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Sentencia AA-966-12 — Registro 5301

Resumen

Resolución declaró sin lugar reclamo contra sanción disciplinaria de despido impuesta y confirma Resolución No. 371 emitido por la Corte Suprema de Justicia que destituye del cargo de juez de letras departamental del Islas de la Bahía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso..."..."el Artículo 129 de la Carta Magna, dispone: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación…”. En ese sentido es de recibo el motivo invocado por el quejoso, porque ciertamente se ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que se ha quebrantado el debido proceso al inobservar los principios que son base y fundamento del debido Proceso y que han sido relacionados en el considerando numero nueve (9) de este fallo..."..."esta Sala encuentra que se han vulnerado el Derecho – Garantía del Debido Proceso cuando la autoridad sancionadora, sin respetar los principios que lo conforman (debido proceso) se ha excedido en su función sancionatoria, aplicando la sanción más grave al señor Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, cuando debió haberse procedido de acuerdo a lo señalado en la ley y el catálogo de sanciones, ya que por una parte si bien es cierto no se consignan en la apud Acta el número de Certificado de Depósito a favor del Estado de Honduras, también es cierto que el Titulo Valor denominado CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE por el monto de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS existe con fecha 21 de abril del 2010, ciertamente con fecha de un día posterior a que se dictó la resolución, pero también es cierto que el titulo valor aparece a nombre del JUZGADO DE LETRAS DE ISLAS DE LA BAHIA, no a nombre del titular del Juzgado de Letras Departamental. Por otra parte la sanción debió haber sido proporcional al mal causado, pero de los autos no aparece la lesión a algún bien jurídico protegido, tomando en cuenta que la modificación de la medida cautelar al enjuiciable estaba dentro de las facultades que le otorga la ley al Juez. En consecuencia esta Sala debe conceder la Acción de amparo a favor del recurrente por vulneración al debido proceso y contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República y vulneración a la norma contenida en el Artículo 129 también constitucional que garantiza la estabilidad laboral..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ oa favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha cinco de junio del año dos mil doce, que declara Sin Lugar el reclamo presentado contra una sanción disciplinaria de Despido impuesta a su persona y confirma el Acuerdo No. 371 emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se le destituye del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía. Manifiesta el recurrente que la resolución impetrada viola los derechos fundamentales consagrados en los Artículos 60, 61, 90, 129 y 183 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha doce de mayo del año dos mil once, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, actuando en causa propia, presentando Reclamo Administrativo para la Nulidad del Acuerdo de Despido No. 371 de fecha cinco de abril de dos mil once, emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se le destituye del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, alegando que dicha sanción disciplinaria de Despido es legalmente extemporánea, en virtud que la acción de la autoridad para imponerla ya había prescrito por haber transcurrido más del término de sesenta días que señala el párrafo segundo del Artículo 83 de la Ley de la Carrera Judicial y solicitando el reintegro al trabajo en el mismo cargo o a otro de igual categoría con el derecho de percibir el pago de los sueldos que hubiere devengado desde el retiro del puesto, o en su defecto el pago de las prestaciones e indemnizaciones y adicionalmente el pago de los sueldos dejados de percibir desde el retiro del trabajo de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento. 2) Que en fecha cinco de junio del año dos mil doce, el Consejo de la Carrera Judicial, dictó resolución definitiva, mediante la cual resuelve (Sic) “ 1.- Declarar SIN LUGAR el reclamo contra una sanción disciplinaria de Despido por considerar que su aplicación además de injusta es ilegal y con el fin de que sea revocada y se le reintegre al cargo del que injusta e ilegalmente fue separado o a otro de igual o mejor categoría, alegando la prescripción de la acción de despido presentada por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA.- 2.-CONFIRMAR la destitución del Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA, del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, contenida en el Acuerdo Número 371 del 05 de Abril de Dos Mil Once, emitido por la Corte Suprema de Justicia….” (Folios 93 al 97 de los antecedentes). 3) El recurrente Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, afirmando que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, de fecha cinco de junio del año dos mil doce, es violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los Artículos 60, 61, 90, 129 y 183 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 4) Que con fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se tuvo por abstenida de emitir el dictamen en el presente Recurso de Amparo a la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por las razones expuestas, ordenándose continuar con el trámite de Ley respectivo. (Folios 32 al 35 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, se personó ante esta Sala, la Licenciada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALEZ, actuando en su condición de Gestora Oficiosa y como Hija del Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ quien interpuso amparo a favor de si mismo, poniendo en conocimiento que el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ falleció en esta ciudad el día veintiuno de septiembre de dos mil trece, solicitando a la vez pronta respuesta y ofreciendo acreditar oportunamente la certificación del Acta de Defunción y la declaratoria de Herencia Ab intestato en cuanto al causante. Teniendo esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, por personada en legal y debida forma a la Abogada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALEZ en su condición de gestora oficiosa de los derechos que pudieran reconocerse en las actuaciones de mérito al recurrente. (Folios 62 al 67 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha cinco de junio del año dos mil doce, por el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la cual declara Sin Lugar el Reclamo Administrativo y en el numeral dos (2) de la parte dispositiva confirma la destitución del recurrente del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, contenida en el acuerdo número 371 del cinco de abril del dos mil doce, emitido por la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del Recurso, considera que se han vulnerado los derechos contenidos en los artículos 60, 61, 90, 129 y 183 de la Constitución de la República, expone la vulneración al Artículo 60 que declara la libertad e igualdad en derechos, ya que la resolución impetrada desconoce estos derechos al restringirle como Juez sus derechos la independencia vinculante con la libertad de actuar para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión como tal. Señala que existe desigualdad ante la ley cuando se resuelve negativamente en cuanto al recurrente, en relación a otros asuntos sometidos al Consejo y a la Suprema autoridad judicial, como así se consta en los archivos de la Corte Suprema de Justicia específicamente resueltos por el Consejo de la Carrera Judicial. Asimismo en cuanto a la vulneración del Artículo 61 que garantiza la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad a la igualdad ante la ley, explicando esta vulneración con los mismos conceptos referidos en la vulneración al artículo 60 constitucional. En cuanto a la vulneración del Artículo 90 que contiene el debido Proceso garantizado por la Carta Magna, el recurrente expone “que la autoridad que resolvió no observó las normas que deviene obligado todo órgano para decidir una cuestión, esto es en cuanto a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tal es el caso de aplicar las reglas de la valoración probatoria, con respecto a los medios aportados dentro del proceso del reclamo administrativo, como así resulta del expediente. El Artículo 129 constitucional ha sido vulnerado tanto por la resolución recurrida como por el Acuerdo de separación del cargo, porque la Constitución le garantiza estabilidad en el empleo, y solo procede negarse a esa estabilidad de acuerdo con una causa justa de separación, lo que no existe en la causa de mérito, porque de acuerdo al impetrante demostró la improcedencia e injusticia de lo resuelto por ambos órganos del Poder Judicial, con documentos públicos que hacen plena prueba de esa injusticia y del derecho que reclama”. CONSIDERANDO (5): Que el Consejo de la Carrera Judicial en fecha cinco de junio del año dos mil doce dictó resolución mediante la cual declara sin el lugar el reclamo presentado por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA y confirma el Acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia No. 371 del 05 de abril del 2011, mediante el cual se acordó despedir al abogado ELIAS ANTONIO PADILLA de su cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa: Que la Resolución del Consejo de la Carrera Judicial en su Considerando dos (2) expone: (SIC) que “La Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo Número 371 del 05 de abril de Dos mil Once, por medio del cual destituye al Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA, del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, por haber incurrido en falta grave o reiterado de algunos de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los Capítulos X y XI de la Ley de la Carrera Judicial, e incurrir en actos contrarios a la eficacia en la administración de justicia, al haber librado oficio ordenando la inmediata libertad del imputado DEAN MARTIN AVILA, a quien se le seguía proceso penal por el delito de Violación en el expediente 043 -2010 sin que el apoderado defensor hubiera presentado el Certificado de depósito bancario por la cantidad de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS (l. 120.000.00),ordenado como caución por él mismo (Juez) en la resolución de fecha 20 de abril del 2010 y autorizar la escritura Apud- Acta sin incluir en ella el número de garantía ordenado. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Artículo 60 constitucional que establece: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos: En Honduras no hay clases privilegiadas, todos los hondureños son iguales ante la ley”, considerando que se ha restringido su independencia como Juez, tanto como para conocer y resolver los asuntos sometidos a su consideración. En cuanto a este motivo del amparo, esta Sala después de estudiar la resolución objeto de impugnación, dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, se pronuncia que ciertamente el origen de la controversia no es en sí la resolución que adoptó el señor Juez de Letras ahora recurrente, sino la falta de un requisito al momento de materializar la resolución, mediante la cual se reformó la medida cautelar de prisión preventiva, a la que estaba sometido el acusado; y es que, de los antecedentes resulta que al momento de levantar la Apud Acta no consta en la misma la existencia del certificado de Depósito a favor del Estado de Honduras, que responde por la caución señalada por un monto CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS. De todo ello se deduce que la autoridad sancionadora no ha pretendido limitar la libertad de decisión del Togado, se aprecia que ha gozado de libertad decisoria por cuanto decidió reformar la medida cautelar de acuerdo a su libre razonamiento, siendo así no se ha vulnerado su derecho de libertad en relación a la función jurisdiccional que desempeñaba en aquel momento, por todo ello no se considera vulnerada la norma constitucional del Artículo 60 invocada por el impetrante. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante ha manifestado que se le ha vulnerado el Artículo 61 constitucional, que garantiza la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad a la igualdad ante la ley. Aprecia esta Sala, que no se ha desarrollado plenamente el concepto de la vulneración, puesto que se ha hecho acopio al concepto de vulneración del Artículo 60 constitucional, pese a ello, analizados los antecedentes y la resolución recurrida, esta Sala encuentra que debe desestimar este motivo por cuanto los derechos invocados como violentados, no se han encontrado restringidos, limitados ni en peligro de vulneración. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso es una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda imponer sanciones, cargas o castigos. Constituyendo un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales, por lo que genera una serie de requisitos que deben seguirse en todo proceso o procedimiento que tenga por finalidad la imposición de algún tipo de sanción. Esto habilita su aplicación en asuntos donde la Administración haga uso de sus potestades de imperio para ejercer el derecho sancionatorio que señala que el “Juzgamiento” debe realizarse observando las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Por ello, los principios que deben guiar el diseño y la ejecución de los procedimientos administrativos están orientados para que estos sean simples, y no se constituyan en una exigencia extra legal o extremadamente rígida para los ciudadanos. El ejercicio de la potestad sancionadora debe regirse bajo una serie de principios entre ellos el de legalidad, por el cual las administraciones públicas no pueden hacer más allá de lo que Constitucional y legalmente está conferido, por lo que no podrá actuar por autoridad propia sino que ejecutando el contenido de la ley. Además informan al Debido proceso otros principios como el principio de razonabilidad, cuando la potestad de restringir derechos, establecer obligaciones, o calificar infracciones y determinar las sanciones, se haga respetando las competencias atribuidas y la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se tutelan. El principio de Presunción de veracidad relacionado con el principio de Verdad Real o material que significa que debe establecerse de forma certera la realidad histórica de los hechos investigados, siendo necesario su reconstrucción por medio de la prueba recopilada. La verdad real consiste en determinar las verdaderas razones sobre las cuales se dieron esos hechos, es decir, cuál fue el cuadro fáctico que propició la actuación desplegada. La verificación de esta verdad real debe ser el fundamento sobre la cual se imponga una sanción administrativa. Por ello, el Órgano Director que lleve a cabo una investigación disciplinaria, no debe preestablecer ninguna situación fáctica como cierta, hasta tanto no se tengan por demostrados los hechos investigados. El principio de Conducta Procedimental de las partes guiados por la buena fe. El principio de Celeridad por el cual quienes participan en el procedimiento deben facilitar la continuación del mismo Principio de Eficacia por el cual se debe actuar en el procedimiento haciendo prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre cualquier formalismo; el de la verdad material por el que se busca verificar plenamente los hechos que sirven de sustento a las decisiones. Principio de Simplicidad para que los trámites sean sencillos y sin mayores complicaciones y confusiones; los que son pilares del debido proceso, debiendo concurrir además para el ejercicio de la potestad sancionadora los principios comunes a toda actividad punitiva del Estado, cualquiera que sea el órgano que la ejerza, entre ellos el principio de proporcionalidad sin cuya aplicación los demás principios también se verán vulnerados, entendiéndose como proporcionalidad la adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la sanción, considerando en especial los criterios de intencionalidad o reiteración, naturaleza de los perjuicios y reincidencia. “Por todo ello esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 129 de la Carta Magna, dispone: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación…”. En ese sentido es de recibo el motivo invocado por el quejoso, porque ciertamente se ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que se ha quebrantado el debido proceso al inobservar los principios que son base y fundamento del debido Proceso y que han sido relacionados en el considerando numero nueve (9) de este fallo. CONSIDERANDO (11): Que como consecuencia del análisis jurídico a que se ha sometido la acción de amparo invocada, esta Sala encuentra que se han vulnerado el Derecho – Garantía del Debido Proceso cuando la autoridad sancionadora, sin respetar los principios que lo conforman (debido proceso) se ha excedido en su función sancionatoria, aplicando la sanción más grave al señor Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, cuando debió haberse procedido de acuerdo a lo señalado en la ley y el catálogo de sanciones, ya que por una parte si bien es cierto no se consignan en la apud Acta el número de Certificado de Depósito a favor del Estado de Honduras, también es cierto que el Titulo Valor denominado CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE por el monto de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS existe con fecha 21 de abril del 2010, ciertamente con fecha de un día posterior a que se dictó la resolución, pero también es cierto que el titulo valor aparece a nombre del JUZGADO DE LETRAS DE ISLAS DE LA BAHIA, no a nombre del titular del Juzgado de Letras Departamental. Por otra parte la sanción debió haber sido proporcional al mal causado, pero de los autos no aparece la lesión a algún bien jurídico protegido, tomando en cuenta que la modificación de la medida cautelar al enjuiciable estaba dentro de las facultades que le otorga la ley al Juez. En consecuencia esta Sala debe conceder la Acción de amparo a favor del recurrente por vulneración al debido proceso y contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República y vulneración a la norma contenida en el Artículo 129 también constitucional que garantiza la estabilidad laboral. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en el caso sub judice procede el amparo por Vulneración al Debido Proceso y vulneración a la norma contenida en el Artículo 129 también constitucional que garantiza la estabilidad laboral. CONSIDERANDO (13): Que consta en los antecedentes que el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, no había constituido representante procesal, así como que a la fecha ha fallecido; compareciendo en condición de Gestor Oficiosa su hija la Abogada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALES, teniéndola esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, por personada en legal y debida forma en su condición de gestora oficiosa de los derechos que pudieran reconocerse en las actuaciones de mérito al recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 160, 264, 272 del Código Procesal Penal 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha cinco de junio del año dos mil doce. Y MANDA: 1.- Que se haga entrega de la Certificación de este fallo a la Abogada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALES en su condición de Gestor Oficiosa y heredera, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, del Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, para lo que en derecho corresponda. 2.- Ordena el reconocimiento y pago de los salarios y demás derechos laborales que le hubieren correspondido como Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA; GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho de mayo de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal No. 966-2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Woc

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ oa favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha cinco de junio del año dos mil doce, que declara Sin Lugar el reclamo presentado contra una sanción disciplinaria de Despido impuesta a su persona y confirma el Acuerdo No. 371 emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se le destituye del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía. Manifiesta el recurrente que la resolución impetrada viola los derechos fundamentales consagrados en los Artículos 60, 61, 90, 129 y 183 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha doce de mayo del año dos mil once, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, actuando en causa propia, presentando Reclamo Administrativo para la Nulidad del Acuerdo de Despido No. 371 de fecha cinco de abril de dos mil once, emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se le destituye del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, alegando que dicha sanción disciplinaria de Despido es legalmente extemporánea, en virtud que la acción de la autoridad para imponerla ya había prescrito por haber transcurrido más del término de sesenta días que señala el párrafo segundo del Artículo 83 de la Ley de la Carrera Judicial y solicitando el reintegro al trabajo en el mismo cargo o a otro de igual categoría con el derecho de percibir el pago de los sueldos que hubiere devengado desde el retiro del puesto, o en su defecto el pago de las prestaciones e indemnizaciones y adicionalmente el pago de los sueldos dejados de percibir desde el retiro del trabajo de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento. 2) Que en fecha cinco de junio del año dos mil doce, el Consejo de la Carrera Judicial, dictó resolución definitiva, mediante la cual resuelve (Sic) “ 1.- Declarar SIN LUGAR el reclamo contra una sanción disciplinaria de Despido por considerar que su aplicación además de injusta es ilegal y con el fin de que sea revocada y se le reintegre al cargo del que injusta e ilegalmente fue separado o a otro de igual o mejor categoría, alegando la prescripción de la acción de despido presentada por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA.- 2.-CONFIRMAR la destitución del Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA, del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, contenida en el Acuerdo Número 371 del 05 de Abril de Dos Mil Once, emitido por la Corte Suprema de Justicia….” (Folios 93 al 97 de los antecedentes). 3) El recurrente Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, afirmando que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, de fecha cinco de junio del año dos mil doce, es violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los Artículos 60, 61, 90, 129 y 183 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 4) Que con fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se tuvo por abstenida de emitir el dictamen en el presente Recurso de Amparo a la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por las razones expuestas, ordenándose continuar con el trámite de Ley respectivo. (Folios 32 al 35 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, se personó ante esta Sala, la Licenciada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALEZ, actuando en su condición de Gestora Oficiosa y como Hija del Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ quien interpuso amparo a favor de si mismo, poniendo en conocimiento que el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ falleció en esta ciudad el día veintiuno de septiembre de dos mil trece, solicitando a la vez pronta respuesta y ofreciendo acreditar oportunamente la certificación del Acta de Defunción y la declaratoria de Herencia Ab intestato en cuanto al causante. Teniendo esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, por personada en legal y debida forma a la Abogada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALEZ en su condición de gestora oficiosa de los derechos que pudieran reconocerse en las actuaciones de mérito al recurrente. (Folios 62 al 67 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha cinco de junio del año dos mil doce, por el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la cual declara Sin Lugar el Reclamo Administrativo y en el numeral dos (2) de la parte dispositiva confirma la destitución del recurrente del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, contenida en el acuerdo número 371 del cinco de abril del dos mil doce, emitido por la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del Recurso, considera que se han vulnerado los derechos contenidos en los artículos 60, 61, 90, 129 y 183 de la Constitución de la República, expone la vulneración al Artículo 60 que declara la libertad e igualdad en derechos, ya que la resolución impetrada desconoce estos derechos al restringirle como Juez sus derechos la independencia vinculante con la libertad de actuar para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión como tal. Señala que existe desigualdad ante la ley cuando se resuelve negativamente en cuanto al recurrente, en relación a otros asuntos sometidos al Consejo y a la Suprema autoridad judicial, como así se consta en los archivos de la Corte Suprema de Justicia específicamente resueltos por el Consejo de la Carrera Judicial. Asimismo en cuanto a la vulneración del Artículo 61 que garantiza la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad a la igualdad ante la ley, explicando esta vulneración con los mismos conceptos referidos en la vulneración al artículo 60 constitucional. En cuanto a la vulneración del Artículo 90 que contiene el debido Proceso garantizado por la Carta Magna, el recurrente expone “que la autoridad que resolvió no observó las normas que deviene obligado todo órgano para decidir una cuestión, esto es en cuanto a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tal es el caso de aplicar las reglas de la valoración probatoria, con respecto a los medios aportados dentro del proceso del reclamo administrativo, como así resulta del expediente. El Artículo 129 constitucional ha sido vulnerado tanto por la resolución recurrida como por el Acuerdo de separación del cargo, porque la Constitución le garantiza estabilidad en el empleo, y solo procede negarse a esa estabilidad de acuerdo con una causa justa de separación, lo que no existe en la causa de mérito, porque de acuerdo al impetrante demostró la improcedencia e injusticia de lo resuelto por ambos órganos del Poder Judicial, con documentos públicos que hacen plena prueba de esa injusticia y del derecho que reclama”. CONSIDERANDO (5): Que el Consejo de la Carrera Judicial en fecha cinco de junio del año dos mil doce dictó resolución mediante la cual declara sin el lugar el reclamo presentado por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA y confirma el Acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia No. 371 del 05 de abril del 2011, mediante el cual se acordó despedir al abogado ELIAS ANTONIO PADILLA de su cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa: Que la Resolución del Consejo de la Carrera Judicial en su Considerando dos (2) expone: (SIC) que “La Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo Número 371 del 05 de abril de Dos mil Once, por medio del cual destituye al Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA, del cargo de Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, por haber incurrido en falta grave o reiterado de algunos de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los Capítulos X y XI de la Ley de la Carrera Judicial, e incurrir en actos contrarios a la eficacia en la administración de justicia, al haber librado oficio ordenando la inmediata libertad del imputado DEAN MARTIN AVILA, a quien se le seguía proceso penal por el delito de Violación en el expediente 043 -2010 sin que el apoderado defensor hubiera presentado el Certificado de depósito bancario por la cantidad de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS (l. 120.000.00),ordenado como caución por él mismo (Juez) en la resolución de fecha 20 de abril del 2010 y autorizar la escritura Apud- Acta sin incluir en ella el número de garantía ordenado. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Artículo 60 constitucional que establece: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos: En Honduras no hay clases privilegiadas, todos los hondureños son iguales ante la ley”, considerando que se ha restringido su independencia como Juez, tanto como para conocer y resolver los asuntos sometidos a su consideración. En cuanto a este motivo del amparo, esta Sala después de estudiar la resolución objeto de impugnación, dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, se pronuncia que ciertamente el origen de la controversia no es en sí la resolución que adoptó el señor Juez de Letras ahora recurrente, sino la falta de un requisito al momento de materializar la resolución, mediante la cual se reformó la medida cautelar de prisión preventiva, a la que estaba sometido el acusado; y es que, de los antecedentes resulta que al momento de levantar la Apud Acta no consta en la misma la existencia del certificado de Depósito a favor del Estado de Honduras, que responde por la caución señalada por un monto CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS. De todo ello se deduce que la autoridad sancionadora no ha pretendido limitar la libertad de decisión del Togado, se aprecia que ha gozado de libertad decisoria por cuanto decidió reformar la medida cautelar de acuerdo a su libre razonamiento, siendo así no se ha vulnerado su derecho de libertad en relación a la función jurisdiccional que desempeñaba en aquel momento, por todo ello no se considera vulnerada la norma constitucional del Artículo 60 invocada por el impetrante. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante ha manifestado que se le ha vulnerado el Artículo 61 constitucional, que garantiza la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad a la igualdad ante la ley. Aprecia esta Sala, que no se ha desarrollado plenamente el concepto de la vulneración, puesto que se ha hecho acopio al concepto de vulneración del Artículo 60 constitucional, pese a ello, analizados los antecedentes y la resolución recurrida, esta Sala encuentra que debe desestimar este motivo por cuanto los derechos invocados como violentados, no se han encontrado restringidos, limitados ni en peligro de vulneración. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso es una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda imponer sanciones, cargas o castigos. Constituyendo un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales, por lo que genera una serie de requisitos que deben seguirse en todo proceso o procedimiento que tenga por finalidad la imposición de algún tipo de sanción. Esto habilita su aplicación en asuntos donde la Administración haga uso de sus potestades de imperio para ejercer el derecho sancionatorio que señala que el “Juzgamiento” debe realizarse observando las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Por ello, los principios que deben guiar el diseño y la ejecución de los procedimientos administrativos están orientados para que estos sean simples, y no se constituyan en una exigencia extra legal o extremadamente rígida para los ciudadanos. El ejercicio de la potestad sancionadora debe regirse bajo una serie de principios entre ellos el de legalidad, por el cual las administraciones públicas no pueden hacer más allá de lo que Constitucional y legalmente está conferido, por lo que no podrá actuar por autoridad propia sino que ejecutando el contenido de la ley. Además informan al Debido proceso otros principios como el principio de razonabilidad, cuando la potestad de restringir derechos, establecer obligaciones, o calificar infracciones y determinar las sanciones, se haga respetando las competencias atribuidas y la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se tutelan. El principio de Presunción de veracidad relacionado con el principio de Verdad Real o material que significa que debe establecerse de forma certera la realidad histórica de los hechos investigados, siendo necesario su reconstrucción por medio de la prueba recopilada. La verdad real consiste en determinar las verdaderas razones sobre las cuales se dieron esos hechos, es decir, cuál fue el cuadro fáctico que propició la actuación desplegada. La verificación de esta verdad real debe ser el fundamento sobre la cual se imponga una sanción administrativa. Por ello, el Órgano Director que lleve a cabo una investigación disciplinaria, no debe preestablecer ninguna situación fáctica como cierta, hasta tanto no se tengan por demostrados los hechos investigados. El principio de Conducta Procedimental de las partes guiados por la buena fe. El principio de Celeridad por el cual quienes participan en el procedimiento deben facilitar la continuación del mismo Principio de Eficacia por el cual se debe actuar en el procedimiento haciendo prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre cualquier formalismo; el de la verdad material por el que se busca verificar plenamente los hechos que sirven de sustento a las decisiones. Principio de Simplicidad para que los trámites sean sencillos y sin mayores complicaciones y confusiones; los que son pilares del debido proceso, debiendo concurrir además para el ejercicio de la potestad sancionadora los principios comunes a toda actividad punitiva del Estado, cualquiera que sea el órgano que la ejerza, entre ellos el principio de proporcionalidad sin cuya aplicación los demás principios también se verán vulnerados, entendiéndose como proporcionalidad la adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la sanción, considerando en especial los criterios de intencionalidad o reiteración, naturaleza de los perjuicios y reincidencia. “Por todo ello esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 129 de la Carta Magna, dispone: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación…”. En ese sentido es de recibo el motivo invocado por el quejoso, porque ciertamente se ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que se ha quebrantado el debido proceso al inobservar los principios que son base y fundamento del debido Proceso y que han sido relacionados en el considerando numero nueve (9) de este fallo. CONSIDERANDO (11): Que como consecuencia del análisis jurídico a que se ha sometido la acción de amparo invocada, esta Sala encuentra que se han vulnerado el Derecho – Garantía del Debido Proceso cuando la autoridad sancionadora, sin respetar los principios que lo conforman (debido proceso) se ha excedido en su función sancionatoria, aplicando la sanción más grave al señor Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía, cuando debió haberse procedido de acuerdo a lo señalado en la ley y el catálogo de sanciones, ya que por una parte si bien es cierto no se consignan en la apud Acta el número de Certificado de Depósito a favor del Estado de Honduras, también es cierto que el Titulo Valor denominado CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE por el monto de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS existe con fecha 21 de abril del 2010, ciertamente con fecha de un día posterior a que se dictó la resolución, pero también es cierto que el titulo valor aparece a nombre del JUZGADO DE LETRAS DE ISLAS DE LA BAHIA, no a nombre del titular del Juzgado de Letras Departamental. Por otra parte la sanción debió haber sido proporcional al mal causado, pero de los autos no aparece la lesión a algún bien jurídico protegido, tomando en cuenta que la modificación de la medida cautelar al enjuiciable estaba dentro de las facultades que le otorga la ley al Juez. En consecuencia esta Sala debe conceder la Acción de amparo a favor del recurrente por vulneración al debido proceso y contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República y vulneración a la norma contenida en el Artículo 129 también constitucional que garantiza la estabilidad laboral. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en el caso sub judice procede el amparo por Vulneración al Debido Proceso y vulneración a la norma contenida en el Artículo 129 también constitucional que garantiza la estabilidad laboral. CONSIDERANDO (13): Que consta en los antecedentes que el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, no había constituido representante procesal, así como que a la fecha ha fallecido; compareciendo en condición de Gestor Oficiosa su hija la Abogada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALES, teniéndola esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, por personada en legal y debida forma en su condición de gestora oficiosa de los derechos que pudieran reconocerse en las actuaciones de mérito al recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 160, 264, 272 del Código Procesal Penal 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha cinco de junio del año dos mil doce. Y MANDA: 1.- Que se haga entrega de la Certificación de este fallo a la Abogada JESSICA ALEJANDRA PADILLA GONZALES en su condición de Gestor Oficiosa y heredera, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, del Abogado ELIAS ANTONIO PADILLA HERNANDEZ, para lo que en derecho corresponda. 2.- Ordena el reconocimiento y pago de los salarios y demás derechos laborales que le hubieren correspondido como Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA; GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho de mayo de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Penal No. 966-2012. Firma y Sello.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”