Sentencia AL-889-12 — Registro 5317
Resumen
Recurso de amparo interpuesta contra resolución que ordena el embargo de bien inmueble bajo fideicomiso con impetrante en su condición de fiduciario,en relación a solicitud de derechos de terceros interpuesta por éste y con relación a a jecución de sentencia condenatoria en Demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales interpuesta contra fideicomitente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO (6): Que en atención a lo señalado en los acápites anteriores, se estima que la sentencia dictada por el ad-quem en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, no es conforme a derecho, ya que vulnera la garantía del debido proceso preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República; garantía respecto de la cual debemos entender que implica que todos los ciudadanos de este país tenemos el derecho a ser juzgados por jueces y tribunales competentes, con las formalidades derechos y garantías que establecen las leyes. El debido proceso como tal, engloba todo un conjunto de derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa, contradicción y audiencia, derecho a un juez independiente e imparcial, publicidad de las actuaciones procesales y respeto de la cosa juzgada, entre otros. En ese orden de ideas, para que un proceso se considere justo, debe primar ante todo, el respeto absoluto de los derechos anteriormente señalados, por que no hacerlo así, indudablemente concita la vulneración de tal garantía. En el caso subjúdice, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ, en su condición de apoderado legal de los demandantes y revocar la providencia dictada por el a-quo; lo ha hecho desconociendo que al tenor de la normativa del Código de Comercio citada en el iter de este fallo, mientras dure la relación jurídica plasmada en el contrato de fideicomiso, entre el fideicomitente y la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., será esta institución bancaria la que posea la titularidad dominical de los bienes bajo fideicomiso, por lo tanto los mismos no son afectos, hasta en tanto no finalice el mismo. CONSIDERANDO (7): Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que en el caso de autos se ha vulnerado el derecho al debido proceso, siendo procedente otorgar la garantía de amparo impetrada. "
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 128 (Decreto)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 1035 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 1036 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, a favor la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la sentencia emitida en fecha treinta de octubre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, mediante la cual se resuelve un recurso de Apelación interpuesto contra la providencia de fecha veintisiete de julio de dos mil doce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJIA, ALVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNANDEZ y OTROS contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A de C.V. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ, en su condición de apoderado legal de los señores JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJIA, ALVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNANDEZ y OTROS promoviendo demanda Laboral para el pago de prestaciones indemnizaciones laborales contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A. de C.V., demanda que se promueve a través su Gerente y Representante Legal el señor JOSE MARIA AGURCIA FASQUELLE. 2) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el a-quo, dicto sentencia en relación la demanda laboral interpuesta por el abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ a favor de los señores JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJIA, ALVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNANDEZ y OTROS contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A de C.V., sentencia mediante la cual declaro con lugar la demanda interpuesta, condenado a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones solicitadas. En fecha treinta de junio del año dos mil once, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, confirmo la referida sentencia dictada por el a-quo, posteriormente la Sala Laboral-Contencioso Administrativa de este Alto Tribunal declaro sin lugar el recurso de Casación interpuesto. (Folios 300 al 309, 314 al 322 de la primera pieza del expediente). 3) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil doce, el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, ante la solicitud de Derecho de Tercero, presentada por la abogada ENMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, en su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A, resolvió: (Sic) “Ordenar el DESEMBARGO INMEDIATO DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO, debiendo remitir al Instituto de la Propiedad la comunicación de estilo, a efecto de cesar la mediada precautoria ejecutada sobre el Bien Inmueble a que se ha hecho merito. Alegando que el tercero tenia la posesión de los bienes en el tiempo que se practico el embargo, no exime a la demanda de las responsabilidades económicas a que fue condenada, independientemente, de quien los haya tenido al momento de ejecutarse el embargo, por lo que se ordena devolver al compareciente la caución rendida.” (Folios 454 al 456 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ en su condición ya indicada dicto fallo mediante el cual (Sic)”FALLA: I.- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LOPÉZ, en su condición de Representante Procesal de las partes demandantes.- II.- REVOCAR la providencia contenida en la resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil doce por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LOPÉZ en su condición de Representante Procesal de señores JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER JOVANNY SALGADO MEJÍA, ALVARO ESACLANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE BARDALES CASTILLO, MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, RUBÉN OSORTO ESPINAL, JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, MARIA VICTORIA MEJÍA JIMÉNEZ, EDNA YESENIA HERNÁNDEZ TURCIOS, SANTOS ELIA CRUZ VÁSQUEZ, BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, BETY MARGARITA ÁLVAREZ RIVERA y HAIDEE DISCUA COELLO contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A. DE C.V., por intermedio de su Gerente y Representante Legal el señor JOSE MARIA AGURCIA FASQUELLE, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en vista de terminación de contratos de trabajos con justa causa, pago de salarios adeudados, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, pago de salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha de la sentencia firme y costas del juicio, que obra a folios 454, 455 y 456 frente y vuelto de la primera pieza del expediente…” (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha seis de noviembre del año dos mil doce, el recurrente abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A, afirmando que la decisión del ad-quem de fecha treinta de octubre del año dos mil doce, y que se deja relacionada en el numeral anterior es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero, 103 y 321 de la Constitución de la República. En fecha uno de abril de dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción de amparo impetrada. 6) Que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil trece, se tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que NO SE OTORGUE el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional, es la dictada por mayoría de votos en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, y por la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LOPÉZ en su condición de Representante Procesal de un grupo de trabajadores, sentencia del ad-quem que entre varios aspectos, expone básicamente lo siguiente: (Sic) “……CUARTO: La juzgadora de primera instancia basa su decisión, en que el BANCO DEL PAIS S.A., es propietaria legitima del bien inmueble embargado en fecha 07 de diciembre de del año 2010 y si bien consta de las notas aclaratorias del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán que varios lotes ya fueron vendidos, pero en ninguna de ellas aparece que los lotes embargados hayan sido inscritos a favor de la citada institución bancaria, pues únicamente lo que esta inscrito es la agrupación de las fracciones 11 y 12 del Bloque E, que como ya se expreso el dominio o propiedad lo tiene aun la sociedad mercantil INVERSIONES PATRIA, S.A. de C.V., si entendemos como tal a lo que el articulo 613 del Código Civil define en la forma siguiente: “Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin mas limitaciones que las establecidas por la ley por la voluntad del propietario…” y como ya anteriormente se expresó, las normas que regulan el fideicomiso establecen claramente las limitaciones en cuanto a la titularidad dominical de los bienes que no ha salido del poder del fiduciario, los cuales deberán devolvérsele al fideicomitente o a sus herederos (fls. 418al 422 frentes y vuelto de la primera pieza del expediente). QUINTO: El articulo 304 de la Constitución de la República establece que “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…” y el numeral 4 del articulo 128 de la carta magna preceptúa que “….Los créditos a favor de los trabajadores por salario, indemnización y demás prestaciones sociales serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley….” Principio que se encuentra desarrollado en el articulo 126 del Código del Trabajo, cuando en caso de insolvencia, concurso o quiebra, embargo, sucesión u otros similares, gozaran los créditos que correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, por lo que el fideicomiso, que es un acto meramente mercantil, no puede ser utilizado para evadir la ejecución de una sentencia proferida por un órgano jurisdiccional”. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su representada la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., los derechos al debido proceso, propiedad privada y la que manda que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, consignados en los artículos 90, 103 y 321, respectivamente de nuestra norma fundamental; sentencia respecto de la cual dice que es absurda, arbitraria y antojadiza y sin fundamento legal, y ello lo establece así por las siguientes razones: a) Que en un acto irresponsable, en la referida sentencia se prejuzga al expresarse en la misma “…por lo que el fideicomiso, es un acto meramente mercantil, no puede ser utilizado para evadir la ejecución de una sentencia proferida por un órgano jurisdiccional”; criterio este que dice es un grave error de apreciación, ya que en el caso de autos el fideicomiso fue constituido cuatro (4) años antes de la demanda laboral, amen de que se constituyo el mismo con la intervención estatal, ya que tuvo la comparecencia de FOSEDE como intermediario del Estado de Honduras, avalando así la operación mercantil e incluso por la propia Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); y que en ese orden de ideas tal criterio del Tribunal de Alzada es irresponsable, ilegal y abusivo, provocando inseguridad jurídica al vulnerar el derecho a la propiedad que garantiza nuestra carta magna; b) Que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones en el primer Considerando en su Motivo Segundo, si bien es cierto que hace una relación de la Escritura Publica numero mil ciento treinta y cinco (1135), autorizada en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil seis (2006), por el notario Julio Cesar Melara Hernandez; escritura por la cual los comparecientes decidieron otorgar un Adendum de contrato de Fideicomiso de garantía con el objeto de relacionar la descripción o identidad de los bienes cuya titularidad dominical ha sido traspasada al BANCO DEL PAIS S.A., en su condición de Fiduciario, así como los derechos y acciones derivados de los mismos bienes inmuebles, entre los cuales en el numeral veinte (20), se encuentra descrito el agrupamiento de la Fracción de los lotes números once (11) y doce (12) de los Bloques E de la Lotificación denominada Lomas del Guijarro, inscritos a favor de INVERSIONES PATRIA, S.A. de C.V., bajo el asiento registral numero 15 del Tomo 4737 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, e inscrito el Fideicomiso bajo el numero 84 del Tomo 4909 del Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas; señala el recurrente de amparo que se ha omitido por parte de la Corte de Apelaciones apuntar que el numero y asiento que se describe es el antecedente del dominio, pero que dicho agrupamiento fue traspasado a BANCO DEL PAIS S.A., en la ya referida escritura Publica numero mil ciento treinta y cinco (1135), contentivo del Adendum al Fideicomiso otorgado inscrito bajo matricula Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Tres (352783) asiento dos (2) del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Francisco Morazán; c) Que no comparte los criterios jurídicos del Tribunal de Alzada respecto del Fideicomiso, puesto que no hace una apreciación correcta de tal figura, puesto que al tenor de lo preceptuado en los artículos 1035 y 1036 del Código de Comercio, el fideicomiso implica cesión de derechos o la traslación de dominio y que frente a terceros el fiduciario tendrá la consideración de dueño de los derechos o bienes fiedicometidos; artículos estos que señala el recurrente no fueron relacionados en el fallo dictado; d) Que no comparte los criterios esgrimidos en el cuarto motivo del Primer Considerando, ya el mismo es antojadizo y arbitrario puesto que al tenor de lo señalado por la ley, la consideración de dueño que tiene su representada se fundamenta en que es fiduciario, hecho incontrovertible por cuanto esta debidamente inscrita en los registros correspondientes y e) Cuestiona también el quinto motivo del primer Considerando de la sentencia, ya que a su parecer si bien es cierto que no se discuten los créditos a favor de los trabajadores, también lo es que el caso de autos, el bien inmueble objeto de embargo y prohibición de celebrar actos y contratos es propiedad del BANCO DEL PAIS S.A., por lo que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Trabajo es contario a derecho, ya que con el mismo se pretende arrebatar un inmueble a un tercero, como lo es su representada. CONSIDERANDO (4): Que en términos generales el fideicomiso es un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin licito determinado, encomendando la realización de este fin a una institución fiduciaria; el articulo 1033 del Código de Comercio, lo define como: “...un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen”., en ese sentido entendemos que la obligación del fiduciario consiste siempre en cumplir la misión que se le ha confiado con los bienes, en otras palabras el fiduciario tiene el deber de actuar en beneficio del fideicomitente como si obrase prudencialmente en beneficio propio; en ese orden de ideas el articulo 1035 del citado código señala que: “El fideicomiso implica la cesión de derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario”., y el articulo 1036 preceptúa: “Frente a terceros, el fiduciario tendrá la consideración de dueño de los derechos o bienes fiedicometidos”. CONSIDERANDO (5): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: la Institución bancaria a la que se atribuye el ejercicio de la función de operar como fiduciario, tiene la titularidad dominical de los bienes o derechos cedidos, mientras dure el fideicomiso, por lo que responderá de las gestiones llevadas a cabo como fiduciario, siendo por lo tanto responsable de las mismas aun frente a terceros; en ese orden de ideas, entendemos que la demanda que se interponga en contra del fideicomitente con posterioridad a la constitución del fideicomiso, no puede en manera alguna afectar aquellos bienes que precisamente se encuentran bajo las gestiones del fiduciario, claro esta que también entendemos que una vez finalizada la gestión de fideicomiso, y que los bienes vuelvan a poder del fideicomitente, no se podrá impedir que legalmente pudiesen ser afectados bienes que estuvieron bajo fideicomiso, mientras eso no suceda, esta Sala deja establecido que tales bienes no son afectos, y esto se estima así puesto que de la normativa del Código de Comercio antes citada, entendemos que la institución del fideicomiso implica la cesión de derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario. CONSIDERANDO (6): Que en atención a lo señalado en los acápites anteriores, se estima que la sentencia dictada por el ad-quem en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, no es conforme a derecho, ya que vulnera la garantía del debido proceso preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República; garantía respecto de la cual debemos entender que implica que todos los ciudadanos de este país tenemos el derecho a ser juzgados por jueces y tribunales competentes, con las formalidades derechos y garantías que establecen las leyes. El debido proceso como tal, engloba todo un conjunto de derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa, contradicción y audiencia, derecho a un juez independiente e imparcial, publicidad de las actuaciones procesales y respeto de la cosa juzgada, entre otros. En ese orden de ideas, para que un proceso se considere justo, debe primar ante todo, el respeto absoluto de los derechos anteriormente señalados, por que no hacerlo así, indudablemente concita la vulneración de tal garantía. En el caso subjúdice, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ, en su condición de apoderado legal de los demandantes y revocar la providencia dictada por el a-quo; lo ha hecho desconociendo que al tenor de la normativa del Código de Comercio citada en el iter de este fallo, mientras dure la relación jurídica plasmada en el contrato de fideicomiso, entre el fideicomitente y la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., será esta institución bancaria la que posea la titularidad dominical de los bienes bajo fideicomiso, por lo tanto los mismos no son afectos, hasta en tanto no finalice el mismo. CONSIDERANDO (7): Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que en el caso de autos se ha vulnerado el derecho al debido proceso, siendo procedente otorgar la garantía de amparo impetrada. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1033, 1035, 1036, 1037, 1040, 1053, 1059 y 1060 del Código de Comercio; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, a favor la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A, contra la sentencia emitida en fecha treinta de octubre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha seis de mayo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número 889=12.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL