Sentencia AC-488-13 — Registro 5306
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra fallo dictado por juzgado de primera instancia con relación a solicitud de restitución de derechos conculcados a favor de un menor alumno de la Escuela Internacional Sanpedrana (EIS)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala después de la revisada de la foliada, así como del análisis del fallo que motiva el presente recurso de amparo, estima que el mismo no es conforme a derecho, y ello se estila así puesto que es criterio de este Alto Tribunal que respecto de las instituciones privadas que prestan servicios de educación sus actos no pueden ser sometidos al control correspondiente a través de la jurisdicción ordinaria o Constitucional, sin que previamente se agote la vía administrativa..."..."la Sala estima que en el caso subjúdice, la autoridad que debió dirimir en forma inmediata la cuestión planteada debió haber sido la Secretaria de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, a contrario sensu el haberse actuado ante la Jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia, ha conllevado el riesgo de sustituir indebidamente la instancia estatal competente, por lo que en el caso de autos se ha equivocado la instancia que realmente era competente para dilucidar la controversia suscitada, sin perjuicio de la tutela de los derechos de los niños..."..."sin perjuicio del derecho que le pudiese asistir a la parte denunciante ante una presunta vulneración del derecho educativo por parte del ya referido centro educativo, asunto que tendrá que plantearse ante la instancia administrativa correspondiente, razón por la cual se es del criterio por que se otorgue el recurso de amparo impetrado, en virtud da la vulneración al derecho al debido proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 157 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de marzo del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, a favor de la SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA, contra la sentencia emitida en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de abril de dos mil doce, por el Juzgado de Letras Primero de la Niñez de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Solicitud de Restitución de derechos conculcados a favor del menor ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, alumno del décimo grado de la ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA (EIS) promovida por la abogada KARLA MAYELA RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de julio de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de la Niñez de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la abogada KARLA MAYELA RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Solicitud de Restitución de derechos conculcados a favor del alumno ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ del décimo grado de la ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA (EIS). (Folios 01 al 09 del Tomo IA de la pieza de primera instancia.)2) Que en fecha catorce de septiembre de dos mil once, la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderada legal de la SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA, compareció ante el Juzgado referido a formular reconvención, a fin de condenar a los señores WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA Y PATRICIA JANETH VELASQUEZ MORALES, padres del adolescente ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, por sus acciones y omisiones, para que le restituyan su derecho a la educación. (Folios 301 al 314 del Tomo IB de la pieza de primera instancia.)3) Que en fecha diecisiete de abril de dos mil doce, el a-quo dictó sentencia en la solicitud relacionada, mediante la cual resolvió (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARA Con Lugar la Solicitud de Restitución de derechos relacionada en el preámbulo de esta sentencia SEGUNDO: DECLARA La inmediata RESTITUCIÓN AL DERECHO A SOMETERSE AL SEGUNDO MOMENTO DE RECUPERACION a FAVOR DEL ADOLESCENTE ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ; TERCERO: RESUELVE: ORDENAR a La Escuela Internacional Sampedrana: 1.-Conceder a ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ, el derecho a someterse al segundo momento de recuperación sin ninguna limitación en cuanto al número de clases 2.- Inscribir las calificaciones del alumno ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ, correspondientes al segundo momento de recuperación en los libros correspondientes 3.- Matricular al adolecente ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ, en el ONCEAVO GRADO; 4.- Mantener la beca de estudios en tanto concluya sus estudios. CUARTO: Declara sin lugar la reconvención planteada contra los señores WILFREDO RODRÍGUEZ Y PATRICIA JEANNETTE VELÁSQUEZ. QUINTO: Ordena las siguientes medidas de protección: a) Que ambos padres se sometan a terapias sicológicas a efecto de hacer efectiva la comunicación y confianza entre padres e hijos b) Que el adolescente ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ se someta a terapias sicológicas a efecto de superar el estrés que le ha causado las acciones que originaron esta restitución de derechos. c) Que la Escuela Internacional Sampedrana realice cuantas acciones sean necesarias para promover el estudio, análisis y aplicación de los principios de derecho internacional, de derechos humanos en forma transversal con los de la Convención de los Derechos del Niño, entre su personal técnico docente y administrativo, así como con los alumnos en sus diferentes niveles e) Modificar o implementar otra u otras medidas de protección en interés superior de ANDRÉS EDUARDO RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ si a criterio de esta judicatura las circunstancias que motivan la presente han modificado…… NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.” (Folios 876 al 892 del Tomo II de la pieza de primera instancia.)4) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición indicada, contra la sentencia emitida por el A-quo en fecha diecisiete de abril de dos mil doce, dictó resolución mediante la cual declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada legal de la parte denunciada, y en consecuencia, confirma la sentencia apelada. (Folios 22 al 24 de la segunda pieza de antecedentes).5) Que en fecha veintisiete de junio de dos mil trece, el recurrente abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de la SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, limita el derecho a gozar de un Debido Proceso, de una Tutela judicial efectiva, del derecho de Defensa en juicio y de ser tratado con igualdad ante la Ley, violentándose flagrantemente los derechos que le garantizan los artículos 60, 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. En fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 6) Que el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, se abstuvo de emitir dictamen en el recurso de mérito, en atención a lo estipulado en los artículos 15 y 37 de la Ley del Ministerio Público, por lo que esta Sala mediante auto de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, lo tuvo por abstenido de emitir su dictamen, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la acción de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; y lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en amparo la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se declarara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderada legal de la parte denunciada, contra la sentencia emitida por el a-quo en fecha diecisiete de abril de dos mil doce, y en consecuencia confirma la sentencia apelada, sentencia del ad-quem que en su Motivación Fáctica y Jurídica señala lo siguiente: (Sic.) “El caso que nos ocupa se refiere a las diligencias promovidas por la fiscalía del Ministerio Publico a favor del menor Andrés Eduardo Rodríguez contra la directora del centro educativo Escuela Internacional Sampedrana a fin de que se restituya el derecho a la educación, particularmente se le restituya el derecho a la segunda recuperación y la beca de estudios a la que tiene derecho por beneficio por el trabajo que desempeña su madre en dicha institución y a su vez sea matriculado en el onceavo grado y concluya sus estudios en dicha institución. A tales pretensiones la parte denunciada se opone al manifestar que el menor habiendo realizado la primera recuperación no podía ser sometido a ningún proceso de recuperación lo que consta en reglamentos y resoluciones de la Secretaria de Educación, al haberse quedado en cinco clases no podía ser promovido al onceavo grado, así mismo haber participado en terse eventos de agresión infantil. PRIMERO: En el desarrollo del juicio la parte denunciada alego las excepciones procesales de falta de litis consorcio pasivo y la falta de reclamación administrativa previa, excepciones que este tribunal de apelación considera fueron inadmitidas con el argumento legal correspondiente, en cuanto al litis consorcio pasivo como bien lo señala el a-quo el articulo 157 de la Constitución dela República establece que la Secretaria de Educación controla las instituciones educativas, pero a quien se demanda es a la EIS como persona jurídica, quien debe asumir las consecuencias de sus actos, por cuanto la decisión de fondo a recaer no afecta de manera uniforme a varias personas consideradas en su conjunto, según así lo dispone el articulo 69 del Código Procesal Civil. Respecto del agotamiento de la vía administrativa, la denuncia es dirigida contra autoridades de la EIS, por restricción de derechos, además de ello el Código de la Niñez y Adolescencia en su articulo 39 relativo a los juicios de la restitución de derechos establecen que estos serán breves y sumarios: en lo que respecta a la falta de requisitos internos de la sentencia y error en la apreciación de la prueba, se aprecia de la lectura de la sentencia que si bien la a-quo en su mayoría se limito a la transcripción de fundamentos de derecho, también es cierto que expuso en la sentencia los hechos que a su criterio fueron probados, a los cuales llego de la relación de la prueba evacuada en juicio, teniendo como resultado las disposiciones de la sentencia. Realmente nos encontramos ante diligencias para la restitución de derechos de un menor, teniendo como objetivo primordial la protección integral de los niños, lo cual se entiende como el conjunto de medidas encaminadas a proteger a los niños individualmente considerados y los derechos resultantes de las relaciones que mantengan entre si con los adultos, es por ello que la actividad procesal va encaminada a probar los hechos denunciados sin olvidar que en materia de de menores lo que prima es el interés superior del niño, sin perjuicio por supuesto del derecho de defensa de la parte denunciada, el cual ha sido respetado a lo largo del proceso únicamente que el elenco probatorio no le pareció suficiente a la juez para desvanecer los hechos denunciados o contrarrestar los hechos. De los hechos probados establecidos en al sentencia se deduce la credibilidad que le mereció a la juez las pruebas presentadas y evacuadas por la denunciante, que demostraron los hechos denunciados, criterio que este tribunal comparte por las siguientes razones: La Constitución de la República en su articulo 119 se refiere a la obligación del Estado de proteger la infancia, el articulo 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia establece los derechos de los niños en general, el articulo 35 particularmente al derecho a la educación, derecho que fue restringido por la Escuela Internacional Sampedrana al tomar la decisión de no admitir al menor Andrés Eduardo Rodríguez a un segundo momento de recuperación, luego de los exámenes finales reprobó seis asignaturas, suprimiendo la recuperación del segundo momento, así mismo la cancelación de la beca de la cual gozaba el menor aun cuando su madre labora en la escuela, y el cambio de ambiente que decidió la escuela para el menor por tres incidentes suscitados. Según el manual de padres y alumnos de la EIS, con relación a la recuperación en el articulo 54 del manual, establece la forma de recuperación en dos momentos y mediante cursos de recuperación aunado a ello el oficio 011, para centros educativos bilingües que dice: para los demás cursos la primera recuperación debe realizarse la tercera semana de junio, la segunda recuperación se realizara a mas tardar en la segunda semana de agosto, en lo que respecta a la cancelación de la beca, el menor goza de la beca escolar, por laborar su madre en dicha institución educativa, tal como se desprende del contrato de trabajo agregados en autos y finalmente el cambio de ambiente del menor por incidentes suscitados con otros alumnos.- Como podemos observar, el accionar de las autoridades de EIS, para con el menor en referencia con llevan a determinar la restricción de los derechos del menor que Tratados Internacionales y legislación nacional establece según lo alegado al de la educación .SEGUNDO: El interés superior del niño debe ser considerado como un principio jurídico, enunciado en el articulo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obliga a las autoridades tanto publicas como privadas que al momento de tomar una decisión que afecte uno o varios derechos fundamentales del niño deberá procurarse la menor afectación posible al menor, lo primero ante todo es la observancia de los derechos del niño, es por ello que se dice que cualquier reglamento interno o ley educativa están por debajo de los Tratados Internacionales. TERCERO: Si bien el apartado 2 del articulo 29 de la Convención Sobre derechos del Niño establece “Nada de lo dispuesto en el presente articulo o en el articulo 28 se interpretara como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza….”, también es cierto que dicho articulo establece bajo condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del articulo que dice: 1. Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los principios consagrados en la carta de la Naciones Unidas; c) inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que se a originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida respetable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.-CUARTO: En cuanto al agravio relacionado a la infracción por falta de aplicación del Reglamento General de Educación Media, el articulo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que en la aplicación de las disposiciones relacionadas con la niñez los órganos competentes se ajustaran a la jerarquía normativa siguiente: 1. Constitución de la República, 2. Los Tratados o Convenios, 3. El presente Código. 4. Código de Familia, 5. Leyes Generales, 6. Los reglamentos de las leyes, etc. QUINTO…..”
CONSIDERANDO: (4) Que según expone el recurrente, la violación de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, en cuanto en tanto la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución dictada por el a-quo, ha desconocido lo siguiente: a) Que la asociación SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS), es una identidad privada sin fines de lucro, la que por delegación del Estado ofrece el servicio de educación en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria, que se rige por la normativa educativa nacional aplicable, que es supervisada, controlada y estimulada por el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación Publica, y que esta autorizada por el Ejecutivo como Centro de Estudio Experimental, mediante Acuerdo ejecutivo numero 1109-EP de fecha veinticinco de febrero de 1977, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación Publica; b) Que su representada al igual que otros centros educativos de carácter privado en el país, al tener el carácter de experimental, esta sujeta a la Resolución numero 0190-SG-08 emitido por la Secretaria de Educación en fecha quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008); resolución mediante la cual se aprobó la escala de evaluación para los alumnos de la referida escuela, a saber: de 01 % a 69% reprobado; de 70% a 79% bueno; de 80% a 90% muy bueno; de 91% a 100% sobresaliente; que el carácter experimental de la Escuela Internacional Sampedrana deriva de lo preceptuado en el articulo 509 del Reglamento General de Educación Media, mediante el cual se autoriza a los centros educativos experimentales para ensayar planes de estudio y programas de enseñanza distintos a los que ya han sido aprobados para los otros establecimientos, e igualmente podrán poner en practica nuevos métodos y procedimientos de enseñanza y nuevas formas de organización y de evaluación escolar; por lo que al tenor de la escala de evaluación aprobada para ese centro educativo, es claro que con un índice de 70% el alumno evaluado podrá ser promovido al curso siguiente; c) Que en cumplimiento del articulo 515 del Reglamento General de Educación Media la asociación SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS), tiene un programa de becas para alumnos con excelencia académica que incluye a los hijos de los maestros de la escuela, y que en al caso de merito el alumno Andrés Eduardo Rodríguez Velásquez, por su condición de ser hijo de la maestra de la escuela, la señora Patricia Janeth Velásquez Morales, ha venido gozando desde el año 1998 hasta el año lectivo 2010-2011, de una beca completa de estudios por parte de la escuela, ello pese al pobre rendimiento académico del referido alumno; d) Que la ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA (EIS), en el caso de autos no ha hecho mas que observar lo que contemplan las leyes educativas vigentes, el Reglamento General de Educación Media y las disposiciones adoptadas por la Secretaria de Educación; tal es el caso de lo dispuesto en el Acuerdo numero 4982-SE-06 de fecha veintitrés (23) de noviembre del año 2006, que en su articulo 11 señala “que los alumnos que tuvieran cuatro o mas asignaturas reprobadas durante un año lectivo deberán repetir el grado en el siguiente año lectivo”; en el caso del alumno Andrés Eduardo Rodríguez Velásquez, esté reprobó inicialmente ( durante los cuatro parciales del año lectivo) seis asignaturas aprobando únicamente la asignatura de sociología en la primera recuperación, manteniendo como reprobadas cinco (5) asignaturas: español, idioma extranjero, biología I y II, psicología y matemáticas, en consecuencia de acuerdo con la normativa ya citada y el Manual de Padres y Alumnos de la Escuela Internacional, al referido alumno no se le podía practicar ninguno de los métodos de recuperación aprobados por la Secretaria de Educación, consecuentemente el mismo tiene que repetir su año escolar, siendo entonces aconsejable un cambio de ambiente del mismo a otro centro escolar que le permita al mismo promoverse al siguiente grado con una calificación inferior a la establecida para la Escuela Internacional Sampedrana; e) Que referente al proceso de recuperación en el sistema educativo nacional los alumnos tienen derecho a dos recuperaciones, una de carácter general de todas las materias reprobadas en el año lectivo, a la cual se le llama “recuperación en un primer momento o primera recuperación”; se tiene derecho por parte del alumno a “un segundo momento de recuperación o a un curso de recuperación” según lo elija la institución educativa, en aquellos casos de alumnos que después del primer momento de recuperación resulten con cuatro o menos asignaturas reprobadas; por lo que en el caso del alumno Andrés Eduardo Rodríguez Velásquez, al haber reprobado cinco materias en su primer momento de recuperación, no podía acudir a la escuela de reforzamiento y por lo tanto tenia que repetir su año escolar, ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 260, 261 y 262 del reglamento general de Educación Media; f) Que el alumno Andrés Eduardo Rodríguez Velásquez, no ha observado una buena conducta como alumno de ese centro educativo, al haber cometido faltas muy graves y que han consistido en agresiones físicas a otros alumnos de la escuela, situación que ha provocado que los padres de los alumnos agredidos hayan interpuesto denuncia ante el Ministerio Publico contra el referido alumno por el delito de lesiones; hechos que han provocado que el Consejo General de Profesores haya adoptado la resolución de cambio ambiente escolar y la cancelación de la beca, fundamentándose para ello en lo dispuesto en los artículos 174,175, 176, 177 y 178 del Reglamento General de Educación Media; g) Que en fecha siete de Julio del año dos mil once, la representante del Ministerio Publico, sin agotar el procedimiento administrativo previo, y sin demandar al Estado de Honduras por actos de la Secretaria de Educación Publica, promovió una improcedente demanda solicitando la restitución de derechos conculcados al alumno Andrés Eduardo Rodríguez Velásquez, por lo que posteriormente su representada por vía de reconvención contrademando a los padres del mencionado alumno, como responsables de velar por la educación del mismo, para que le restituyan al mismo el derecho a la educación y la salud, mismos que se han visto vulnerados por sus acciones y omisiones, y en su momento se opuso la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario y la falta de reclamación administrativa previa; mismas que fueron desestimadas por el a-quo.CONSIDERANDO (5): Que la educación forma parte de los derechos fundamentales, entendidos éstos como aquellos derechos subjetivos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad humana.CONSIDERANDO (6): Que el Derecho al Debido Proceso se traduce en forma general como una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, principio de favorabilidad en materia penal, presunción de inocencia, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento ( non bis ídem) y de reforma en perjuicio (no reformatio in pejus), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional.CONSIDERANDO (7):Que esta Sala de lo Constitucional en el caso de merito no puede dejar desapercibido lo siguiente: a) Que la SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS), es una asociación con personería jurídica otorgada mediante acuerdo numero ciento ochenta y uno (181) de fecha diecinueve (19) de julio de mil novecientos cincuenta y seis (1956), autorizada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, la cual se encuentra debidamente inscrita bajo el numero noventa y uno (91) del Tomo cincuenta y seis (56) del Registro de Sentencias del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, cuya finalidad principal es la de operar centros de enseñanza de carácter privado dentro del territorio hondureño y b) Que la referida asociación se rige bajo las leyes educativas vigentes, el Reglamento General de Educación Media y las disposiciones adoptadas por la Secretaria de Educación. CONSIDERANDO (8): Que la Sala después de la revisada de la foliada, así como del análisis del fallo que motiva el presente recurso de amparo, estima que el mismo no es conforme a derecho, y ello se estila así puesto que es criterio de este Alto Tribunal que respecto de las instituciones privadas que prestan servicios de educación sus actos no pueden ser sometidos al control correspondiente a través de la jurisdicción ordinaria o Constitucional, sin que previamente se agote la vía administrativa. CONSIDERANDO (9): Que los sujetos de la justicia constitucional se encuentran delimitados legalmente en el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ahora bien debemos preguntarnos si existe, o puede existir, delegación sin autorización o resolución expresa de autoridad. Por lo que no se puede conceptuar tal delegación, en una forma, si se quiere, presunta; toda vez que ésta no puede inferirse con razón suficiente de un razonamiento abstracto, prescindiendo de la formación de voluntad de la persona jurídica que delega (Llámese Estado), y de la correlación sinalagmática para con la persona natural o jurídica, delegada (Para el caso, una entidad educativa privada). Tal es así que el Artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública establece que las delegaciones que haga el Presidente de la República deben de tomar la forma de Acuerdo. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 166 constitucional concede a las personas naturales o jurídicas el derecho a fundar centros educativos dentro del respeto a la Constitución y la ley, tal enunciado claramente enmarca un derecho constitucional asociado, sin duda alguna, a las diversas formas que, dentro de un Estado de Derecho, puede asumir la realización del derecho a la educación a todos los habitantes. El Estado se ve entonces llamado a autorizar, organizar, dirigir y supervisar la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el nivel superior, exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Educación. Lo anterior se aúna a la atribución de administrar los centros de dicho sistema que sean totalmente financiados con fondos públicos; como queda visto la Constitución en forma explicita reserva al Estado la atribución de autorizar, organizar, dirigir y supervisar la educación en todos los niveles del sistema educativo, mas no la de administrar, la cual reserva para los centros del sistema educativo que sean totalmente financiados con fondos públicos. Ello en consonancia con los imperativos del Estado de Derecho que dirime y protege el derecho a la libertad en todos aquellos ámbitos de la actividad social que no se encuentren delimitados por regulación expresamente contenida en la Constitución y sus leyes, siempre y cuando ese quehacer u omisión no interfiera con los derechos de otros. En ese orden de ideas no podemos inferir que existe en materia educativa privada “una delegación”, por parte del Estado y que la misma es el presupuesto indispensable en que se funda la iniciativa privada en materia educativa, por que ello seria soslayar innecesariamente el derecho constitucional de los particulares a: “… fundar centros educativos dentro del respeto a la Constitución y la ley”, derecho de libertad que se estima inviolable; debiendo limitarse el Estado, a través de la Secretaria de Educación, a la gestión y cumplimiento de las atribuciones que expresamente le confieren la Constitución y las leyes, como corolario de la doble vinculación de la función pública al ordenamiento jurídico constitucional. CONSIDERANDO (11): Que señalado lo anterior la Sala estima que en el caso subjúdice, la autoridad que debió dirimir en forma inmediata la cuestión planteada debió haber sido la Secretaria de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, a contrario sensu el haberse actuado ante la Jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia, ha conllevado el riesgo de sustituir indebidamente la instancia estatal competente, por lo que en el caso de autos se ha equivocado la instancia que realmente era competente para dilucidar la controversia suscitada, sin perjuicio de la tutela de los derechos de los niños. CONSIDERANDO (12): Que sin perjuicio del derecho que le pudiese asistir a la parte denunciante ante una presunta vulneración del derecho educativo por parte del ya referido centro educativo, asunto que tendrá que plantearse ante la instancia administrativa correspondiente, razón por la cual se es del criterio por que se otorgue el recurso de amparo impetrado, en virtud da la vulneración al derecho al debido proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 59, 60, 123, 151, 157 y 166 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 2), 41, 46, 49, 54, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, a favor de la SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA, contra la sentencia emitida en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Y para ser enviada a la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, a efecto de ser agregada a la segunda pieza registrada en ese Tribunal bajo el número 05-12 NIÑEZ, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 0488=13.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL