NOMBRES en perjuicio de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), LA FE PUBLICA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL JETSTEREO. 2) Que en fechas quince (15) y veintinueve (29) de abril del año dos mil trece, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “1) Decretar a favor de los ciudadanos, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, MOISÉS ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE en perjuicio de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, otorgárseles un Sobreseimiento Provisional a su favor, dejando sin valor ni efecto las medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, entregándoles su carta de libertad provisional.- 2) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los ciudadanos LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO, KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ, por los delitos de HURTO CONTINUADO POR EL USO FRAUDULENTO DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE NOMBRES en perjuicio de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL JESTEREO, LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, con la aplicación de las medidas distintas de la prisión preventiva las contenidas en el articulo 173 del código Procesal Penal en sus numerales 6) Obligar a los imputados Lenin Armando Baquedano Erazo, Kenia Yamileth Martinez Hernandez, a presentarse los días viernes de cada semana ala secretaria de este tribunal a estampar su huella digital.- 7) La prohibición de salir del país sin la autorización de este tribunal, con la advertencia que el incumplimiento de dichas medidas dará lugar a declararlos en rebeldía librándoles la correspondiente orden de captura en su contra.- 3) Líbrese los oficios correspondientes para su cumplimiento.-” (Folios ciento ochenta y dos (182) al doscientos veinticuatro (224) del Tomo I de los antecedentes). 3) Que en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación promovidos por: Los abogados ANDRES URTECHO JEAMBORDE en su condición de apoderado legal de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO; GERRY YASSAR VALLADARES CERRATO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico; PAUBLA DEL SOCORRO IBARRA CERNA, en su condición de Apoderada Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) y por los Señores LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO, KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los imputados ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO Y KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ; 2) DECLARAR CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Acusación Privada y, en consecuencia, revocar el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL decretado a favor de los señores ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) y la sociedad JETSTEREO, S.A. DE C.V. y ordena al a-quo que profiera en contra de ellos el correspondiente auto de prisión por tales ilícitos penales; 3) CONFIRMA en lo demás la resolución apelada del veintinueve de abril de dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa en la causa instruida contra ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) y la sociedad JETSTEREO, S.A. DE C.V.; y contra LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO y KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ, por los delitos de HURTO CONTINUADO POR EL USO FRAUDULENTO DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE NOMBRES en perjuicio de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), LA FE PUBLICA y la sociedad JETSTEREO, S.A. DE C.V.;…” (Folios seiscientos noventa y ocho (698) al setecientos cinco (705) del Tomo II de los antecedentes). 4) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil trece (2013), el recurrente abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha ocho de octubre del año dos mil trece, y de la que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En fecha siete de abril del año dos mil catorce, se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada, omitiéndose la vista al fiscal del despacho, por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional el auto motivado dictado en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013), por el Pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra de ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISÉS ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, todos ellos empleados de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), auto motivado por el cual el Ad-quem resolvió entre otros y respecto de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada; y 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Acusación Privada y, en consecuencia, revoca el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL decretado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y ordena que se dicte auto de prisión en contra de la misma por el ilícito penal de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) y la sociedad denominada JETSTEREO S.A.. CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el auto motivado dictado por el Ad-quem y que se recurre en esta vía constitucional violenta en perjuicio de su representada el derecho de defensa y debido proceso, para ello aduce que la referida resolución al decretar la revocatoria del sobreseimiento provisional decretado a favor de la imputada por parte del a-quo, y ordenar consecuentemente que contra la misma, se dicte auto de prisión por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude; ha concitado las vulneraciones constitucionales invocadas; el recurrente en primer lugar hace retrospección a lo sucedido en la audiencia inicial haciendo referencia uno por uno a los quince medios de prueba documental presentados por el Ministerio Publico, señalando respecto de los mismos lo siguiente: PRUEBA NUMERO 1: mediante el cual se acredita que su representada era empleada de la empresa HONDUTEL,(folios 323 al 349) hecho que no es sometido a contradicción; PRUEBA NUMERO 2: Nota de la deuda (folios 245 al 247), por la cual se señala la cantidad defraudada y que dice no prueba nada en contra de su defendida; PRUEBA NUMERO 3: Consistentes en recibos, mismos que dicen no involucran a su defendida; PRUEBA NUMERO 4: Acta de decomiso y secuestro de un cuaderno que llevaba la imputada Normaondina Ortiz ( folios 250-253); dice que su defendida no aparece en ninguna de esas comunicaciones; PRUEBA NUMERO 5: Oficios mediante los cuales se informa que las imputadas Wendy Suyapa y Normaondina Ortiz, son empleadas de Hondutel, mismos que señala el recurrente no tienen nada que ver con su defendida; PRUEBA NUMERO 6: Manual de Calificación de puestos y Salarios, y por el cual señala el recurrente que lo único que se prueba era el puesto que desempañaba la imputada en la empresa Hondutel; PRUEBA NUMERO 7: Expediente con 117 folios contenido en la tramitación de los DDI., (aparatos que permitían el trafico de llamadas), y en el cual el nombre de su defendida solo aparece dos veces (folio 255-385); PRUEBA NUMERO 8: Contrato de telefonía celular DDI., que no esta firmado por su defendida; PRUEBA NUMERO 9: Glosario de explicaciones de los aparatos DDI (folios 226 y 227) y que nada tiene que ver con su defendida; PRUEBA NUMERO 10: La partida de nacimiento del señor Carlos Luna (folios 232-235), y que no involucra en nada a su defendida; PRUEBA NUMERO 11: Notas de la empresa JESTEREO dirigidas a Wendy Elvir(folios 273 y 274, 291 y 292), notas estas que no fueron entregadas a su defendida, ni puestas a su vista; PRUEBA NUMERO 12: Constancias de la empresa JESTEREO, por medio de las cuales se señala que la referida empresa no opera en el centro comercial Frank Comer, y que los señores Mario Quezada, Maria de los Ángeles y Carlos Lopez no son sus empleados; constancias que no fueron entregadas y mucho menos puestas a la vista de su defendida; PRUEBA NUMERO 13: Dictámenes de Medicina Forense(folios 240-243), el que solo fue visto en su momento por el Ministerio Publico y no relaciona en nada a su defendida; PRUEBA NUMERO 14: Oficio GGH 10-2008 que consiste en el procedimiento para instalar un Call Center (folio 244), procedimiento que es posterior a los hechos que sucedieron; PRUEBA NUMERO 15: Informe del Tribunal Superior de Cuentas (folios 14 al 35), y por el cual no se atribuye ninguna participación a su defendida, y es mas el nombre de la misma no aparece consignado en el mismo. Señala el impetrante de amparo que en relación a la prueba testifical que obra en el proceso; TESTIGO NUMERO 1: Silvia Elizabeth Torres Laitano (folios 188 al 189 v.) cuya declaración en ningún momento menciona a su defendida, como tampoco la testigo tuvo comunicación con la misma para repostar las anomalías ya que estas se las reportaba a Wendy Elvir o Normaondina Ortiz; TESTIGO NUMERO 2: José Oswaldo Guillen Domínguez (folios 189 V. al 192 V.), testigo que en ningún momento menciona a su defendida, no teniendo comunicación con la misma ya que para reportar anomalías lo hacia con Wendy Elvir o Normaondina Ortiz; DECLARACION DE LOS IMPUTADOS: a)MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ (folios 196 al 198), no menciona en ningún momento a su defendida, ya que la investigación y la comunicación de los hechos investigados los realizo con Wendy Elvir y Normaondina Ortiz; b) WENDY ELVIR (folios 192 al 195 V.), la que en relación a su defendida declara que ella reportaba los hechos en relación al caso JESTEREO a sus jefes, pero omite decir cuando los reporta y en que forma los reporto y c) ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, quien depone que recibió la gerencia de ventas de Hondutel en fecha quince de enero del dos mil ocho, que sobre el caso JESTEREO, fue informada indirectamente por medio de una copia de un correo que Wendy Elvir le envió al Jefe de Anti fraude, y que al día siguiente llama Wendy Elvir para que ella le explicara lo que estaba pasando, y que una vez que esta le informara lo que estaba pasando con el referido caso, ella se dirigió a la oficina de se Jefe inmediato el sub gerente Marcelo Chimirri, a quien le informo de todo lo que estaba sucediendo. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente manifiesta que desde la primera instancia y respecto de su defendida se manifiesta la incongruencia de los operadores de justicia, y ello lo estima así puesto que dice que el a-quo al proferir su resolución y por la cual le dictaron sobreseimiento provisional a su representada, ha manifestado “la señora Wendy Elvir puso en conocimiento esta situación a la unidad anti fraudé y al departamento legal y en una ocasión a la Jefa del departamento de Ventas, quien a su vez informo a su jefe inmediato el subgerente Marcelo Chimirri”, y que en ese mismo numeral el a-quo respecto de su defendida manifiesta “en su deposición fue clara y conteste en afirmar que el veintitrés (23) de febrero me doy cuenta de la nota enviada por JESTEREO por un correo de Normaondina Ortiz, donde se mencionaba que JESTEREO no había hecho solicitud…”. Dice el recurrente en amparo que de la lectura del acta de la audiencia inicial se constata que el ente acusador no ha presentado ninguna prueba en contra de su representada, y es así como la prueba de cargo más bien se convirtió en prueba de descargo, y aun así el juez de primera instancia en vez de dictar un sobreseimiento definitivo procedió a dictar uno provisional. CONSIDERANDO (5): Señala el impetrante que la Corte de Apelaciones de lo Penal conociendo del recurso de apelación interpuesto por la defensa y el Ministerio Publico, al resolver revocando el sobreseimiento provisional dictado a favor de su defendida y consecuentemente ordenar que se le dicte auto de prisión por los delitos que se le imputan, han vulnerado con ello las garantías constitucionales invocadas, explica al respecto que no esta de acuerdo con el razonamiento expresado por esa Corte al considerar la misma que “en base a la prueba de cargo y descargo que obra en el proceso se ha probado la participación directa de la imputada, por haber tomado parte directa en al ejecución de los hechos; en el primero de los ilícitos asumiendo una conducta omisiva, al rehusarse ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, como lo es el acto de abstenerse de tramitar el expediente incoado a instancia de Kenia Yamileth Martínez Hernandez, absteniéndose así mismo de denunciar el hecho a sus superiores y a la autoridad competente”. Dice el impetrante que no existe prueba alguna que indique la participación de su defendida en los hechos que se le imputan, ya que de los quince medios de prueba documental ninguno de ellos señala ni menciona a la imputada y que lo que si se ha dejado claramente establecido es que su patrocinada al enterarse de lo que estaba sucediendo inmediatamente lo puso en conocimiento de su superior jerárquico el subgerente Marcelo Chimirri, señala que tampoco comparte las razones del Tribunal de Alzada cuando el mismo externa respecto del segundo de los ilícitos o sea el de Fraude, “Reprocha a Rosa Judith Bellino Espino, Wendy Suyapa Elvir, Normaondina del Carmen Ortiz Barahona y Moisés Ernesto Cruz, en tanto funcionarios de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), que desempeñaban los cargos de Gerente de Ventas, Jefe del departamento Grandes Empresas o servicios corporativos, Jefe del departamento de redes y bandas anchas y jefe de Comisión antifraude respectivamente, por razón de sus cargos participaron en el acto jurídico en que tenían interés aquella entidad estatal, cual es darle el tramite y el curso al referido expediente incoado a instancia impetrado en la instalación de la DDI, a sabiendas de las irregularidades que con tal tramitación se perpetraba para defraudar a HONDUTEL, valiéndose de su condición de funcionarios, involucradas en el tramite para favorecer a un tercero”; aduce el recurrente que la única verdad de la anterior aseveración es el hecho de su representada ostentaba el cargo en la referida empresa estatal, pero que de todos los medios de prueba documentales aportados al proceso se constata que la misma no ha tenido participación alguna en los ilícitos que se le imputan, por lo que estima que al tenor del marco normativo constitucional y procesal penal que nos rige no podrá proveerse auto de prisión sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor; por lo que en el caso de autos no existe el indicio ni mucho menos una tan sola prueba que relacione a su defendida con los hechos. Amen de lo anterior considera el recurrente que el fallo proferido por el tribunal de Alzada presenta contradicciones internas, errores a la lógica, al sentido común y a las máximas de la experiencia y una marcada inobservancia de la interpretación de la ley penal, lo que convierte la misma en manifiestamente injusta y arbitraria, y consecuentemente carente de motivación tal y como lo exige el articulo 141 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental establece, que el derecho a la defensa es inviolable, así como también que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales de justicia para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino es por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. De este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.…. CONSIDERANDO (8): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea una auto de prisión, un sobreseimiento provisional o definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al resolver revocando el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que se le dicte auto de prisión por los delitos que se le imputan, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor. CONSIDERANDO (11): Que en armonía y desarrollando el contenido del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 Nº 1) del Código Procesal Penal establece que: “….Para decretar el auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo acto, hecho o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito…”. CONSIDERANDO (12): Que según lo prevé el numeral 3) del artículo 349 del Código Penal, comete el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios y será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión el funcionario o empleado publico que: “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”. CONSIDERANDO (13): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito). CONSIDERANDO (14): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa. CONSIDERANDO (15): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, donde se establece que: “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.” CONSIDERANDO (16): Que el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, únicamente admite la comisión dolosa, en éste sentido y para considerar realizado el tipo penal antes mencionado, es necesario constatar la existencia de los elementos objetivos, como son la imputación o atribución de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, y la conclusión obtenida a posteriori de que el hecho o hechos delictivos se han realizado o que el delito efectivamente realizado se imputó o atribuyó a quien no tuvo participación en él. CONSIDERANDO (17): Que en la motivación de la resolución impugnada en amparo, el Tribunal Ad Quem afirma que: “Analizando en conjunto tanto las pruebas de cargo como de descargo, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que en el subexamine se ha acreditado plenamente la comisión de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, así como el grado de participación que en la categoría de autores corresponde atribuir a los imputados ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos; en el primero de los ilícitos mencionados, desde que asumiendo una conducta omisiva, rehusaron ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, el acto de abstenerse de tramitar el expediente incoado a instancia de Kenia Yamileth Martínez Hernandez, haciéndose pasar como Maria de los Ángeles Martínez, impetrando la instalación de los DID, absteniéndose igualmente de denunciar el hecho a sus superiores y a la autoridad competente……….”. CONSIDERANDO (18): Que la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, y consecuentemente ordenar que contra la misma se dicte auto de prisión por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, no encontrando esta Sala que la referida Corte haya razonado mas y por separado sobre cada uno de los delitos que califica; así tenemos que sobre el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, no se pronuncia sobre el carácter de funcionaria de la encausada, y con ello no analiza las obligaciones de la imputada en razón de su cargo, misma que pudiese establecer una posible conducta omisiva por parte de ésta, y un incumplimiento de sus deberes como funcionaria. En ese mismo sentido la postura del Tribunal de Alzada respecto de la procesada es que la responsabilidad de la misma es por haber permitido que se continuara con el tramite sin que ella hubiese hecho nada al respecto, argumento que se contrapone con lo sostenido por la imputada en el sentido de que ella al tener conocimiento de lo que estaba pasando lo puso en conocimiento de su superior jerárquico; en ese sentido es criterio de la Sala que la referida Corte no ha profundizado en los elementos objetivo y subjetivos del delito. CONSIDERANDO (19): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. CONSIDERANDO (20): Que la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (21): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad Quem al revocar el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada, se ha vulnerado en perjuicio de ésta última la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO(22): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica y racional si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, que se atribuye a la imputada, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 13 párrafo segundo, 387 del Código Penal, 141 del Código Procesal Penal; y 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la acción de Amparo interpuesta por el abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor de la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, contra el auto motivado dictado en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013), por el pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, a solicitud del Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo el número SCO-1017-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL