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Sentencia AA-48-10 — Registro 5291

Resumen

Resolución declaró con lugar recurso de reposición y revocó resoluciones emitidas por la Fiscalía General con relación a las diligencias de investigación en la denuncia promovida por las sociedades mercantiles Inversiones y Gasolinera Petróleos Valenzuela, S. de R.L. (PETROVAL), Inversiones y Gasolinera Servicentro Atlás (VAL) S. de R.L. de C.V., Inversiones y Gasolinera Servicentro Valenzuela Kuwait (KUVAL) S. de R.L. de C.V. por el delito de estafa continuada y otros fraudes contra la sociedad mercantil Esso Standard Oil, S.A. Limited y contra Puma Honduras S.A. de C.V.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional, ya ha dejado establecido que por aplicación del principio de especialidad, es un axioma general del derecho, que en lo atinente a las fuentes y jerarquía del derecho administrativo, la ley administrativa especial, prima por sobre leyes generales vigentes en la república. En el presente caso, resulta evidente la inexistencia de una norma administrativa especializada que aplique a lo interno del Ministerio Público, para definir el cauce procesal a ser observado en este tipo de asuntos; por lo cual, conforme a la jurisprudencia establecida por esta Sala, se impone como un deber de este Tribunal Supremo, atendiendo al principio de especialidad y para efectos de garantizar el mínimum de legalidad requerido para una efectiva tutela de las garantías genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, el reconocer al ordenamiento jurídico vigente en materia de Derecho Procesal Penal, como la norma especial y aplicable analógicamente a los procesos administrativos internos del Ministerio Público (Siendo evidente de los autos, que la misma es invocada por esta autoridad administrativa, de una forma discrecional y en el presente asunto, de forma llana y arbitraria al omitir su estricto acatamiento en lo tocante a los procedimientos formales de notificación)..."..."la norma adjetiva penal, por analogía, al no existir una norma especializada, con fundamento en la jurisprudencia citada y ante la imposibilidad de estricta aplicación del principio de especialidad, se impone por su carácter general, como de estricta observancia en lo que sea aplicable a la fase administrativa del proceso penal, hasta tanto no se legisle y se defina en consecuencia, una ley especializada que garantice la firmeza procesal de las resoluciones emitidas por la Fiscalía General del Estado y sus Dependencias. Brindando, la norma adjetiva general, la seguridad jurídica requerida y garantizando con ello una efectiva tutela a los derechos de Defensa e Igualdad ante la Ley;así como a las garantías Genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, cuya tutela es Debida por esta Sala y de obligatoria observancia para la Autoridad Administrativa Penal supra indicada, quien para tales efectos debe aplicar analógicamente los procedimientos y términos procesales establecidos por el Código Procesal Penal, en lo atinente a los procedimientos descritos, al decretarse un cierre administrativo, sea éste provisional o definitivo..."..."de la motivación transcrita, resulta evidente la existencia de una vulneración por parte de la Fiscalía General del Estado, tanto a las garantías genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, como a los derechos de Igualdad y Defensa, de la parte recurrente, toda vez que lo resuelto por esta autoridad administrativa, nace de un acto arbitrario, en el cual no se ha determinado con claridad la norma procesal aplicable, y como consecuencia se ha desconocido la estricta observancia de un ordenamiento adjetivo concreto, tornando en difusa la firmeza que debiese ser implícita en un acto procesal definitivo previo, al no haberse observado una estricta motivación, la debida congruencia y claridad en la parte resolutiva del acto originario, o la oficiosidad debida en su notificación, no obstante estar determinados taxativamente estos elementos por la norma adjetiva aplicable. E igualmente, por carecer de una debida motivación y una argumentación congruentes, el acto reclamado en amparo al no poder determinarse de éste, el objeto concreto de la investigación requerida para fundamentar la revocatoria del archivo decretado. De esta forma, resulta evidente que se han desconocido los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por el propio Ministerio Público, dejando al arbitrio de una de las partes las condiciones esenciales requeridas para garantizar la validez procesal de un acto formal, y con ello expedita la vía para poder recurrirlo y a su vez, por haberse omitido con la emisión del acto reclamado una debida motivación. Situaciones que en ambos casos, debieron haberse sustentado adjetivamente de acuerdo a los principios de debido proceso, oficiosidad y publicidad, los que entre otros, informan a la propia naturaleza intrínseca de todo proceso penal, y que por lo tanto, son de igual e inexcusable observancia en su etapa investigativa (administrativa)...".."ante la ausencia de tutela por parte de la autoridad recurrida, esta Sala deviene en la obligación ineludible de garantizar a la parte recurrente una efectiva tutela a las normas Constitucionales relacionadas, reconociendo en primer lugar como necesario y exigible que el acto de la notificación desarrollado, sea el más perfecto, seguro, transparente, confiable y eficaz, para asegurar, mediante su esencia y finalidad primordial, la garantía que supone el derecho de defensa en un procedimiento determinado, efectivizando y dando ejercicio al principio del contradictorio o de bilateralidad, y con ello brindando una efectiva tutela al derecho de igualdad procesal. Y en segundo lugar, estableciendo el mecanismo que permita a las partes en contienda, como gobernados, tener certeza del momento en que adquieran el carácter de definitivo el acto emanado de la autoridad pública. En el presente asunto, en concreto, la Sala estima como necesario que todas las personas que son objeto de investigación, así como sus apoderados, sepan con certeza, cual es el procedimiento a seguir en los actos que propiamente no son de investigación sino de capacidad procesal, como en el caso que nos ocupa..."..."se estima pertinente otorgar el amparo de mérito, para efectos de que la autoridad administrativa en cuanto al procedimiento de archivo solicitado resuelva conforme a las normas aplicables contenidas en los artículos 284, en relación con los artículos 30, 295, 296 y 299 del Código Procesal Penal, o en su defecto desestimando el mismo, mediante una resolución que cuente con la debida motivación y argumentación jurídica, en la cual se valoren concretamente los elementos en que se funde la procedencia o improcedencia de la reposición planteada; debiendo en ambos casos la nueva resolución que se dicte, ser adecuada a derecho, observar el procedimiento general para la comunicación de los actos procesales en el proceso penal administrativo, de conformidad a la norma general adjetiva que rige en nuestro ordenamiento positivo penal, determinando de esta forma el mecanismo para efectuar las notificaciones personales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de Febrero del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL S.A. LIMITED”, contra la resolución dictada por el Fiscal General de la República, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil nueve, que declaró con lugar el Recurso de reposición y revocó las resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la República, en fechas ocho de diciembre del año dos mil ocho y veinte de febrero del año dos mil nueve; con relación a las diligencias investigativas en la denuncia promovida por el señor FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARADIAGA, en su condición de apoderado legal de las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES Y GASOLINERA PETROLEOS VALENZUELA S. de R.L. (PETROVAL),INVERSIONES Y GASOLINERA SERVICENTRO ATLAS (VAL) S.de R.L. de C.V. e INVERSIONES Y GASOLINERA SERVICENTRO VALENZUELA KUWAIT (KUVAL) S.de R.L. de C.V. A N T E C E D E N T E S 1) Que compareció ante el Ministerio Público de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Licenciado FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARADIAGA, en su condición de Gerente General de las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES Y GASOLINERA PETROLEOS VALENZUELA S. de R.L. (PETROVAL),INVERSIONES Y GASOLINERA SERVICENTRO ATLAS (VAL) S. de R.L. de C.V. e INVERSIONES Y GASOLINERA SERVICENTRO VALENZUELA KUWAIT (KUVAL) S. de R.L. de C.V., interponiendo denuncia criminal por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA Y OTROS FRAUDES, contra DANIEL MENCIA BIAGOSH, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada ESSO STANDARD OIL S.A. LIMITED, ampliando la misma el diez de noviembre de dos mil seis, contra el Ingeniero ROBERTO ALVARADO NEY, representante de PUMA HONDURAS, S.A. de C.V.. 2) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil siete, la Abogada ANGIE VILLANUEVA BARAHONA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada ESSO STANDARD OIL S.A. LIMITED, compareció ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, solicitando el cierre administrativo de investigación del expediente número 9121-06 incoado contra la sociedad mercantil ESSO ESTÁNDAR OIL S.A. LIMITED, por la supuesta comisión de los delitos de FRAUDE y ESTAFA, en perjuicio de la sociedad mercantil denomina INVERSIONES Y GASOLINERA PETROLEOS VALENZUELA S. DE R.L., por considerar que no existe delito que perseguir, ya que los hechos denunciados son cuestiones de orden civil.- El veintitrés de mayo del año dos mil siete, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Comunes, declaró sin lugar la solicitud del cierre presentada por la Abogada ANGIE VILLANUEVA, en su condición ya indicada, por considerar que existe el delito de ESTAFA CONTINUADA, ya que las empresas ESSO STANDARD OIL Y PUMA DE HONDURAS, amparados en una relación comercial, han venido defraudando al señor FRANCISCO VALENZUELA, según los establecido en el artículo 242 numeral 1) del Código Penal. 3) Que en fecha cinco de junio del año dos mil siete, la Abogada ANGIE VILLANUEVA BARAHONA, en su condición indicada compareció ante el Ministerio Público, solicitando que se revocara la resolución de fecha veintitrés de mayo del año dos mil siete, que se deja relacionada en el inciso que precede, alegando que los hechos no son constitutivos de delito, y que la resolución del conflicto le corresponde al ámbito civil; el tres de septiembre del año dos mil siete, el Ministerio Público a través de la Fiscalía General Adjunta de la República, mediante resolución FGA No. 010/2007, declaró: a) sin lugar la solicitud de impugnación, ya que en cuanto a lo solicitado debe de reconsiderarse la tesis de que existe un trato desigual que no ha recaído únicamente sobre la parte denunciante, sino como afirma la parte defensora, es una circunstancia que tiene que ver con las formas y procedimientos de la misma comercialización del producto, pero el hecho de que sea así, más bien extiende el perjuicio o la afectación de todas las empresas que integra la cadena de comercialización de los combustibles, lo cual provoca que el Ministerio Público antes de restringirse la investigación penal, puede extenderla hacia los demás actores importadores e intermediarios del combustible; b) amplió la resolución emitida por la Fiscalía Especial de Delitos Comunes, en el sentido de que la misma extienda sus investigaciones mediante práctica de otras diligencias indagatorias que permitan determinar claramente la existencia de responsabilidad penal en el asunto sometido a su competencia; y c) ordenó devolver el expediente investigativo NUI-9121-06, de que se ha hecho mérito, a la Unidad de Instrucción de la Fiscalía de Delitos Comunes, sin perjuicio de las acciones mercantiles o civiles que a los interesados pueda corresponderles en el curso de sus relaciones; fundamentando su decisión en los artículos 13 del Código Penal; 10, 11 y 1547 del Código Civil; y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 4) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil siete, la Abogada ANGIE VILLANUEVA BARAHONA, compareció al Ministerio Público, solicitando reposición de la resolución FGA No. 010/2007, dictada por la Fiscalía Adjunta, por lo que el Ministerio Público en fecha ocho de diciembre del año dos mil ocho declaró: a) con lugar la admisión de la impugnación; b) repuso la resolución FGA-No.010/2007, en consecuencia declaró sin valor y efecto la resolución emitida por la Fiscalía de Instrucción de Delitos Comunes, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil siete; y c) ordenó el archivo en sede administrativa del expediente NUI-9121-06, de que se ha hecho mérito, al efecto devuélvase el expediente NIU-921-06, en cuatro volúmenes y documentos anexos a la Unidad de Instrucción de la Fiscalía de Delitos Comunes, para su ejecución, sin perjuicio de las acciones mercantiles y civiles; fundamentando su decisión en los artículos 284 numeral 1) del Código Procesal Penal; 13 del Código Penal; y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

  1. Que en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, el Abogado FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARADIAGA, en su condición ya indicada, compareció ante el Ministerio Público, ampliando nuevamente la denuncia que se deja relacionada en el primer antecedente de este fallo, contra los señores HORACIO GALDAMEZ, Gerente de Operaciones, EDGARDO LARA, Gerente del Centro y Sur del país y WILHEN BENDECK, Gerente Contralor Financiero, todos de las sociedades denunciadas. 6) Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil nueve, la citada Fiscalía, resolvió que por falta de notificación no se encontraba firme la resolución emitida en fecha ocho de diciembre del año dos mil ocho, quedando en suspenso su ejecución, en consecuencia remitió el expediente NUI-9121-2006, a la Fiscalía de Delitos Comunes, para la investigación de los extremos de la ampliación de la denuncia en los términos establecidos en los Artículos 92 y 273 del Código Procesal Penal, y una vez concluida la investigación sobre la ampliación presentada, se tomara la decisión que procediera de conformidad a lo establecido en el Artículo 284 del Código Procesal Penal. 7) Que la Fiscalía General de la República del Ministerio Público, el veinte de febrero del año dos mil nueve, en virtud de lo expuesto por la Fiscalía de Delitos Comunes, de que en la ampliación de la denuncia no refiere hechos nuevos para que se continúe con el procedimiento investigado, resolvió dejar sin valor y efecto el auto de fecha veintiséis de enero del año dos mil nueve, y ordenó la notificación conforme lo establece la ley del auto de dicha fecha, debiendo estarse a lo resuelto en el auto de fecha ocho de diciembre del año dos mil ocho. 8) Que en fecha cuatro de noviembre del año dos mil nueve, el Ministerio Público, resolviendo el Recurso de Reposición interpuesto pot el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, quien actúa en su condición de apoderado legal de señor FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARADIAGA, contra las resoluciones de fechas ocho de diciembre de dos mil ocho y veinte de febrero de dos mil nueve, revocó las resoluciones recurridas, con el fin de que se realizaran las diligencias de investigación para determinar por la Fiscalía de Delitos Comunes, la procedencia o no de una acción de carácter penal y remitió el expediente de mérito a la Secretaría General del Ministerio Público, a fin de que se notifiquen las partes y posteriormente sean remitidas a la Fiscalía de Delitos Comunes, para que se continúe con las investigaciones, en base al principio de legalidad y debido proceso. 11) El recurrente Abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de enero del año dos mil diez, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada ESSO ESTÁNDAR OIL S.A. LIMITED, afirmando que la resolución emitida por el Ad-Quem, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 60, 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada “ESSO STANDARD OIL S.A. LIMITED”, se dirige contra la resolución dictada por el Fiscal General de la República, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil nueve, que declaró con lugar el Recurso de reposición y revocó las resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la República, en fechas ocho de diciembre del año dos mil ocho y veinte de febrero del año dos mil nueve; con relación a las diligencias investigativas en la denuncia promovida por el señor FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARADIAGA, en su condición de apoderado legal de las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES Y GASOLINERA PETROLEOS VALENZUELA S. de R.L. (PETROVAL),INVERSIONES Y GASOLINERA SERVICENTRO ATLAS (VAL) S.de R.L. de C.V. e INVERSIONES Y GASOLINERA SERVICENTRO VALENZUELA KUWAIT (KUVAL) S.de R.L. de C.V. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que en el caso de merito nos encontramos que existe una violación al debido proceso, porque el apoderado legal de la parte denunciante presentó un recurso de reposición en base a la Ley de Procedimiento Administrativo, que el nuevo Fiscal Luis Rubí, admitió y revocó la decisión del Ex Fiscal General Leónidas Rosa Bautista. Señala que aquí no se puede hablar de dos personas distintas, puesto que ocupan la misma posición jerárquica en distintos tiempos. El Titular del Ministerio Público debe ceñirse a lo que dice la norma procesal penal aplicable sin diferencia alguna. El nuevo Fiscal General no debe revocar una decisión conforme a derecho del Ex Fiscal General al margen de la normativa penal, aplicando normas jurídicas que solo corresponden al Derecho Administrativo (Ley de Procedimiento Administrativo) en franca violación al Derecho procesal, porque de hacerlo, pondría en peligro la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. En adición al hecho de que el nuevo Titular de la Fiscalía General de la República irregularmente revoque una decisión de anterior titular, hace que su poderdante, como comerciante social que es, se sienta en peligro de una sanción jurídica inexplicable. Esta indefensión también produce inseguridad jurídica; y, causa que cualquier comerciante dude de invertir en Honduras porque no se sabe de un momento a otro como cambian las reglas jurídicas. En conclusión, en el presente caso, al no fundamentar su decisión, el Ministerio Público deja indefenso tanto a su mandante como a su patrocinado, porque que carecen de parámetro para defenderse, y se desnaturaliza el proceso, que ya carece de la formalidad que se requiere cuando se pesa en una balanza uno de los derechos mas sagrados de las personas. Finaliza señalando que ocurre una violación al derecho de la igualdad, puesto que en todos los procesos penales que conoce el recurrente, se aplican como normas fundamentales las correspondientes a dicho ámbito; y, jamás se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo para determinar algo tan fundamental como la decisión de si termina o no un proceso incoado en contra de una persona. de los terceros. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el debido proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. [1] Así, si bien es cierto que los fallos, en este caso las decisiones del ente Fiscal, a quien corresponde ejercer la acción penal pública; han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual esta decisión comunicada a las partes intervinientes, o conocida por estas, pueda concretarse; y, tutelar efectivamente la pretensión o el derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que el fallo justo o resolución final, acordes con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que satisfacer materialmente el derecho conocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el debido proceso a toda persona[2]. CONSIDERANDO SIETE (07): Que la producción de un acto administrativo, implica necesariamente la aplicabilidad de un procedimiento legal determinado, pues éste, necesariamente exige, por imperativo constitucional, el sometimiento del gobernado a su contenido, siempre que se observen las formalidades, derechos y garantías que únicamente la Ley puede establecer, toda vez que ningún ciudadano estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe. No obstante, estos principios esenciales, contenidos en nuestra Constitución, si bien revisten una garantía genérica en beneficio de los gobernados, no pueden ni deben representar una licencia para favorecer la discrecionalidad arbitraria de la autoridad pública, toda vez que ésta debe someter su conducta a la legalidad. Así, la actuación administrativa debe en todo momento estar sometida a un procedimiento legal determinado, como garantía elemental al ciudadano de que se respetará un mínimo de seguridad jurídica. CONSIDERANDO OCHO (08): Que la declaración contenida en los actos propios de la Administración Pública (a diferencia de lo que acontece en cuanto a la actividad privada, que se basa en los principios de discrecionalidad irrestricta y libertad propia del negocio), implica que esta actividad, está a cargo de funcionarios públicos, quienes han adquirido tal carácter luego de prestar su promesa de ley, jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; en este sentido, este deber lleva implícito el estricto apego, observancia y respeto, de estos funcionarios, a los principios fundamentales del debido proceso y la reserva de ley, que se han relacionado en el anterior considerando. CONSIDERANDO NUEVE (09): Que el estricto apego, observancia y respeto a los principios fundamentales del debido proceso y la reserva de ley, como garantías genéricas a ser observadas sine qua non por un funcionario público en el ejercicio de su actividad, implican, una obligación inherente y de observancia inexcusable en lo tocante a los diferentes procesos en que interviene su actividad y por ende la de la administración pública, al relacionarse con sus gobernados. En este caso concreto, al resolverse sobre un proceso administrativo penal (vistas las circunstancias fácticas ya relacionadas en la motivación del presente fallo), la actividad de la autoridad suprema del Ministerio Público, da lugar a una suerte de lo que, ya ha sido definido en anterior jurisprudencia por esta Sala como limbo jurídico,[3] en la situación de la legislación aplicable al procedimiento de la fase investigativa en sede administrativa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que conforme lo ha establecido esta Sala en su jurisprudencia,[4] atinente a la importancia de las notificaciones para los efectos de que una resolución adquiera la firmeza procesal requerida: “… Que la notificación es un acto de comunicación. Por consiguiente es un acto autónomo, esto significa, que es distinto a otro acto que generalmente contenido en él, que es lo que se comunica. … es de suma importancia el acto procesal de la notificación, pues sin este acto la comunicación de providencias o resoluciones sería secreta y las partes carecerían de la oportunidad para contradecirlas o impugnarlas, y por tanto se les impediría ejercitar el derecho Constitucional de defensa. Por ello, una regla general, bajo la cual actúan los órganos jurisdiccionales, es que ninguna resolución puede cumplirse o ejecutarse, ni quedar firme o ejecutoriada, sin haber sido antes notificada a todas las partes, salvo algunos decretos de mero trámite que la ley autoriza, o las resoluciones que se refieran a medidas cautelares o los mandatos de detención que se ejecutan antes de su notificación a la parte afectada con la medida. Una notificación imperfecta o falsa puede causar enormes perjuicios económicos y personales (moral) a las partes del proceso judicial, pues en ellas se ventilan y se van a definir desde sus derechos más personales (nombre, domicilio, imagen, intimidad, honor, etc.), pasando por sus derechos de familia (patria potestad, hijos, tutela, alimentos, matrimonio, etc.), hasta sus derechos patrimoniales (propiedad, posesión, bienes, deudas o acreencias, herencias, etc.). Por todo ello, se hace necesario y exigible que este acto sea el más perfecto, seguro, transparente, confiable y eficaz. En cuanto a su esencia y finalidad primordial, es la de garantizar la defensa en juicio. Cumple con efectivizar y dar ejercicio al principio del contradictorio o de bilateralidad, pues ambas partes, por estar en igualdad de condiciones, deben tener conocimiento de todas las resoluciones o actos procesales …”. CONSIDERANDO ONCE (11): Que al tenor de lo hasta aquí expuesto, resulta imperativo declarar en cuanto a la firmeza de un auto de cierre administrativo dictado por una autoridad pública en una denuncia penal, que al no tratarse el mismo de un acto emanado de una relación privada de derecho, no puede ni debe el mismo ser asumido con ligereza, ambivalencia u omisión de la debida formalidad, pues éste es de fundamental relevancia para la parte que hoy se considera agraviada, por lo cual, resulta pertinente además de determinar los límites de la facultad discrecional de que goza la autoridad recurrida, realizar una adecuada ponderación de los intereses jurídicos en conflicto, esto es determinar la responsabilidad efectiva que en cuanto a la tutela a las garantías genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, ha observado la autoridad pública, por suponer la misma, el único mecanismo de salvaguarda ordinario y previo de que goza el administrado, para que la autoridad pública le garantice en esa instancia, una efectiva regularidad procesal y con ello la correcta tutela de sus derechos fundamentales de Defensa e Igualdad ante la Ley y en última instancia a la prohibición de doble juzgamiento, que pudiese igualmente verse afectada ante la ambivalencia de criterios que se denuncia; lo que en definitiva y de ser omitido por la autoridad pública, faculta a la actividad de esta Sala para apreciar mediante la presente acción constitucional, la legalidad observada, en cuanto a la actividad jurídica específica de la administración pública, con la emisión del acto reclamado en amparo. Siendo necesario arbitrar una solución, que sin menoscabar el papel protagónico y fundamental que la ley confiere al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, también tome en cuenta los intereses legítimos de los gobernados. CONSIDERANDO DOCE (12): Que con base a lo anteriormente expuesto, siendo que el objetivo esencial del Ministerio Público, es el de integrarse como un organismo profesional especializado, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado. Resulta evidente, que su estructuración jurídica, es la de un ente administrativo especializado, cuya función concreta radica en el cumplimiento de los fines y objetivos que son pertinentes a realizar la acción penal Pública. CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme lo establece la doctrina,[5] en cuanto a la Seguridad Juridica como principio estructural del ordenamiento, se pueden destacar los siguientes rasgos: 1) La posibilidad de conocimiento por parte de los ciudadanos de las normas en virtud de las cuales serán evaluadas jurídicamente sus acciones. 2) La conciencia de que su interpretación del Derecho aplicable coincide con la que la propia sociedad asume. Y 3) La confianza en la efectividad del ordenamiento y, por tanto, en la adhesión al mismo por parte de los ciudadanos y en la aplicación de sus normas… La certeza en el Derecho exige ante todo la presunción de legitimidad de las normas jurídicas que emanan de los órganos habilitados por el ordenamiento. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional[6], ya ha dejado establecido que por aplicación del principio de especialidad, es un axioma general del derecho, que en lo atinente a las fuentes y jerarquía del derecho administrativo, la ley administrativa especial, prima por sobre leyes generales vigentes en la república. En el presente caso, resulta evidente la inexistencia de una norma administrativa especializada que aplique a lo interno del Ministerio Público, para definir el cauce procesal a ser observado en este tipo de asuntos; por lo cual, conforme a la jurisprudencia establecida por esta Sala, se impone como un deber de este Tribunal Supremo, atendiendo al principio de especialidad y para efectos de garantizar el mínimum de legalidad requerido para una efectiva tutela de las garantías genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, el reconocer al ordenamiento jurídico vigente en materia de Derecho Procesal Penal, como la norma especial y aplicable analógicamente a los procesos administrativos internos del Ministerio Público (Siendo evidente de los autos, que la misma es invocada por esta autoridad administrativa, de una forma discrecional y en el presente asunto, de forma llana y arbitraria al omitir su estricto acatamiento en lo tocante a los procedimientos formales de notificación). CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la norma adjetiva penal, por analogía, al no existir una norma especializada, con fundamento en la jurisprudencia citada y ante la imposibilidad de estricta aplicación del principio de especialidad, se impone por su carácter general, como de estricta observancia en lo que sea aplicable a la fase administrativa del proceso penal, hasta tanto no se legisle y se defina en consecuencia, una ley especializada que garantice la firmeza procesal de las resoluciones emitidas por la Fiscalía General del Estado y sus Dependencias. Brindando, la norma adjetiva general, la seguridad jurídica requerida y garantizando con ello una efectiva tutela a los derechos de Defensa e Igualdad ante la Ley;así como a las garantías Genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, cuya tutela es Debida por esta Sala y de obligatoria observancia para la Autoridad Administrativa Penal supra indicada, quien para tales efectos debe aplicar analógicamente los procedimientos y términos procesales establecidos por el Código Procesal Penal, en lo atinente a los procedimientos descritos, al decretarse un cierre administrativo, sea éste provisional o definitivo. CONSIDERANDO DIECISÉIS (16): Que la norma adjetiva Penal, además de establecer un procedimiento general para la comunicación de los actos procesales en un proceso penal determinado[7], determinando el mecanismo para efectuar las notificaciones personales, e imponer igualmente un mecanismo de impugnación a las resoluciones de archivo,[8] y un plazo máximo para allegar pruebas y establecer los nuevos elementos de prueba que puedan ser aportados al proceso penal luego de su interrupción si ésta fuere provisional.[9] Procedimientos de sustanciación administrativa que en cuanto al proceso interno en sede Fiscal, a todas luces, son preferibles mediante su aplicación analógica como normas generales contenidas en el Código Procesal Penal, que continuar con la aplicación discrecional y arbitraria de una legalidad ambivalente, que genera lo ya definido por nuestra jurisprudencia como limbo jurídico,[10] por carecer de una legislación especial. Aunado a lo anterior, el Código Procesal Penal como norma de aplicación general articulo 284 establece taxativamente en cuanto a las “Decisiones del Ministerio Público una vez conluidas las investigaciones iniciales”, esto es una vez decretado el “cierre administrativo” que se impone una obligación a la autoridad administrativa a cargo del proceso penal, que: “Concluidas las investigaciones iniciales, la correspondiente dependencia del Ministerio Público podrá: 1) Ordenar el archivo del respectivo expediente; 2) Pedir, por escrito, al Juez de Letras competente que a) Lo autorice para suspender la persecución penal y que le imponga al imputado una o varias de las reglas de conducta previstas en el Articulo 37; b) Se dé al proceso el trámite de procedimiento abreviado a del juicio por faltas, remitiendo en este caso, las actuaciones al Juez de Paz competente; o, c) Se dicte sobreseimiento definitivo. 3) Presentar requerimiento Fiscal ante el Juez competente. En los casos previstos en el numeral 2) de este Artículo, el Juez resolverá sin más trámite, la solicitud correspondiente.” CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que por lo anteriormente expuesto, resulta evidente, que la Ley adjetiva general, si bien no determina un procedimiento interno de sustanciación, mediante la aplicación analógica de la norma general adjetiva, ante la ausencia de una norma procesal especial que regule el proceso interno, cuya tutela es estricta responsabilidad de la autoridad Fiscal, deberá, dado su carácter de norma general aplicarse analógicamente, toda vez que si establece un procedimiento que además de determinar los mecanismos de notificación, comunicación e impugnación a las resoluciones de archivo, así como el plazo máximo para allegar y establecer los nuevos elementos de prueba que puedan ser aportados al proceso luego de su interrupción si ésta fuere provisional; garantiza taxativamente en su artículo 284, el mecanismo para que este tipo de resoluciones adquiera la firmeza procesal del archivo definitivo de las actuaciones evacuadas en sede administrativa del Ministerio público. Siendo de suma importancia destacar, que esta norma positiva determina expresamente la firmeza de este tipo de procedimientos, una vez ratificado lo resuelto en la Fiscalía del Ministerio Público, mediante el pronunciamiento “sin más trámite” del órgano jurisdiccional competente en materia penal. Brindando de esta forma nuestro ordenamiento positivo, la seguridad jurídica requerida para garantizar la firmeza procesal que este tipo de actuaciones requiere para su efectiva validez. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que conforme a lo expuesto, queda entendido, que los actos de la autoridad administrativa, además de contar en apariencia, con el respaldo de una motivación y argumentación jurídica que resuelvan sobre el conflicto planteado, deben ser concretamente encausados procesal y sustantivamente, mediante la aplicación uniforme de un ordenamiento positivo específico, que permita objetivizar sin variaciones arbitrarias y/o antojadizas, una adecuada respuesta de esa autoridad, cuya actuación y la de sus subalternos, con posterioridad a la emisión de su respuesta, deberá permitir además, una adecuada comunicación de lo resuelto a los gobernados. Pues, la sola respuesta escrita y en apariencia motivada de la autoridad administrativa a una petición concreta de éstos, implica per se, la génesis de una obligación sustantiva y procesal aún más relevante, al requerirse hacer efectiva esta respuesta, mediante una adecuada solución al conflicto planteado y su comunicación formal a las partes interesadas, como mecanismo necesario para que lo resuelto adquiera la firmeza procesal que no turne en ilusoria la actividad desarrollada a través del acto resolutivo emanado de la administración pública, garantizando en definitiva con ello, el fin de su actividad y la seguridad jurídica, que es impuesta como un imperativo y último fin, a toda la actividad de los operadores de justicia. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que de la motivación transcrita, resulta evidente la existencia de una vulneración por parte de la Fiscalía General del Estado, tanto a las garantías genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, como a los derechos de Igualdad y Defensa, de la parte recurrente, toda vez que lo resuelto por esta autoridad administrativa, nace de un acto arbitrario, en el cual no se ha determinado con claridad la norma procesal aplicable, y como consecuencia se ha desconocido la estricta observancia de un ordenamiento adjetivo concreto, tornando en difusa la firmeza que debiese ser implícita en un acto procesal definitivo previo, al no haberse observado una estricta motivación, la debida congruencia y claridad en la parte resolutiva del acto originario, o la oficiosidad debida en su notificación, no obstante estar determinados taxativamente estos elementos por la norma adjetiva aplicable. E igualmente, por carecer de una debida motivación y una argumentación congruentes, el acto reclamado en amparo al no poder determinarse de éste, el objeto concreto de la investigación requerida para fundamentar la revocatoria del archivo decretado. De esta forma, resulta evidente que se han desconocido los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por el propio Ministerio Público, dejando al arbitrio de una de las partes las condiciones esenciales requeridas para garantizar la validez procesal de un acto formal, y con ello expedita la vía para poder recurrirlo y a su vez, por haberse omitido con la emisión del acto reclamado una debida motivación. Situaciones que en ambos casos, debieron haberse sustentado adjetivamente de acuerdo a los principios de debido proceso, oficiosidad y publicidad, los que entre otros, informan a la propia naturaleza intrínseca de todo proceso penal, y que por lo tanto, son de igual e inexcusable observancia en su etapa investigativa (administrativa). CONSIDERANDO VEINTE (20): Que por las razones expuestas, ante la ausencia de tutela por parte de la autoridad recurrida, esta Sala deviene en la obligación ineludible de garantizar a la parte recurrente una efectiva tutela a las normas Constitucionales relacionadas, reconociendo en primer lugar como necesario y exigible que el acto de la notificación desarrollado, sea el más perfecto, seguro, transparente, confiable y eficaz, para asegurar, mediante su esencia y finalidad primordial, la garantía que supone el derecho de defensa en un procedimiento determinado, efectivizando y dando ejercicio al principio del contradictorio o de bilateralidad, y con ello brindando una efectiva tutela al derecho de igualdad procesal. Y en segundo lugar, estableciendo el mecanismo que permita a las partes en contienda, como gobernados, tener certeza del momento en que adquieran el carácter de definitivo el acto emanado de la autoridad pública. En el presente asunto, en concreto, la Sala estima como necesario que todas las personas que son objeto de investigación, así como sus apoderados, sepan con certeza, cual es el procedimiento a seguir en los actos que propiamente no son de investigación sino de capacidad procesal, como en el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que por las razones anteriormente expuestas se estima pertinente otorgar el amparo de mérito, para efectos de que la autoridad administrativa en cuanto al procedimiento de archivo solicitado resuelva conforme a las normas aplicables contenidas en los artículos 284, en relación con los artículos 30, 295, 296 y 299 del Código Procesal Penal, o en su defecto desestimando el mismo, mediante una resolución que cuente con la debida motivación y argumentación jurídica, en la cual se valoren concretamente los elementos en que se funde la procedencia o improcedencia de la reposición planteada; debiendo en ambos casos la nueva resolución que se dicte, ser adecuada a derecho, observar el procedimiento general para la comunicación de los actos procesales en el proceso penal administrativo, de conformidad a la norma general adjetiva que rige en nuestro ordenamiento positivo penal, determinando de esta forma el mecanismo para efectuar las notificaciones personales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 185, 304, 313 No.5 y 319 atribución 8ª. de la Constitución de la República; 1, 1º. y 78 atribución 5ª. y 46 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 33, 34, 151, 152, 153, 154, 284, 295, 296, 299 y demás aplicables del Código Procesal Penal.; Decreto No.108-2006, de fecha cinco de septiembre de dos mil seis; y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 46, 49, 54 y 118 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1° DECLARAR: Que el Código Procesal Penal, por analogía, ante la inexistencia de una norma especializada y ante la imposibilidad de la estricta aplicación del Principio de Especialidad, se impone por su carácter general, como el ordenamiento jurídico positivo e idóneo para garantizar el mínimum de legalidad requerido para brindar Seguridad Jurídica y garantizar una efectiva tutela a los derechos de Defensa e Igualdad ante la Ley, así como a las garantías Genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, a los particulares que acudan ante la instancia administrativa del Ministerio Público, durante la interposición, sustanciación y resolución del proceso formado. Lo anterior, hasta tanto no se legisle y se defina en consecuencia, una ley especializada que garantice el curso y mecanismos para determinar la firmeza procesal de las resoluciones emitidas por la Fiscalía General del Estado y sus Dependencias. y 2° OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito para efectos de que la autoridad administrativa en cuanto al procedimiento de archivo solicitado resuelva conforme a las normas aplicables contenidas en el Código Procesal Penal, o en su defecto desestimando el mismo, mediante una resolución que cuente con la debida motivación y argumentación jurídica, en la cual se valoren concretamente los elementos en que se funde la procedencia o improcedencia de la reposición planteada, debiendo en ambos casos la nueva resolución que se dicte, ser adecuada a derecho y observar el procedimiento general para la comunicación de los actos procesales en el proceso penal administrativo, de conformidad a la norma general adjetiva que rige en nuestro ordenamiento positivo penal, determinando de esta forma el mecanismo para efectuar las notificaciones personales. Y MANDA que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUÍZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha once de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número 48=10.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] González Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Judicial Jurisdiccional, Tercera Edición, Civitas, Madrid 2001, Pag. 53

[3] Ver sentencia recaída en acción de amparo registrada bajo el No. AA2748-04

[4] Ver sentencia dictada en la acción de amparo No. ACC61-12

[5] Ver Balaguer Callejon, Camara Villar, Lopez, Balaguer y Mantilla Martos, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, 3ª. Ed. 2008, Volumen I, pags. 94 y 95.

[6] Ver entre otras sentencias recaídas en las acciones de amparo con registros Nos. AA 805-09, AA806-09 Y ACA 514-12

[7] Ver artículos 151, 152, 153, 154 y demás aplicables del Código Procesal Penal.

[8] Ver artículos 32, 33 y 34 del Código Procesal Penal.

[9] Ver artículo 295 párrafo segundo del Código Procesal Penal.

[10] Idem a llamado 3.