Sentencia AA-361-12 — Registro 5289
Resumen
Resolución declaró sin lugar reclamo contra Acuerdo No. 351-SCSJ-2010 que despidió a recurrente del cargo de Juez de Paz del Municipio de Copán Ruinas, sin ninguna responsabilidad para la Institución; Autoridad recurrida confirmó el Acuerdo impugnado bajo la justificación que recurrente ejerció actividades incompatibles con el desempeño de su cargo al realizar indebidamente actos notariales sin estar legalmente autorizado para ello y ausentarse de sus labores en horas laborables
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa: Que la Inspectora General de Tribunales en fecha 21 de noviembre del 2008 recibió informe de investigación de la denuncia No.06-1GJT-PJ-08, siendo remitido a la Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, quien celebró audiencia de Descargo No. 24-2009 (F 9 primera pieza), en fecha 23 de febrero del 2009 a la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, como consecuencia de la Denuncia No. 006-SRC -08 investigación de oficio contra la referida Abogada, por ejercer actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al realizar indebidamente actos notariales sin estar legalmente autorizada para ello y ausentarse de sus labores en horas laborables. En fecha 25 de febrero del año 2009, la mencionada Dirección, emite resolución No. 24-2009 sobre la denuncia No.006-SRC 2008, mediante la cual recomienda destituir sin ninguna responsabilidad para la Institución a la Abogada Villela Orellana, lo que se materializa el 23 de Febrero del 2010, mediante oficio No. 351-SCSJ- 2010, acuerdo 88. De acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos, ciertamente que desde el 25 de febrero del año 2009, fecha en que la Dirección de Administración de Personal hizo la recomendación de destitución transcurrió un año para que se dictará resolución de destitución contenida en el oficio No. 351-SCSJ- 2010. El recurrente ha mantenido a lo largo del proceso la hipótesis de que cuando la Honorable Corte Suprema de Justicia dicta la resolución de destitución contra su representada, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla la Ley ya han prescrito, conforme lo establecido en el Articulo 83 de la Ley de la Carrera Judicial que dice: “Los derechos y acciones que esta Ley confiere a los servidores judiciales, prescribirán en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivo; salvo que tuvieren otro plazo especialmente establecido al efecto. Dicho término empezará a contarse desde el día hábil siguiente a la fecha, en que se hubiere notificado al servidor judicial, la resolución que lo afecte. En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley...la Ley de la Carrera Judicial determina el plazo de la prescripción, señalando en su Artículo 83: “En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley”; que aplicado al caso sub judice desde el momento en que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos, evacuada que fue la audiencia de descargo y seguido el trámite ordenado por la ley, debió dictarse una resolución dentro del término de sesenta días, lo cual no ocurrió, sino que la resolución No. 351- SCSJ- 2010, que contiene el despido de la Abogada Villela Orellana ocurre hasta el 23 de febrero del 2010. Habiendo ocurrido así los hechos, es evidente que no se dio cumplimiento a las exigencias, requisitos, principios contenidos en el Debido Proceso..."..."esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso..."..."Esta Sala observa que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, así como intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa de la representada del recurrente, se ha garantizado a lo largo del proceso..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en el caso sub judice procede el amparo por Vulneración al Debido Proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa: Que la Inspectora General de Tribunales en fecha 21 de noviembre del 2008 recibió informe de investigación de la denuncia No.06-1GJT-PJ-08, siendo remitido a la Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, quien celebró audiencia de Descargo No. 24-2009 (F 9 primera pieza), en fecha 23 de febrero del 2009 a la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, como consecuencia de la Denuncia No. 006-SRC -08 investigación de oficio contra la referida Abogada, por ejercer actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al realizar indebidamente actos notariales sin estar legalmente autorizada para ello y ausentarse de sus labores en horas laborables. En fecha 25 de febrero del año 2009, la mencionada Dirección, emite resolución No. 24-2009 sobre la denuncia No.006-SRC 2008, mediante la cual recomienda destituir sin ninguna responsabilidad para la Institución a la Abogada Villela Orellana, lo que se materializa el 23 de Febrero del 2010, mediante oficio No. 351-SCSJ- 2010, acuerdo 88. De acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos, ciertamente que desde el 25 de febrero del año 2009, fecha en que la Dirección de Administración de Personal hizo la recomendación de destitución transcurrió un año para que se dictará resolución de destitución contenida en el oficio No. 351-SCSJ- 2010. El recurrente ha mantenido a lo largo del proceso la hipótesis de que cuando la Honorable Corte Suprema de Justicia dicta la resolución de destitución contra su representada, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla la Ley ya han prescrito, conforme lo establecido en el Articulo 83 de la Ley de la Carrera Judicial que dice: “Los derechos y acciones que esta Ley confiere a los servidores judiciales, prescribirán en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivo; salvo que tuvieren otro plazo especialmente establecido al efecto. Dicho término empezará a contarse desde el día hábil siguiente a la fecha, en que se hubiere notificado al servidor judicial, la resolución que lo afecte. En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley...la Ley de la Carrera Judicial determina el plazo de la prescripción, señalando en su Artículo 83: “En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley”; que aplicado al caso sub judice desde el momento en que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos, evacuada que fue la audiencia de descargo y seguido el trámite ordenado por la ley, debió dictarse una resolución dentro del término de sesenta días, lo cual no ocurrió, sino que la resolución No. 351- SCSJ- 2010, que contiene el despido de la Abogada Villela Orellana ocurre hasta el 23 de febrero del 2010. Habiendo ocurrido así los hechos, es evidente que no se dio cumplimiento a las exigencias, requisitos, principios contenidos en el Debido Proceso..."..."esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso..."..."Esta Sala observa que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, así como intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa de la representada del recurrente, se ha garantizado a lo largo del proceso..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en el caso sub judice procede el amparo por Vulneración al Debido Proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa: Que la Inspectora General de Tribunales en fecha 21 de noviembre del 2008 recibió informe de investigación de la denuncia No.06-1GJT-PJ-08, siendo remitido a la Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, quien celebró audiencia de Descargo No. 24-2009 (F 9 primera pieza), en fecha 23 de febrero del 2009 a la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, como consecuencia de la Denuncia No. 006-SRC -08 investigación de oficio contra la referida Abogada, por ejercer actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al realizar indebidamente actos notariales sin estar legalmente autorizada para ello y ausentarse de sus labores en horas laborables. En fecha 25 de febrero del año 2009, la mencionada Dirección, emite resolución No. 24-2009 sobre la denuncia No.006-SRC 2008, mediante la cual recomienda destituir sin ninguna responsabilidad para la Institución a la Abogada Villela Orellana, lo que se materializa el 23 de Febrero del 2010, mediante oficio No. 351-SCSJ- 2010, acuerdo 88. De acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos, ciertamente que desde el 25 de febrero del año 2009, fecha en que la Dirección de Administración de Personal hizo la recomendación de destitución transcurrió un año para que se dictará resolución de destitución contenida en el oficio No. 351-SCSJ- 2010. El recurrente ha mantenido a lo largo del proceso la hipótesis de que cuando la Honorable Corte Suprema de Justicia dicta la resolución de destitución contra su representada, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla la Ley ya han prescrito, conforme lo establecido en el Articulo 83 de la Ley de la Carrera Judicial que dice: “Los derechos y acciones que esta Ley confiere a los servidores judiciales, prescribirán en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivo; salvo que tuvieren otro plazo especialmente establecido al efecto. Dicho término empezará a contarse desde el día hábil siguiente a la fecha, en que se hubiere notificado al servidor judicial, la resolución que lo afecte. En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley...la Ley de la Carrera Judicial determina el plazo de la prescripción, señalando en su Artículo 83: “En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley”; que aplicado al caso sub judice desde el momento en que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos, evacuada que fue la audiencia de descargo y seguido el trámite ordenado por la ley, debió dictarse una resolución dentro del término de sesenta días, lo cual no ocurrió, sino que la resolución No. 351- SCSJ- 2010, que contiene el despido de la Abogada Villela Orellana ocurre hasta el 23 de febrero del 2010. Habiendo ocurrido así los hechos, es evidente que no se dio cumplimiento a las exigencias, requisitos, principios contenidos en el Debido Proceso..."..."esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso..."..."Esta Sala observa que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, así como intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa de la representada del recurrente, se ha garantizado a lo largo del proceso..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en el caso sub judice procede el amparo por Vulneración al Debido Proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de marzo del dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor de la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha veintiuno de junio de dos mil once, que declara sin lugar el reclamo de despido injustificado del cargo del Juez de Paz del Municipio Copan Ruinas, Departamento de Copan y confirma el despido de la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, contenido en el Acuerdo numero 88 del veintitrés de febrero del año dos mil diez, emitido por la Corte Suprema de Justicia. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de marzo de dos mil diez, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, en su condición personal, presentando impugnación del acuerdo No.88 de fecha veintitrés de febrero del año dos mil diez, adoptado por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se le despide de su cargo de Juez de Paz del Municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan, por incumplimiento o violación grave y reiterada de algunos de los deberes incompatibles y conductas establecidas en los capítulos X y XI de la Ley de la Carrera Judicial, al haber incurrido en el ejercicio de su cargo en actos notariales que por Ley le están prohibidos.- 2) Que una vez evacuado el trámite correspondiente, en fecha veintiuno de junio de dos mil once, el Consejo de la Carrera Judicial declaró: SIN LUGAR el reclamo de acuerdo de despido injustificado del cargo de Juez de Paz del Municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan, presentada por la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA en su condición personal. 2) CONFIRMAR el Acuerdo mero 351-SCSJ-2010 de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, emitido por la Corte Suprema de Justicia. (Folios 72 al 74 de los antecedentes).- 3) El recurrente Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de mayo de dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor de la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, por considerar que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, es violatoria a los derechos y garantías constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, al no ser clara y disminuir por omisión sus derechos, ya que reconoce la ilegalidad del despido de que fue objeto, sin embargo carece de un pronunciamiento expreso sobre los salarios dejados de percibir a los cuales constitucionalmente tiene derecho. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha siete de noviembre de dos mil doce.- 4) Que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha veintiuno de junio del año dos mil once por el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la cual declara Sin Lugar un Reclamo presentado contra el Acuerdo No. 351-SCSJ -2010 de fecha veintitrés de febrero del año dos mil diez, mediante el cual se acordó despedir a la Abogada KAREN JALIBETH VELLELA ORELLANA, del cargo de Juez de Paz del Municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan.- CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del Recurso, considera que se han vulnerado los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, explicando de manera detallada los hechos que motivaron el Acuerdo No. 351 – SCSJ- 2010 del 23 de febrero del 2010, mediante el cual acuerda despedir del Cargo de Juez de Paz del Municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan, a la representada del recurrente, sin ninguna responsabilidad para la Institución; hechos que detalla ampliamente en el acápite que corresponde al concepto de la violación y que se resumen en el incumplimiento, violación grave y reiterada de algunos de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los capítulos X y XI de la Ley de la Carrera Judicial al haber incurrido en el ejercicio de actos notariales que por ley le estaban prohibidos. Habiendo ocurrido el último de estos actos en fecha 22 de octubre del 2008, según el informe rendido por los Inspectores de Juzgados y Tribunales de la República. Sigue manifestando el recurrente que el informe de los Inspectores a quienes se encomendó la investigación, se realizó en fecha 14 de noviembre del 2008, citando a su representada para “audiencia de descargo celebrada el día 23 de febrero del 2009”. El impetrante invoca el Artículo 83 de la Ley de la Carrera Judicial que dispone: “Los derechos y acciones que esta Ley confiere a los servidores judiciales, prescribirán en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivo; salvo que tuvieren otro plazo especialmente establecido al efecto. Dicho término empezará a contarse desde el día hábil siguiente a la fecha, en que se hubiere notificado al servidor judicial, la resolución que lo afecte. En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley. El término a que se refiere este párrafo, comenzará a contarse desde el día siguiente hábil a la fecha en que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la infracción”. Manifiesta el quejoso que la “Corte Suprema de Justicia tuvo conocimiento de los hechos, desde el momento mismo en que recibió la denuncia del presunto incumplimiento de los deberes de su representada, y en el peor de los casos desde el momento en que los Inspectores de Juzgados y Tribunales llegaron a Copan Ruinas a constatar esos hechos en fecha 14 de noviembre del 2008”. Señala que “la Corte Suprema de Justicia, tenía el término de sesenta días para despedir a KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, a partir del día siguiente hábil en que tuvo conocimiento de la infracción, pero no lo hizo, sino hasta más de un año después, emitió el acuerdo No. 351 – SCSJ- 2010 del 23 de febrero del 2010. Siguiendo con el concepto de la violación en relación al Artículo 90 párrafo primero de la Constitucional que declara: “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” Señalando que “las formalidades que la ley establece en éste caso en particular, no son más que las de resolver conforme a la pretensión de su representada, para que la resolución fuera congruente, esto es que se declarase con lugar el reclamo que ella presentó, se le reintegrase al cargo que ocupaba o en su defecto se le indemnizara con el pago de sus derechos por el tiempo que laboró para el Poder Judicial, en ambos casos, el pago de los salarios dejados de percibir, con fundamento en que la sanción de despido estaba prescrita, por haber transcurrido más de un año desde que ocurrieron los presuntos hechos que dieron lugar al mismo. Dice además que la resolución del Consejo infringe el Artículo 190 del Código de Procedimientos aplicable en forma supletoria por disposición del Artículo 85 de la Ley de la Carrera Judicial, ello en relación a la congruencia de la sentencia, dejando establecido que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial hizo caso omiso a la prescripción acusada por su representada. Manifiesta que “la infracción al debido proceso produce también la indefensión en primer lugar al no decirle las razones porque no se le da respuesta a su alegato de prescripción y en segundo lugar porque esa omisión le impide formular los recursos en forma adecuada.”.- CONSIDERANDO (5): Que el Consejo de la Carrera Judicial en fecha veintiuno de junio del año dos mil once dictó resolución mediante la cual declara sin el lugar el reclamo presentado por la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA y confirma el Acuerdo No. 351 – SCSJ- 2010 del 23 de febrero del 2010, mediante el cual se acordó despedir a la representadas del recurrente de su cargo de Juez de Paz del Municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa: Que la Inspectora General de Tribunales en fecha 21 de noviembre del 2008 recibió informe de investigación de la denuncia No.06-1GJT-PJ-08, siendo remitido a la Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, quien celebró audiencia de Descargo No. 24-2009 (F 9 primera pieza), en fecha 23 de febrero del 2009 a la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, como consecuencia de la Denuncia No. 006-SRC -08 investigación de oficio contra la referida Abogada, por ejercer actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al realizar indebidamente actos notariales sin estar legalmente autorizada para ello y ausentarse de sus labores en horas laborables. En fecha 25 de febrero del año 2009, la mencionada Dirección, emite resolución No. 24-2009 sobre la denuncia No.006-SRC 2008, mediante la cual recomienda destituir sin ninguna responsabilidad para la Institución a la Abogada Villela Orellana, lo que se materializa el 23 de Febrero del 2010, mediante oficio No. 351-SCSJ- 2010, acuerdo 88. De acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos, ciertamente que desde el 25 de febrero del año 2009, fecha en que la Dirección de Administración de Personal hizo la recomendación de destitución transcurrió un año para que se dictará resolución de destitución contenida en el oficio No. 351-SCSJ- 2010. El recurrente ha mantenido a lo largo del proceso la hipótesis de que cuando la Honorable Corte Suprema de Justicia dicta la resolución de destitución contra su representada, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla la Ley ya han prescrito, conforme lo establecido en el Articulo 83 de la Ley de la Carrera Judicial que dice: “Los derechos y acciones que esta Ley confiere a los servidores judiciales, prescribirán en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivo; salvo que tuvieren otro plazo especialmente establecido al efecto. Dicho término empezará a contarse desde el día hábil siguiente a la fecha, en que se hubiere notificado al servidor judicial, la resolución que lo afecte. En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley (las negritas y cursivas son nuestras). El Estado a través de sus diversas instituciones tiene la facultad del ejercicio del Ius Puniendi, a fin de restablecer el orden cuando la norma ha sido quebrantada; “Ahora bien, un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el ius puniendi (preservando el interés general), sino también respecto de esa misma potestad punitiva; el ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer de métodos de poder sancionatorio, sino que también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva con la que cuenta, para que el ciudadano no quede desprotegido de una intervención arbitraria o excesiva del Estado”[1] . Estas limitaciones al poder punitivo del Estado garantiza la seguridad jurídica y una tutela judicial efectiva para los ciudadanos, ya que por una parte puede sancionar aquellas conductas nocivas para el desempeño de cualquier función dentro del engranaje del aparato Estatal, operando a la par lo que conocemos como prescripción, así la facultad disciplinaria se encuentra sujeta a un plazo y en caso de que no se ejerza en ese tiempo por mandato de la ley se extingue. La prescripción descansa en la seguridad jurídica que tienen las personas sometidas a los procesos disciplinarios de sanción, suspensión o destitución, concurre con el transcurso del tiempo dando lugar a la extinción de la facultad sancionadora. Es así que la Ley de la Carrera Judicial determina el plazo de la prescripción, señalando en su Artículo 83: “En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta ley”; que aplicado al caso sub judice desde el momento en que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos, evacuada que fue la audiencia de descargo y seguido el trámite ordenado por la ley, debió dictarse una resolución dentro del término de sesenta días, lo cual no ocurrió, sino que la resolución No. 351- SCSJ- 2010, que contiene el despido de la Abogada Villela Orellana ocurre hasta el 23 de febrero del 2010. Habiendo ocurrido así los hechos, es evidente que no se dio cumplimiento a las exigencias, requisitos, principios contenidos en el Debido Proceso.- CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[2]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[3]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial no ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, al no respetar normas de orden público que no están al arbitrio de quienes tienen a su cargo la función sancionadora; en consecuencia se ha vulnerado el Debido Proceso.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, así como intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa de la representada del recurrente, se ha garantizado a lo largo del proceso.- CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en el caso sub judice procede el amparo por Vulneración al Debido Proceso.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 160, 264, 272 del Código Procesal Penal 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor de KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha veintiuno de junio del año dos mil once. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se reintegre a la Abogada KAREN JALIBETH VILLELA ORELLANA, a su cargo de Juez de Paz, así como el reconocimiento y pago de los salarios y demás derechos laborales que le corresponde. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos (2) de abril del año dos mil catorce (2014), certificación de la sentencia de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 361=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] ROXIN, Claus, Derecho Penal Parte general, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid 1997.
[2] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[3] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.