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Sentencia AC-715-14 — Registro 19014

Resumen

En Consulta la sentencia que denegó la Acción de Amparo interpuesta contra el Auto en la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial Hipotecario. Se revoca el fallo porque se le denegó la práctica de un medio de prueba pericial, mismo que se estima serviría para dilucidar las dudas que razonablemente el recurrente ha expresado; en ese orden de ideas la Sala estima que el juez conocedor de la causa no está obligado a conocer o realizar operaciones contables; razón por la cual era pertinente la admisión y practica de tal medio de prueba.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional estima que el razonamiento externado por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, puesto que en el caso de autos efectivamente es en perjuicio del recurrente se ha producido la vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso, conclusión a la que se arriba dado que al señor RAMON OVIDIO NAVARRO, se le ha denegado la práctica de un medio de prueba pericial, mismo que se estima serviría para dilucidar las dudas que razonablemente el recurrente ha expresado; en ese orden de ideas la Sala estima que el juez conocedor de la causa no está obligado a conocer o realizar operaciones contables; razón por la cual era pertinente la admisión y practica de tal medio de prueba, y si bien es cierto pudiera ser que el referido señor no ha sido lo suficientemente claro como para señalar al juzgador cual era la cantidad exigible y cual era la diferencia entre el saldo del acreedor y el saldo reconocido por el deudor, tal falencia no era óbice para la denegatoria de la practica del medio de prueba propuesto; la normativa procesal civil que rige tales asuntos dispone en el articulo 899.2 del Código Procesal Civil, como motivo de oposición a la ejecución el error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado, razón por la cual el ejecutado deviene en acompañar el documento en la que consten los asientos de la cuenta, admitiéndose tal oposición cuando el saldo que arroje sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante; sin embargo se hace la salvedad que en aquellos casos en los que la hipoteca que garantiza el saldo resultante del cierre de cuentas corrientes de operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgadas por entidades financieras en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, si el ejecutado pretende oponer el error en la cantidad exigible, bastará con que el mismo exprese con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad. En ese sentido la Sala estima es menester apuntar que aun y cuando lo dispuesto por el Código Procesal Civil, la jurisprudencia de la Sala ha dejado establecido que en cuanto a la tutela a los derechos del Debido Proceso y Defensa los mismos se deben garantizar en todo momento por parte de los órganos jurisdiccionales, en ese sentido y en este caso concreto mediante la aplicación de los Principios adjetivos contenidos en la norma procesal civil, como ser de Igualdad procesal, Contradicción, Oportunidad, Dispositivo y de Publicidad, por lo que extensivamente en sede constitucional aplicando el principio Pro Homine, en todo lo que favorezca a una parte que se considere agraviada por la restricción de uno o más preceptos fundamentales, siempre y cuando la restricción resulte evidente del estudio de los antecedentes. CONSIDERANDO (7): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional no comparte el fallo externado por Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, y considera procedente la revocatoria de la sentencia venida en consulta.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que el artículo 90 de la Constitución de la República, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principales y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de octubre de dos mil catorce. VISTA: En Consulta la sentencia dictada en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014), por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual denegó la Acción de Amparo interpuesta por el señor RAMON OVIDIO NAVARRO a favor de SI MISMO y de su esposa la señora INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO, contra el Auto dictado en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial Hipotecario promovida por el abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, en su condición de Apoderado Legal de denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (BANCO FICOHSA) contra los Señores RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE e INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil trece (2013), el abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda de Ejecución de Título Extrajudicial Hipotecario en contra de los señores RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE e INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ. 2) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil trece (2013), el abogado RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE, actuando en condición propia y como representante procesal de la señora INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ, se personó ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán y presentó oposición a la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial Hipotecario. (Folios cincuenta y uno (51) y cincuenta al cuatro (54) de la pieza de primera instancia). 3) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), una vez seguido el tramite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó auto mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Desestimar la oposición planteada por la parte ejecutada señores Ramón Ovidio Navarro Duarte e Ingrid Elizabeth Vasquez Díaz, contra la Ejecución Hipotecaria presentada por Banco Financiera Comercial Hondureña Sociedad Anónima (Banco FICOHSA).- SEGUNDO: Mándese a reanudar la ejecución, suspendida por motivos de oposición y ordenado en auto de fecha doce de agosto de dos mil trece.- TERCERO: Mándese a tener bajo reserva los documentos originales presentados por el abogado Ramón Ovidio Navarro Duarte, siendo estos recibos de pago y venta de divisas, así como Libreta de Banco FICOHSA número 763099; por razones de seguridad procesal.- CUARTO: Como lo solicitó el Abogado Navarro Duarte, devuélvase los documentos originales presentados en audiencia, pues ya se encuentran en el expediente de merito fotocopia de los mismos, que corren a folios 78 al 84 y 99 al 111; previo acuse de recibo.- La presente resolución es irrecurrible.” (Folios ciento setenta y siete (177) y ciento setenta y ocho (178) de la pieza de primera instancia). 4) Que en fecha tres (03) de abril del año dos mil catorce (2014), compareció ante de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado RAMON OVIDIO NAVARRO, interponiendo Acción de Amparo a favor de SI MISMO y de su esposa la señora INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO, contra el Auto dictado por el a-quo y que se deja relacionado en el numeral anterior, por considerar que el mismo vulnera lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de de 5) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014), una vez que se hubo seguido el trámite que al efecto determina Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones por mayoría de votos, dictó Sentencia mediante la cual falló: “ÚNICO: Denegando el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.-” (Folios treinta y seis (36) al treinta y ocho (38) de la pieza de amparo). 6) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil catorce (2014), esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, la sentencia dictada en el Recurso de Amparo presentado por el señor RAMON OVIDIO NAVARRO a favor de SI MISMO y de su esposa INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO, ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 68 de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, irán en trámite de consulta obligatoria para ante de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia venida en consulta es la que fuera dictada en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014), por Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se deniega la acción de amparo interpuesta por el señor RAMON OVIDIO NAVARRO, a favor de SI MISMO y de su esposa INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO; el fallo de la referida Corte entre varios aspectos básicamente expone lo siguiente: (Sic) “………SEGUNDO: Que este Tribunal ha podido comprobar que el amparista, al presentar su formalización ante este Tribunal, pretende que se practique prueba pericial, dado que el juez no esta en capacidad de realizar operaciones contables, manifestando que el hecho de no admitirse esta prueba impide una valoración adecuada y por esto se violenta el derecho de defensa y el debido proceso, sin embargo al oponerse no fue lo suficientemente claro, en establecer al juzgado, cual era específicamente la cantidad exigible y cual era la diferencia entre el saldo del acreedor y el saldo reconocido por el deudor, y al no ser capaz de señalar cual es la cantidad pagada al acreedor, dificulta o entorpece el mismo la labor jurisdiccional. Asimismo no presento con la interposición del recurso de amparo, el dictamen pericial del que pretendía hacerse valer, lo que es contrario a lo que disponen los artículos 317 y 318 del Código Procesal Civil, que es la norma aplicable en vista de la derogación del Código de Procedimientos de 1906, tal como se desaprende del articulo 921.1 del Código Procesal Civil; además en primera instancia era imposible la admisión de un peritaje, que efectuara las operaciones contables aludidas por el recurrente, en tanto no se propuso el medio de prueba, y de haberse propuesto, tampoco seria admisible este tipo de pruebas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 900.1 del Código Procesal Civil, por lo que no se ha violentado el derecho de defensa consagrado en la carta magna, pues el mismo recurrente no supo acreditar al a-quo, que existe diferencia en las cuentas de ambas partes, y el juzgador, al emitir su fallo, ha valorado no solo el escrito de oposición también las pruebas presentadas y por ello no se ha infringido el debido proceso…..” CONSIDERANDO (3): Que del estudio de la foliada, así como de la sentencia venida en consulta es menester considerar por parte de esta Sala de lo Constitucional si el fallo dictado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, y mediante la cual se deniega la acción de amparo interpuesta por el señor RAMON OVIDIO NAVARRO, a favor de SI MISMO y de su esposa INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO, esta apegado a derecho. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición, en cuanto que el derecho de defensa se traduce, entre otros, en el derecho de las partes a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada en su contra, que pueda presentar pruebas en su descargo, que manifiesté libremente sus pretensiones y en su caso si lo estima pertinente interponer los recursos respectivos. CONSIDERANDO (5): Que el articulo 90 de la Constitución de la República, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principales y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (6): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional estima que el razonamiento externado por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, puesto que en el caso de autos efectivamente es en perjuicio del recurrente se ha producido la vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso, conclusión a la que se arriba dado que al señor RAMON OVIDIO NAVARRO, se le ha denegado la practica de un medio de prueba pericial, mismo que se estima serviría para dilucidar las dudas que razonablemente el recurrente ha expresado; en ese orden de ideas la Sala estima que el juez conocedor de la causa no esta obligado a conocer o realizar operaciones contables; razón por la cual era pertinente la admisión y practica de tal medio de prueba, y si bien es cierto pudiera ser que el referido señor no ha sido lo suficientemente claro como para señalar al juzgador cual era la cantidad exigible y cual era la diferencia entre el saldo del acreedor y el saldo reconocido por el deudor, tal falencia no era óbice para la denegatoria de la practica del medio de prueba propuesto; la normativa procesal civil que rige tales asuntos dispone en el articulo 899.2 del Código Procesal Civil, como motivo de oposición a la ejecución el error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado, razón por la cual el ejecutado deviene en acompañar el documento en la que consten los asientos de la cuenta, admitiéndose tal oposición cuando el saldo que arroje sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante; sin embargo se hace la salvedad que en aquellos casos en los que la hipoteca que garantiza el saldo resultante del cierre de cuentas corrientes de operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgadas por entidades financieras en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, si el ejecutado pretende oponer el error en la cantidad exigible, bastará con que el mismo exprese con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad. En ese sentido la Sala estima es menester apuntar que aun y cuando lo dispuesto por el Código Procesal Civil, la jurisprudencia de la Sala ha dejado establecido que en cuanto a la tutela a los derechos del Debido Proceso y Defensa los mismos se deben garantizar en todo momento por parte de los órganos jurisdiccionales, en ese sentido y en este caso concreto mediante la aplicación de los Principios adjetivos contenidos en la norma procesal civil, como ser de Igualdad procesal, Contradicción, Oportunidad, Dispositivo y de Publicidad, por lo que extensivamente en sede constitucional aplicando el principio Pro Homine, en todo lo que favorezca a una parte que se considere agraviada por la restricción de uno o más preceptos fundamentales, siempre y cuando la restricción resulte evidente del estudio de los antecedentes. CONSIDERANDO (7): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional no comparte el fallo externado por Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, y considera procedente la revocatoria de la sentencia venida en consulta. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de de ; 8 de de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 10 No. 2) literal a), 46, 63, 68 y 69 de Justicia Constitucional.- FALLA: I.- REVOCANDO la sentencia venida en consulta de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014), emitida por Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, II.- SE OTORGA el recurso de amparo interpuesto por el abogado RAMON OVIDIO NAVARRO, a favor de SI MISMO y de su esposa la señora INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de octubre de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 0715-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL