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Sentencia AA-236-14 — Registro 5295

Resumen

Actuaciones de la autoridad recurrida en relación a la aplicación de las pruebas de confianza, específicamente la del polígrafo a los empleados y funcionarios del Poder Judicial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, considera que el uso del polígrafo, como una mas de las llamadas Pruebas de Confianza, en armonía y en conjunto con las mismas, se alinea con el objetivo que persigue el Estado de regular las relaciones de empleo y función pública de si mismo con sus servidores, fundamentadas en principios de idoneidad, eficiencia, honestidad y probidad. Por Disposición Constitucional, la administración de personal está sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos (Artículo 256 de la Constitución de la República)...."..."esta Sala de lo Constitucional se decanta por afirmar que la prueba del polígrafo no implica injerencias, ataques o revelaciones de la vida privada, intimidad, dignidad y honra de las personas que son sometidas a este examen en el ámbito laboral, ni mucho menos violación a los Artículos 59 y 76 de la Constitución de la República..."..."esta Sala de lo Constitucional reitera que no considera pertinente abordar el análisis de las evaluaciones poligráficas criminales, porque a la luz de lo establecido en el numeral 7. del Artículo 101 del Código Procesal Penal, las mismas están proscritas, no porque “el legislador entendió que el polígrafo o detector de mentiras es una técnica que lesiona la integridad psíquica y moral de las personas”, como afirman los recurrentes, sino porque el polígrafo no necesariamente detecta la mentira, como ya se ha explicado, y en consecuencia, tampoco lesiona el Principio de Inocencia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 88 de la Constitución de la República, cuando el examinado se somete a la prueba del polígrafo de manera voluntaria, nada tiene de inconstitucional, por cuanto lo hace sin ser obligado, asumiendo las consecuencias del resultado de dicha prueba; y tampoco sería inconstitucional, aunque no se someta de manera voluntaria a la prueba poligráfica, cuando la misma, per se, no resultase vinculante para la imposición de sanciones, pero si en conjunto con otras pruebas cuyo análisis pertinente y proporcional permita a la autoridad determinar de manera coherente la aplicación de las sanciones correspondientes..."..."Esta Sala de lo Constitucional, comulgando con lo que señala el Jurista Argentino Linares Quintana, en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”, se pronuncia a favor de la aplicación de las pruebas de confianza, incluyendo la del polígrafo, a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, como parte del proceso de selección del mejor recurso humano y depuración de aquel que ya cumplió su ciclo, fundamentado en principios de idoneidad, eficiencia, honestidad y probidad, estableciendo las condiciones, requisitos y exámenes que se consideren pertinentes para regular el ingreso, permanencia, promoción y ascenso de sus servidores, proceso que debe extenderse no sólo a los demás operadores de justicia, sino a los otros Poderes del Estado y todas sus instituciones, para seleccionar a los hombres y mujeres mejor calificados para el servicio público. Sin embargo, esta Sala de lo Constitucional advierte que la práctica de toda prueba de confianza debe ejecutarse en estricto respeto de la dignidad humana..."..."Por las razones expuestas es procedente denegar el Amparo subjudice..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogado MANDELL TOM PANDY YATES y MARIO ROLANDO DIAZ, quienes actúan en su condición de Presidente y Vice-Presidente de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA, contra actuaciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, relacionadas, según los recurrentes, a la aplicación de las pruebas de confianza, específicamente la del polígrafo a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, por considerar éstos, que las mismas constituyen una violación al derecho de la integridad psíquica y moral, al derecho a no declarar contra sí mismo (no autoincriminación), al derecho a la honra y al reconocimiento de la propia dignidad, contenidos en los Artículos 68, 88, 76 de la Constitución de la República y 5.1 y 5.2, 8.2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de marzo de dos mil catorce, compareció ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados MANDELL TOM PANDY YATES y MARIO ROLANDO DIAZ, Presidente y Vice-Presidente, respectivamente, de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA promoviendo acción de amparo contra actuaciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, relacionadas, según los recurrentes, a la aplicación de las pruebas de confianza, específicamente la del polígrafo a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, por considerar éstos, violan derechos y garantías contenidos en los Artículos 68, 88, 76 de la Constitución de la República y 5.1 y 5.2, 8.2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Folio 01 al 05 del recurso amparo). 2) Que en fecha uno de abril de dos mil catorce, ésta Sala por mayoría de votos, tuvo por admitido el recurso de mérito, sin suspensión del acto reclamado. (Folio 12 del recurso de amparo) 3) Que al no existir unanimidad para resolver sobre la admisión del recurso de amparo sin suspensión del acto reclamado, la Sala procedió mediante oficio remitir los antecedentes a la Presidencia de la Corte de Suprema de Justicia, para que procediera de conformidad a la Ley. En consecuencia en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió: “…I.- Otorgar la medida cautelar de suspensión del acto reclamado, solicitada en la demanda de amparo promovida por los Abogados MANDELL TOM PANDY YATES y MARIO ROLANDO DIAZ, en su condición de Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, respectivamente; contra actuaciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dirigidas a la aplicación del polígrafo a los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la República de Honduras: II.- Decretar la suspensión de las acciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dirigidas a la aplicación de la denominada prueba del polígrafo, a los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la República de Honduras, en tanto el órgano jurisdiccional competente no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión controvertida…” (Folios 17 y 20 del recurso de amparo) 4) Que en fecha uno de agosto de dos mil catorce, la Sala ordenó librar comunicación a la autoridad recurrida a efecto de imponerles de la suspensión decretada y de igual forma para que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo, cual fue recibido por la Sala en fecha catorce de agosto de dos mil catorce. 5) Que en fecha seis de octubre de dos mil catorce, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional de amparo interpuesta por los Abogados MANDELL TOM PANDY YATES y MARIO ROLANDO DIAZ, en su condición indicada. 6) Que en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, siendo de la opinión porque “NO PROCEDE OTORGAR LA GARANTIA DE AMPARO”, por no existir vulneración de las garantías invocadas por los amparistas. CONSIDERANDO UNO (1): El término Polígrafo significa, literalmente, muchos trazos. El Polígrafo es un instrumento que mide y registra las reacciones neurofisiológicas del organismo humano ante experiencias emocionales intensas imposibles de controlar mediante la voluntad. El Polígrafo, per se, no es un “Detector de Mentiras”, es un recurso tecnológico que mide y registra la frecuencia respiratoria, la electricidad de la piel y el ritmo cardíaco. Luego, para calificar la mentira es necesario el análisis interpretativo de las preguntas formuladas, su secuencia y registro respectivo. CONSIDERANDO DOS (2): Un polígrafo, ya sea mecánico, electrónico o computarizado, tiene tres (3) elementos principales: 1) El Neumógrafo: que mide la expansión de la cavidad toráxica y la frecuencia respiratoria por minuto. 2) El Galvanómetro: que mide los cambios y respuestas galvánicas de la piel, o sea, las variaciones altas y bajas de la electricidad que tenemos los seres humanos en la piel. Y 3) El Cardiógrafo: que mide la presión sanguínea y el pulso cardíaco. CONSIDERANDO TRES (3): En la práctica procesal de otros países, cuando se requiere utilizar el polígrafo para obtener de la verdad, es común encontrar argumentos opuestos a la realización de la prueba poligráfica dentro de los procesos penales, porque se alega que es una técnica violatoria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales del imputado. Pero también es común encontrar argumentos sosteniendo que el uso del polígrafo no lesiona derechos humanos ni garantías constitucionales, porque: 1) El examinado es informado con veinticuatro (24) horas de antelación que será sometido a una prueba poligráfica. 2) El examen de polígrafo es realizado con la autorización previa del examinado (verbal o escrita). 3) La técnica utilizada en el examen es previamente explicada en detalle al examinado. 4) Es realizado en presencia del abogado defensor y del propio juzgador, de ser necesario. 5) Puede ser suspendido en cualquier momento a solicitud del examinado. 6) La diligencia de la prueba puede ser filmada o registrada de la forma que se considere pertinente. 7) El examen es reconocido y firmado por el examinado y por el examinador. 8) Los resultados de la prueba poligráfica pueden ser apreciados por el juzgador y las partes del proceso. 9) El examen de polígrafo puede ser repetido por otro experto a solicitud del juez. 10) Existe aceptación judicial. 11) Existen resultados judiciales positivos; y 12) Existe jurisprudencia. CONSIDERANDO CUATRO (4): El resultado del examen debe valorarse en conjunto con otras pruebas médicas, toxicológicas, de aptitudes físicas, psicológicas, de entorno social, situación patrimonial y desempeño, porque el examen en sí sólo indica la variación del sistema neurofisiológico del examinado, pero de ninguna manera es concluyente de que los cambios son resultado de una mentira. Por ello, el polígrafo sigue siendo una prueba de probabilidad, por cuanto pueden presentarse casos en los cuales la persona examinada padezca trastornos que le hagan indiferente a las normas sociales y ello le permita afrontar la prueba del polígrafo sin experimentar cambios fisiológicos significativos que puedan ser interpretados como la aportación de información falsa; o, por el contrario, puede ser que el examinado sea una persona insegura o nerviosa, que el hecho de ser sometida a la prueba le produzca altos niveles de estrés precisamente por la ansiedad producida por la experiencia y por las altas expectativas que tiene de que sus respuestas sean creídas por el examinador, registrando cambios fisiológicos que al final puedan ser erróneamente interpretados como signos de haber brindado información falsa; y por esta razón, la prueba del polígrafo se considera una técnica auxiliar en un proceso de investigación, generadora de indicios que deben ser valorados junto con otros elementos de evaluación. CONSIDERANDO CINCO (5): Hay dos tipos de evaluaciones poligráficas: 1.- Evaluaciones Laborales. A) Evaluaciones poligráficas de Pre-Empleo o “Selección”, que tienen como objetivo obtener información del recurso humano de nuevo ingreso sobre honestidad, perfil básico de personalidad, capacidad para tolerar la presión, antecedentes personales, antecedentes laborales, actividades delictivas, hábitos personales, antecedentes penales, antecedentes de tránsito, motivos reales por los que desea ingresar a la institución empleadora, competencia laboral desleal o ilícita, desvío de compras y ventas; y bajas fingidas por enfermedad o accidente. B) Evaluaciones poligráficas periódicas “En el Puesto”, que tienen como objetivo obtener información del personal que ya labora en la institución sobre apego a las reglas institucionales, confiabilidad, confidencialidad, manejo de información o material confidencial, participación directa o indirecta en actividades ilícitas, motivos de permanencia, hábitos personales, competencia laboral desleal o ilícita, desvío de compras y ventas; y bajas fingidas por enfermedad o accidente. Y 2.- Evaluaciones Criminales, que tienen como propósito determinar si el presunto sospechoso participó o no en la actividad ilícita de la cual se le acusa. CONSIDERANDO SEIS (6): En el acápite PRIMERO de la RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD Y LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES, los recurrentes argumentaron: “… Dichas reformas incluyen el artículo 3 de dicha Ley, referente a las atribuciones del Consejo de la Judicatura, incluyendo en el mismo, entre otras, la siguiente atribución: “m) Practicar a los magistrados de Cortes de Apelaciones, jueces, funcionarios, personal administrativo, jurisdiccional y técnico del Poder Judicial de manera general o selectiva, evaluaciones de confianza como las toxicológicas, psicométricas, psicológicas, de polígrafo, los estudios e investigaciones de patrimonio, evaluación de desempeño y cumplimiento de términos legales;”. CONSIDERANDO SIETE (7): En el acápite SEGUNDO los recurrentes argumentaron: “Respecto a esta prueba del polígrafo, el artículo 101 numeral 7) del Código Procesal Penal proscribe el polígrafo al disponer que toda persona imputada tendrá derecho “A no ser sometida a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de conocimiento y comprensión del alcance de sus actos o su libre voluntad, tales como: malos tratos, amenazas, violencia corporal o psíquica, torturas, aplicación de psicofármacos, hipnosis y polígrafo o detector de mentiras”. Con lo cual resulta claro que el legislador entendió que el polígrafo o detector de mentiras es una técnica que lesiona la integridad psíquica y moral de las personas, equiparándolo a la categoría de malos tratos, por lo que violenta los derechos contenidos en el artículo 68 de la Constitución de la República y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.” CONSIDERANDO OCHO (8): En el acápite TERCERO expusieron: “En esta argumentación jurídica hay que destacar también la garantía imperativa, contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República, párrafo segundo, que señala que “Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”; por lo que resulta incompatible con esta norma someterse a la prueba del polígrafo puesto que la misma claramente riñe con la norma constitucional citada, por cuanto puede constituir una forma de auto incriminarse debido a que su práctica se realiza mediante una declaración o manifestación de carácter personal (el examinado como sujeto de la prueba), en contra de la voluntad del funcionario judicial, en conclusión, la aplicación del polígrafo constituye en si misma una violación al derecho a la garantía de no auto incriminarse contenida en los artículos 88 de la Constitución y 8.2 literal g) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.” CONSIDERANDO NUEVE (9): En el acápite CUARTO los recurrentes arguyeron: “Con respecto a lo establecido nos permitimos transcribir lo expresado el numeral segundo del Voto Particular emitido en fecha 27 de noviembre de 2012, por el Magistrado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA, actual Fiscal General de la República, en la sentencia de la misma fecha, dictada por la Sala Constitucional en conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad 499 y 532-12: “Segundo: En lo referente a las pruebas de confianza (psicométrica, socioeconómica, toxicológica y del polígrafo) específicamente en cuanto a la prueba del polígrafo debo coincidir en que la práctica de la misma vulnera derechos fundamentales consagrados por nuestra carta magna y tratados internacionales de derechos humanos, y es que así como nadie está obligado a declarar contra sí mismo por la llamada incoercibilidad moral, tampoco puede ser sometido a pruebas como la referida que no ofrece científicamente la certeza y exactitud necesarios3, como bien refiere Cafferata Nores: “Por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser inducido o constreñido a producir pruebas en contra de su voluntad, pues aquellas le reconocen la condición de sujeto incoercible del proceso penal”, es decir, “La garantía alcanza, en suma, a su posible intervención como órgano de prueba”. 3”Y es que el polígrafo es un instrumento para registrar de forma continua y gráfica diferentes variables dadas como respuestas del cuerpo del sujeto a quien se aplica, tales como cambios en la respiración, la resistencia de la piel y la frecuencia cardiaca, que acompañan a los estados emocionales, y no la mentira en sí. Los expertos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, concluyeron que en tanto el polígrafo mide la respiración, el latido del corazón y otros factores que cambian cuando la persona está bajo estrés, se supone que si la persona que está siendo sometida a esa prueba miente, la reacción física lo delataría, pero se ha demostrado que la gente puede aprender a controlar estas reacciones, de lo cual se infiere que no todas las personas que aprueban este tipo de examen pueden ser confiables y viceversa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México determinó que el uso del polígrafo constituye una violación a la dignidad humana, a la confidencialidad y a la vida privada de las personas sometidas a esta prueba. En sus estudios elaborados con experimentos auspiciados por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se demostró que cualquier persona puede modificar su actividad emocional, es decir, la actividad del sistema nervioso autónomo.” CONSIDERANDO DIEZ (10): En el acápite QUINTO los recurrentes argumentaron: “La Convención Americana Sobre Derechos Humanos contempla en su artículo 11.1 y 11.2 que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, teniendo derecho al reconocimiento de su propia dignidad y a no sufrir de ataques ilegales a su honra o reputación y en el 11.3 a que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Respecto a este derecho, nuestra Constitución en su artículo 76 dispone que: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen”. Mientras que el artículo 59 afirma categóricamente que “la dignidad del ser humano es inviolable”. La aplicación de la prueba poligráfica se traduce en injerencias y ataques a la vida privada, a la intimidad, la dignidad ya la honra de las personas que son sometidas a este examen, porque las obliga a revelar parte de su vida íntima, convirtiéndose en una técnica invasora que, sobre la presunción de deshonestidad, obliga a las personas a revelar datos acerca de sus hábitos, costumbres y otros actos de su vida privada, con la finalidad de calificarle, a partir de un conjunto de respuestas que, en los términos de la propia técnica utilizada, se consideran ciertos o falsos. Afectando de esta forma su intimidad y su voluntad de declarar libremente, y al aplicarse bajo el presupuesto de obligatoriedad vulnera también el derecho a la dignidad.” CONSIDERANDO ONCE (11): En el acápite SÉPTIMO los recurrentes arguyeron: “No obstante lo anteriormente citado en relación a la ineficacia de esta prueba, contenido en la sentencia reseñada en el anterior numeral y además de que la misma declara sin lugar los recursos fundamentándose en el hecho de que “al tratarse de una ley temporal cuya vigencia ha finalizado, no es pertinente declarar la inconstitucionalidad de la misma habiendo caducado su vigencia”4, lamentablemente esta contiene pronunciamientos sobre el fondo de lo solicitado que resultan sumamente lesivos a los derechos fundamentales violentados con la aplicación de esta prueba poligráfica, a saber: “CONSIDERANDO VEINTINUEVE (29): … Sin embargo, resulta constitucional, a la sombra del mencionado artículo 88 segundo párrafo de la Constitución de la República, cuando el agente de policía, de manera voluntaria, se someta a la prueba del polígrafo, puesto que éste lo hace sin ser obligado, asumiendo las consecuencias del resultado de dicha prueba, o aún y cuando no fuese de manera voluntaria, pero que la misma, per se, no resultase vinculante para la imposición de sanciones disciplinarias, sino producto de la práctica dentro de un conjunto de pruebas, de cuyo análisis pertinente y proporcional, permitan a la autoridad determinar de manera coherente, la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.” CONSIDERANDO TREINTA (30): … Sin embargo, advierte que en la práctica de todas las pruebas de confianza enunciadas en el artículo 18-A, deberán ejecutarse en estricto respeto de la dignidad humana, por lo que deben ser practicadas y analizadas de manera pertinente y proporcional, dentro de un conjunto de pruebas que permitan a la autoridad determinar de manera coherente, la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes; así por ejemplo, aun cuando la prueba toxicológica fuere obligatoria, no podría someterse a un agente de policía por la fuerza para extraerle sangre u orina, porque ello podría significar daño a su salud y lesión a su dignidad humana; lo aconsejable en estos casos, cuando el examinado se rehúse a realizar alguna de estas pruebas de confianza, es que la autoridad administrativa las declare como reprobadas, de lo cual todo ello podría ser objeto de la reglamentación respectiva” Es en virtud de lo establecido en los párrafos citados, que se ha incluido en la reforma de la Ley del Consejo de la Judicatura, la siguiente frase: “La falla en la prueba del polígrafo no será por si sola causal de despido justificado” CONSIDERANDO DOCE (12): En el acápite OCTAVO los recurrentes expusieron: “Con respecto a los criterios externados por la Sala y transcritos en el anterior numeral por permitimos argumentar varias cosas: a)Cuando existe un llamamiento desde las altas autoridades del Poder Judicial, en este caso el Consejo de la Judicatura, el negarse al sometimiento a estas pruebas de confianza conlleva un riesgo muy alto de que se tomen represalias en contra de las personas que se nieguen a practicarse las mismas, con lo cual el consentimiento para que se le practiquen las mismas no puede estimarse como libre por lo que no puede afirmarse que es un sometimiento voluntario. b) Aun cuando exista la voluntad de someterse a ese procedimiento del polígrafo y aunque la reprobación del mismo no sea causal de despido automática, esas circunstancias no subsanas su carácter de ser una prueba humillante y lesiva a la dignidad y a la intimidad. c) El hecho de que la negativa de someterse a la prueba del polígrafo pueda ser considerada como una reprobación de la misma se configura también como una violación al derecho de no autoincriminación, puesto es como si la voluntad de no declarar estuviera siendo utilizada en perjuicio del investigado presumiendo su culpabilidad.” CONSIDERANDO TRECE (13): En el acápite NOVENO los recurrentes argumentaron: “Además de todas las argumentaciones jurídicas anteriormente expresadas, también queremos dejar establecido que como juzgadores responsables y honestos, nos resistimos a ser sometidos a un aparato que mediante sus cables eléctricos y sus electrodos adheridos a nuestro cuerpo decida que tan buenos o malos juzgadores podemos ser porque seguimos creyendo que en nuestro país existe un sector muy importante de jueces y juezas que desempeñamos nuestra función con dignidad y honestidad, por ello, seguimos proponiendo que en lugar de mecanismos inquisitivos y de coerción, lo que se requiere es que prevalezcan mecanismos profesionales de selección y evaluación y ante todo, se requiere despolitizar nuestra función de todo signo partidario. Este camino de la profesionalización es, a nuestro juicio, el que hay que recorrer y en reconocimiento a la libertad y la dignidad de la persona, pruebas como la del polígrafo por ser violatorias de estos derechos deberían ser desterradas, y no concederles ningún valor probatorio tal y como sucede en el moderno proceso penal. Es por ello que, desde una perspectiva constitucional y de reconocimiento de la dignidad humana, consideramos inadmisible y repudiable que, a quienes el estado ha confiado la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado, tengamos que aplicarles el polígrafo para determinar que tan buenos o malos pueden ser como juzgadores. En suma, consideramos que recurrir a pruebas como la del polígrafo es un contrasentido en este caso, pues implica someter a los juzgadores a pruebas de carácter ilegal –a quienes paradójicamente les corresponde controlar la legalidad-, y en el fondo esta práctica expresa la desconfianza en quienes nos desempeñamos en la judicatura y, en consecuencia, que se practiquen las mismas reflejaría mas que una fortaleza una marcada debilidad en la labor decisoria que corresponde a jueces, juezas y magistrados(as) Asimismo, los jueces y juezas no podemos desempeñarse en nuestras funciones bajo mecanismos de intimidación o coerción que impliquen restricción o perturbación en la jurisdicción. La corrección judicial únicamente puede operar mediante la actividad recursiva, la evaluación y la deducción de responsabilidades por actuaciones contrarias a la ley. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS. a) El derecho a la integridad psíquica y moral contenido en el artículo 68 de la Constitución de la República y 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; b) El derecho a no declarar contra sí mismo, esto es el derecho a la no autoincriminación contenido en el artículo 88 de la Constitución de la República y 8.2 literal g) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, c) El derecho a la honra y al reconocimiento de la propia dignidad contenido en los artículos 76 de la Constitución de la República y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. QUE SE DECRETE COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO ORDENANDO LA INAPLICABILIDAD DE LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO A LOS EMPLEADOS(AS) Y FUNCIONARIOS(AS) DEL PODER JUDICIAL. En el presente caso resulta procedente que se decrete la suspensión del acto reclamado, es decir, que se deje sin valor y efecto de manera provisional la resolución de suspensión dictada por el Consejo de la Judicatura en virtud de lo siguiente: a) De su mantenimiento resulta una grave e inminente violación a nuestros derechos fundamentales a la integridad personal, a la no autoincriminación y a la honra y a la dignidad. b) Asimismo, si las pruebas del polígrafo se ejecutan eso haría inútil el presente amparo pues resultaría difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior. Las medidas cautelares en materia de justicia constitucional tienen por objeto mantener a los agraviados en el goce de sus derechos fundamentales, evitando la consumación de los hechos violatorios, en este caso, la aplicación del polígrafo. Por tal razón, solicitamos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que decrete cautelarmente la suspensión provisional del acto reclamado y en consecuencia, ordene la no aplicación de la prueba del polígrafo a los (as) empleados(as) y funcionarios(as) del Poder Judicial.” CONSIDERANDO CATORCE (14): El Artículo 1. de la Constitución de la República define que “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” CONSIDERANDO QUINCE (15): El Artículo 62. de la Constitución de la República establece que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO DIECISEIS (16): El Artículo 68. de la Constitución de la República establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.……” CONSIDERANDO DIECISIETE (17): El Artículo 76. de la Constitución de la República establece: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.” CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): El Artículo 82. de la Constitución de la República establece que “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): El Artículo 88. de la Constitución de la República establece que “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley.” CONSIDERANDO VEINTE (20): El Artículo 89. de la Constitución de la República establece que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): En resumen, el reclamo de los recurrentes se centra en que “La aplicación de la prueba poligráfica se traduce en injerencias y ataques a la vida privada, a la intimidad, la dignidad y a la honra de las personas que son sometidas a este examen, porque las obliga a revelar parte de su vida íntima, convirtiéndose en una técnica invasora que, sobre la presunción de deshonestidad, obliga a las personas a revelar datos acerca de sus hábitos, costumbres y otros actos de su vida privada, con la finalidad de calificarle, a partir de un conjunto de respuestas que, en los términos de la propia técnica utilizada, se consideran ciertos o falsos. Afectando de esta forma su intimidad y su voluntad de declarar libremente, y al aplicarse bajo el presupuesto de obligatoriedad vulnera también el derecho a la dignidad.” CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, considera que el uso del polígrafo, como una mas de las llamadas Pruebas de Confianza, en armonía y en conjunto con las mismas, se alinea con el objetivo que persigue el Estado de regular las relaciones de empleo y función pública de si mismo con sus servidores, fundamentadas en principios de idoneidad, eficiencia, honestidad y probidad. Por Disposición Constitucional, la administración de personal está sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos (Artículo 256 de la Constitución de la República). La búsqueda de la honestidad y la probidad está regulada no sólo en la Constitución de la República, sino en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de las cuales Honduras es signataria; y en alguna legislación secundaria como la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, que le atribuyen a las entidades públicas y privadas Control Interno, definiéndolo como “un proceso permanente y continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión y administración de los bienes nacionales.”; en conjunción con la Transparencia, definida como: “Gestión clara, veraz y objetiva por medio de la ejecución y desarrollo de sistemas de control, fiscalización, probidad y ética, promoviendo la participación ciudadana.”. El Tribunal Superior de Cuentas es la Institución encargada de implementar la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en concordancia con su Ley Orgánica y sus reglamentos. El Estado, como gran empleador, puede establecer las condiciones, requisitos y pruebas de confianza que considere pertinentes para regular el ingreso, permanencia, promoción y ascenso de sus servidores, porque si bien es cierto que la dignidad del ser humano es inviolable, no es menos cierto que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general, lo que equivale a decir que el interés particular está sometido al interés general, o que el bienestar particular está sometido al bien público temporal. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Como hemos dejado establecido en el CONSIDERANDO CINCO (5), hay dos tipos de evaluaciones poligráficas: 1.- Evaluaciones Laborales; y 2.- Evaluaciones Criminales. Esta Sala de lo Constitucional no considera pertinente abordar el análisis de las evaluaciones poligráficas criminales, porque a la luz de lo establecido en el numeral 7. del Artículo 101 del Código Procesal Penal, las mismas están proscritas. En consecuencia, la única posibilidad que subsiste es la de las Evaluaciones Laborales. Ahora bien, ¿implica la prueba del polígrafo injerencias y ataques a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y a la honra de las personas que son sometidas a este examen en el ámbito laboral? ¿Las obliga a revelar su vida íntima? Como también lo hemos dejado establecido en el mismo Considerando, las Evaluaciones Poligráficas de Pre-Empleo o “Selección”, tienen como objetivo obtener información del recurso humano de nuevo ingreso sobre honestidad, perfil básico de personalidad, capacidad para tolerar la presión, antecedentes personales, antecedentes laborales, actividades delictivas, hábitos personales, antecedentes penales, antecedentes de tránsito, motivos reales por los que desea ingresar a la institución empleadora, competencia laboral desleal o ilícita, desvío de compras y ventas; y bajas fingidas por enfermedad o accidente; y las Evaluaciones Poligráficas Periódicas “En el Puesto”, tienen como objetivo obtener información del personal que ya labora en la institución sobre apego a las reglas institucionales, confiabilidad, confidencialidad, manejo de información o material confidencial, participación directa o indirecta en actividades ilícitas, motivos de permanencia, hábitos personales, competencia laboral desleal o ilícita, desvío de compras y ventas; y bajas fingidas por enfermedad o accidente; la experiencia común nos indica que todas estas variables no sólo son propuestas, investigadas y evacuadas por los departamentos de recursos humanos de instituciones públicas y privadas, sino que además son comprobadas o verificadas en registros públicos o privados, previa autorización del examinado, razón por la cual esta Sala de lo Constitucional se decanta por afirmar que la prueba del polígrafo no implica injerencias, ataques o revelaciones de la vida privada, intimidad, dignidad y honra de las personas que son sometidas a este examen en el ámbito laboral, ni mucho menos violación a los Artículos 59 y 76 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): El párrafo segundo del Artículo 88 de la Constitución de la República, señala que “Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.”, respecto del cual los recurrentes sostienen que “resulta incompatible con esta norma someterse a la prueba del polígrafo puesto que la misma claramente riñe con la norma constitucional citada, …….”. En relación con el argumento de los recurrentes esta Sala de lo Constitucional reitera que no considera pertinente abordar el análisis de las evaluaciones poligráficas criminales, porque a la luz de lo establecido en el numeral 7. del Artículo 101 del Código Procesal Penal, las mismas están proscritas, no porque “el legislador entendió que el polígrafo o detector de mentiras es una técnica que lesiona la integridad psíquica y moral de las personas”, como afirman los recurrentes, sino porque el polígrafo no necesariamente detecta la mentira, como ya se ha explicado, y en consecuencia, tampoco lesiona el Principio de Inocencia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 88 de la Constitución de la República, cuando el examinado se somete a la prueba del polígrafo de manera voluntaria, nada tiene de inconstitucional, por cuanto lo hace sin ser obligado, asumiendo las consecuencias del resultado de dicha prueba; y tampoco sería inconstitucional, aunque no se someta de manera voluntaria a la prueba poligráfica, cuando la misma, per se, no resultase vinculante para la imposición de sanciones, pero si en conjunto con otras pruebas cuyo análisis pertinente y proporcional permita a la autoridad determinar de manera coherente la aplicación de las sanciones correspondientes. CONSIDERANDO VEINTICINCO (25): Esta Sala de lo Constitucional, comulgando con lo que señala el Jurista Argentino Linares Quintana, en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”, se pronuncia a favor de la aplicación de las pruebas de confianza, incluyendo la del polígrafo, a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, como parte del proceso de selección del mejor recurso humano y depuración de aquel que ya cumplió su ciclo, fundamentado en principios de idoneidad, eficiencia, honestidad y probidad, estableciendo las condiciones, requisitos y exámenes que se consideren pertinentes para regular el ingreso, permanencia, promoción y ascenso de sus servidores, proceso que debe extenderse no sólo a los demás operadores de justicia, sino a los otros Poderes del Estado y todas sus instituciones, para seleccionar a los hombres y mujeres mejor calificados para el servicio público. Sin embargo, esta Sala de lo Constitucional advierte que la práctica de toda prueba de confianza debe ejecutarse en estricto respeto de la dignidad humana. CONSIDERANDO VEINTISEIS (26): El resultado de la prueba poligráfica debe valorarse en conjunto con las otras pruebas de confianza, porque esta prueba en sí sólo indica la variación del sistema neurofisiológico del examinado, pero de ninguna manera es concluyente de que los cambios son resultado de una mentira; y por esta razón, la prueba del polígrafo debe considerarse generadora de indicios que deben ser valorados junto con otros elementos de evaluación, dejando a salvo tanto el derecho de defensa como el derecho de acción del examinado, así como los derechos adquiridos. Pero el empleado o funcionario judicial que quiera permanecer en el cargo debe acatar en lo futuro los requisitos de permanencia que establece la Ley, porque no se adquiere permanencia en el cargo por el solo hecho de haber satisfecho los requisitos de ingreso y por el transcurso del tiempo, sino que depende además de que se aprueben periódica y permanentemente los controles de evaluación de confianza, porque constituyen un mecanismo para garantizarle a la sociedad el desempeño de los cargos conforme a las leyes y los principios que rigen el Poder Judicial. CONSIDERANDO VEINTISIETE (27): El Amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO VEINTIOCHO (28): Por las razones expuestas es procedente denegar el Amparo subjudice. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 62, 68, 76, 82, 88, 89, 256, 303, 304, 313 numeral 5 y 316, de la Constitución de la República; artículos 5, 8.2 literal g) y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos I, II y III, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 11 de la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción; Artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 1, 3, 4, 5, 7, 9, 41, 45, 51, 52, 54, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6, atribución 5 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por los Abogados MANDELL TOM PANDY YATES y MARIO ROLANDO DÍAZ, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA, contra la decisión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de aplicar las pruebas de confianza, específicamente la del polígrafo, a todos los operadores judiciales. Y MANDA: Que con Certificación de este Fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0236-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL