Sentencia AA-791-12 — Registro 5299
Resumen
Resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial declaró sin lugar solicitud de reintegro y confirmó Acuerdo No. 170 emitido por la Corte Suprema de Justicia que destituye a recurrente de su cargo de juez de letras penal de la sección judicial de Talanga, Francisco Morazán por considerar que desobedeció un fallo de un Tribunal Superior
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."al revisar el expediente de merito nos encontramos que el amparista ha sido destituido por la desobediencia a un fallo de un Tribunal Superior; y durante su defensa ha alegado que no conlleva una gravedad que motive la destitución del puesto de trabajo. Criterio que es compartido por la Sala, ya que las resoluciones judiciales en donde se materializa la desobediencia son impugnables y corregibles; siendo que no afectan de manera ostensible al juicio y a sus partes. “Es claro que una arista del principio de la buena fe es la proporcionalidad en la sanción o prestación impuesta. Es decir, que el de proporcionalidad es también un postulado que informa toda la actividad administrativa y no pretende otra cosa que la adecuación entre medios y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan de satisfacer. El Consejo de la Carrera Judicial en este caso no optó por lo menos restrictivo, sino por lo más gravoso, e impuso, a criterio de esta Sala; una sanción superior a las necesarias para cumplir el fin perseguido, cual era el de sancionar al Juez de Letras por no acatar un fallo. Se presenta un ejercicio arbitrario de la autoridad pública cuando se impone a una persona una carga desproporcionada o injusta. Existe desproporción en el uso de las competencias constitucionales o legales si es evidente la divergencia entre los fines buscados con el otorgamiento de dicha competencia y los medios empleados para alcanzarlos. En esta medida, la proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones del Estado, en materia sancionatoria; para la emisión de la resolución impugnada el Consejo de la Carrera Judicial no tomó en consideración que el imputado el señor Carlos Rubén Martínez se presentó voluntariamente al proceso y el Abogado Ozias Suarez durante su actuación como juez no fue denunciado o sancionado por faltas en ocasión del cargo..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a este tipo de resoluciones; además por constar en el expediente examinado la vulneración al derecho fundamental del debido proceso; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONZO BARAHONA ZUNIGA, a favor del señor OZIAS SUAREZ ALVAREZ, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha cinco de junio del año dos mil doce, que declara sin lugar una solicitud de reintegro y confirma el Acuerdo No. 170 emitido por la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiuno de febrero de dos mil once; mediante la cual se destituye al señor OZIAS SUAREZ ALVAREZ, del cargo de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de marzo dos mil once, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, el abogado OZIAS SUAREZ ALVAREZ, en su condición personal, impugnando acuerdo de cancelación, reintegro al cargo que ocupaba o a otra igual categoría. (Folios uno (01) y ocho (08) de los antecedentes).2) Que en fecha cinco de junio del año dos mil doce, el Consejo de la Carrera Judicial, declaró (Sic) “1.- Declarar SIN LUGAR la impugnación a un acuerdo de cancelación y petición de reintegro, presentada por el Abogado OZÌAS SUÀREZ ÀLVAREZ.- 2.- CONFIRMAR la destitución del Abogado OZÌAS SUÀREZ ÀLVAREZ, del cargo de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, contenida en el Acuerdo No.170 de fecha 21 de febrero del 2011 emitido por la Corte Suprema de Justicia…” (Folios doscientos sesenta y seis (266) al doscientos setenta (270) de los antecedentes).3) Que el recurrente Abogado LUIS ALONZO BARAHONA ZUNIGA, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de octubre de dos mil doce, reclamando amparo a favor del señor OZIAS SUAREZ ALVAREZ, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha cinco de junio del año dos mil doce, de que se ha hecho referencia en el acápite que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en los Artículos 64, 82, 90 y 129 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis de junio del año dos mil trece.4) Que en fecha diecinueve de julio del año dos mil trece, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÀNDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, se abstuvo de emitir dictamen. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Articulo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por el Abogado LUIS ALONZO BARAHONA ZUNIGA, a favor del señor OZIAS SUAREZ ALVAREZ, se dirige contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha cinco de junio del año dos mil doce, que declara sin lugar una solicitud de reintegro y confirma el Acuerdo No. 170 emitido por la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiuno de febrero de dos mil once; mediante la cual se destituye al señor OZIAS SUAREZ ALVAREZ, del cargo de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante en la relación de hechos explica que el Consejo de la Carrera Judicial al recomendar el despido de su representado no observa el tiempo de la prescripción de sesenta días. Es decir se le aplicó una sanción aun cuando el tiempo para la aplicación de la misma ya había prescrito. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, con fecha dieciocho de julio de dos mil trece, siendo que existe una denuncia ante la Inspectoría General Tribunales por parte del Ministerio Público contra el señor OZIAS SUAREZ ALVAREZ, por actos cometidos en el desempeño del cargo de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán; señala que existe un interés directo y manifiesto del ente Fiscal, para la aplicación de la Ley; el Ministerio Público en base al Principio de objetividad y buena fe que rige su actuar a través de sus funcionarios; en esta ocasión se abstiene de emitir su pronunciamiento. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 3 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, establece que el Consejo tiene entre otras las atribuciones siguientes: Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico; ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la Carrera Judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, establece que, los procesos de investigación iniciados con la Ley de la Carrera Judicial, la que deroga, se tramitaran por la nueva ley. Señalando además los medios y recursos que se tienen para impugnar tales decisiones. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 2. REGLA DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.”; manda que las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales.”CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al revisar el expediente de merito nos encontramos que el amparista ha sido destituido por la desobediencia a un fallo de un Tribunal Superior; y durante su defensa ha alegado que no conlleva una gravedad que motive la destitución del puesto de trabajo. Criterio que es compartido por la Sala, ya que las resoluciones judiciales en donde se materializa la desobediencia son impugnables y corregibles; siendo que no afectan de manera ostensible al juicio y a sus partes. “Es claro que una arista del principio de la buena fe es la proporcionalidad en la sanción o prestación impuesta. Es decir, que el de proporcionalidad es también un postulado que informa toda la actividad administrativa y no pretende otra cosa que la adecuación entre medios y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan de satisfacer. El Consejo de la Carrera Judicial en este caso no optó por lo menos restrictivo, sino por lo más gravoso, e impuso, a criterio de esta Sala; una sanción superior a las necesarias para cumplir el fin perseguido, cual era el de sancionar al Juez de Letras por no acatar un fallo. Se presenta un ejercicio arbitrario de la autoridad pública cuando se impone a una persona una carga desproporcionada o injusta. Existe desproporción en el uso de las competencias constitucionales o legales si es evidente la divergencia entre los fines buscados con el otorgamiento de dicha competencia y los medios empleados para alcanzarlos. En esta medida, la proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones del Estado, en materia sancionatoria; para la emisión de la resolución impugnada el Consejo de la Carrera Judicial no tomó en consideración que el imputado el señor Carlos Rubén Martínez se presentó voluntariamente al proceso y el Abogado Ozias Suarez durante su actuación como juez no fue denunciado o sancionado por faltas en ocasión del cargo. CONSIDERNDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a este tipo de resoluciones; además por constar en el expediente examinado la vulneración al derecho fundamental del debido proceso; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,64,90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley sobre justicia constitucional, Artículo 17 del Código Civil, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre de dos mil catorce, certificación de fallo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en ese Tribunal bajo el número 791=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL