Sentencia AA-97-12 — Registro 5292
Resumen
Resolución declaró sin lugar excepción de prescripción por la destitución de los cargos de recurrentes como Juez de Paz y Secretario judicial del Municipio de Nuevo Celilac, Santa Bárbara; La Administración recomendó destituir a recurrentes sin ningua responsabilidad para la Institución. La Autoridad recurrida estableció que Elvis Eliy Leiva Vallecillo no compareció a la audiencia de descargo en consecuencia no aportó ningún medio de prueba
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta sala observa: Que si bien es cierto tanto la Administración de Personal como el Consejo de la Carrera Judicial en sus resoluciones han dejado establecido que el señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, no compareció a la audiencia de descargo para la cual fue citado en legal y debida forma, en consecuencia no aportó ningún medio de prueba; también es cierto que el reclamante ante el Consejo de la Carrera Judicial aportó medios de prueba que fueron evacuados entre ellos testifical..."..."del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa: Que el Consejo de la Carrera Judicial, como soporte de su resolución dice que el señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, no compareció a la audiencia de descargo para la cual fue citado en legal y debida forma, en consecuencia no aportó ningún medio de prueba...a la fecha del lunes 16 de noviembre del año 2009, no podía saberse con certeza si el recurrente había sido citado en legal y debida, puesto que no hay forma de acreditar que se haya hecho, resultando fuera de tiempo y negligente extender una constancia hasta la fecha en que se hizo, por lo tanto la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial no tenía forma de saber si había sido citado o no el Juez de Paz, todo ello porque no existe ningún documento o acta que respalde tal aseveración. Por otra parte la Dirección de Administración de Personal, deja establecido en su resolución, que se hicieron las diligencias necesarias para dar por citado al Juez denunciado, sin embargo a lo largo del expediente en estudio no existe más que la certeza de que esta Dirección mando vía Fax las cedulas de citación al Juzgado de Letras Departamental, después de ello no existe diligencia alguna que muestre indicios que hizo las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la ley, en procura de las garantías y derechos constitucionales que le asisten al impetrante, ante lo actuado no se le permitió al Juez de Paz hacer uso de su legitimo derecho a la Defensa, sino más bien se evidencia vulneración al Debido proceso; ; señala la referida Dirección de Administración de Personal, “Además está demostrado por las declaraciones de los señores Alex Orlando Flores Pérez y Marilu Zaldivar Rodriguez, que los funcionarios mencionados demuestran una conducta reprochable ante la sociedad por andar ingiriendo bebidas alcohólicas que ponen en entredicho la buena imagen del poder judicial”. Dicha manifestación tiene el tinte de una justificación por no haber seguido el debido proceso, lo que deja evidenciado que el Inspector asignado a tal investigación se conformó con escuchar lo que dijeron dos testigos que habían sido denunciados ante esa judicatura precisamente por su mala conducta con el vecindario y la autoridad...el Consejo de la Carrera Judicial tiene su fundamento, en que el recurrente no compareció a la audiencia de descargo y en consecuencia se tendrá su rebeldía como la aceptación de los cargos hechos por la autoridad respectiva, así como que ha tenido en cuenta las pruebas presentadas por el Inspector de Tribunales asignado al caso, sin embargo ante ese Consejo de la Carrera Judicial, el recurrente evacuó una serie de medios de prueba entre ellas testifícales de autoridades del Municipio como ser la Alcaldesa, policías, que han señalado que no han visto en estado de ebriedad al togado, además de relacionar su buena conducta. Todo ello aunado a la falta de citación en legal y debida forma al recurrente para que pudiera defenderse en la audiencia de descargo, hace concluir a esta Sala que se ha vulnerado el Debido Proceso y el derecho de Defensa del impetrante..."..."esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, excediéndose de esta manera en su función sancionadora al imponer una sanción desproporcionada e injusta al Juez de Paz del Municipio de Nuevo Celilac,..."..."Esta Sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado por cuanto el recurrente no tuvo la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, en virtud de no haber sido citado en legal y debida forma, vulnerando de esta manera tanto el Debido Proceso como el derecho de Defensa del recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario por Ley de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de febrero del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO a favor de SI MISMO y del señor CARLOS ROBERTO CABALLERO contra la sentencia dictada en fecha treinta de noviembre de dos mil once, por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, que declara sin lugar una excepción perentoria de prescripción de la acción promovida por los señores ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO Y CARLOS ROBERTO CABALLERO con relación a la destitución de sus cargos de Juez de Paz y Secretario, ambos del Municipio de Nuevo Celilac, Departamento de Santa Bárbara, respectivamente. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a él y a su representado los derechos consignados en los Artículos 40, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 82, 90, 94, 321, 322, 323, 324, 355, 326 y 327 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES
- Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, comparecieron ante el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, los señores ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO Y CARLOS ROBERTO CABALLERO presentando oposición al preaviso contentivo de despido injustificado por prescripción de acción, de sus cargos de Juez de Paz y Secretario respectivamente del Municipio de Nuevo Celilac, Departamento de Santa Bárbara.2) Que una vez continuado el proceso, en fecha treinta de noviembre de dos mil once, el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL RESOLVIÓ: “1.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCION interpuesta por los señores ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO Y CARLOS ROBERTO CABALLERO. 2.- Declarar SIN LUGAR la oposición al preaviso contentivo de despido injustificado por prescripción de acción, se deje sin valor y efecto el mismo, indemnización de perjuicios presentada por el Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, cuando se desempeño como Juez de Paz del Municipio de Nuevo Celilac, Departamento de Santa Bárbara. 3.- CONFIRMAR la destitución como Juez de Paz del Municipio de Nuevo Celilac, Departamento de Santa Bárbara, contenido en el Acuerdo No.180 de fecha 06 de Abril del 2010 emitido por la Corte Suprema de Justicia. 4.- Declarar CON LUGAR el reclamo contra el despido presentado por el señor CARLOS ROBERTO CABALLERO, por haberse efectuado cuando se encontraba en suspenso la relación laboral. 5.- Declarar SIN LUGAR la pretensión de reintegro presentada por el señor CARLOS ROBERTO CABALLERO, referente al reintegro al puesto que desempeñaba como Secretario del Juzgado de Paz del Municipio de Nuevo Celilac, Departamento de Santa Bárbara. 6.- Que existiendo la imposibilidad o inconveniencia de reintegrar al puesto que desempeñaba al momento de su despido el señor CARLOS ROBERTO CABALLERO que la Corte Suprema de Justicia a través del Departamento correspondiente proceda a cancelarle al señor CARLOS ROBERTO CABALLERO, en concepto de indemnización la suma de un mes de sueldo por cada año de servicio prestado por el reclamante al Poder Judicial, hasta un máximo de quince (15) años, conforme a lo establecido en el Articulo 69 de la Ley de la Carrera Judicial, reformado mediante Decreto 85/99 de fecha 21 de mayo 1999, vigente a la fecha de su destitución, debiéndose agregar esa indemnización la suma correspondiente a un mes de sueldo por concepto de preaviso y demás indemnizaciones que conforme a la Ley le corresponden, como se vacaciones pendientes, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de esta resolución…” (Folios 102 al 106 de la pieza de los antecedentes).3) Que el recurrente Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO actuando en su condición personal y en representación del señor CARLOS ROBERTO CABALLERO compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de febrero de dos mil once, interponiendo Recurso de Amparo contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha treinta de noviembre de dos mil once, por considerar que la misma es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 40, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 82, 90, 94, 321, 322, 323, 324, 355, 326 y 327 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce. 5) Que en fecha catorce de agosto del año dos mil doce esta Sala de lo Constitucional resuelve: 1.- Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto a favor del señor Carlos Roberto Caballero. 2.- Que se siga con la sustanciación del Recurso y se conceda vista por el término de cuarenta ocho y horas al Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO para que formalice por escrito su pretensión a favor de si mismo…. 6) Que en fecha siete de febrero de dos mil doce, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha treinta de noviembre del año dos mil once por el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la cual declara Sin Lugar una Excepción Perentoria de Prescripción de la acción promovida por el señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, con relación a la destitución de sus cargos de Juez de Paz y Secretario, del Municipio de Nueva Celilac, Departamento de Santa Bárbara. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, manifiesta en el párrafo segundo de la Ratificación de Hechos y Consideraciones Legales que la Dirección de Administración de Personal ha faltado a los deberes de su cargo, violentando el debido proceso, en su condición de Órgano Ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento…. Señala en el acápite tercero entre otras la falta de aplicación de los Artículo 65 y 188 de la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento…, señala además que existe prescripción de la acción, la que fue denegada por el Consejo de la Carrera Judicial, en resolución de fecha treinta (30) de noviembre del año 2011; obviando pronunciarse sobre la aplicación de los Artículos ya citados, en violación expresa al Artículo 82 constitucional del Derecho a la Defensa, al no practicarle la audiencia de descargo correspondiente, lo que consta en el expediente 211-2009. Manifiesta que se han vulnerado los derechos y garantías contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Administración de Personal en fecha quince de diciembre del año dos mil nueve dictó resolución mediante la cual deja establecido en su primer considerando que (sic) “El Abogado José Francisco Quiroz Mejía, Inspector asignado para la investigación del caso concluyó: que las declaraciones vertidas por los señores Alex Rolando Flores y Marilu Zaldivar Rodríguez, son contundentes al expresar que vieron al Juez de Paz y al Secretario en estado de ebriedad, que las declaraciones vertidas por las señoreas Alicia Torres Rivera y Enny Yolibeth Paz si bien es cierto no mencionan haber visto a los funcionarios judiciales en estado de ebriedad son claras al expresar que han escuchado a la gente decir que andan en estado de ebriedad, y que así han estado trabajando, por su parte el Juez de Policía de la Corporación Municipal de Nuevo Celilac menciona que al Juez no lo ha visto en estado de ebriedad, pero al Secretario lo ha visto los sábados y domingos tomando en San Nicolás. Señala en el siguiente considerando que respetando el derecho de Defensa se mandó citar a los señores Elvis Eliu Leiva Vallecillo y Carlos Roberto Caballero, para que comparecieran a una audiencia de descargo, a efecto de que expusieran en su defensa las consideraciones y descargos que tuvieran a bien hacer en su defensa. Que no obstante que dichos señores fueron citados para que comparecieran a dicha audiencia los días lunes 16 y martes 17 de noviembre del 2009 a la una (1:00 p.m.) y tres (3:00 p.m.) no comparecieron ni mandaron excusa alguna”. Además señala la dirección de personal que si bien es cierto el Artículo 65 de la Ley de la Carrera Judicial y 88 del Reglamento de dicha ley establece que la sanción de despido, así como las medidas disciplinarias de multa u suspensión del cargo, no podrán aplicarse sino mediante información sumaria previa y escuchada en audiencia las razones y descargos del interesado, realizadas las investigaciones y evacuadas las pruebas, señala que esa Dirección hizo las gestiones pertinentes para cumplir con tales disposiciones mandando a citar en legal y debida a los referidos señores, además está demostrado por las declaraciones de los señores Alex Orlando Flores Pérez y Marilu Zaldivar Rodriguez, que los funcionarios mencionados demuestran una conducta reprochable ante la sociedad por andar ingiriendo bebidas alcohólicas que ponen en entredicho la buena imagen del poder judicial. Dice la Administración de la Carrera Judicial, que la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento no proveen en el caso de que un servidor judicial denunciado, se negare a comparecer a la audiencia de descargo; pero si contempla en los Artículo 85 y 215 de la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, que en los casos no previstos en ellos se regirán por las disposiciones complementarias o conexas que se emitan se regirán por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento que en su Artículo 267 dispone que si un empleado no compareciere a la audiencia se tendrá su rebeldía como la aceptación tácita de los cargos hechos por la autoridad respectiva a excepción de los casos de justa causa que legalmente impida al empleado hacerse presente. Considerando que por no encontrarse documentados los motivos de las inasistencias de los funcionarios judiciales, la administración ha considerado injustificadas las incomparecencias de éstos. Luego de los argumentos legales la Administración RECOMIENDA a la Corte Suprema de Justicia destituir sin ninguna responsabilidad para la institución a los señores: ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO Y CARLOS ROBERTO CABALLERO. CONSIDERANDO (6): Que el Consejo de la Carrera Judicial en fecha 30 de noviembre del año dos mil once, dicta resolución en la oposición al preaviso contentivo de despido injustificado por prescripción de acción, señalando en su considerando número tres (3) que el señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, no aportó prueba que desvirtuara los hechos consignados en el Acuerdo No. 180 de fecha seis de abril del 2010 y que, según el informe de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales de la Zona Nor-occidental el señor Alex Orlando Flores Pérez le manifestó que se encontraba en completo estado de ebriedad, desordenada su forma de vestir, lo que fue ratificado por la señora Marilu Zaldivar Rodríguez, agregando que la gente comentaba que andaban borrachos por lo que Declaró sin Lugar el Reclamo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes esta sala observa: Que si bien es cierto tanto la Administración de Personal como el Consejo de la Carrera Judicial en sus resoluciones han dejado establecido que el señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, no compareció a la audiencia de descargo para la cual fue citado en legal y debida forma, en consecuencia no aportó ningún medio de prueba; también es cierto que el reclamante ante el Consejo de la Carrera Judicial aportó medios de prueba que fueron evacuados entre ellos testifical con la comparecencia de la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, Alcaldesa Municipal de Nueva Celilac, Santa Bárbara, (F:88 primera pieza) en la que manifiesta que nunca ha observado al señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO y su Secretario ingiriendo bebidas alcohólicas en horas laborables o fuera de ellas; con respecto a la conducta social en la vida privada y pública de los referidos funcionarios, dijo que se comportaban de manera respetuosa y nunca les vio nada indecoroso ni nada que se le parezca, además dijo que vestían correctamente. Por su parte el señor JOSÉ RIGOBERTO MARTÍNEZ CABALLERO, Agente de Policía, (F: 88 vuelto y 89 primera pieza) manifestó que nunca ha visto bebiendo a los señores ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO y su Secretario en horas laborables ni fuera de ellas, en relación a la conducta de éstos y respecto al trabajo, dijo que “Siempre se encontraban allí, eran amables con la gente, señalando que en esos lugares cuando se quiere poner en mal a la gente se trata de mal informar, así como cuando mandó a citar a la señora Marilu Interiano, parece que tuvo problemas por una discusión con una policía y se enteró porque él estaba presente”. De igual manera compareció la señora MARTIZA CRUZ ZUNIGA, Agente de Policía (F. 90 primera pieza) quien manifestó que nunca los vio bebiendo, durante ella estuvo en Nuevo Celilac nunca los vio en una cantina, señalando que han tenido buen comportamiento, eran puntuales todos los días, pues siempre que los buscó los encontró. Además se evacuaron otros medios de prueba (Fs. 91, 92, de la primera pieza), entre ellos documental para cotejamiento de de copias con sus originales, que corresponden a cédulas de citación de fecha 09 de noviembre del 2009, la que es conforme a su original. Cotejamiento de resolución emitida por la dirección de personal de fecha 15 de diciembre del 2009, la que resultó ser conforme a su original, además de otros oficios. Se practicó medio de prueba Inspección en el Juzgado de paz de Nuevo Celilac Santa Bárbara, en la que se constató: 1.- En el Libro de audiencias que para tal efecto lleva esa judicatura en el acta 166 a partir del 15 de octubre del 2009 hasta el acta 191 del 5 de mayo del 2010, el Juez ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, laboraba con dos testigos de asistencia de nombres Gabriel Guillen Mateo, Maynor Adalid Aguilar. En el libro de arreglos conciliatorios se encontró las actas de conciliación de la señora Marilu Zaldivar Rodríguez, y las actas por conducta irregular del señor Alex Orlando Flores (acompañan fotocopias de dichas actas).CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa: Que el Consejo de la Carrera Judicial, como soporte de su resolución dice que el señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, no compareció a la audiencia de descargo para la cual fue citado en legal y debida forma, en consecuencia no aportó ningún medio de prueba. Encontrando esta Sala que a folio setenta y cinco (75) de la primera pieza se aprecia la Cedula de citación librada por el sub Director de Administración de Personal de la Carrera Judicial al Señor Elvis Eliu Leiva, mandando citar al referido Juez de Paz, para que compareciera el día lunes 16 de noviembre del 2009 a la 1:30 P.M., con el objeto de ser oído en la denuncia interpuesta por el señor Miguel Roberto Caballero. Resulta evidente que tal citación, no existe manera de acreditar que se haya practicado en legal y debida forma como lo señala la ley, no existe firma de quien la recibió, como tampoco existe acta o nota alguna refrendada por el Secretario de que haya habido negación para recibir tal cedula de citación; sin embargo es hasta fecha ocho de enero del año dos mil diez (F. 77) que el Secretario del Juzgado Tercero de Letras Departamental, extiende constancia en la que manifiesta: que en fecha doce de noviembre del año dos mil nueve hizo entrega en forma personal al Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, Juez de Paz del Municipio de Nuevo Celilac en aquel momento, de una cédula de citación, recibida por aquel Juzgado de Letras vía Fax, por parte de la Dirección de Administración de Personal; luego agrega otra constancia con la misma fecha en la que manifiesta haber entregado al referido Juez de Paz dos cédulas de citación, una para su persona y la otra para el Secretario del Juzgado. Es decir que a la fecha del lunes 16 de noviembre del año 2009, no podía saberse con certeza si el recurrente había sido citado en legal y debida, puesto que no hay forma de acreditar que se haya hecho, resultando fuera de tiempo y negligente extender una constancia hasta la fecha en que se hizo, por lo tanto la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial no tenía forma de saber si había sido citado o no el Juez de Paz, todo ello porque no existe ningún documento o acta que respalde tal aseveración. Por otra parte la Dirección de Administración de Personal, deja establecido en su resolución, que se hicieron las diligencias necesarias para dar por citado al Juez denunciado, sin embargo a lo largo del expediente en estudio no existe más que la certeza de que esta Dirección mando vía Fax las cedulas de citación al Juzgado de Letras Departamental, después de ello no existe diligencia alguna que muestre indicios que hizo las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la ley, en procura de las garantías y derechos constitucionales que le asisten al impetrante, ante lo actuado no se le permitió al Juez de Paz hacer uso de su legitimo derecho a la Defensa, sino más bien se evidencia vulneración al Debido proceso; señala la referida Dirección de Administración de Personal, “Además está demostrado por las declaraciones de los señores Alex Orlando Flores Pérez y Marilu Zaldivar Rodriguez, que los funcionarios mencionados demuestran una conducta reprochable ante la sociedad por andar ingiriendo bebidas alcohólicas que ponen en entredicho la buena imagen del poder judicial”. Dicha manifestación tiene el tinte de una justificación por no haber seguido el debido proceso, lo que deja evidenciado que el Inspector asignado a tal investigación se conformó con escuchar lo que dijeron dos testigos que habían sido denunciados ante esa judicatura precisamente por su mala conducta con el vecindario y la autoridad, según se desprende de las actas que se acompañan, testimonios que podrían estar viciados de incredibilidad subjetiva; obviando realizar las diligencias necesarias que lo condujeran al encuentro de otros elementos de prueba de carácter científico, que pudieran dar certeza que el recurrente y su Secretario de actuaciones son personas que se dedican a ingerir bebidas alcohólicas en horas laborables y no laborables, que de ser así las pruebas científicas podrían haberlo determinado al encontrar evidencias en su organismo, pues está comprobado que las membranas celulares son altamente permeables al alcohol, así que una vez que el alcohol está en el torrente sanguíneo, se puede esparcir en casi todos los tejidos del cuerpo, más aún cuando la ingesta es continua. Como quedó expresado el Consejo de la Carrera Judicial tiene su fundamento, en que el recurrente no compareció a la audiencia de descargo y en consecuencia se tendrá su rebeldía como la aceptación de los cargos hechos por la autoridad respectiva, así como que ha tenido en cuenta las pruebas presentadas por el Inspector de Tribunales asignado al caso, sin embargo ante ese Consejo de la Carrera Judicial, el recurrente evacuó una serie de medios de prueba entre ellas testifícales de autoridades del Municipio como ser la Alcaldesa, policías, que han señalado que no han visto en estado de ebriedad al togado, además de relacionar su buena conducta. Todo ello aunado a la falta de citación en legal y debida forma al recurrente para que pudiera defenderse en la audiencia de descargo, hace concluir a esta Sala que se ha vulnerado el Debido Proceso y el derecho de Defensa del impetrante. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, excediéndose de esta manera en su función sancionadora al imponer una sanción desproporcionada e injusta al Juez de Paz del Municipio de Nuevo Celilac, Departamento de Santa Bárbara. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado por cuanto el recurrente no tuvo la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, en virtud de no haber sido citado en legal y debida forma, vulnerando de esta manera tanto el Debido Proceso como el derecho de Defensa del recurrente. CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público a través de su Fiscal adscrita a la Fiscalía de Defensa de la Constitución emitió su dictamen en fecha nueve de octubre del año dos mil doce, en el que después de una relación de los hechos expone su análisis jurídico sobre la problemática traída en amparo, siendo de la opinión porque se Otorgue el Recurso de Amparo, por existir vulneración a las garantías contenidas en los Artículo 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, invocadas por el impetrante. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 160, 264, 272 del Código Procesal Penal 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha treinta de noviembre del dos mil once. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se reintegre al Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, a su cargo de Juez de Paz, así como el reconocimiento y pago de los salarios y demás derechos laborales que le corresponde. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha once de febrero de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en ese Tribunal bajo el número 97=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.