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Sentencia AC-996-13 — Registro 5309

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó fallo dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar demanda de pago por consignación; Tuvo por hecha debidamente la consignación por parte de la Sociedad Mercantil demandante mediante Cheque Certificado por cantidad determinada a favor de la Municipalidad demandada contra Banco Bac que corresponde al pago de impuestos de determinados años que le adeuda, con el descuento concedido en Decreto No. 231-2011 de la Amnistía Tributaria; La Autoridad recurrida consideró que existen dos procesos diferentes; uno de ejecución forzosa y otro de pago por consignación, lo que podría posibilitar pronunciamientos contradictorios, por lo que revocó el fallo del A-Quo, criterio que comparte el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en base a lo antes expresado, y a efecto de dilucidar si el derecho al debido proceso se ha visto afectado con la resolución del ad quem y con ello, a su vez se haya vulnerado el derecho de defensa; la norma jurídica vigente, a la que estamos sujetos, es la contenida en el artículo 102 del Código Procesal Civil, que en su numeral 5 expresa: “Cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes obedezca a la existencia simultánea de dos o más procesos entre las mismas pares y en relación con la misma pretensión, solamente procederá la excepción de litispendencia. De estimarse la excepción de litispendencia se pondrá fin al proceso o procesos iniciados con posterioridad, con condena en todas la costas causadas en estos últimos.” De esta norma se deduce, que el único alegato admisible ante la existencia de éstos dos procesos, el de ejecución forzosa y el de pago por consignación, únicamente podría haber sido la excepción de litispendencia, que corresponde dilucidar ante el juzgado de primera instancia, al momento de contestar la demanda, con el fin de que se garantice el respeto a los principios que rigen el proceso y que garantizar entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa que hoy se estiman vulnerados por el recurrente. Por lo tanto, la decisión del ad quem, de revocar la admisión de la demanda de pago por consignación, sin que se haya planteado la excepción de litispendencia, imposibilitando que las partes se pronunciaran en torno a ella, se aparta de lo que la norma expresamente determina como el deber ser; y tal y como lo ha manifestado el recurrente, vulnera el derecho de defensa y debido proceso reconocidos constitucionalmente en los artículos 82 y 90; razón por la cual, procede el otorgamiento del presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de Noviembre del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO a favor de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, que declaró con lugar un Recurso de Apelación, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de mayo del año dos mil trece, con relación a la demanda de pago por consignación por la vía del proceso abreviado, promovida por el Abogado LORENZO JUSTINIANO PINEDA RAMIREZ en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V. contra la MUNICIPALIDAD DE CANTARRANA (antes SAN JUAN DE FLORES), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a través de su Representante Legal el Señor FRANCISCO GAITAN AGÜERO en su condición de ALCALDE MUNICIPAL. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LORENZO JUSTINIANO PINEDA RAMIREZ en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., promoviendo demanda de pago por consignación por la vía del proceso abreviado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE CANTARRANA (antes SAN JUAN DE FLORES), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a través de su Representante Legal el Señor FRANCISCO GAITAN AGÜERO en su condición de ALCALDE MUNICIPAL.2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Demanda de pago por consignación por la vía del proceso abreviado presentada por el Abogado LORENZO JUSTINIANO PINEDA RAMIREZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., contra la MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS (antes SAN JUAN DE FLORES), del Departamento de Francisco Morazán, representada por el Señor FRANCISCO GAITAN AGÜERO, en su condición de Alcalde Municipal, por los argumentos esgrimidos en los fundamentos de derecho.- SEGUNDO: TENER por hecha debidamente la Consignación por parte de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., como demandante, mediante Cheque Certificado número 8949620 de fecha veinticinco de enero de dos mil doce, por la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.774,583.60), a favor de la MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS (antes SAN JUAN DE FLORES), del Departamento de Francisco Morazán, representada por el Señor FRANCISCO GAITAN AGÜERO, en su condición de Alcalde Municipal, como demandada, contra BANCO BAC, que corresponden al pago de impuestos por volumen de venta de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 que le adeuda, con el descuento concedido en el Decreto número 231-2011 de la Amnistía Tributaria relacionado.- TERCERO: CON COSTAS.- CUARTO: Queda firme el presente fallo si dentro del plazo de Ley no se interpone Recurso de Apelación en su contra.” (Folios sesenta y tres (63) al sesenta y ocho (68) de la pieza de primera instancia). 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por la Abogada LIDILIA GIRÓN PASTRANA, en su condición de Apoderada Legal de la MUNICIPALIDAD DE CANTARRANA (antes SAN JUAN DE FLORES), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual falló: “1) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN. 2) REVOCA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013). 3) SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA DE PAGO POR CONSIGNACIÓN POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO PROMOVIDA POR EL ABOGADO LORENZO JUSTINIANO PINEDA RAMIREZ EN SU CONDICIÓN DE APODERADO JUDICIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS, ANTES SAN JUAN DE FLORES, FRANCISCO MORAZÁN, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, EL ALCALDE MUNICIPAL, SEÑOR FRANCISCO GAITAN AGÜERO. 4) CON COSTAS PARA LA PARTE DEMANDANTE.” (Folios diez (10) al catorce (14) de la pieza de segunda instancia).4) Que el recurrente Abogado CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil trece, interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis de marzo del año dos mil catorce. CONSIDERANDO 1: Que respecto a los derechos de debido proceso y defensa que considera violentados, el peticionario ha basado su recurso en que “… la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán con sede en esta ciudad, que contraviene, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos por la constitución, al atentar contra el debido proceso a que tiene derecho mi representada a presentar una demanda de pago por consignación. Asimismo se considera violentado el derecho y garantía constitucional establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República que reza: El derecho de defensa es inviolable, con la sentencia recurrida se violenta este principio constitucional al coartarle a mi representada el libre acceso a los tribunales, en vista de que la Corte recurrida deniega a mi representada la demanda de pago por consignación incoada contra la Municipalidad de Cantarranas violentando lo establecido en el Código civil respecto al pago por consignación y el Decreto de amnistía.” CONSIDERANDO 2: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, tal y como se desprende de lo referido en el considerando precedente, el peticionario lo relaciona, con la inviolabilidad del derecho de defensa; derecho individual que se encuentra contemplado en el artículo 82 de nuestra Carta Magna y que en conjunto considera afectados por no permitírsele a su representado, el consignar una cantidad adeudada. CONSIDERANDO 3: Que el punto central discutido en el caso sub-examine, radica en la existencia de dos procesos diferentes: uno de ejecución forzosa y otro de pago por consignación. Por lo que, a efecto de determinar, si en el presente caso se han seguido las formalidades establecidas por la ley, hemos de partir del análisis de compatibilidad de ambos procesos, ante la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, como base de la resolución del ad quem, que revoca la del a quo y cuyo criterio comparte el Ministerio Público en su dictamen. CONSIDERANDO 4: Que en base a lo antes expresado, y a efecto de dilucidar si el derecho al debido proceso se ha visto afectado con la resolución del ad quem y con ello, a su vez se haya vulnerado el derecho de defensa; la norma jurídica vigente, a la que estamos sujetos, es la contenida en el artículo 102 del Código Procesal Civil, que en su numeral 5 expresa: “Cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes obedezca a la existencia simultánea de dos o más procesos entre las mismas pares y en relación con la misma pretensión, solamente procederá la excepción de litispendencia. De estimarse la excepción de litispendencia se pondrá fin al proceso o procesos iniciados con posterioridad, con condena en todas la costas causadas en estos últimos.” De esta norma se deduce, que el único alegato admisible ante la existencia de éstos dos procesos, el de ejecución forzosa y el de pago por consignación, únicamente podría haber sido la excepción de litispendencia, que corresponde dilucidar ante el juzgado de primera instancia, al momento de contestar la demanda, con el fin de que se garantice el respeto a los principios que rigen el proceso y que garantizar entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa que hoy se estiman vulnerados por el recurrente. Por lo tanto, la decisión del ad quem, de revocar la admisión de la demanda de pago por consignación, sin que se haya planteado la excepción de litispendencia, imposibilitando que las partes se pronunciaran en torno a ella, se aparta de lo que la norma expresamente determina como el deber ser; y tal y como lo ha manifestado el recurrente, vulnera el derecho de defensa y debido proceso reconocidos constitucionalmente en los artículos 82 y 90; razón por la cual, procede el otorgamiento del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 82 párrafo primero, 90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 9 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 6, 7, 9 numeral 3 literal b, 41 numeral 1, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 102 del Código Procesal Civil, FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO a favor de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, que declaró con lugar un Recurso de Apelación, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de mayo del año dos mil trece, con relación a la demanda de pago por consignación por la vía del proceso abreviado, promovida por el Abogado LORENZO JUSTINIANO PINEDA RAMIREZ en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V. contra la MUNICIPALIDAD DE CANTARRANA (antes SAN JUAN DE FLORES), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a través de su Representante Legal el Señor FRANCISCO GAITAN AGÜERO en su condición de ALCALDE MUNICIPAL.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones antes referida, para los efectos pertinentes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha once de noviembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 0996=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL