Sentencia AC-466-13 — Registro 5305
Resumen
Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a ejecución de sentencia definitiva de reivindicatoria de dominio promovida por Transporte Unión Progreseña, S.A. (TUPSA) contra Daniel de Jesús Mendieta Rivera por considerar que es irrecurrible pues no le pone fin al proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala aprecia que la disconformidad del amparista contra el auto jurisdiccional impugnado en amparo ante esta alta sede de justicia constitucional radica en lo fundamentado por el Ad Quem al confirmar el fallo de instancia, el cual en especie DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada VILMA MARIA RAMIREZ MEJIA contra el auto de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil doce (2012), dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, Yoro; por considerar el referido auto de carácter irrecurrible, de conformidad al régimen de admisión del recurso de apelación que prevé el Código Procesal Civil en vigencia. Resulta pertinente, entonces, analizar si en el presente caso existe la infracción a la legalidad procesal alegada y verificar si ésta redunda o no en una violación al derecho constitucional garantizado en el párrafo primero del artículo 82 de la norma primaria de la República, de ser éste el caso..."..."No obstante lo cual no debe pasar desapercibida la desatención del Ad Quem hacia la debida fundamentación que ameritaba declarar de plano la inadmisibilidad a recurso; la cual parte, en efecto, sobre la base de una pretendida irrecurribilidad en apelaciones, pero sin dar a conocer razones de peso, establecidas en coherencia al ordenamiento legal, que fundaren ciertamente la abstención de conocer, en el fondo, la razonabilidad o no del criterio vertido por el Juez A Quo para declarar NO HA LUGAR la solicitud presentada por el Abogado Jose Rafael Deras Pacheco para que se le tuviera por personado en la Ejecución del Titulo Judicial y por presentada a su representada procesal, señora Norma Mendieta como Tercero Perjudicada en un juicio, excluyéndose de la ejecución al personado, en la Ejecución del referido Titulo Judicial; declarando en su lugar, la Corte Ad Quem, que no se debió darle tramite al recurso de apelación tantas veces mencionado, puesto que únicamente procedía implementar el recurso de reposición. Considera esta Sala de lo Constitucional que la fundamentación en mención resulta aparente, por todo lo aquí expresado y, en particular, por incurrir en vicios insalvables desde el punto de vista del debido proceso constitucional..."..."la resolución de apelaciones se fundamenta en que la resolución del A Quo no es susceptible de conocerse en el fondo a través del respectivo recurso de apelación, debido a que se tiene como irrecurrible el auto de la primera instancia, por no ponerle fin al proceso; lo cual se tiene sin duda como una interpretación propia de la jurisdicción, aunque excluyente para con los fundamentos de orden supra legal y constitucional ya referidos, en tanto y en cuanto el auto en mención sí pone fin al proceso en lo relativo a la parte pretendidamente tercerista, la cual se ve así impedida de exponer su derecho y comprometido por ende su derecho de acción, de defensa y en definitiva, a obtener una respuesta fundada en derecho congruente y de fondo, sobre los puntos que constituyen materialmente su petitorio y pretensión procesal; lo cual no constituye, desde luego, vinculación a que tales peticiones o pretensiones sean necesariamente declaradas con lugar por parte de las autoridades jurisdiccionales, aunque si afirmar contundentemente su derecho a que si se decretare la inadmisibilidad, ésta se dictare debidamente fundamentada con equivalencia en cuanto a la carga argumentativa empleada por el Juzgado A Quo para resolver el caso subjudice y, por último; aunque no de menor importancia, con observancia a la expectativa de derecho generada para el justiciable cuando la autoridad jurisdiccional que conoció a su instancia le notifica tiene franqueado el derecho a implementar recursos ordinarios de reposición y apelación, como en efecto ocurre en el presente caso, mientras que en la práctica se hace nugatorio tal aviso, con la resolución definitiva emitida por la Alzada, más aun cuando ésta parte sobre fundamentos equívocos, carentes de sustento procesal, como enunciaciones incompletas de derechos y la advocación a una supuesta continuidad procesal, aunque esta carezca ya de virtualidad alguna para la parte peticionaria..."..."lo que efectivamente ocurre en el presente caso, al vedársele a la parte interesada que se conozca en sede de apelación - recurso inicialmente franqueado a su instancia - la pretensión que ha promovido de ser reconocida como Tercero Perjudicado en un juicio, sin indicársele fundadamente en derecho las razones sobre las que descansa la inadmisión, lo cual resulta toral para el otorgamiento del presente recurso..."..."es de recibo, el alegato de violación en cuanto a lo normativizado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En consecuencia y por todo lo anteriormente expresado, procede el otorgamiento de la presente acción de Amparo, de la cual se ha hecho debido mérito, para el único efecto de reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia a efectos se emita nueva resolución fundada en derecho amplio y suficiente, incardinada a la necesaria implementación de doctrina y unificación de criterios jurídicos sobre la interpretación y aplicación del nuevo Código Procesal Civil, que se requiere de la instancia jurisdiccional especializada acorde con el asunto de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero del dos mil catorce. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RICARDO GERONIMO TICAS LAZO a favor de la Señora NORMA MENDIETA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha catorce de marzo del año dos mil trece, que declaró inadmisible un Recurso de Apelación, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, de fecha veintinueve de junio del año dos mil doce, con relación a la ejecución de una sentencia definitiva reivindicatoria de dominio, promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE UNIÓN PROGRESEÑA S.A. (TUCSA) contra el Señor DANIEL DE JESUS MENDIETA RIVERA.- Estima el Recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil cuatro (2004), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, el Abogado JOSÉ HOMNIDAS FLORES en su condición de Apoderado Legal de la Empresa denominada TRANSPORTES UNIÓN PROGRESEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (TUPSA), a través del Presidente del Consejo de Administración, señor ROBERTO MICHELLETI BAIN promoviendo demanda ordinaria de reivindicación de dominio, declaración de dominio por actos legales del adquirente de buena fe e institución de frutos civiles por irregularidades del actual poseedor; demanda dirigida en contra del señor DANIEL DE JESUS MENDIETA RIVERA, de ese domicilio de la Ciudad de El Progreso. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil siete (2007), dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: “DECLARANDO HA LUGAR LA DEMANDA REIVINDICATORIA DE DOMINIO DE UN INMUEBLE promovida por el Abogado José Homnidas Flores en su condición de Apoderado Legal de la Empresa denominada TRANSPORTES UNIÓN PROGRESEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (TUPSA) en contra de DANIEL DE JESÚS MENDIETA RIVERA. SEGUNDO: CONDENANDO al señor DANIEL DE JESÚS MENDIETA RIVERA a restituir el inmueble objeto del presente juicio a su propietario TRANSPORTES UNIÓN PROGRESEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (TUPSA). TERCERO: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECLAMO por FRUTOS CIVILES dejados de Percibir por la Empresa denominada TRANSPORTES UNIÓN PROGRESEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (TUPSA) hasta por la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS. CUARTO: SIN COSTAS.” (Ver folios doscientos cinco (205) al doscientos siete (207) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, el Abogado JOSÉ HOMNIDAS FLORES en su condición de Apoderado Legal de la Empresa denominada TRANSPORTES UNIÓN PROGRESEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (TUPSA), solicitando la ejecución de la Sentencia Definitiva dictada en el Juicio Ordinario de Reivindicación de Dominio y el Reclamo de Frutos Civiles, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil siete (2007). (Ver folios doscientos veintitrés (223) y doscientos veinticuatro (224) de los antecedentes de primera instancia). 4) Que conociendo de un escrito denominado: “Personamiento como Tercero Perjudicado en un juicio - (…) Que se excluya de la ejecución al personado”, presentado por el Abogado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO en su condición de Apoderado Legal de la Señora NORMA MENDIETA; el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil doce (2012), dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la solicitud presentada por el Abogado Jose Rafael Deras Pacheco para que se le tenga por personado en la Ejecución del Titulo Judicial, en su condición de Apoderado Judicial de la ciudadana Norma Mendieta y que se tenga por presentada NORMA MENIETA (sic.) como UNA TERCERA NO PARTE, en la Ejecución de Titulo Judicial que promovió el Abogado José Homnidas Flores en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad Mercantil denominada Trasporte Unión Progreseña (TUPSA) en contra del ciudadano Daniel de Jesús Mendieta Rivera. SEGUNDO: Tener por acreditado el poder con que actúa el Abogado José Rafael Deras Pacheco y por Delegado el mismo en la Abogada Vilma Maria Ramirez Mejia Miembro Inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 6718 en su condición de Apoderado Judicial de la Norma Mendieta con las facultades a el conferidas. TERCERO: Que contra el presente auto motivado, pondrá interponerse el Recurso de Reposición y Apelación”; resolución que tuvo como fundamento eficiente de actuaciones, entre otras consideraciones, que el Código Procesal Civil, regula la intervención de Terceros, en los procesos de ejecución, aún y cuando estos sean Ejecutantes o Ejecutados, si fuere el caso de que se consideren afectados sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución; sin embargo, que de la documentación presentada por el Abogado José Rafael Deras Pacheco, resulta imposible establecer un Nexo o vinculo Jurídico de Bienes o Derechos, de la señora Norma Mendieta con el inmueble que fue Reivindicado, en tanto que de la misma documentación se desprende, que los derechos reales sobre el inmueble en cuestión fueron traspasados a favor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola mediante una Audiencia de Remate y esta a su vez traspasó esos derechos a otras personas naturales y jurídicas: “… tradiciones que fueron declaradas subsistentes mediante un Fallo dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia”. (Ver folios doscientos treinta (230) al doscientos treinta y dos (232); y doscientos cincuenta y uno (251) al doscientos cincuenta y dos (252) de los antecedentes de primera instancia). 5) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por la Abogada VILMA MARIA RAMIREZ MEJIA en su condición de Apoderada Legal de la Señora NORMA MENDIETA, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil trece (2013), dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada VILMA MARIA RAMIREZ MEJIA en la condición con que actúa. En contra el auto de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil doce, dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, Yoro; por ser un auto irrecurrible.- SEGUNDO: SE CONFIRMA EL MISMO. SIN COSTAS”; resolución que tuvo como fundamento que la norma procesal adjetiva preceptúa que serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la Ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras; pero que en el presente caso el auto en mención se tiene como irrecurrible, ya que el mismo no le pone fin al proceso. Señala la Corte Ad Quem que el Código Procesal Civil prescribe en forma expresa cuales son los autos recurribles y son los que están comprendidos en los artículos: 193.2, 47 a, 51.2, 240.3, 237.4, 376.3, etc. (Sic.), mientras que los que no son recurribles son los que están comprendidos en los artículos 47.2, 53, 57.4, 100.2, 105.2, 134.3, 707 etc. (Sic.); de lo cual se colige que el auto de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil doce (2012), no está comprendido dentro de las resoluciones recurribles en apelación, puesto que el único recurso que procedía contra dicha resolución era el recurso de reposición, el cual se debió interponer en el momento procesal oportuno y que, en consecuencia, debió el Juzgado A Quo inadmitir de plano la apelación del auto tantas veces referido, por lo cual es procedente declarar SIN LUGAR la apelación por ser un auto no recurrible. (Ver folios seis (06) y siete (07) de los antecedentes de segunda instancia). 6) Que el Recurrente Abogado RICARDO GERONIMO TICAS LAZO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de Amparo a favor de la Señora NORMA MENDIETA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil trece (2013), a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha siete (7) de octubre del año dos mil trece (2013). (Ver folios uno (01) al cuatro (04), y catorce (14) al dieciocho (18) de la pieza de amparo). 7) Que con fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil trece (2013), se tuvo por evacuado el traslado concedido al Ministerio Público por intermedio del Agente de Tribunales, Abogado JUAN RAFAEL SOTO AGUILAR, en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo; en virtud de que la Corte sentenciadora ha incurrido en inobservancia de la ley adjetiva aplicable al caso, puesto que ya el artículo 750 del Código Procesal Civil establece: “Podrá intervenir en la ejecución quien, sin ser parte ejecutante o ejecutada según este Código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. La intervención será para la defensa de sus derechos e intereses ejercitando los derechos y posibilidades y quedando sujetos a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico”; por lo cual, no estando apegada a derecho la sentencia venida en amparo, el recurso impetrado debe otorgarse. (Ver folios veintiuno (21) al veinticinco (25) de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al Recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que en la formalización del recurso, el Abogado RICARDO GERÓNIMO TICAS LAZO, en su condición expresada, manifiesta que los preceptos constitucionales que le han sido vulnerado a su representada, señora NORMA MENDIETA; son los siguientes artículos: 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República; los cuales son referentes a los Derechos fundamentales a la inviolabilidad de la defensa, al debido proceso, al principio de legalidad y a la garantía de la propiedad privada, lo cual es desarrollado puntualmente por el Recurrente acorde al siguiente plan argumentativo: 1) En un primer momento, pasa a referir la relación de hechos que motivan el presente recurso, los cuales hacen expresa referencia al antecedente de un juicio entablado por la empresa mercantil denominada TRANSPORTES UNIÓN PROGRESEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA (TUPSA), en contra del señor DANIEL DE JESUS MENDIETA RIVERA, demanda en la cual se obtuvo una sentencia definitiva que causó ejecutoria contra dicho señor, debiendo como consecuencia de la misma restituirse el inmueble objeto de la litis al supuesto propietario. Sigue manifestando el Recurrente que el referido señor vencido en juicio solo es ocupante parcial del inmueble a reivindicarse, por cuanto solo es condómino del mismo, al existir sobre el inmueble otros condueños con derechos debidamente inscritos, como lo es la ciudadana afectada según se demuestra en la oposición formulada, al manifestar que el fallo en referencia pueda ser ejecutado sobre los derechos del referido señor y no sobre los derechos de los demás condueños, que en ningún momento han sido juzgados por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, afectando asimismo la inviolabilidad del derecho a la defensa, pues se pretende ejecutar un fallo, aun cuando la ciudadana afectada opositora no formó parte de la controversia al no haber sido llamada a juicio; violentándose asimismo la garantía constitucional contenida en el artículo 94 de la Constitución de la República en el sentido que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente, lo cual tiene explicación en que la señora NORMA MENDIETA no ha sido demandada ante juez o autoridad competente para la reivindicación de inmueble alguno, consecuentemente no ha recaído sentencia que la condene en juicio reivindicatorio alguno que se haya seguido contra ella, ya que la sentencia cuya ejecución se está intentando fue dictada en juicio reivindicatorio de dominio contra otra persona distinta de la agraviada, lo cual puede analogarse a una pena arbitraria y sin sustento jurídico de conformidad a lo establecido en el referido artículo de la Constitución de la República. 2) Finalmente, considera el garantista que la sentencia cuestionada afecta toralmente el derecho de propiedad consagrado en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, ya que siendo la ciudadana afectada, titular de un derecho de propiedad sobre el inmueble que se trata, resulta amparada en la normativa constitucional citada y por ende, el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución aludía, deviene obligado a reconocer y garantizar dicho derecho, absteniéndose de privar del mismo a la ciudadana afectada sin que exista previamente una resolución fundada en ley, dictada en su contra, por lo que se debió admitir la solicitud como tercero perjudicado y excluir su derecho de la ejecución mencionada; por todo lo cual, solicita se otorgue el amparo interpuesto mandando al Tribunal acusado (Sic.) dicte las medidas necesarias para restituir a la ciudadana afectada al ejercicio de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (4): De los antecedentes del caso, la Sala aprecia que la disconformidad del amparista contra el auto jurisdiccional impugnado en amparo ante esta alta sede de justicia constitucional radica en lo fundamentado por el Ad Quem al confirmar el fallo de instancia, el cual en especie DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada VILMA MARIA RAMIREZ MEJIA contra el auto de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil doce (2012), dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, Yoro; por considerar el referido auto de carácter irrecurrible, de conformidad al régimen de admisión del recurso de apelación que prevé el Código Procesal Civil en vigencia. Resulta pertinente, entonces, analizar si en el presente caso existe la infracción a la legalidad procesal alegada y verificar si ésta redunda o no en una violación al derecho constitucional garantizado en el párrafo primero del artículo 82 de la norma primaria de la República, de ser éste el caso. CONSIDERANDO (5): Se sigue del anterior alegato, que el Recurrente invoca, inter alia, la causación de indefensión para la persona agraviada; lo cual tendría lugar por impedírsele mediante la aludida resolución judicial, efectuar las alegaciones que tuviere a bien en defensa de sus derechos dominicales durante la secuela de actuaciones ha lugar durante la ejecución de la sentencia de fecha catorce (14) de junio del año dos mil siete (2007), agravio netamente constitucional el referido y el cual se relaciona intrínsecamente con el principio derecho del debido proceso. - El Fiscal de la Constitución, por su parte, toma en cuenta al emitir su Dictamen consideraciones jurídicas materiales, pues considera que el referido fallo de alzada inobserva disposiciones legales de carácter imperativo, como es la contenida en el artículo 750 del Código Procesal Civil y según la cual podrá intervenir en la ejecución quien, sin ser parte ejecutante o ejecutada según el Código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución; intervención a realizarse exclusivamente: “… ejercitando los derechos y posibilidades y quedando sujetos a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico”; por lo cual, fue de la opinión que el recurso impetrado debe otorgarse. CONSIDERANDO (6): Que para la Sala de lo Constitucional, resulta de especial consideración el Dictamen de merito, según el cual se haría plausible darle recibo a las consideraciones legales anteriormente expuestas, por resultar atinentes a la situación procesal en que acaece la referida declaratoria de irrecurribilidad por parte del Ad Quem, con la consiguiente inadmisión a trámite del recurso de apelación impetrado; lo cual sin embargo no cabe realizar de forma incondicionada y absoluta, sino que en el marco de las necesarias acotaciones y precisiones conceptuales, mismas que se desarrollaran a continuación en los subsiguientes considerandos. CONSIDERANDO (7): Que se aprecia que las alegaciones efectuadas por el Recurrente, Abogado RICARDO GERÓNIMO TICAS LAZO, se refieren en inicio a aspectos de orden legal, mismas que se constituyen hasta cierto punto en alegaciones de mera legalidad, en tanto y en cuanto pretenden obtener una solución de fondo de parte de esta sede de justicia constitucional al reclamo formulado ante la Alzada por la parte tercerista. No obstante lo cual no debe pasar desapercibida la desatención del Ad Quem hacia la debida fundamentación que ameritaba declarar de plano la inadmisibilidad a recurso; la cual parte, en efecto, sobre la base de una pretendida irrecurribilidad en apelaciones, pero sin dar a conocer razones de peso, establecidas en coherencia al ordenamiento legal, que fundaren ciertamente la abstención de conocer, en el fondo, la razonabilidad o no del criterio vertido por el Juez A Quo para declarar NO HA LUGAR la solicitud presentada por el Abogado Jose Rafael Deras Pacheco para que se le tuviera por personado en la Ejecución del Titulo Judicial y por presentada a su representada procesal, señora Norma Mendieta como Tercero Perjudicada en un juicio, excluyéndose de la ejecución al personado, en la Ejecución del referido Titulo Judicial; declarando en su lugar, la Corte Ad Quem, que no se debió darle tramite al recurso de apelación tantas veces mencionado, puesto que únicamente procedía implementar el recurso de reposición. Considera esta Sala de lo Constitucional que la fundamentación en mención resulta aparente, por todo lo aquí expresado y, en particular, por incurrir en vicios insalvables desde el punto de vista del debido proceso constitucional, los cuales se puntualizan en el infrascrito considerando. CONSIDERANDO (8): Que en primer lugar, la resolución de apelaciones se fundamenta en que la resolución del A Quo no es susceptible de conocerse en el fondo a través del respectivo recurso de apelación, debido a que se tiene como irrecurrible el auto de la primera instancia, por no ponerle fin al proceso; lo cual se tiene sin duda como una interpretación propia de la jurisdicción, aunque excluyente para con los fundamentos de orden supra legal y constitucional ya referidos, en tanto y en cuanto el auto en mención sí pone fin al proceso en lo relativo a la parte pretendidamente tercerista, la cual se ve así impedida de exponer su derecho y comprometido por ende su derecho de acción, de defensa y en definitiva, a obtener una respuesta fundada en derecho congruente y de fondo, sobre los puntos que constituyen materialmente su petitorio y pretensión procesal; lo cual no constituye, desde luego, vinculación a que tales peticiones o pretensiones sean necesariamente declaradas con lugar por parte de las autoridades jurisdiccionales, aunque si afirmar contundentemente su derecho a que si se decretare la inadmisibilidad, ésta se dictare debidamente fundamentada con equivalencia en cuanto a la carga argumentativa empleada por el Juzgado A Quo para resolver el caso subjudice y, por último; aunque no de menor importancia, con observancia a la expectativa de derecho generada para el justiciable cuando la autoridad jurisdiccional que conoció a su instancia le notifica tiene franqueado el derecho a implementar recursos ordinarios de reposición y apelación, como en efecto ocurre en el presente caso, mientras que en la práctica se hace nugatorio tal aviso, con la resolución definitiva emitida por la Alzada, más aun cuando ésta parte sobre fundamentos equívocos, carentes de sustento procesal, como enunciaciones incompletas de derechos y la advocación a una supuesta continuidad procesal, aunque esta carezca ya de virtualidad alguna para la parte peticionaria. CONSIDERANDO (9): Que conforme a la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; lo cual guarda continencia en el primero de los supuestos enunciados con el caso visto para sentencia, puesto que debe restituirse a la parte amparista su derecho a obtener una resolución congruente y de fondo con las pretensiones formuladas y que si bien, la filosofía del nuevo Código Procesal Penal pretende disuadir al Recurrente de que interponga la apelación con fines meramente dilatorios,[1] en aras de conseguir que la decisión de la primera instancia sea la realmente importante y efectiva, esto no obsta para que la decisión de admisibilidad o inadmisibilidad a la pretensión de un tercerista sea correspondida con el necesario deber de fundamentación de la sentencia por parte del órgano jurisdiccional competente. Así las cosas, y según se desprende de continuada jurisprudencia, la existencia de un error judicial, puede ser saneada mediante la adecuada actividad técnico jurídica de la parte interesada, a través de la interposición de los correspondientes mecanismos recursivos que se ofrece a la instancia, de la provisión de remedios que ya precave la teoría de las nulidades, etc.; y que, en definitiva, no incumbe a la jurisdicción constitucional enderezar este tipo de entuertos, salvo la posible trascendencia del mismo hacia aspectos sustantivos del debido proceso,[2] lo que efectivamente ocurre en el presente caso, al vedársele a la parte interesada que se conozca en sede de apelación - recurso inicialmente franqueado a su instancia - la pretensión que ha promovido de ser reconocida como Tercero Perjudicado en un juicio, sin indicársele fundadamente en derecho las razones sobre las que descansa la inadmisión, lo cual resulta toral para el otorgamiento del presente recurso. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo dicho, se reconoce en el reclamo de amparo formulado la trascendencia hacia consideraciones que incumben ya a la esfera de protección constitucional, en orden a asegurar el acceso de la persona que se considera agraviada a ser oída en la etapa de ejecución, asistida de las garantías procesales constitucionales lo cual se traduce en el caso concreto, en que la intervención de parte en esta etapa del proceso, deberá realizarse exclusivamente: “… ejercitando los derechos y posibilidades y quedando sujetos a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico”.[3] CONSIDERANDO (11): Que en cuanto a los otros derechos invocados en la garantía constitucional de amparo (principio de legalidad, derecho a la propiedad privada, a la no confiscación, etc.) resultan éstos inconducentes al ámbito de amparo constitucional, puesto que incumben precisamente al fondo de la materia debatida, aspecto que no entra por ende en la consideración de esta Sala para emitir la tutela de mérito; la cual se limita a garantizar la sustantividad del debido proceso en cuanto al auto impugnado en amparo, sin prejuzgar sobre ninguna materia. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto, es de recibo, el alegato de violación en cuanto a lo normativizado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En consecuencia y por todo lo anteriormente expresado, procede el otorgamiento de la presente acción de Amparo, de la cual se ha hecho debido mérito, para el único efecto de reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia a efectos se emita nueva resolución fundada en derecho amplio y suficiente, incardinada a la necesaria implementación de doctrina y unificación de criterios jurídicos sobre la interpretación y aplicación del nuevo Código Procesal Civil, que se requiere de la instancia jurisdiccional especializada acorde con el asunto de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito para el efecto legal establecido en el Considerando doce (12) de la presente sentencia. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número 466=13.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver: Código Procesal Civil Comentado, Carreras Maraña, Juan Miguel. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras, Documento electrónico de trabajo, 2008, p. 5.
[2] Resulta ilustrativa en este respecto, en derecho comparado, la jurisprudencia constitucional española sobre el principio pro actione, según la cual, éste pierde intensidad en fase de recurso por tratarse de un derecho de libre configuración legal – salvo en materia penal –; por lo cual la inadmisión del recurso en materia civil no se da necesariamente a la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, salvo cuando la inadmisión del recurso se ha dado en forma errónea, arbitraria o irrazonable, lo cual aparece del presente caso. Así, precisan esta línea jurisprudencial las sentencias SSTC 50/1984, 23/1987, 50/1988, 90/1990, 359/1993, 205/2000 del Tribunal Constitucional, según las cuales las decisiones judiciales de inadmisión: “… podrán dar lugar al amparo constitucional cuando la interpretación y aplicación de la norma en que se funden resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, se apoye en una causa legal inexistente, o sea fruto de un error patente”. Ver Montero Aroca, Juan y Flors Matíes, José. Amparo constitucional y proceso civil. Tirant lo Blanch Editores, Valencia, 2008. pp. 80 y 81.
[3] Del ampliamente citado artículo 750 del Código Procesal Civil.