Sentencia AL-1022-12 — Registro 5319
Resumen
Recurso de amparo contra Resolución que confirma denegatoria de la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado y de competencia por razon de la materia,en relación a demanda Laboral de reintegro,despido injustificado, pago de salarios dejados de percibir interpuesta contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(9): Que de las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentario antes aludidas, se colige que las personas naturales que prestan sus servicios en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Régimen del Servicio Civil y la normativa interna de dicha institución, de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación ó de terminación de contratos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y no ante los Tribunales del Trabajo, como lo han hecho los demandantes.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley Constitutiva de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.- CONSIDERANDO: Que si bien es cierto, tanto el Juez A Quo como el Tribunal de Segunda Instancia aciertan al señalar que la Jurisdicción competente para conocer del asunto que nos ocupa, es la Contencioso-Administrativa, no es menos cierto, que la omisión en señalarle al Quejoso, el término de los diez días hábiles antes referido para la interposición de la demanda, constituye una infracción o vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que en atención a las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar el amparo interpuesto, de tal manera que el recurrente, dentro del término de los diez días que le debe conceder el Juez del Trabajo de Primera Instancia, pueda ejercer su derecho a presentar las acciones que le competan ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley Constitutiva de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de Mayo del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce, que confirma una sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSE DAVID VALLECILLO REYES, JOSE ELY PEREZ SANCHEZ, CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MEZA, CESAR ADOLFO SANCHEZ CANALES, JOSE LUIS JACO SANTOS contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, comparecieron ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, los señores JOSE DAVID VALLECILLO REYES, JOSE ELY PEREZ SANCHEZ, CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MEZA, CESAR ADOLFO SANCHEZ CANALES, JOSE LUIS JACO SANTOS contra el ESTADO DE HONDURAS en su condición personal promoviendo demanda Laboral para el reintegro al trabajo, ó a otro puesto de igual categoría con las mismas condiciones de trabajo contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS “DEI”, demanda que se promueve a través de su representante Legal el señor ENRIQUE CASTELLON BUCHARD y en forma solidaria contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA señora ETHEL DERAS ENAMORADO. 2) Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, con relación a la demanda Laboral para el reintegro al trabajo, ó a otro de puesto de igual categoría con las mismas condiciones de trabajo contra el ESTADO DE HONDURAS mediante sentencia resolvió:” PRIMERO: “1)DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPTENCIA DEL TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPONE LA DEMANDA, 2) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE FALTA DE REPRESENTACION LEGAL DEL DEMANDADO.-3) SIN COSTAS.- 4) Del presente fallo interlocutorio procede los recursos legales establecidos por la ley.” (Folios 66 al 72 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil doce, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO en su condición ya indicada FALLÓ:”PRIMERO: Declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ en su calidad de representante judicial del ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia CONFIRMA en su parte dispositiva, la resolución proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en fecha dieciséis (16) de octubre del presente año (2012) en la DEMANDA LABORAL promovida los señores CESAR ADOLFO SANCHEZ CANALES, CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MEZA, JOSE DAVID VALLECILLO REYES, JOSE ELY PEREZ SANCHEZ, JOSE LUIS JACO SANTOS, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS “DEI” a través de su representante Legal, señor ENRIQUE CASTELLON BUCHARD, en forma directa y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal, la Procuradora General de la República, Señora ETHEL DERAS ENAMORADO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución, para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones por despido injustificado, pago de salarios dejados de percibir mas las costas del juicio.- SIN COSTAS, en esta instancia dado el carácter social de las normas del proceso, así como al Procurador Regional del trabajo en Representación del Ministerio Público…” (Folios 09 al 17 de la segunda pieza de los antecedentes).5) La recurrente Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de diciembre del año dos mil doce, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintinueve de mayo del año dos mil doce, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional el día veintitrés de mayo de dos mil trece.6) Que en fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, la Abogada REINA TERESA VALERIO HARRY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien en su dictamen fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (1): Que los señores JOSE DAVID VALLECILLO REYES, JOSE ELY PEREZ SANCHEZ, CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MEZA, CESAR ADOLFO SANCHEZ CANALES, JOSE LUIS JACO SANTOS presentaron demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones por despido directo e injusto, en contra de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).CONSIDERANDO (2): Que la Procuraduría General de la República, en representación del Estado de Honduras, en la audiencia primera de trámite, opuso las excepciones de: 1.- FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDADO alegando que quien tiene la representación legal del Estado es la procuraduría General de la República, en tanto, no se debió haber interpuesto la demanda en contra de la Dirección Ejecutiva de Ingresos , sino que en contra del estado de Honduras, por lo cual no es competente la DEI por carecer de representación. 2.- INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA, alegando que el contrato suscrito por las partes es de naturaleza administrativa, por haberse determinado el tiempo de duración en el mismo, y por haber aceptado el contenido de la cláusula 7, que establece que en caso de conflicto, éstos se dirimirán en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Alegan lo anterior, en vista de que la DEI, sostienen, es un ente desconcentrado del Estado, adscrito a la Secretaría de Finanzas, y por tanto regido por servicio Civil, la demanda debió ser interpuesta ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, peticionando se declaren con lugar las defensas previas opuestas. CONSIDERANDO (3): Que en resolución de fecha 16 de octubre de 2012, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, declaró sin lugar las excepciones antes relacionadas, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2012.CONSIDERANDO (4): Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, la parte demandada interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en su perjuicio la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución, puesto que se le está vedando la posibilidad de que sus pretensiones sean juzgadas por un tribunal competente, y por ende, con arreglo a las formalidades previstas por la ley. CONSIDERANDO (5): Que de conformidad a lo prescrito por el artículo 256 de la Constitución de la República, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores. CONSIDERANDO (6): Que por su parte, el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, exceptúa de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan. CONSIDERANDO (7): Que mediante Decreto Legislativo No. 159-94, se crea la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Artículo
- Créase la Dirección Ejecutiva de Ingresos, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público y dentro de los límites de la presente Ley, con autonomía administrativa, técnica y financiera. (vid. art. 1 de su ley constitutiva).CONSIDERANDO (8): Que de conformidad a lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, “..los órganos desconcentrados son creados por ley, la que determinará su grado de desconcentración y su respectiva competencia, la cual ejercitarán con autonomía técnica-administrativa financiera….. Sin perjuicio de lo que las leyes dispongan, el personal de éstos órganos estará sujeto al Régimen del Servicio Civil….”CONSIDERANDO (9): Que de las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentario antes aludidas, se colige que las personas naturales que prestan sus servicios en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Régimen del Servicio Civil y la normativa interna de dicha institución, de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación ó de terminación de contratos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y no ante los Tribunales del Trabajo, como lo han hecho los demandantes. CONSIDERANDO (10): Que en vista de lo antes argumentado, es procedente otorgar el amparo interpuesto por la Procuraduría General de la República, sin embargo surge una interrogante; ¿Se ha perdido el término para interponer la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una vez declarada CON LUGAR la excepción de incompetencia de Tribunal por razón de la materia, por haberse interpuesto ante los Tribunales del Trabajo? La Sala de lo Constitucional, ha dado solución a este conflicto jurídico, concluyendo que en aras de garantizar el derecho de defensa a los demandantes, la interposición de las excepciones, interrumpe el término dado por la ley para interponer la demanda ante la jurisdicción del trabado, y hace uso de la motivación expuesta en la sentencia recaída en el amparo laboral No. 562-05 fallado el 9 de Agosto de 2006 que literalmente se transcribe: “CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado esta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual se desprende que, si por ejemplo y en tales circunstancias, la demanda se hubiere interpuesto erróneamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando lo correcto era hacerlo ante la Jurisdicción del Trabajo, la interposición de la demanda ante aquella Jurisdicción, pese a ser incompetente produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción correspondiente, permitiendo al demandante, el ejercicio de la acción correspondiente ante el Juzgado de lo Laboral. En este sentido podemos afirmar que, aunque la demanda haya sido presentada ante un órgano jurisdiccional incompetente, es innegable que existe una actividad del titular del derecho, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción. CONSIDERANDO: Que tratándose del supuesto inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código del Trabajo no regula expresamente cual es el efecto que en tales circunstancias pueda tener la declaratoria de incompetencia hecha por los Juzgados de lo Laboral.- CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.- CONSIDERANDO: Que si bien es cierto, tanto el Juez A Quo como el Tribunal de Segunda Instancia aciertan al señalar que la Jurisdicción competente para conocer del asunto que nos ocupa, es la Contencioso-Administrativa, no es menos cierto, que la omisión en señalarle al Quejoso, el término de los diez días hábiles antes referido para la interposición de la demanda, constituye una infracción o vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que en atención a las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar el amparo interpuesto, de tal manera que el recurrente, dentro del término de los diez días que le debe conceder el Juez del Trabajo de Primera Instancia, pueda ejercer su derecho a presentar las acciones que le competan ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.” POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 256, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 17, 19 del Código Civil, 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, 2 No. 2) del Código del Trabajo, 1 de la Ley Constitutiva de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional FALLA: Otorgando el amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en fecha 28 de noviembre de 2012, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha seis de mayo de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en ese Tribunal bajo el número 1022=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL