Sentencia AA-975-12 — Registro 5312
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto resolutivo dictado por Juzgado de primera instancia que declaró con lugar la Liquidación de sentencia definitiva que condenó al Estado al pago de valores para varios demandantes en concepto de salarios adeudados conforme al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, en Demanda para que se declare la nulidad de un Acto Administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento como ser la aplicación de dicho Arancel; Acción promovida contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que el apelante se refirió a meras formalidades y no al fondo del debate sobre la cuantía, por lo que tal omisión avalan la liquidación efectuada por el Juez
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"mediante Decreto Número 78-2001 de fecha 29 de junio del 2001, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 29533 de fecha 19 de julio del 2001, el Congreso Nacional de la República, interpretó el Arancel de Honorarios aprobado por los profesionales en Ciencias Agropecuarias y Afines, afiliados al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH) y al Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 28,895 del 19 de junio de 1999, en el sentido de que el mismo constituye un instrumento legal de inmediato y obligatorio cumplimiento, por cuanto el mismo tiene fuerza de ley, al ser aprobado por ambos colegios profesionales mediante asambleas generales extraordinarias número 19 del 18 de julio de 1998 y 01-98 del 19 de septiembre de 1998 respectivamente, facultad que le otorga la ley del mismo Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras, determinando que dicho arancel no necesita por los extremos antes referidos acuerdo del Poder Ejecutivo para su efectividad...."..."esta Sala de lo Constitucional dispuso mediante auto de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, librar comunicación a la Secretaria del Congreso Nacional de la República a efecto de que certificara la fecha en que se ordenó la publicación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo del año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo el número 557-2005, y a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), a efecto de que certificara la fecha y el número del diario oficial La Gaceta en el cual se hizo efectiva la publicación de dicha sentencia, a fin de determinar en cuanto a la aplicación del decreto 78-2001, la precisión y objetividad observada en la conducta procesal tanto de la autoridad recurrida como del A-Quo. CONSIDERANDO (5): Que del informe emitido por la Licenciada Martha Alicia García Casco, como Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), (ver folio número 22 de la pieza de amparo), se constató que en fecha cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, se hizo efectiva la publicación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, cuya copia corre agregada a folios 74 al 80 de la pieza de amparo), sentencia dictada en el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía de excepción interpusiera la Abogada Mirna Jacqueline Raudales Hernández ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, a favor del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y contra el Decreto Legislativo número 78-2001 emitido el uno de junio del año dos mil uno, por el Congreso Nacional de la República y promulgado en el Diario Oficial La Gaceta, el diecinueve de julio del año dos mil uno, mediante el cual se interpreta el Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, sentencia cuya parte dispositiva literalmente dice (sic) “FALLA:: I) Declarar parcialmente con lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición del día 19 de julio de 2001. II) Tener por derogada la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. III) Tener por subsistente la reforma tácita del Artículo 24 literal 1) de la Ley Orgánica de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, efectuada en el Artículo 1 párrafo in fine del Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001,…”..."Que siendo firme la sentencia definitiva dictada por el A-quo en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, al ser confirmada la misma tanto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, así como por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral – Contencioso Administrativo mediante resoluciones de fechas veintisiete de julio del año dos mil nueve y dieciocho de febrero del año dos mil once, que resuelven los recursos de apelación y casación respectivamente, interpuestos por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras; la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN en su condición de Apoderada Legal de los demandantes presentó: a) solicitud de liquidación de sentencia definitiva, donde se establece la minuta detallada de valores que corresponden a cada uno de los demandantes en concepto de salarios adeudados conforme al arancel profesional, décimo tercero mes, décimo cuarto mes y vacaciones por la cantidad SESENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.61,374,762.79), y b) solicitud de ampliación de minuta detallada de valores que corresponden a cada uno de los demandantes en concepto de aportación patronal y personal al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), por la cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.5,451,492.77). (Folios 326 al 329, 334, 335 al 337 y 342 de la pieza de primera instancia)..."..."en cuanto al valor de la cosa juzgada en materia de la garantía específica de Inconstitucionalidad, la Doctrina Legal de la Sala de lo Constitucional,[1] establece que de conformidad a la normativa vigente y aplicable, el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que <<La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. … >>..."..."habiendo establecido la doctrina legal de la Sala que la interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento, implica que los fallos de la Sala o en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, y siendo pertinente pronunciarse concretamente sobre los efectos de la sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 557-2005. Pues si bien el fallo de inconstitucionalidad ya dictado de conformidad a lo previsto por la ley en su artículo 94, no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas, durante la vigencia del decreto impugnado, los efectos ex nunc, de la sentencia emitida si bien tuvieron per se, que haber provocado la inaplicación del decreto declarado inconstitucional, de lo expuesto, resulta evidente que la publicación formal se dio hasta el cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, mediante la transcripción íntegra de la certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, en la cual se declara la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, específicamente al derogar la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. De lo anterior resulta evidente, que en cuanto al primer y definitivo fallo proferido por el A-quo (10/12/2008), la sentencia de inconstitucionalidad no surtió sus efectos debido a la no publicación inmediata de la declaratoria de Inconstitucionalidad por el Congreso Nacional, por lo cual sería discutible la validez del fallo emitido por la Sala, al no cumplirse el requisito formal de ser ordenada su publicación por el Congreso, siendo que esta se produjo hasta el 05/02/2009. No obstante lo anterior, se colige que no existe explicación alguna para la total inobservancia a lo establecido en el fallo de inconstitucionalidad relacionado, en cuanto a las sentencias proferidas tanto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, así como por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral – Contencioso Administrativo mediante sentencias definitivas de fechas veintisiete de julio del año dos mil nueve y dieciocho de febrero del año dos mil once, que resuelven los recursos de apelación y casación respectivamente, interpuestos por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras (De los cuales ya se ha hecho extensa relación); si bien estos dos últimos fallos debido a los efectos de la cosa Juzgada, son ya irrecurribles, no obstante el pronunciamiento que corresponda al fallo reclamado con el presente amparo con respecto a la aplicabilidad de la disposición derogada, contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras..."..."se aprecia del auto de fecha treinta de mayo del año dos mil doce, proferido por el A-quo en el proceso de ejecución, que en el mismo se reconoce plena validez al fallo originario de ese tribunal (10/12/2008), y en cuanto a la sentencia dictada el veintitrés de agosto del año dos mil doce, por la autoridad recurrida (Acto reclamado en amparo), es evidente de su estudio (como ha quedado plasmado en el presente fallo), que el Ad-quem sin hacer ninguna alusión a la sentencia recaída en la acción con registro de este tribunal No. 557-2005, para esa fecha ya publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,830 desde el 5/02/2009, en la cual se declaraba la inaplicabilidad del decreto 78-2001; desconoció los efectos formales erga omnes de la misma, en los cuales se declaró por esta Sala de forma unánime parcialmente con lugar, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el referido decreto y tuvo por derogada la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, teniendo por por subsistente la reforma tácita del Artículo 24 literal 1) de la Ley Orgánica de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, efectuada en el Artículo 1 párrafo in fine del Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001, … . En consecuencia, resulta evidente, que esta publicación en el Diario oficial No. 31,830 del 5 de febrero de 2009, no obstante que debió tener como efecto la inaplicabilidad del Decreto Legislativo número 78-2001, contentivo del Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas, en lo relativo a la demanda Contencioso Administrativo que origina la acción que se resuelve, no fue este el caso, toda vez que tanto las sentencias proferidas por el Ad-quem y la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, a pesar de haberse dictado con posterioridad a la publicación supra relacionada, e igualmente el procedimiento de ejecución indicado, han desconocido los efectos erga omnes y ex nunc del fallo que expulso al decreto 78-2001 de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Por lo cual, y ante la formalidad que entrañaba desde el momento de la publicación del fallo de inconstitucionalidad (5/02/2009), el decreto 78-2001 era inaplicable, y se debió proceder resolviendo en estricto legalidad sobre los derechos subjetivos de las partes en contienda con esta consideración, pues se aplicó lo prescrito bajo una norma sin validez..."..."no obstante reconocer esta Sala que en cuanto a los primeros dos fallos definitivos al ser estos ya firmes, esta consideración en cuanto a su estricta aplicación, no es admisible, toda vez que no obstante el desconocimiento tácito de la declaratoria de inconstitucionalidad del citado arancel se debió a que el mismo no fue invocado en el juicio de marras, no es menos cierto que la norma que en el se contiene está expulsada de nuestro ordenamiento jurídico, por tanto y en cuanto al procedimiento de ejecución al no ser firme, por haberse recurrido el mismo mediando la presente acción, si resulta pertinente un pronunciamiento de la Justicia Constitucional al estarse dictando una sentencia de ejecución y por ende dando efectividad a un fallo de condena, de forma injusta, toda vez que la misma se ha obtenido al amparo de lo prescrito en una norma ya expulsada de nuestro ordenamiento, en tanto y en cuanto se reconoce a la misma rango de ley, por virtud de su inconstitucionalidad, la Justicia Constitucional que no puede, ni debe tolerar esta ilegalidad sin declararla, pues sus fallos de inconstitucionalidad al tenor de su efecto erga omnes deben cumplirse iure et de iure. Además de lo anterior, como “Tutela Efectiva” cuando se interpuso la acción de amparo que se resuelve, la situación jurídica que nos ocupa, no había sido ejecutada, por lo tanto, es aplicable lo que ordena el contenido del articulo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en el sentido que la sentencia de inconstitucionalidad de fecha 28 de marzo del año 2006, resuelta por esta sala y relacionada con el arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas de Honduras, le es aplicable al caso concreto de ejecución del fallo impugnado.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 323 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 324 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 96 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 102 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 102 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MIRIAM SUYAPA LOPEZ LOZANO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, que confirma un auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de mayo de dos mil doce, con relación a la demanda especial contencioso administrativa promovida por los señores HECTOR FERNANDO MONTOYA Y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado, en perjuicio de su representado, los derechos contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, comparecieron ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, los señores HECTOR FERNANDO MONTOYA y OTROS, interponiendo demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento como ser el arancel del profesional de las ciencias agrícolas contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA y GANADERIA (SAG). 2) Que adelantado que fue el procedimiento, en fecha treinta de mayo de dos mil doce, el Juzgado de Letras citado, resolvió PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de Liquidación de una sentencia definitiva presentada por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN en su condición de apoderada legal de HECTOR FERNANDO MONTOYA y OTROS… SEGUNDO: Aprobar la liquidación solicitada en la cantidad de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.66,826,255.56), en concepto de salarios adeudados conforme el Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario así como las vacaciones de HECTOR FERNANDO MONTOYA y OTROS. (Folios 373 al 376 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, la Corte de Apelaciones citada, conociendo en apelación el auto dictado en fecha treinta de mayo de dos mil doce, resolvió: “PRIMERO: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- SEGUNDO: CONFIRMAR el auto venido en apelación de fecha treinta de mayo de dos mil doce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre agregado a folio número trescientos setenta y tres (373) al folio número trescientos setenta y seis (376) de la primera pieza de autos.” (Ver folios 12 al 17 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que la Abogada MIRIAM SUYAPA LOPEZ LOZANO, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de diciembre del año dos mil doce, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de agosto dos de dos mil doce, emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso la Sala, el ocho de abril de dos mil trece. 5) Que el veinticuatro de abril de dos mil trece, se tuvo por evacuado el dictamen del Ministerio Público a través de la Fiscal XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, quien fue del parecer porque no se otorgue, el presente amparo. CONSIDERANDO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada MIRIAN SUYAPA LOPEZ LOZANO se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el auto apelado, por considerar que vulnera las garantías constitucionales que establecen los Artículos 82, 90, 321, 322, 323 y 324 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente manifiesta y esta Sala reconoce como Thema decidendi de la presente acción, el determinar si para la fecha en que el Juzgado de Primera Instancia emitió su sentencia definitiva de fecha diez de Diciembre del año dos mil ocho, al haber esta Sala de lo Constitucional expuesto en sentencias proferidas en los recursos de inconstitucionalidad registrados bajo los expedientes números 268-05 de fecha 19 de abril del 2006, y 557-2005 de fecha 28 de marzo del 2006, contra el Decreto Legislativo número 78-2001, que el Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas no era un cuerpo normativo con rango y con fuerza de ley, puesto que la discusión y aprobación de su contenido no había sido efectuada por el Congreso Nacional de la República, siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la Ley; y haber determinado asimismo, que en diversas ocasiones ha sido del parecer que el Congreso Nacional no ha podido ejercer potestad interpretativa en cuanto no aclara el sentido, alcance o significación de norma alguna, sino que el objeto de la pretendida interpretación contenida en el Decreto Legislativo número 78-2001, es que el Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas, no es una norma con rango o fuerza de ley, sino que es un acto de carácter general emitido por una entidad de derecho público equiparable a la fuerza o efectos que tienen las normas de carácter reglamentario. De lo cual es preciso determinar si efectivamente resulta imposible la ejecución de título judicial de una sentencia fundamentada en el Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas, siendo que el mismo fue declarado inconstitucional por esta Sala, afectando la liquidación admitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mediante auto de fecha treinta de mayo del año dos mil doce y confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante auto de fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, estableciendo la obligación que vincula los funcionarios públicos en cuanto a una ley acusada de inaplicable y por ende sustento de un acto recurrido en amparo por vulnerar el debido Proceso. CONSIDERANDO (3): Que mediante Decreto Número 78-2001 de fecha 29 de junio del 2001, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 29533 de fecha 19 de julio del 2001, el Congreso Nacional de la República, interpretó el Arancel de Honorarios aprobado por los profesionales en Ciencias Agropecuarias y Afines, afiliados al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH) y al Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 28,895 del 19 de junio de 1999, en el sentido de que el mismo constituye un instrumento legal de inmediato y obligatorio cumplimiento, por cuanto el mismo tiene fuerza de ley, al ser aprobado por ambos colegios profesionales mediante asambleas generales extraordinarias número 19 del 18 de julio de 1998 y 01-98 del 19 de septiembre de 1998 respectivamente, facultad que le otorga la ley del mismo Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras, determinando que dicho arancel no necesita por los extremos antes referidos acuerdo del Poder Ejecutivo para su efectividad. (Folios 132 y 133 de la pieza de primera instancia). CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional dispuso mediante auto de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, librar comunicación a la Secretaria del Congreso Nacional de la República a efecto de que certificara la fecha en que se ordenó la publicación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo del año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo el número 557-2005, y a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), a efecto de que certificara la fecha y el número del diario oficial La Gaceta en el cual se hizo efectiva la publicación de dicha sentencia, a fin de determinar en cuanto a la aplicación del decreto 78-2001, la precisión y objetividad observada en la conducta procesal tanto de la autoridad recurrida como del A-Quo. CONSIDERANDO (5): Que del informe emitido por la Licenciada Martha Alicia García Casco, como Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), (ver folio número 22 de la pieza de amparo), se constató que en fecha cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, se hizo efectiva la publicación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, cuya copia corre agregada a folios 74 al 80 de la pieza de amparo), sentencia dictada en el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía de excepción interpusiera la Abogada Mirna Jacqueline Raudales Hernández ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, a favor del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y contra el Decreto Legislativo número 78-2001 emitido el uno de junio del año dos mil uno, por el Congreso Nacional de la República y promulgado en el Diario Oficial La Gaceta, el diecinueve de julio del año dos mil uno, mediante el cual se interpreta el Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, sentencia cuya parte dispositiva literalmente dice (sic) “FALLA: I) Declarar parcialmente con lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición del día 19 de julio de 2001. II) Tener por derogada la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. III) Tener por subsistente la reforma tácita del Artículo 24 literal 1) de la Ley Orgánica de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, efectuada en el Artículo 1 párrafo in fine del Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001,…”. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes se desprende que en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la cual falló declarando con lugar la demanda interpuesta (sic) “por no ajustarse a Derecho los actos Administrativos impugnados consistente en la resolución de fecha 16 de noviembre de 2004 y 3 de febrero de 2005 emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, los cuales declaran sin lugar la solicitud de aplicación del Arancel de Profesionales de las Ciencias Agrícolas .- En consecuencia SE ANULAN TOTALMENTE. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica de los demandantes, y para su pleno restablecimiento condena al ESTADO DE HONDURAS a) APLICACIÓN DEL ARANCEL DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS CONCERNIENTE AL SALARIO QUE DEBERAN DEVENGAR DICHOS PROFESIONALES .- B) PAGO EN FORMA RETROACTIVO A LOS DEMANDANTES EN CONCEPTO DE REAJUSTE SALARIAL QUE LES CORREPONDE desde la fecha de vigencia del ARANCEL DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AFINES DE HONDURAS, APLICANDO EN CADA PERIODO EL SALARIO MINIMO EN ESE MOMENTO VIGENTE.- C) PAGO DE INTERESES DE ACUERDO A LA OPORTUNIDAD DEL DINERO, APLICADOS SOBRE LAS CANTIDADES QUE LOS DEMANDANTES HAN DEJADO DE PERCIBIR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- Siendo imperativo diferir al periodo de ejecución, la determinación especifica de los valores del derecho por este fallo declarado, pues no constan en autos suficientes datos que coadyuven a su liquidación.”. (Folios 244 al 248 de la pieza de primera instancia). CONSIDERANDO (7): Que siendo firme la sentencia definitiva dictada por el A-quo en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, al ser confirmada la misma tanto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, así como por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral – Contencioso Administrativo mediante resoluciones de fechas veintisiete de julio del año dos mil nueve y dieciocho de febrero del año dos mil once, que resuelven los recursos de apelación y casación respectivamente, interpuestos por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras; la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN en su condición de Apoderada Legal de los demandantes presentó: a) solicitud de liquidación de sentencia definitiva, donde se establece la minuta detallada de valores que corresponden a cada uno de los demandantes en concepto de salarios adeudados conforme al arancel profesional, décimo tercero mes, décimo cuarto mes y vacaciones por la cantidad SESENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.61,374,762.79), y b) solicitud de ampliación de minuta detallada de valores que corresponden a cada uno de los demandantes en concepto de aportación patronal y personal al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), por la cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.5,451,492.77). (Folios 326 al 329, 334, 335 al 337 y 342 de la pieza de primera instancia). CONSIDERANDO (8): Que el Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras Abogado Santos Jaime Valladares Sierra, presentó oposición a la solicitud de liquidación y ampliación de minuta, en la que alega que para que el Estado de Honduras pueda cumplir con la obligación a la que fue condenada es preciso tener el respectivo acuerdo ejecutivo que autorice la negociación o allanamiento relativo a las pretensiones de la demandante; a cuyo efecto se celebró la correspondiente audiencia en fecha trece de marzo del año dos mil doce (ver folios 356 y 357 de la pieza de primera instancia), donde se dejó establecido como objeto del proceso la liquidación parcial de la sentencia (sic) “únicamente en cuanto a los dos primeros conceptos de la aplicación del arancel y el pago de la nivelación desde la vigencia del arancel, dejando de fuera el pago de intereses”, habiendo las partes propuesto únicamente prueba documental la cual se tuvo por admitida y evacuada en dicha audiencia. Resolviendo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante auto de fecha treinta de mayo del año dos mil doce (ver folio 373 al 376 de la pieza de primera instancia), que mediante sentencia dictada en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, se dispuso no solo anular el Acto Administrativo impugnado, sino que reconoció la situación jurídica individualizada peticionada, condenando al Estado de Honduras como medida para su pleno restablecimiento aplicar el Arancel de Profesionales de las Ciencias Agrícolas concerniente al salario que deberán devengar dichos profesionales, el pago en forma retroactiva a los demandantes en concepto de reajuste salarial que les corresponde desde la fecha de vigencia del Arancel aplicando en cada periodo el salario mínimo vigente en ese momento y el pago de intereses de acuerdo a la oportunidad de dinero, aplicados sobre las cantidades que los demandantes han dejado de percibir por el incumplimiento de la ley, en concepto de daños y perjuicios, aludiendo que el demandado no se opone al pago expresamente sino que refiere que sólo están a la espera de un acuerdo ejecutivo para proceder al pago; y siendo que se encuentra actualmente firme dicha sentencia, estimó el A-Quo, declarar con lugar la solicitud de liquidación presentada y ordenó aprobar la misma en la cantidad de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.66,826,255.56), en concepto de salarios adeudados conforme al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agricolas, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario así como las vacaciones de los señores HECTOR FERNANDO MONTOYA, MARCO CESAR RIVERA AGUILAR, SANDRA ISABEL ELVIR SANCHEZ, DAVID MAXIMILIANO GOMEZ HERNANDEZ, YOLANDINA LAMBUR VALLE, ALEJANDRO FRANCISCO LOPEZ URQUIA, MARIO RAFAEL RODRIGUEZ FLORES, ENRIQUE NICOLAS BLANCO VALLEJO, ALFREDO ANTONIO GUIFARRO MUNGUIA, MIGUEL ANGEL MEDINA RIVERA, CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ ORDOÑEZ, MIGUEL CLAUDIO BANEGAS RIERA, FABIAN ISAIAS GALO GALO, CARLOS ALBERTO SARMIENTO, ROGER IVAN RODRIGUEZ LOPEZ y el Abogado OLVIN E. RODRIGUEZ en su condición de Apoderado Legal de los señores ROBERTO GUITY LOPEZ, JUAN ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ, BESSY XIOMARA TREJO FIGUEROA, MARIO REINIERI OCHOA MALLORQUIN y JOSE JAVIER MENJIVAR SEVILLA, sin atención a lo dispuesto en la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, el cinco de febrero del año dos mil nueve, que deroga el Decreto Legislativo número 78-2001 en cuanto al otorgamiento de rango de Ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. CONSIDERANDO (9): Que el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras, interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha treinta de mayo del año dos mil doce, dictado por el A-Quo, señalando como agravios que en el auto impugnado se indica que se resuelve el incidente de liquidación de sentencia dándole valor legal a las pretensiones del demandante, constando en autos que su representada jamás ha negado la obligación de cumplir con las resultas de la sentencia definitiva, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto apelado, en virtud que (sic) “los argumentos en que se basa el apelante, el recurso de apelación, se refiere a mera formalidades que no se circunscriben al fondo del debate, como lo es la determinación de la cuantía establecida por el Juzgado A-Quo, por tanto al hacer argumentaciones que se alejan totalmente del fondo del asunto los mismos avalan por omisión la liquidación efectuada por el Juez.”, sin hacer mención a lo dispuesto en la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005; presentando las partes recurso de reposición contra dicha resolución mismos que fueron declarados sin lugar. CONSIDERANDO (10): Que en cuanto al valor de la cosa juzgada en materia de la garantía específica de Inconstitucionalidad, la Doctrina Legal de la Sala de lo Constitucional,[1] establece que de conformidad a la normativa vigente y aplicable, el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que <<La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. … >>. Esta precisión legal emanada del poder constituido, determina Juris et de iure (de pleno derecho) la vía requerida para dar valor de cosa juzgada a las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad. Correspondiendo lógicamente su intención, con la necesidad imperante tanto para el legislador, como para el Juez Constitucional de hacer prevalecer en esencia el principio fundamental en que se sustenta la seguridad jurídica; pues al establecer que las sentencias dictadas en los procesos de control constitucional tienen el valor de cosa juzgada, se les vincula de pleno derecho con una institución procesal, que si bien en su configuración tradicional puede tener dificultades de inserción en algunos procesos constitucionales, al relacionar los efectos de un fallo de inconstitucionalidad con terceros que no han sido parte en el proceso, se justifica por sí misma la designación, por razón que la cosa juzgada supone de derecho y por derecho (Juris et de iure), una respuesta al interés público implícito, brindándole a éste la certeza legal de que el fallo emitido tendrá efectos generales (erga omnes), expulsando a la norma inconstitucional definitivamente de nuestro ordenamiento vigente. En este sentido, la Sala en la doctrina legal citada, siguiendo con el desarrollo de esta fundamentación, considera necesario tener en cuenta igualmente, que los efectos de la cosa juzgada material, serán en todo caso irreversibles en los casos del recurso de inconstitucionalidad, con respecto a la ley específica que ha sido expulsada del ordenamiento nacional, como producto de una sentencia estimatoria, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley impugnada; a este respecto y discurriendo sobre los efectos erga omnes de un fallo de inconstitucionalidad, es necesario igualmente recordar que en esencia, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, como ha quedado ya expuesto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Sala o en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución. CONSIDERANDO (11): Que ante lo expuesto, habiendo establecido la doctrina legal de la Sala que la interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento, implica que los fallos de la Sala o en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, y siendo pertinente pronunciarse concretamente sobre los efectos de la sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 557-2005. Pues si bien el fallo de inconstitucionalidad ya dictado de conformidad a lo previsto por la ley en su artículo 94, no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas, durante la vigencia del decreto impugnado, los efectos ex nunc, de la sentencia emitida si bien tuvieron per se, que haber provocado la inaplicación del decreto declarado inconstitucional, de lo expuesto, resulta evidente que la publicación formal se dio hasta el cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, mediante la transcripción íntegra de la certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, en la cual se declara la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, específicamente al derogar la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. De lo anterior resulta evidente, que en cuanto al primer y definitivo fallo proferido por el A-quo (10/12/2008), la sentencia de inconstitucionalidad no surtió sus efectos debido a la no publicación inmediata de la declaratoria de Inconstitucionalidad por el Congreso Nacional, por lo cual sería discutible la validez del fallo emitido por la Sala, al no cumplirse el requisito formal de ser ordenada su publicación por el Congreso, siendo que esta se produjo hasta el 05/02/2009. No obstante lo anterior, se colige que no existe explicación alguna para la total inobservancia a lo establecido en el fallo de inconstitucionalidad relacionado, en cuanto a las sentencias proferidas tanto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, así como por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral – Contencioso Administrativo mediante sentencias definitivas de fechas veintisiete de julio del año dos mil nueve y dieciocho de febrero del año dos mil once, que resuelven los recursos de apelación y casación respectivamente, interpuestos por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras (De los cuales ya se ha hecho extensa relación); si bien estos dos últimos fallos debido a los efectos de la cosa Juzgada, son ya irrecurribles, no obstante el pronunciamiento que corresponda al fallo reclamado con el presente amparo con respecto a la aplicabilidad de la disposición derogada, contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. CONSIDERANDO (12): Que al tenor de lo hasta aquí expuesto y específicamente en cuanto al proceso de ejecución de estas sentencias, se aprecia del auto de fecha treinta de mayo del año dos mil doce, proferido por el A-quo en el proceso de ejecución, que en el mismo se reconoce plena validez al fallo originario de ese tribunal (10/12/2008), y en cuanto a la sentencia dictada el veintitrés de agosto del año dos mil doce, por la autoridad recurrida (Acto reclamado en amparo), es evidente de su estudio (como ha quedado plasmado en el presente fallo), que el Ad-quem sin hacer ninguna alusión a la sentencia recaída en la acción con registro de este tribunal No. 557-2005, para esa fecha ya publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,830 desde el 5/02/2009, en la cual se declaraba la inaplicabilidad del decreto 78-2001; desconoció los efectos formales erga omnes de la misma, en los cuales se declaró por esta Sala de forma unánime parcialmente con lugar, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el referido decreto y tuvo por derogada la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, teniendo por por subsistente la reforma tácita del Artículo 24 literal 1) de la Ley Orgánica de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, efectuada en el Artículo 1 párrafo in fine del Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001, … . En consecuencia, resulta evidente, que esta publicación en el Diario oficial No. 31,830 del 5 de febrero de 2009, no obstante que debió tener como efecto la inaplicabilidad del Decreto Legislativo número 78-2001, contentivo del Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas, en lo relativo a la demanda Contencioso Administrativo que origina la acción que se resuelve, no fue este el caso, toda vez que tanto las sentencias proferidas por el Ad-quem y la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, a pesar de haberse dictado con posterioridad a la publicación supra relacionada, e igualmente el procedimiento de ejecución indicado, han desconocido los efectos erga omnes y ex nunc del fallo que expulso al decreto 78-2001 de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Por lo cual, y ante la formalidad que entrañaba desde el momento de la publicación del fallo de inconstitucionalidad (5/02/2009), el decreto 78-2001 era inaplicable, y se debió proceder resolviendo en estricto legalidad sobre los derechos subjetivos de las partes en contienda con esta consideración, pues se aplicó lo prescrito bajo una norma sin validez. CONSIDERANDO (13): Que no obstante reconocer esta Sala que en cuanto a los primeros dos fallos definitivos al ser estos ya firmes, esta consideración en cuanto a su estricta aplicación, no es admisible, toda vez que no obstante el desconocimiento tácito de la declaratoria de inconstitucionalidad del citado arancel se debió a que el mismo no fue invocado en el juicio de marras, no es menos cierto que la norma que en el se contiene está expulsada de nuestro ordenamiento jurídico, por tanto y en cuanto al procedimiento de ejecución al no ser firme, por haberse recurrido el mismo mediando la presente acción, si resulta pertinente un pronunciamiento de la Justicia Constitucional al estarse dictando una sentencia de ejecución y por ende dando efectividad a un fallo de condena, de forma injusta, toda vez que la misma se ha obtenido al amparo de lo prescrito en una norma ya expulsada de nuestro ordenamiento, en tanto y en cuanto se reconoce a la misma rango de ley, por virtud de su inconstitucionalidad, la Justicia Constitucional que no puede, ni debe tolerar esta ilegalidad sin declararla, pues sus fallos de inconstitucionalidad al tenor de su efecto erga omnes deben cumplirse iure et de iure. Además de lo anterior, como “Tutela Efectiva” cuando se interpuso la acción de amparo que se resuelve, la situación jurídica que nos ocupa, no había sido ejecutada, por lo tanto, es aplicable lo que ordena el contenido del articulo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en el sentido que la sentencia de inconstitucionalidad de fecha 28 de marzo del año 2006, resuelta por esta sala y relacionada con el arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas de Honduras, le es aplicable al caso concreto de ejecución del fallo impugnado. CONSIDERANDO (14): Que al respecto el dictamen del Ministerio Público, es del parecer, evidentemente actuando bajo una tacita presunción de legalidad del decreto 78-2001, que la sentencia que se conoce en amparo, no es objeto de esta garantía, merced a la gracia que le confiere la cosa juzgada, empero, es evidente que este criterio se funda en el desconocimiento manifiesto del valor cabal que debe ser conferido a la publicación formal que se dio el cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, mediante la transcripción íntegra de la certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, en la cual se declara la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, y se deroga la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras. Por lo cual, si bien de forma atenuada, evidentemente al igual que sucedió con los Tribunales de primera y segunda instancia, se desconoce en su dictamen lo relativo a la declaratoria de inconstitucionalidad emanada de esta Sala de lo Constitucional, siendo manifiestamente irreflexivo el dictamen del ente fiscal, en cuanto a los graves efectos que supone reconocer la aplicabilidad de una norma formalmente expulsada de nuestro ordenamiento legal, en tanto en cuanto se reconoce a la misma rango de ley y como su consecuencia la obligación ilegítima que se impone tanto a la autoridad judicial, como al Estado, respectivamente, de ejecutar y cumplir con la ejecución fundándose en una norma declarada ya inconstitucional, contrariando con ello el contenido esencial de lo establecido por el artículo 323 Constitucional. Ante tal ligereza de criterio jurídico, la Sala, no puede permanecer impávida y compartir el juicio erróneo del ente Fiscal, pues la Justicia Constitucional no desconoce por las razones expuestas, que debe atender en primer lugar a la estricta observancia de la Constitución, siguiendo al efecto las reglas de interpretación establecidas por su propia doctrina legal, según la cual se ha determinado que ante la declaratoria de incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento, implica que los fallos de la Sala o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, por lo cual no se pueden desconocer los efectos erga omnes y la aplicabilidad ex nunc de una sentencia declaratoria de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (15): Que aunado a lo anterior y conforme a la doctrina legal citada,[2] en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano Supremo de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por su propia jurisprudencia, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos, en este caso específico la de una declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, toda vez que los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, para ese tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, pues la anulación de la ley expulsada de nuestro ordenamiento, en este caso el decreto 78-2001, específicamente en tanto en cuanto deroga la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, ha sido declarada con efectos generales y publicada formalmente en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,830 desde el 5 de febrero de 2009, y por tanto el pronunciamiento de la Sala, si bien no debe reiterar su planteamiento sobre un problema constitucional ya resuelto, en el caso de la presente acción de amparo debe dejar claramente establecido la inaplicabilidad del artículo 1 del referido decreto, extremo en el cual se funda el concepto de la violación denunciada con el acto reclamado en amparo, otorgando la acción de mérito e indicando a la autoridad recurrida la conducta precisa a ser cumplida, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución conforme lo establece el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que se ha vulnerado en perjuicio del Estado su derecho a una tutela judicial efectiva, específicamente en lo atinente la inobservancia de la garantía genérica del Debido Proceso y al principio de reserva de ley, mediando la aplicación indebida de lo prescrito en una norma declarada inconstitucional y en estricta consideración al deber de sujeción a la ley que impone a todo funcionario público el artículo 323 de nuestra Constitución, toda vez que reconocer o declarar lo contrario a lo hasta aquí expuesto, sería propiciar que las autoridades de instancia ordinaria incurran en una conducta ilegal al reconocer validez a una norma expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (16): Que si bien la Constitución de la República establece en su artículo 186 la garantía de Revisión para revisar los efectos de la cosa juzgada en cuanto a las sentencias definitivas que recaigan en las materias Penal y Civil, esta garantía específica resulta excluyente de los procedimientos ordinarios en materia laboral y Contencioso Administrativo, para estos efectos, de conformidad al propio texto Constitucional y a los supuestos tasados por los artículos 96 y 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (17): Que ante tal omisión procesal, nuestra jurisprudencia,[3] ha establecido como regla de tutela efectiva, que a la Sala de lo Constitucional le corresponde la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado a través de la interpretación y creación inclusive de la oportuna doctrina legal que haya de vincular a todos los poderes públicos a su estricta observancia, definiendo al efecto y en caso de ambigüedad, tanto los procedimientos subjetivos como objetivos, que sean pertinentes para garantizar la aplicación pro homine del principio de prevalencia del derecho sustancial, cuando sea necesaria la adopción de éste por la Justicia Constitucional, como el método más efectivo para establecer el mecanismo de tutela que sea debido a la parte agraviada, luego de determinada notoriamente una afectación concreta por parte de la autoridad recurrida a los derechos fundamentales que se invoquen como afectados; en tal sentido, las decisiones de la Sala, conforme a lo establecido por la Ley Sobre Justicia Constitucional y su Jurisprudencia, deben orientarse hacía la Garantía Constitucional de tutela más adecuada para su restitución, siempre que ésta haya sido instada en tiempo, y toda vez que la vía Constitucional en apariencia más indicada (tal es el caso de la Revisión), sea nugatoria por razones de su formalidad expresa, para la restitución de los derechos fundamentales requerida, al haberse declarado su violación palmariamente, una vez estudiados los antecedentes respectivos. Que además de lo anterior, el arancel de los ingenieros agrónomos es un acto administrativo de carácter general que al fijar salarios específicos para sus agremiados se excedió atribuyéndose facultades que no le corresponden, ya que las relaciones laborales y la naturaleza del salario conciernen única y exclusivamente al empleador en consenso con el empleado, tomando en consideración normas presupuestarias relativas a la administración publica, lo que genera una lesión al interés directo y legitimo del Estado. CONSIDERANDO (18): Que en cuanto a la responsabilidad en que pudiesen haber incurrido las autoridades legislativas que retardaron la publicación y en su momento las judiciales que desconocieron la validez de un fallo de inconstitucionalidad y su publicación formal en el Diario Oficial la Gaceta, no corresponde a esta autoridad un pronunciamiento concreto. CONSIDERANDO (19): Que al tenor de lo expuesto y como Ratio Decidendi, se estima pertinente en primer lugar: A) Ratificar la jurisprudencia establecida por la Sala en lo atinente a su función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado a través de la interpretación y creación inclusive de la oportuna doctrina legal que haya de vincular a todos los poderes públicos a su estricta observancia, definiendo al efecto y en caso de ambigüedad, tanto los procedimientos subjetivos como objetivos, que sean pertinentes para garantizar la aplicación pro homine del principio de prevalencia del derecho sustancial, cuando sea necesaria la adopción de éste por la Justicia Constitucional, como el método más efectivo para establecer el mecanismo de tutela que sea debido a la parte agraviada, luego de determinada notoriamente una afectación concreta por parte de la autoridad recurrida a los derechos fundamentales que se invoquen como afectados; B) Ratificar asimismo su doctrina legal, en el sentido de declarar que toda interpretación terminante, en la cual se declare por el Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento, implica que los fallos de la Sala o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, por lo cual no se pueden desconocer los efectos erga omnes y la aplicabilidad ex nunc de una sentencia declaratoria de inconstitucionalidad y por ende la expulsión de la norma ordinaria de nuestro ordenamiento jurídico, supone lógicamente su consecuente inaplicabilidad. C) Para efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico Constitucional, en este caso el efecto de una declaratoria de Inconstitucionalidad, sobre los defectos procesales y la aplicación indebida de normas expulsadas del ordenamiento vigente por autoridades judiciales de las instancias ordinarias, sin perjuicio de las responsabilidades en que éstas incurran por tal omisión, declarar asimismo, que en cuanto al procedimiento de ejecución de un fallo obtenido por virtud de una declaratoria de Inconstitucionalidad, resultará necesario un pronunciamiento de la Justicia Constitucional, toda vez que se determine por ésta, que el acto reclamado en amparo lo constituye una sentencia de ejecución dictada mediando la aplicación de una norma derogada o en su caso declarada inconstitucional previo a dictarse la sentencia sujeta a la tutela Constitucional que provee la Garantía Específica de Amparo, y por ende ya expulsada de nuestro ordenamiento jurídico vigente, dando en consecuencia validez y reconocimiento iure et de iure a la norma vigente, o en su caso, pleno reconocimiento a los efectos erga omnes del fallo de inconstitucionalidad que se hubiere dictado. En segundo lugar, se estima pertinente otorgar la presente acción de amparo toda vez que se ha vulnerado en perjuicio del Estado su derecho a una tutela judicial efectiva, específicamente en lo atinente a la inobservancia de la garantía genérica del Debido Proceso y al principio de reserva de ley, mediando la aplicación indebida de lo prescrito en una norma declarada inconstitucional; y para los efectos concretos de que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dicte el fallo que en derecho corresponda en el proceso de ejecución de la sentencia proferida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad el diez de diciembre de dos mil ocho, reconociendo en el fallo de ejecución la inaplicabilidad de su contenido, toda vez que el cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, mediante la transcripción íntegra de la certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, en la cual se declara la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, se dio formal publicidad al referido fallo y se tuvo por derogada la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, teniendo por subsistente la reforma tácita del Artículo 24 literal
- de la Ley Orgánica de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, efectuada en el Artículo 1 párrafo in fine del Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001. Por lo cual la ejecución de un fallo fundado en lo prescrito por un decreto expulsado parcialmente de nuestro ordenamiento legal, en cuanto se reconocía al mismo rango de ley, impone a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con el deber de hacer la declaración formal que le corresponda como órgano de alzada, dictando la inaplicabilidad de la sentencia de ejecución ordenada, en todo lo que sea aplicable al artículo 1 del referido decreto y dejando subsistente exclusivamente lo que concierna a la reforma tácita de su Artículo 24 literal 1); al ser imposible hacer efectivo un fallo de condena, obtenido de forma injusta, valiéndose para ello del llano desconocimiento por parte de las autoridades judiciales de las instancias ordinarias de una sentencia de inconstitucionalidad que expulsó de nuestro ordenamiento jurídico a la norma legal contenida en el artículo 1 del referido decreto, cuya aplicación y petición de reconocimiento originó el petitum de la demanda y en cuanto a la cual no existen efectos que ejecutar más allá de los alcances declarados en el fallo de inconstitucionalidad referido, pues en estricta consideración al deber de sujeción a la ley que impone a todo funcionario público el artículo 323 de nuestra Constitución, reconocer o declarar lo contrario equivaldría a la ilegalidad de reconocer validez y aplicabilidad a un precepto ordinario que carece totalmente de estos elementos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 70, 80, 90, 183 184, 185 No. 2, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 322, 323, 324, 325, de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 41, 42, 43, 44, 45, 63, 64, 65, 71, 72, 90, 94, 96, 102, 112, 113, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, en la cual se declara la inconstitucionalidad parcial del decreto 78-2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, del cinco de febrero del año dos mil nueve; 1, 78, 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 5, 7, 95, 96, 102, y demás aplicables de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: EN PRIMER LUGAR DECLARAR QUE: A) Se ratifica la jurisprudencia establecida por la Sala en lo atinente a su función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado a través de la interpretación y creación inclusive de la oportuna doctrina legal que haya de vincular a todos los poderes públicos a su estricta observancia, definiendo al efecto y en caso de ambigüedad, tanto los procedimientos subjetivos como objetivos, que sean pertinentes para garantizar la aplicación pro homine del principio de prevalencia del derecho sustancial, cuando sea necesaria la adopción de éste por la Justicia Constitucional, como el método más efectivo para establecer el mecanismo de tutela que sea debido a la parte agraviada, luego de determinada notoriamente una afectación concreta por parte de la autoridad recurrida a los derechos fundamentales que se invoquen como afectados; B) Se ratifica asimismo su doctrina legal, en el sentido de declarar que toda interpretación terminante, en la cual se declare por el Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento, implica que los fallos de la Sala o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, por lo cual no se pueden desconocer los efectos erga omnes y la aplicabilidad ex nunc de una sentencia declaratoria de inconstitucionalidad y por ende la expulsión de la norma ordinaria de nuestro ordenamiento jurídico, supone lógicamente su consecuente inaplicabilidad. C) Para efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico Constitucional, en este caso el efecto de una declaratoria de Inconstitucionalidad, sobre los defectos procesales y la aplicación indebida de normas expulsadas del ordenamiento vigente por autoridades judiciales de las instancias ordinarias, sin perjuicio de las responsabilidades en que éstas incurran por tal omisión, declarar asimismo, que en cuanto al procedimiento de ejecución de un fallo obtenido por virtud de una declaratoria de Inconstitucionalidad, resultará necesario un pronunciamiento de la Justicia Constitucional, toda vez que se determine por ésta, que el acto reclamado en amparo lo constituye una sentencia de ejecución dictada mediando la aplicación de una norma derogada o en su caso declarada inconstitucional previo a dictarse la sentencia sujeta a la tutela Constitucional que provee la Garantía Específica de Amparo, y por ende ya expulsada de nuestro ordenamiento jurídico vigente, dando en consecuencia validez y reconocimiento iure et de iure a la norma vigente, o en su caso, pleno reconocimiento a los efectos erga omnes del fallo de inconstitucionalidad que se hubiere dictado. EN SEGUNDO LUGAR: OTORGAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuesta por la abogada MIRIAM SUYAPA LOPEZ LOZANO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha veintitrés de agosto de dos mil doce; toda vez que se ha vulnerado en perjuicio del Estado, su derecho a una tutela judicial efectiva, específicamente en lo atinente a la inobservancia de la garantía genérica del Debido Proceso y del principio de reserva de ley, mediando la aplicación indebida de lo prescrito en una norma declarada inconstitucional; y para los efectos concretos de que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dicte el fallo que en derecho corresponda en el proceso de ejecución de la sentencia proferida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad el diez de diciembre de dos mil ocho, reconociendo en el fallo de ejecución la inaplicabilidad de su contenido, toda vez que el cinco de febrero del año dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta número 31,830, mediante la transcripción íntegra de la certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo el año dos mil seis, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante esta Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005, en la cual se declara la inconstitucionalidad del decreto 78-2001, se dio formal publicidad al referido fallo y se tuvo por derogada la disposición contenida en el Artículo 1 del mencionado Decreto, donde se confiere rango de ley al Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, teniendo por subsistente la reforma tácita del Artículo 24 literal 1) de la Ley Orgánica de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas, efectuada en el Artículo 1 párrafo in fine del Decreto Legislativo No. 78-2001 del 1 de junio de 2001. Por lo cual la ejecución de un fallo fundado en lo prescrito por un decreto expulsado parcialmente de nuestro ordenamiento legal, en tanto en cuanto se reconocía al mismo rango de ley, impone a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con el deber de hacer la declaración formal que le corresponda como órgano de alzada, dictando la inaplicabilidad de la sentencia de ejecución ordenada, en todo lo que sea aplicable al artículo 1 del referido decreto y dejando subsistente exclusivamente lo que concierna a la reforma tácita de su Artículo 24 literal 1); al ser imposible hacer efectivo un fallo de condena, obtenido de forma injusta, valiéndose para ello del llano desconocimiento por parte de las autoridades judiciales de las instancias ordinarias, frente a una sentencia de inconstitucionalidad que expulsó de nuestro ordenamiento jurídico a la norma legal contenida en el artículo 1 del referido decreto, cuya aplicación y petición de reconocimiento originó el petitum de la demanda y en cuanto a la cual no existen efectos que ejecutar más allá de los alcances declarados en el fallo de inconstitucionalidad referido, pues en estricta consideración al deber de sujeción a la ley que impone a todo funcionario público el artículo 323 de nuestra Constitución, reconocer o declarar lo contrario equivaldría a la ilegalidad de reconocer validez y aplicabilidad a un precepto ordinario que carece totalmente de estos elementos.- Y MANDA: Que se remitan los antecedentes juntamente con la certificación d estilo al tribunal de su procedencia para los efectos del caso.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo registrado en este Tribunal con el número 975=12/01-02=13.
CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
LMPL.
[1] Ver sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 444, 445-08, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713=12 y 306=13.
[2] Nueva cita a las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 444, 445-08, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713=12 y 306=13.
[3] Ver fallo recaído en el ACC 634=12.