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Sentencia AA-422-13 — Registro 5297

Resumen

Actuaciones realizadas por la autoridad recurrida en relación a decomiso de equipo de comunicaciones efectuadas en el Grupo Cable Sula, S.A. de C.V. con relación a denuncia presentada por las sociedades Americana de Producciones, S. A. (AMPRO) e Intereses en el Istmo, S.A. en la investigación del supuesto delito de violación de derechos de autor

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa: que entre las empresas AMPRO S.A., E INTERESES EN EL ITSMO, S.A. DE C.V y GRUPO CABLE SULA ha existido una relación contractual, regida por las cláusulas de los contratos sucritos por las mismas, y que en su cláusula dieciocho (18) dispone: “El plazo del contrato se tendrá por prorrogado por períodos iguales en forma automática y sin necesidad de declaración alguna de las partes por una sola vez, si la empresa contratante no manifiesta por escrito y con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento, su deseo de dar por terminado el contrato o renegociar las condiciones del mismo…” Resulta que al haber transcurrido el termino señalado en el contrato sin que la parte contratante manifestara su deseo de terminar la relación contractual, ésta se ha prorrogado automáticamente, y siendo que el artículo 1548 del código Civil dispone que “la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes”, significa que una vez perfeccionado el contrato, el mismo vincula a las partes definitivamente, sin que puedan eludir discrecionalmente su cumplimiento. Esta vinculación a lo estipulado o irrevocabilidad del contrato se refleja en la máxima pacta sunt Servanda. Por lo que analizados los contratos suscritos por las partes se observa que ciertamente, el contrato se ha prorrogado al momento que la parte contratante no hizo uso de su derecho para dar por terminado los contratos suscrito con GRUPO CABLE SULA, en el término previo de sesenta días como mínimo, siendo así las cosas en este momento debe darse cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 1548 del Código Civil, antes relacionado debiendo dirimirse el conflicto a la jurisdicción de lo civil..."..."Esta sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado por cuanto al recurrente se le restringió la posibilidad de acreditar la relación comercial contractual subsistente en tanto la jurisdicción de lo civil no dirima el conflicto, y de esta manera ejercer plenamente el derecho a la Defensa..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse los derechos del recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA a favor de la sociedad mercantil denominada SEGUROS CONTINENTAL, S.A., contra actuaciones realizadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual en fecha seis de junio de dos mil trece, relacionadas a un allanamiento y al decomiso de un equipo de telecomunicaciones efectuada en las instalaciones de la Empresa GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V., ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, actuaciones derivadas de la denuncia presentada por las sociedades denominadas AMERICANA DE PRODUCCIONES S.A. e INTERESES EN EL ISTMO, S.A., para la investigación del supuesto delito de VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR, contenida en el expediente No. 11086-2013. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos de defensa, debido proceso e inviolabilidad del domicilio contenido en los Artículos 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de febrero del año dos mil trece, el Abogado ROQUE PASCUA BOGRAN, en su condición de Apoderado Legal de las Sociedades Mercantiles denominadas INTERESES EN EL ISTMO, S.A. y AMERICANA DE PRODUCCIONES S.A. (AMPRO), compareció ante la Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual del Ministerio Público presentando denuncia contra la sociedad mercantil denominada GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V., manifestando el recurrente que los propietarios, socios o personas responsables de la empresa objeto de la denuncia, incurrieron en realizar actividades ilícitas haciendo uso, distribuyendo y retransmitiendo señales de televisión por cable con fines de lucro, sin ninguna autorización de sus representadas, ya que a esa fecha no contaban con un contrato de licencia que les permitiera la retransmisión de la señales, y sin contar con los equipos autorizados para la codificación y descodificación de las mismas, encontrándose la conducta de las personas que resulten responsables como delito de VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, solicitando se practicaran las medidas cautelares de allanamiento, inspección, registro y secuestro de objetos e instrumentos que faciliten la comisión del ilícito, y que se determinaran las acciones legales correspondientes para evitar que se continuara cometiendo el ilícito penal denunciado. (Folios 01 y 02 de los antecedentes). 2) Que en fecha cuatro de abril de dos mil trece, la Fiscalía Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual tuvo por admitida la denuncia presentada por el Abogado ROQUE PASCUA BOGRAN, registrada con número 0801-2013-11086, y en consecuencia ordenó se giraran instrucciones a los Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales a efecto de que investigaran sobre los hechos cometidos por la empresa GRUPO CABLE DE SULA, S.A. DE C.V. por suponerlos responsables del delito de VIOLACION A LOS DERECHOS DE AUTOR, a la vez que se practicaran, entre otras, las siguientes diligencias: Que se practicara inspección y se tomaran fotografías en la Empresa GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V.; que se procediera al levantamiento de actas de inspección, actas de decomiso, y cadenas de custodia; de ser posible se procediera a la recolección y embalaje de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos, y se remitiera la evidencia encontrada a la Fiscalía Unidad de Propiedad Intelectual. (Folios del 40 al 41 de los antecedentes). 3) Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, el Ministerio Público a través de la Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual, resolvió nombrar al Ingeniero JAVIER FRANCISCO FLORES, como Perito en las diligencias de investigación de la empresa GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V. (folios 66 y 67 de los antecedentes). 4) Que en fecha tres de junio de dos mil trece, el Abogado JEOVANNY JOEL HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal de las sociedades mercantiles AMERICANA DE PRODUCCIONES S.A. e INTERESES EN EL ISTMO, S.A., se personó en la Fiscalía de la Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual, solicitando se realizara allanamiento en las instalaciones de la sociedad denunciada, para el día seis de junio de dos mil trece, nominando como peritos a los señores CHRISTIAN ALEXANDER MARTINEZ ALVIZUREZ Y JULIO CESAR DE LEON. (Folios 72 al 73). 5) Que la referida autoridad, en fecha cuatro de junio de dos mil trece, tuvo por admitida la solicitud que se deja relacionada en el numeral que precede, aceptando la nominación de los peritos nominados, para lo cual se emitieron en esa misma fecha los respectivos autos de nombramiento, y ordenando se procediera a realizar el operativo de inspección de la denunciada empresa GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V. (Folios 105, 106 al 107 y 108 al 109 de los antecedentes). 6) Que en fecha seis de junio de dos mil doce, se realizó inspección y decomiso en las instalaciones de la Empresa GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V., por parte de los agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación y los peritos nombrados al efecto. (Ver informes a folios 226 al 228 y 241 al 243, y actas a folios 233 al 239 de los antecedentes). 7) Que la recurrente Abogada CLARIBEL MEDINA, compareció ante este Tribunal en fecha siete de junio de dos mil trece, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada SEGUROS CONTINENTAL, S.A. en su condición de Administradora Judicial de la sociedad mercantil GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V., por considerar que las acciones efectuadas contra su representada en fecha seis de junio de dos mil trece, son violatorias de los Artículos 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada esta Sala el recurso de mérito en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, concediéndose vista de los antecedentes al Fiscal del despacho. 8) Que el Ministerio Público a través de su Fiscal MARIO RENE ALBERTO ALONSO, en fecha treinta de octubre de dos mil trece, se abstuvo de emitir dictamen de conformidad al Artículo 37 del Ministerio Público, teniéndose evacuada la misma en fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No. 2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo las actuaciones realizadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual, en fecha seis de junio del año dos mil trece, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, relacionadas con el decomiso de equipo de telecomunicaciones en las instalaciones de la empresa GRUPO CABLE SULA, S.A., de C.V., actuaciones derivadas de una denuncia presentada por las Sociedades mercantiles denominadas AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A., e INTERESES EN EL ITSMO, S.A., para la investigación del supuesto delito de VIOLACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, en la formalización del recurso hace una relación circunstanciada de la relación mercantil que ha mantenido con las empresas AMERICANA DE PRODUCCIONES, S.A., e INTERESES EN EL ITSMO, S.A., quienes mediante la suscripción de contratos le autorizan a su representada la distribución de señales de varios canales de televisión. Señala que “los contratos referidos se encuentran vigentes en virtud de la renovación automática que los mismos contratos prevén en el numeral 18 de las condiciones del mismo”. Dice además que la sociedad Grupo Cable Sula, S.A. de C.V., ha tenido atrasos en los pagos que le corresponde hacer a los distribuidores de señales de los canales de televisión, por lo que el año 2012, con el absoluto consentimiento de ambas Empresas ahora denunciantes, celebraron acuerdos de pago con Cable Sula, con lo que se establece la relación comercial existente, así como que la sociedad Cable Sula reconoce y no se niega a pagar su deuda; por lo que tiene todo el derecho a seguir transmitiendo las señales de los canales de televisión en base a los contratos existentes y que están vigentes, de los que en ningún momento se les ha notificado su resolución, de lo que se deduce que no existe violación a los derechos de autor. Manifiesta la recurrente que la Sociedad Grupo Cable Sula presentó ante la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual escrito mediante el cual indica la relación comercial con las empresas denunciantes, acompañando la documentación de soporte (contratos celebrados vigentes a la fecha); dicho personamiento y pruebas aportadas fueron ignoradas por el Ministerio Público además de tener conocimiento que dicha empresa se encuentra bajo una administración judicial. Señala que el Ministerio Público dio curso a la infundada denuncia de supuesta violación a los Derechos de Autor, negándose a realizar las investigaciones que debe realizar previamente y en una evidente arbitrariedad procedió a practicar un ilegal allanamiento en las instalaciones de Grupo Cable Sula, S.A. de C.V. CONSIDERANDO (5): Que El Ministerio Público en el informe de las actuaciones investigativas realizadas y que hoy son objeto de impugnación manifiesta: Que inició las investigaciones a través de denuncia No. 0801-2013-11086 instruidas por las empresas comerciales AMERICANA DE PRODUCCIONES E INTERESES DEL ITSMO, S.A. DE C.V. en contra de los representantes del GRUPO CABLE SULA, con asiento en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la supuesta comisión del delito de Violación a los Derechos de Autor y de los derechos conexos, al estar captando transmisión por cable de tipo comercial, señales de televisión que están protegidas por el Estado de Honduras en la Dirección General de Propiedad Intelectual específicamente en la Oficina Administrativa del Derecho de autor (art. 4 de la Ley de Derechos de Autor y de los Derechos Conexos)” Manifiesta además que “para acreditar el derecho de autor sobre la distribución de señales de televisión se obtuvo la documentación relacionada con las sociedades mercantiles DISCOVERY CHANNEL, GRUPO TELEVISA, Y MTV NETWORK LATIN AMERICA INC., la que se plasma de forma expresa al suscribir contratos de distribución de señales de televisión a su nombre con la empresa AMERICANA DE PRODUCCIONES E INTERESES EN EL ITSMO S.A. DE C.V., quienes manejan en el territorio de Honduras lo atinente a la distribución de señales al publico por medio de cable operadores legalmente establecidos. Fue así que mediante contrato formal, se facultó (de parte de AMPRO S.A., E INTERESES EN EL ITSMO, S.A. DE C.V.) expresamente al GRUPO CABLE SULA, S. A., de C.V., para que procediera a operar las señales propiedad de DISCOVERY CHANNEL, GRUPO TELEVISA, Y MTV NETWORK LATIN AMERICA INC. En el numeral tercero señala que de acuerdo al artículo 4 párrafo último de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que establece: “Tendrán validez frente a terceros los contratos celebrados en el extranjero sobre derecho de autor y de los derechos conexos que deban cumplirse en Honduras, cuando los mismos sean inscritos en la Oficina Administrativa del Derecho de autor y de los Derechos Conexos. Dichos contratos se sujetarán a las formalidades exigidas en el lugar de su celebración, a reserva de lo establecido en la legislación hondureña y sin perjuicio de lo establecido en las convenciones internacionales de las cuales Honduras forma parte”. Manifiesta además que “en el párrafo segundo del numeral 18 de los contratos suscritos entre las partes, se establece en forma expresa que la falta de pago de una sola mensualidad dará derecho a AMRPO, para dar por rescindido el contrato, sin necesidad de comunicación, aviso u otro acto, en cuyo caso la empresa entiéndase GRUPO CABLE SULA, perderá el derecho de recibir y retransmitir las señales a partir del día siguiente a aquel que tuvo que efectuar el pago”. Manifiesta “que se ha constatado que GRUPO CABLE SULA dejó de enterar las cantidades establecidas en el contrato, por lo quedó invalidado para continuar captando y retransmitiendo señales protegidas por la Ley de Derechos de autor y derechos conexos. Aún cuando establece que el contrato queda rescindido se giró oficio el 8 de febrero del 2013 de parte del apoderado legal de las empresas ofendidas al GRUPO CABLE SULA, manifestándole la terminación anticipada de los contratos y manifestándole que quedaba terminantemente prohibida la distribución o transmisión de las señales propiedad de la empresa DISCOVERY CHANNEL con todos los canales bajo su tutela, MTV LATINAMERICA con la gama de canales de su propiedad y los correspondientes a la sociedad TELEVISA”. El numeral Sexto de la resolución recurrida establece que del estudio de las diligencias realizadas la Unidad Especializada de Protección a la propiedad Intelectual, determinó que el GRUPO CABLE SULA estaba operando al margen de la Ley de Derechos de autor y de los Derechos Conexos y se dispuso por ello al amparo del artículo 209 del Código Procesal Penal a realizar el 6 de junio del presente año Registro a las instalaciones que ocupa el grupo sula, efectuado por fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y de la tercera edad, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés…, señala que de acuerdo al artículo traído en estudio el Registro se realizará sin más trámite debido a que el mismo no se está realizando en una morada, pues a tenor del artículo 220 literalmente se considera casa habitada: “Todo albergue que constituya la morada de una o más personas aunque se encuentren ausentes de ella” por lo que tanto el operativo realizado, no debe considerarse como la figura del allanamiento, que ya requiere de las formalidades expresadas en la Constitución de la República precisamente en Artículo 99”. Manifiesta en su numeral Sexto…, que en las diligencias realizadas “se constató que en el cuarto del HEAD END se encontraban los aparatos descodificadores de señales de televisión pero sorpresivamente estos únicamente están autorizados por la empresa que los comercializa, tal como lo establecen las cláusulas de los contratos de uso de los mismos, a ser utilizados para uso doméstico o sea de casas de habitación y no para comercializar señales de ninguna naturaleza a través de ellos. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa: que entre las empresas AMPRO S.A., E INTERESES EN EL ITSMO, S.A. DE C.V y GRUPO CABLE SULA ha existido una relación contractual, regida por las cláusulas de los contratos sucritos por las mismas, y que en su cláusula dieciocho (18) dispone: “El plazo del contrato se tendrá por prorrogado por períodos iguales en forma automática y sin necesidad de declaración alguna de las partes por una sola vez, si la empresa contratante no manifiesta por escrito y con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento, su deseo de dar por terminado el contrato o renegociar las condiciones del mismo…” Resulta que al haber transcurrido el termino señalado en el contrato sin que la parte contratante manifestara su deseo de terminar la relación contractual, ésta se ha prorrogado automáticamente, y siendo que el artículo 1548 del código Civil dispone que “la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes”, significa que una vez perfeccionado el contrato, el mismo vincula a las partes definitivamente, sin que puedan eludir discrecionalmente su cumplimiento. Esta vinculación a lo estipulado o irrevocabilidad del contrato se refleja en la máxima pacta sunt Servanda. Por lo que analizados los contratos suscritos por las partes se observa que ciertamente, el contrato se ha prorrogado al momento que la parte contratante no hizo uso de su derecho para dar por terminado los contratos suscrito con GRUPO CABLE SULA, en el término previo de sesenta días como mínimo, siendo así las cosas en este momento debe darse cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 1548 del Código Civil, antes relacionado debiendo dirimirse el conflicto a la jurisdicción de lo civil. CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales o al orden administrativo, para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además, el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso se ha vulnerado con la resolución recurrida debiendo conocer de la controversia la jurisdicción de lo civil como normas reguladoras de las relaciones contractuales entre las partes. CONSIDERANDO (8): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado por cuanto al recurrente se le restringió la posibilidad de acreditar la relación comercial contractual subsistente en tanto la jurisdicción de lo civil no dirima el conflicto, y de esta manera ejercer plenamente el derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse los derechos del recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 160, 264, 272 del Código Procesal Penal 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA, a favor de la Sociedad Mercantil Seguros Continental como Administradora judicial del GRUPO CABLE SULA, S.A. DE C.V., contra las actuaciones del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual, el día seis (6) de junio del año dos mil trece. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se dirima la controversia a la jurisdicción de lo Civil, se restablezcan los derechos que le corresponde al Grupo Cable Sula. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce, certificación de la Sentencia de fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0422-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.