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Sentencia AL-759-13 — Registro 5316

Resumen

Transacción extrajudicial realizada por las partes sin la homologación por parte de Aquo, con relación a la demanda ordinaria laboral para que patrono pruebe la supuesta justa causa de despido, promovida por impetrante contra institución Bancaria ,dicha transacción como figura legal que permite la terminación extrajudicial de un litigio pendiente; no puede afirmarse ha realizado a cabalidad su labor de homologación del convenio, a la que, como órgano jurisdiccional garante está llamado, el darle legitimidad a una transacción extrajudicial, sin la debida justificación de homologación constituye una infracción al debido proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

En el caso sub examine, se cuestiona la facultad para transigir extrajudicialmente, de un profesional del derecho que si bien había ostentado el poder en el proceso de mérito, había sustituido el mismo. No cabe duda que la prohibición de reasumir el poder, en el caso de la sustitución se refiere a lo interno del proceso en que se ha producido; sin embargo, esta sustitución no puede ser limitante para que, contando con la confianza de quien en su momento le otorgó poder, el mismo profesional del derecho, se encargue de otros asuntos; principalmente en lo relacionado a una facultad especial, como lo es la de transigir, pues al no estar incluida dentro del mandato de poder general, y requerir expresa mención, para que cese con la sustitución, ha de consignarse explícitamente, tal extremo en el acto mismo en que se sustituye. CONSIDERANDO 3: Que (B) que la misma no fue presentada ante autoridad laboral competente para su convalidación, que en este caso es el juzgado que conoce de la causa. Al respecto, Barona Vilar[2] refiere: “En el ejercicio del poder de disposición de las partes cabe también transigir sobre lo que sea objeto del proceso, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Puede distinguirse, a este respecto, dos tipos de transacción: la extraprocesal, sin incidencia en el proceso, y la procesal. Cuando la transacción se produce en relación con el objeto de un proceso pendiente, bien sea por alcanzar un acuerdo, por conciliación, por avenencia, deja de tener sentido el proceso. Es posible que la misma se lleva a cabo de dos formas: bien con presencia judicial, denominándole transacción judicial;…bien sin presencia judicial, pero siendo con posterioridad presentado al tribunal para su homologación. En este caso en particular, tal como lo advierte el ad quem, al presentarse el documento de transacción ante el Juzgado de Letras, se estaba cumpliendo con este requisito, fue el silencio del a quo en cuanto a su convalidación o no, el que primó. Ahora bien, la Corte de Apelaciones, al analizar el recurso de apelación planteado, intenta suplir este vacío indicando en su Considerando (7) que “La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas y tiene una doble naturaleza, pues es tanto un acto procesal como negocio jurídico material. El fin de este acuerdo es alcanzar una solución amistosa para un procedimiento judicial que todavía está pendiente; y es, a través de este acuerdo que se resuelve el litigio y por lo tanto se pierde su litispendencia.” Establece, a su vez, en el considerando siguiente, los términos en que se efectuó la transacción e implantando el criterio de que la misma “debió ser convalidada por el Juzgado por ser un arreglo al que llegaron las partes, por lo cual, -advierte,- no se puede violentar este derecho que tienen las partes de dar por finalizado el litigio.” CONSIDERANDO 4: Que (C) lo acordado en dicha transacción implica renuncia, disminución, restricción o tergiversación de las garantías contempladas en el artículo 128 de nuestra Carta Magna, es el tercer argumento del amparista, el cual precisa comenzar por definir no sólo el concepto, sino el sentido de la homologación. En tal sentido, la homologación al convenio es la aprobación, consentimiento, y/o rectificación del Convenio para su debida eficacia[3] y dentro del proceso, su razón de ser se justifica en que el Juez, en su rol garante de los derechos constitucionales y procesales, verifique la legitimidad del convenio; legitimidad que entre otras cosas atraviesa por la verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que se lleve a cabo, que en el caso de la transacción, lo constituyen: (a)el momento procesal oportuno; (b)la capacidad de disponer de los objetos comprendidos en la transacción; (c)la facultad expresa para transigir de quien efectúa la transacción en nombre de otro; (d)en este caso en particular, al tenor de lo que establece el artículo 2009 del Código Civil, al haber terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el conocimiento que las partes hayan tenido de ella, al tiempo de transigir; y, (e) si es de alguna forma limitativo de los derechos laborales fundamentales garantizados constitucionalmente. Verificación ésta que debió realizarse por el a quo al presentársele el documento de transacción por la parte demandada, en la etapa de ejecución del proceso, luego de haber escuchado a las partes en audiencia, pero cuya omisión consta en autos; y aunque intentó ser suplida por el ad quem, en apelación, la resolución de éste se limita al análisis de la transacción como figura legal que permite la terminación extrajudicial de un litigio pendiente; por lo que tampoco puede afirmarse ha realizado a cabalidad su labor de homologación del convenio, a la que, como órgano jurisdiccional garante está llamado. En consecuencia, el darle legitimidad a una transacción extrajudicial, sin la debida justificación de homologación constituye una infracción al derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República; y en tal virtud, procede el otorgamiento del presente amparo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de Junio del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME VASQUEZ DELARCA a favor de el señor MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de julio de dos mil trece, que revocó una resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria laboral con registro Nº 173-11 promovida por el señor MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ contra BANCO DE LOS TRABAJADORES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 128 numeral 4 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) En fecha diecisiete de febrero de dos mil once, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, el Abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, en su condición de Representante Legal de el señor MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ promoviendo demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido de un trabajador contra BANCO DE LOS TRABAJADORES. (Folios 01 al 10 de la primera pieza).2) Que adelantado que fue el procedimiento, en fecha doce de marzo de dos mil trece, el Juzgado de Letras citado, resolvió “… y siendo que la transacción judicial se realizo fuera del conocimiento de este tribunal que conoce la presente causa, la misma no tiene ninguna validez puesto que no se efectuo ante autoridad competente; en consecuencia se RECHAZA la Transacción Extrajudicial, sin desconocer los pagos que se le han efectuado al demandante y que acepta que haber recibido la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (LPS. 6, 173,297.18… se exhorta al apoderado Legal de la parte demandante depositar a este Tribunal el valor de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (LPS.1.537.573.70) para completar el total de la liquidación efectuada por este tribunal que es de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (LPS. 8.813.605.73).” (Folios 266 al 270 de la primera pieza de los antecedentes).3) En fecha diecisiete de julio de dos mil trece, la Corte de Apelaciones citada, conociendo en apelación el auto dictado en fecha doce de marzo de dos mil trece, resolvió: “1.- Declarando con lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REVOCANDO la resolución de fecha doce de marzo de dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial…” (Ver folios 15 al 18 de la segunda pieza de los antecedentes).4) El Abogado JAIME VASQUEZ DELARCA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, reclamando amparo a favor del señor MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ, afirmando que la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de julio del año dos mil trece, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 128 numeral 4 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso la Sala, el diez de enero del año dos mil catorce.5) El cinco de febrero del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el dictamen del Ministerio Público a través del Fiscal ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien fue del parecer porque SE OTORGUE, el presente amparo. ONSIDERANDO 1: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, el peticionario lo relaciona, con la falta de seguimiento en las formalidades para la realización de la transacción en materia laboral; en virtud de que, a su criterio: (a)el representante del trabajador en dicha transacción carecía de poder; (b) la misma no fue realizada ante autoridad laboral competente; y, (c)lo acordado en dicha transacción implica renuncia, disminución, restricción o tergiversación de las garantías contempladas en el artículo 128 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO 2: Que en aras de hacer un análisis pormenorizado nos referiremos individualmente a cada uno de los supuestos menoscabos en las formalidades procesales, señaladas por el amparista. (A) el apoderado que tranzó ya no tenia facultades para transigir por haber sustituido el poder lo que implica que no puede ejercer facultades en nada concerniente a este proceso. Tal y como lo expresa Montero Aroca[1]: “Los requisitos básicos del poder son legalidad y suficiencia. El primero es un requisito absoluto y atiende a que haya sido otorgado conforme a la ley, por lo que puede examinarse sin referencia a un proceso o acto concreto. La suficiencia es requisito relativo y para determinar su concurrencia es preciso relacionar el poder con el proceso o acto determinado para el que pretende usarse.” Y continua expresando que: “Las causas de cese en la representación pueden ser absolutas o relativas; conforme a las primeras el procurador cesará en todas las representaciones que tenga confiadas, mientras que las segundas atienen a una representación concreta.” En nuestro Código Procesal Civil, las causas de cese de la representación se encuentran señaladas en los artículos 85 y 86; siendo una de las causas de cese absoluto en la representación, el de la sustitución del poder, ya que tiene una prohibición expresa de reasumirlo a lo largo del proceso. En el caso sub examine, se cuestiona la facultad para transigir extrajudicialmente, de un profesional del derecho que si bien había ostentado el poder en el proceso de mérito, había sustituido el mismo. No cabe duda que la prohibición de reasumir el poder, en el caso de la sustitución se refiere a lo interno del proceso en que se ha producido; sin embargo, esta sustitución no puede ser limitante para que, contando con la confianza de quien en su momento le otorgó poder, el mismo profesional del derecho, se encargue de otros asuntos; principalmente en lo relacionado a una facultad especial, como lo es la de transigir, pues al no estar incluida dentro del mandato de poder general, y requerir expresa mención, para que cese con la sustitución, ha de consignarse explícitamente, tal extremo en el acto mismo en que se sustituye. CONSIDERANDO 3: Que (B) que la misma no fue presentada ante autoridad laboral competente para su convalidación, que en este caso es el juzgado que conoce de la causa. Al respecto, Barona Vilar[2] refiere: “En el ejercicio del poder de disposición de las partes cabe también transigir sobre lo que sea objeto del proceso, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Puede distinguirse, a este respecto, dos tipos de transacción: la extraprocesal, sin incidencia en el proceso, y la procesal. Cuando la transacción se produce en relación con el objeto de un proceso pendiente, bien sea por alcanzar un acuerdo, por conciliación, por avenencia, deja de tener sentido el proceso. Es posible que la misma se lleva a cabo de dos formas: bien con presencia judicial, denominándole transacción judicial;…bien sin presencia judicial, pero siendo con posterioridad presentado al tribunal para su homologación. En este caso en particular, tal como lo advierte el ad quem, al presentarse el documento de transacción ante el Juzgado de Letras, se estaba cumpliendo con este requisito, fue el silencio del a quo en cuanto a su convalidación o no, el que primó. Ahora bien, la Corte de Apelaciones, al analizar el recurso de apelación planteado, intenta suplir este vacío indicando en su Considerando (7) que “La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas y tiene una doble naturaleza, pues es tanto un acto procesal como negocio jurídico material. El fin de este acuerdo es alcanzar una solución amistosa para un procedimiento judicial que todavía está pendiente; y es, a través de este acuerdo que se resuelve el litigio y por lo tanto se pierde su litispendencia.” Establece, a su vez, en el considerando siguiente, los términos en que se efectuó la transacción e implantando el criterio de que la misma “debió ser convalidada por el Juzgado por ser un arreglo al que llegaron las partes, por lo cual, -advierte,- no se puede violentar este derecho que tienen las partes de dar por finalizado el litigio.” CONSIDERANDO 4: Que (C) lo acordado en dicha transacción implica renuncia, disminución, restricción o tergiversación de las garantías contempladas en el artículo 128 de nuestra Carta Magna, es el tercer argumento del amparista, el cual precisa comenzar por definir no sólo el concepto, sino el sentido de la homologación. En tal sentido, la homologación al convenio es la aprobación, consentimiento, y/o rectificación del Convenio para su debida eficacia[3] y dentro del proceso, su razón de ser se justifica en que el Juez, en su rol garante de los derechos constitucionales y procesales, verifique la legitimidad del convenio; legitimidad que entre otras cosas atraviesa por la verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que se lleve a cabo, que en el caso de la transacción, lo constituyen: (a)el momento procesal oportuno; (b)la capacidad de disponer de los objetos comprendidos en la transacción; (c)la facultad expresa para transigir de quien efectúa la transacción en nombre de otro; (d)en este caso en particular, al tenor de lo que establece el artículo 2009 del Código Civil, al haber terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el conocimiento que las partes hayan tenido de ella, al tiempo de transigir; y, (e) si es de alguna forma limitativo de los derechos laborales fundamentales garantizados constitucionalmente. Verificación ésta que debió realizarse por el a quo al presentársele el documento de transacción por la parte demandada, en la etapa de ejecución del proceso, luego de haber escuchado a las partes en audiencia, pero cuya omisión consta en autos; y aunque intentó ser suplida por el ad quem, en apelación, la resolución de éste se limita al análisis de la transacción como figura legal que permite la terminación extrajudicial de un litigio pendiente; por lo que tampoco puede afirmarse ha realizado a cabalidad su labor de homologación del convenio, a la que, como órgano jurisdiccional garante está llamado. En consecuencia, el darle legitimidad a una transacción extrajudicial, sin la debida justificación de homologación constituye una infracción al derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República; y en tal virtud, procede el otorgamiento del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 128, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 6, 7, 8, 9 numeral 3 literal b, 41 numeral 1, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2000, 2001, 2002, 2009 del Código Civil; 85, 86 del Código Procesal Civil FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME VASQUEZ DELARCA a favor de el señor MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de julio de dos mil trece, que revocó una resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria laboral con registro Nº 173-11 promovida por el señor MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ contra BANCO DE LOS TRABAJADORES. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones antes referida, a efecto de que enmiende la resolución contra la cual se otorga el amparo. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha diez de junio de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en ese Tribunal bajo el número 0759=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Montero Aroca, Juan. El Nuevo Proceso Civil. Obra colectiva. Editorial tirant Lo Blanch. Segunda Edición, Valencia, España. 2001. Páginas 111 y 112.

[2] Barona Vilar, Silvia. Ibíd. Páginas 504 y 505.

[3] http://diccionarios.juridicos.es/