Sentencia AC-500-13 — Registro 5307
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de nulidad y confirmó Laudo Arbitral dictado por Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que declaró sin lugar excepciones perentorias de terminación de contrato e inexistencia de la obligación reclamada; Declaró sin lugar la sustitución de perito propuesto por considerar no haber causa justa y fue presentada extemporáneamente; Declaró sin lugar la acción promovida por recurrente y absolvió a la demandada del pago de las sumas de dinero reclamadas en el proceso ordinario para el pago de daños e indemnización de perjuicios derivados por la rescisión unilateral e ilegal de tres contratos promovida por recurrente contra Alimentos Concentrados Nacionales S de R L (ALCON) ahora Cargill Honduras S de R L; La Autoridad recurrida consideró la falta de justificación de la sustitución pericial así como su extemporaneidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la lectura de la sentencia que se recurre en esta vía judicial, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha basado su decisión de declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), arguyendo básicamente que respecto de la primera causal invocada por el recurrente, esto es la preceptuada en los numerales 4 y 6 del articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, la misma requiere del requisito que el Tribunal sin fundamento legal alguno prescinda de pruebas solicitadas oportunamente y que en el caso de autos con relación a la prueba pericial a la que hace referencia el recurrente, se ha constatado en autos que la misma fue propuesta en el termino de diez días, termino establecido por el Tribunal arbitral para la proposición de medios de prueba, y que en la continuación de la audiencia de admisión de medios de prueba llevada a cabo el día cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), el referido tribunal resolvió entre otros declarar sin lugar la sustitución de perito propuesto, ello en virtud de que no se nomino causa justa para su sustitución, y respecto de la excusa medica del perito la misma fue presentada extemporáneamente; cita el ad-quem el articulo 62 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que preceptúa que el tribunal arbitral tiene facultad exclusiva para determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas y señala por otro lado que partiendo de los presupuestos que establece el Código Procesal Civil en torno al momento de aportación de dictámenes, la regla general consiste en que las dos partes presenten el dictamen de su perito con el acto inicial de su alegación, y si la parte demandante no ha podido presentar el dictamen escrito con la demanda, habrá tenido que expresar en dicho escrito los dictámenes que quiere aportar, lo que habrá de hacer en cuanto disponga de ellos y en todo caso antes de la audiencia preliminar del juicio ordinario o la audiencia del juicio abreviado..."..."Sigue señalando el ad-quem que fallar en equidad, es cuando los árbitros dictan el laudo, según el sentido común y la equidad, que equivale a justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva, por otro lado arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente, y que la lectura del laudo proferido por el Tribunal arbitral, claramente se observa la normativa legal o fundamentos de derecho en que se baso el tribunal para dictar fallo. Que en cuanto a la nulidad de un laudo arbitral, la única vía legal para atacar el mismo, ha sido concebido como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, mas no como una vía que revise íntegramente la controversia resuelta por el laudo, es por ello que las causales para la nulidad son restringidas, en comparación con las cuestiones que podrían ser planteadas mediante un recurso de apelación o cualquier otra vía, por lo que se considera una limitación que impide al juez entrar y revisar el fondo del asunto..."..."al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y frente a las inquietudes expuestas por el Recurrente contra la resolución dictada por el ad-quem, esta Sala deviene en determinar si efectivamente la decisión del referido Tribunal de declarar sin lugar el recurso nulidad interpuesto contra un laudo arbitral, ha vulnerado o no las garantías constitucionales invocadas, en ese orden de ideas menester es señalar por parte nuestra que la nulidad ha sido concebida como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, ahora bien también entendemos que el mismo no es una vía mediante la cual se revise íntegramente la controversia resuelta por el laudo, es por ello que las causales para la nulidad son restringidas, por lo que se considera una limitación que impide al juez entrar y revisar el fondo del asunto. No obstante lo anterior dentro del rol numerus clausus de causales de nulidad establecidas en el articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, nos encontramos con que el numeral 4) señala como causal de nulidad:...tal causal de nulidad deja claramente establecido la posibilidad de decretar nulidad en los supuestos ahí contemplados respecto de los medios de prueba; en el caso subjúdice el amparista alega que el Tribunal arbitral le ha negado la sustitución de un perito que por razones medicas se justificaba la misma, esto es que el referido Tribunal no ha consentido la sustitución del perito que inicialmente se había propuesto el señor Omar Rosales Erazo quien por padecer un cuadro clínico de cardiopatía no estaba en la capacidad de emitir el dictamen solicitado, razón por la cual se estimo proponer su reemplazo en la misma audiencia de continuación de admisión de medio de prueba; en ese orden de ideas esta Sala estima de recibido los alegatos planteados únicamente respecto de lo anteriormente señalado, y no así de los demás alegatos esgrimidos por el recurrente en esta vía constitucional; en ese orden de ideas es criterio de la Sala que tribunal de segunda instancia, en el uso de las facultades que la ley le concede, y una vez constatado que se han cometido infracciones procesales que llevan como consecuencia la nulidad de parte o todo lo actuado en el tribunal de primera instancia, bien podrá decretarla..."..."es por parte de esta Sala apuntar que constitucionalmente se suscita la vulneración del derecho al debido proceso de manera trascedente cuando la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial, o arbitral en este caso, en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho a la defensa, privándolo de la facultad que le asiste de pedir la sustitución de un perito por razones medicas debidamente justificada, tal negación concita un efectivo y real menoscabo de garantías constitucionales y de Tratados internacionales suscritos por nuestro país; a estos efectos entendemos también que no siempre la vulneración de cualquier norma procesal, trae aparejada la nulidad de actuaciones; constitucionalmente la indefensión que forma parte del derecho al debido proceso, para que sea relevante y determinante para decretar una nulidad de actuaciones, se dará únicamente en aquellos casos cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella..."..."esta Sala en su jurisprudencia, los derechos fundamentales, en este caso la tutela a los derechos de Debido Proceso, Igualdad Procesal, Petición y Defensa que se garantizan por la norma adjetiva, entre otros, mediante la aplicación irrestricta de los Principios adjetivos contenidos en la norma procesal, como ser de Igualdad procesal, Contradicción, Oportunidad, Dispositivo y de Publicidad, deberán interpretarse extensivamente por la Justicia Constitucional, aplicando el principio Pro Homine, en todo lo que favorezca a una parte que se considere agraviada por la restricción de uno o más preceptos fundamentales, siempre y cuando que la restricción resulte evidente del estudio de los antecedentes..."..."esta Sala estima que en el caso subjúdice la resolución del Tribunal ad-quem de declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), no es conforme a derecho, ya que al tenor de los presupuestos que dan lugar a la nulidad contempladas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, la misma si cabía, y ello se explica así, puesto que la nulidad pedida pretende sustentarse básicamente en la inobservancia por parte del Tribunal Arbitral de lo preceptuado en el numeral 4 del articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje..."..."Que al tenor de lo antes señalado en el iter del presente fallo, y en todo caso lo señalado respecto del derecho a un debido proceso invocado por el garantista; es mas que razón suficiente para estimar procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 62 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74, 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de septiembre de dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL, a favor de la sociedad TRANSPORTES HURACAN S.A. contra la sentencia dictada en fecha tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto y confirma el Laudo Arbitral emitido en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012); por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con relación a la Demanda ordinaria por la vía Arbitral promovida por la sociedad TRANSPORTES HURACAN S.A. contra la sociedad mercantil denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALCON) ahora CARGILL HONDURAS S. DE R.L.. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011), compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el abogado RAMON BENJAMIN FLORES CUBAS, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada TRANSPORTES HURACAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitando iniciación de proceso arbitral en Derecho mediante Demanda ordinaria para el Pago de daños e indemnización de perjuicios derivados por la rescisión unilateral e ilegal de tres contratos contra la sociedad mercantil denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES, SOCIEDAD DE RESPONSA-BILIDAD LIMITADA (ALCON) ahora conocida como CARGILL HONDURAS S. DE R.L. representada por el señor JOSE RENE REYES ORELLANA.2) Que en fecha doce (12) de junio de dos mil once (2011), la parte demandada contestó la demanda arbitral interpuesta en su contra, oponiendo a su vez Excepción Perentoria de falta de derecho y legitimación para demandar, presentando en fecha trece de marzo de dos mil doce, aclaración y corrección únicamente en cuanto a la denominación de la excepción interpuesta, siendo la correcta Excepción Perentoria de inexistencia de las obligaciones reclamadas por incumplimiento contractual por parte de TRANSPORTES HURACÁN, S.A. y terminación de contrato conforme los términos estipulados contractualmente por mutuo disenso, fundándose en los mismos hechos expuestos en la contestación de la demanda. (Folios 166 al 189 y 671 al 672 de la primera pieza de antecedentes).3) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, emitió Laudo Arbitral, mismo que en su parte resolutiva expresa lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR las excepciones perentorias de terminación de contrato e inexistencia de la obligación reclamada, opuestas por la demandada.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la demanda promovida por el abogado RAMON BENJAMIN FLORES CUBAS en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada TRANSPORTES HURACAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad está representada por el señor JOSE ANGEL ORDOÑEZ PLANAS, contra la sociedad mercantil ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALCON) S. DE R.L. ahora también conocida como CARGILL HONDURAS S. DE R.L., representada por la abogada BLANCA LIGIA VILLELA, para el pago de la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.7,362,432.85) por concepto de daños, y la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.7,362,432.85) por concepto de indemnización de perjuicios, mas intereses legales y costas del juicio; 3) Absolver a la sociedad demandada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALCON) S. DE R.L. ahora también conocida como CARGILL HONDURAS S. DE R.L., del pago de dichas sumas de dinero reclamadas en este proceso arbitral; 4) SIN COSTAS…” (Folios 2473 al 2502 de la carpeta No. 6).4) Que en fecha treinta(30) de noviembre de dos mil doce (2012), compareció ante el Tribunal Arbitral en referencia, el abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL en su condición de apoderado de la sociedad TRANSPORTES HURACAN S.A., con el fin de interponer recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral emitido por ese Tribunal en fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, en base a las causales de nulidad establecidas en los numerales 4 y 6 del articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, solicitando asimismo remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente.5) Que en fecha tres(3) de mayo de dos mil trece(2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó sentencia mediante la cual declara Sin Lugar el recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce y en consecuencia confirma el Laudo Arbitral recurrido. (Folios 82 al 84 de la segunda pieza de antecedentes). 6) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil trece (2013), el recurrente abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada TRANSPORTES HURACAN S.A., arguyendo para ello que la decisión del ad-quem y que se deja relacionada en el numeral anterior, violenta en perjuicio de su representada la garantía constitucional del Debido Proceso consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República, así como el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En fecha veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada.7) Que en fecha siete (7) de enero de dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el dictamen emitido por el abogado JUAN RAFAEL SOTO AGUILAR, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual es de la opinión porque SE SOBRESEA la acción de amparo de merito. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo preceptuado en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada en fecha tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declara Sin Lugar el recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012) y en consecuencia confirma el mismo, en relación con la demanda ordinaria por la vía Arbitral promovida por la sociedad TRANSPORTES HURACAN S.A. contra la sociedad mercantil denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALCON) ahora CARGILL HONDURAS S. DE R.L.CONSIDERANDO (4): Que el recurrente abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL, actuando a favor de la sociedad TRANSPORTES HURACAN S.A., aduce que la indicada sentencia del Tribunal ad-quem, es violatoria de la garantía constitucional del artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que preceptúa: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; en relación con lo preceptuado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece en el “Artículo 25. Protección Judicial 1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. CONSIDERANDO (5): Que según expone el recurrente de amparo, la resolución dictada por el ad-quem, vulnera en perjuicio de su representada la garantía constitucional invocada; en tanto en cuanto que en el caso de autos el derecho que le asiste a un recurso efectivo, no se cumple únicamente con el hecho de que exista un recurso de nulidad, como tampoco queda cumplido con que al mismo se le de tramite y recaiga una sentencia en el conocimiento de dicho recurso, sino que también debe cumplirse el requisito de que esa sentencia en la que recae el recurso de nulidad sea efectiva, y para que adquiera ese carácter de efectividad dice que el fallo debió haberse pronunciado de manera razonable sobre todos los puntos esgrimidos en el recurso. Señala él impetrante no estar de acuerdo con los razonamientos esgrimidos por el ad-quem en la sentencia que hoy recurre en vía constitucional, ya que sobre la primera causa de nulidad alegada, esto es que no se practico prueba decretada (causa 4 del articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje); la corte de apelaciones ha señalado que el Tribunal arbitral sí motivó ese rechazo, señalando la falta de justificación de la sustitución pericial, así como su extemporaneidad. Aduce el recurrente que respecto de lo anterior que la falta de justificación que señala la referida Corte estaba referida a una enfermedad del perito propuesto y que en ese sentido consta a folio 803 de la pieza de primera instancia, que oportunamente se presento un certificado medico como excusa justificada de que el señor Rosales Erazo se encontraba enfermo de una cardiopatía, medio de prueba que tanto el Tribunal Arbitral como la Corte de Apelaciones no han tomado en cuenta justificándose que el mismo fue presentado extemporáneamente, situación que aduce el recurrente no es cierta, ya que el referido documento fue presentado en la misma audiencia de continuación de admisión de medio de prueba; por lo que estima que no puede llamarse recurso efectivo al hecho de que no se haya considerado una constancia medica como justificación suficiente para cambiar un perito; tampoco dice no estar de acuerdo con el argumento esgrimido por el ad-quem en cuanto que el Tribunal Arbitral tiene la facultad exclusiva de rechazar prueba, dando a entender con ello que el Alzada no puede pronunciarse sobre el particular; entonces se pregunta ¿Por qué existe como causa de nulidad expresamente señalada en la ley?; dice que el superior jerárquico sí tiene la facultad de revisar las causas de la no ejecución de un medio de prueba, por lo que estima que la renuencia de la referida Corte de valorar es negativa e injustificada, tornando con ello inefectivo el recurso de nulidad interpuesto. Sobre la segunda causa de nulidad alegada (causa 6 del artículo 74 de la Ley de conciliación y Arbitraje); el recurrente muestra su disconformidad con los razonamientos del Tribunal de Alzada, cuando el mismo al argumentar su rechazo a esta causa de nulidad, ha razonado de la siguiente manera: (Sic) “De la lectura del laudo proferido por el Tribunal Arbitral, claramente se observa la normativa legal o fundamentos de derecho en que se baso el Tribunal Arbitral para dictar el fallo.”; señala el impetrante que tal apreciación por parte de la Corte recurrida no es mas que una versión moderna para señalar lo siguiente: “La sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho”; formula con la que dice algunos tribunales rechazan un recurso interpuesto, por lo que tal frase se vuelve en un ejemplo paradigmático de un recurso inefectivo; señala que el fallo cuestionado no se ha referido a ninguno de los argumentos argüidos por esa representación en contra del laudo arbitral. Finalmente cita a modo de ilustración, a los juristas españoles Gerardo Ruiz Rico y Maria José Carazo Liébana, en la obra intitulada “El Derecho a la Tutela Jurídica Efectiva”, y mas concretamente sobre lo señalado respecto de la motivación de las sentencias, esto es “El derecho a una resolución fundada en derecho, abarca el derecho a obtener del órgano judicial, en todas y cada una de las instancias, una resolución suficientemente motivada y congruente con la pretensión planteada”; cita también diferentes fallos del Tribunal Constitucional de España referidos a la tutela judicial efectiva, para finalmente concluir que la ausencia de motivación suficiente de la sentencia que se recurre en amparo implica una violación al derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva constitucionalmente garantizados en nuestro país por nuestra carta magna.CONSIDERANDO (6): Que de la lectura de la sentencia que se recurre en esta vía judicial, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha basado su decisión de declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), arguyendo básicamente que respecto de la primera causal invocada por el recurrente, esto es la preceptuada en los numerales 4 y 6 del articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, la misma requiere del requisito que el Tribunal sin fundamento legal alguno prescinda de pruebas solicitadas oportunamente y que en el caso de autos con relación a la prueba pericial a la que hace referencia el recurrente, se ha constatado en autos que la misma fue propuesta en el termino de diez días, termino establecido por el Tribunal arbitral para la proposición de medios de prueba, y que en la continuación de la audiencia de admisión de medios de prueba llevada a cabo el día cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), el referido tribunal resolvió entre otros declarar sin lugar la sustitución de perito propuesto, ello en virtud de que no se nomino causa justa para su sustitución, y respecto de la excusa medica del perito la misma fue presentada extemporáneamente; cita el ad-quem el articulo 62 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que preceptúa que el tribunal arbitral tiene facultad exclusiva para determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas y señala por otro lado que partiendo de los presupuestos que establece el Código Procesal Civil en torno al momento de aportación de dictámenes, la regla general consiste en que las dos partes presenten el dictamen de su perito con el acto inicial de su alegación, y si la parte demandante no ha podido presentar el dictamen escrito con la demanda, habrá tenido que expresar en dicho escrito los dictámenes que quiere aportar, lo que habrá de hacer en cuanto disponga de ellos y en todo caso antes de la audiencia preliminar del juicio ordinario o la audiencia del juicio abreviado. Sigue señalando el ad-quem que fallar en equidad, es cuando los árbitros dictan el laudo, según el sentido común y la equidad, que equivale a justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva, por otro lado arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente, y que la lectura del laudo proferido por el Tribunal arbitral, claramente se observa la normativa legal o fundamentos de derecho en que se baso el tribunal para dictar fallo. Que en cuanto a la nulidad de un laudo arbitral, la única vía legal para atacar el mismo, ha sido concebido como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, mas no como una vía que revise íntegramente la controversia resuelta por el laudo, es por ello que las causales para la nulidad son restringidas, en comparación con las cuestiones que podrían ser planteadas mediante un recurso de apelación o cualquier otra vía, por lo que se considera una limitación que impide al juez entrar y revisar el fondo del asunto. CONSIDERANDO (7): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y frente a las inquietudes expuestas por el Recurrente contra la resolución dictada por el ad-quem, esta Sala deviene en determinar si efectivamente la decisión del referido Tribunal de declarar sin lugar el recurso nulidad interpuesto contra un laudo arbitral, ha vulnerado o no las garantías constitucionales invocadas, en ese orden de ideas menester es señalar por parte nuestra que la nulidad ha sido concebida como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, ahora bien también entendemos que el mismo no es una vía mediante la cual se revise íntegramente la controversia resuelta por el laudo, es por ello que las causales para la nulidad son restringidas, por lo que se considera una limitación que impide al juez entrar y revisar el fondo del asunto. No obstante lo anterior dentro del rol numerus clausus de causales de nulidad establecidas en el articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, nos encontramos con que el numeral 4) señala como causal de nulidad: “Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos, salvo el caso, contemplado en el articulo 62 párrafo quinto de esta ley”; tal causal de nulidad deja claramente establecido la posibilidad de decretar nulidad en los supuestos ahí contemplados respecto de los medios de prueba; en el caso subjúdice el amparista alega que el Tribunal arbitral le ha negado la sustitución de un perito que por razones medicas se justificaba la misma, esto es que el referido Tribunal no ha consentido la sustitución del perito que inicialmente se había propuesto el señor Omar Rosales Erazo quien por padecer un cuadro clínico de cardiopatía no estaba en la capacidad de emitir el dictamen solicitado, razón por la cual se estimo proponer su reemplazo en la misma audiencia de continuación de admisión de medio de prueba; en ese orden de ideas esta Sala estima de recibido los alegatos planteados únicamente respecto de lo anteriormente señalado, y no así de los demás alegatos esgrimidos por el recurrente en esta vía constitucional; en ese orden de ideas es criterio de la Sala que tribunal de segunda instancia, en el uso de las facultades que la ley le concede, y una vez constatado que se han cometido infracciones procesales que llevan como consecuencia la nulidad de parte o todo lo actuado en el tribunal de primera instancia, bien podrá decretarla.CONSIDERANDO (8): Que señalado lo anterior menester es por parte de esta Sala apuntar que constitucionalmente se suscita la vulneración del derecho al debido proceso de manera trascedente cuando la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial, o arbitral en este caso, en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho a la defensa, privándolo de la facultad que le asiste de pedir la sustitución de un perito por razones medicas debidamente justificada, tal negación concita un efectivo y real menoscabo de garantías constitucionales y de Tratados internacionales suscritos por nuestro país; a estos efectos entendemos también que no siempre la vulneración de cualquier norma procesal, trae aparejada la nulidad de actuaciones; constitucionalmente la indefensión que forma parte del derecho al debido proceso, para que sea relevante y determinante para decretar una nulidad de actuaciones, se dará únicamente en aquellos casos cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella.CONSIDERANDO (9): Que conforme lo ha dejado establecido esta Sala en su jurisprudencia, los derechos fundamentales, en este caso la tutela a los derechos de Debido Proceso, Igualdad Procesal, Petición y Defensa que se garantizan por la norma adjetiva, entre otros, mediante la aplicación irrestricta de los Principios adjetivos contenidos en la norma procesal, como ser de Igualdad procesal, Contradicción, Oportunidad, Dispositivo y de Publicidad, deberán interpretarse extensivamente por la Justicia Constitucional, aplicando el principio Pro Homine, en todo lo que favorezca a una parte que se considere agraviada por la restricción de uno o más preceptos fundamentales, siempre y cuando que la restricción resulte evidente del estudio de los antecedentes. CONSIDERANDO (10): Que al tenor de lo anteriormente señalado esta Sala estima que en el caso subjúdice la resolución del Tribunal ad-quem de declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), no es conforme a derecho, ya que al tenor de los presupuestos que dan lugar a la nulidad contempladas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, la misma si cabía, y ello se explica así, puesto que la nulidad pedida pretende sustentarse básicamente en la inobservancia por parte del Tribunal Arbitral de lo preceptuado en el numeral 4 del articulo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo antes señalado en el iter del presente fallo, y en todo caso lo señalado respecto del derecho a un debido proceso invocado por el garantista; es mas que razón suficiente para estimar procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 90, 96, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL, a favor de la sociedad TRANSPORTES HURACAN S.A., contra la sentencia dictada en fecha tres (3) de mayo de dos mil trece(2013), por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha nueve de septiembre de de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 500=13.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL