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Sentencia AA-123-14 — Registro 5293

Resumen

Resolución suspendió de forma provisional a recurrente del cargo de Juez sin que constituya una sanción por tener denuncias declaradas con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales; estableciendo que dicha resolución es irrecurrible; La Sala consideró que la Autoridad recurrida impuso una sanción severa a recurrente al no permitirle percibir su remuneración y no dio la oportunidad de defenderse por lo que se le vulneró el derecho de defensa y el derecho al debido proceso por lo que procede otorgar la acción de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, dictó Resolución Número 57-58-59-60-61-2014 mediante la cual recomendó: “PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa de la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, por incurrir en infracciones menos graves y graves, establecidas en los artículos 3 literal g) y 4 literal a), c) y K), del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el acta número 4, en sesión celebrada en 29 de octubre del 2013. SEGUNDO:… TERCERO:…. CUARTO: Imponer como sanción disciplinaria a la abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, Jueza del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, de DESTITUCIÓN DEL CARGO SIN RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL, por incurrir en las conductas establecidas en el artículo 3 y 4 del Régimen disciplinario aprobado por el consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, mismas que constituyen faltas menos graves y graves…. Haciendo la notificación y advertencias procesales del caso.” Es en base a esta decisión que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tomo la decisión de imponer la sanción referida. (Ver Folios del ciento ocho al ciento dieciocho de la pieza de amparo)..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que la resolución que se recurre vía acción de amparo, mediante la cual resolvió que se suspenda de forma provisional sin que dicha suspensión constituya una sanción para la investigada Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, estableciendo que la misma es irrecurrible, constituye una vulneración del derecho de defensa, por cuanto en la referida Resolución del Consejo de la judicatura y la Carrera Judicial se toma la decisión de suspenderla de su cargo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de defenderse, teniendo como base el referido Consejo para tomar tal determinación únicamente el informe del Inspector General de Juzgados y Tribunales. Expone que se le ha vulnerado el derecho a ser oída en juicio, tal como lo manda el artículo 94 constitucional, y que si bien el Consejo en su resolución señala que dicha suspensión NO ES UNA SANCIÓN, el hecho de no permitirle ejercer sus funciones, y peor aún no percibir su remuneración, constituye una sanción severa, y es mas grave aun cuando el referido Consejo indica, como quedó dicho, que la resolución es irrecurrible..."..."la Sala de lo Constitucional, al igual que lo estima la recurrente de amparo, señala que la resolución que se recurre vía acción de amparo, al ser vulneratoria del derecho de defensa, consecuentemente vulnera la garantía constitucional del debido proceso, ya que con la referida resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se le ha juzgado anticipadamente; y mas aun cuando la propia ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece en su articulo 62 que la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. Debate que se le ha sancionado sin derecho a ser escuchado y sin que se le de la oportunidad procesal de proponer las pruebas que desvanezcan los cargos que se le imputan..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 62 de la ley en comento, es observancia obligatoria, disposición que señala: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces y magistrados en el cumplimiento de sus funciones en ningún caso podrán ser objeto de corrección disciplinaria”. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “Contra la resolución emitida en aplicación del procedimiento disciplinario el afectado podrá interponer el recurso de reposición en el plazo de tres (3) días desde la notificación de la resolución que pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la jurisdicción contencioso administrativo.”..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que la imposición de una sanción sin dar oportunidad de defensa, acción que confirmó el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en la resolución RECURRIDA al señalar que es irrecurrible, vulnera automáticamente los derechos de defensa y debido proceso garantizado por la Constitución de la República, amen de que también vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 10 señala: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella, en materia penal”; constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, dictó Resolución Número 57-58-59-60-61-2014 mediante la cual recomendó: “PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa de la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, por incurrir en infracciones menos graves y graves, establecidas en los artículos 3 literal g) y 4 literal a), c) y K), del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el acta número 4, en sesión celebrada en 29 de octubre del 2013. SEGUNDO:… TERCERO:…. CUARTO: Imponer como sanción disciplinaria a la abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, Jueza del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, de DESTITUCIÓN DEL CARGO SIN RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL, por incurrir en las conductas establecidas en el artículo 3 y 4 del Régimen disciplinario aprobado por el consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, mismas que constituyen faltas menos graves y graves…. Haciendo la notificación y advertencias procesales del caso.” Es en base a esta decisión que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tomo la decisión de imponer la sanción referida. (Ver Folios del ciento ocho al ciento dieciocho de la pieza de amparo)..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que la resolución que se recurre vía acción de amparo, mediante la cual resolvió que se suspenda de forma provisional sin que dicha suspensión constituya una sanción para la investigada Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, estableciendo que la misma es irrecurrible, constituye una vulneración del derecho de defensa, por cuanto en la referida Resolución del Consejo de la judicatura y la Carrera Judicial se toma la decisión de suspenderla de su cargo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de defenderse, teniendo como base el referido Consejo para tomar tal determinación únicamente el informe del Inspector General de Juzgados y Tribunales. Expone que se le ha vulnerado el derecho a ser oída en juicio, tal como lo manda el artículo 94 constitucional, y que si bien el Consejo en su resolución señala que dicha suspensión NO ES UNA SANCIÓN, el hecho de no permitirle ejercer sus funciones, y peor aún no percibir su remuneración, constituye una sanción severa, y es mas grave aun cuando el referido Consejo indica, como quedó dicho, que la resolución es irrecurrible..."..."la Sala de lo Constitucional, al igual que lo estima la recurrente de amparo, señala que la resolución que se recurre vía acción de amparo, al ser vulneratoria del derecho de defensa, consecuentemente vulnera la garantía constitucional del debido proceso, ya que con la referida resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se le ha juzgado anticipadamente; y mas aun cuando la propia ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece en su articulo 62 que la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. Debate que se le ha sancionado sin derecho a ser escuchado y sin que se le de la oportunidad procesal de proponer las pruebas que desvanezcan los cargos que se le imputan..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 62 de la ley en comento, es observancia obligatoria, disposición que señala: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces y magistrados en el cumplimiento de sus funciones en ningún caso podrán ser objeto de corrección disciplinaria”. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “Contra la resolución emitida en aplicación del procedimiento disciplinario el afectado podrá interponer el recurso de reposición en el plazo de tres (3) días desde la notificación de la resolución que pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la jurisdicción contencioso administrativo.”..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que la imposición de una sanción sin dar oportunidad de defensa, acción que confirmó el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en la resolución RECURRIDA al señalar que es irrecurrible, vulnera automáticamente los derechos de defensa y debido proceso garantizado por la Constitución de la República, amen de que también vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 10 señala: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella, en materia penal”; constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, dictó Resolución Número 57-58-59-60-61-2014 mediante la cual recomendó: “PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa de la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, por incurrir en infracciones menos graves y graves, establecidas en los artículos 3 literal g) y 4 literal a), c) y K), del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el acta número 4, en sesión celebrada en 29 de octubre del 2013. SEGUNDO:… TERCERO:…. CUARTO: Imponer como sanción disciplinaria a la abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, Jueza del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, de DESTITUCIÓN DEL CARGO SIN RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL, por incurrir en las conductas establecidas en el artículo 3 y 4 del Régimen disciplinario aprobado por el consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, mismas que constituyen faltas menos graves y graves…. Haciendo la notificación y advertencias procesales del caso.” Es en base a esta decisión que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tomo la decisión de imponer la sanción referida. (Ver Folios del ciento ocho al ciento dieciocho de la pieza de amparo)..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que la resolución que se recurre vía acción de amparo, mediante la cual resolvió que se suspenda de forma provisional sin que dicha suspensión constituya una sanción para la investigada Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, estableciendo que la misma es irrecurrible, constituye una vulneración del derecho de defensa, por cuanto en la referida Resolución del Consejo de la judicatura y la Carrera Judicial se toma la decisión de suspenderla de su cargo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de defenderse, teniendo como base el referido Consejo para tomar tal determinación únicamente el informe del Inspector General de Juzgados y Tribunales. Expone que se le ha vulnerado el derecho a ser oída en juicio, tal como lo manda el artículo 94 constitucional, y que si bien el Consejo en su resolución señala que dicha suspensión NO ES UNA SANCIÓN, el hecho de no permitirle ejercer sus funciones, y peor aún no percibir su remuneración, constituye una sanción severa, y es mas grave aun cuando el referido Consejo indica, como quedó dicho, que la resolución es irrecurrible..."..."la Sala de lo Constitucional, al igual que lo estima la recurrente de amparo, señala que la resolución que se recurre vía acción de amparo, al ser vulneratoria del derecho de defensa, consecuentemente vulnera la garantía constitucional del debido proceso, ya que con la referida resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se le ha juzgado anticipadamente; y mas aun cuando la propia ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece en su articulo 62 que la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. Debate que se le ha sancionado sin derecho a ser escuchado y sin que se le de la oportunidad procesal de proponer las pruebas que desvanezcan los cargos que se le imputan..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 62 de la ley en comento, es observancia obligatoria, disposición que señala: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces y magistrados en el cumplimiento de sus funciones en ningún caso podrán ser objeto de corrección disciplinaria”. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “Contra la resolución emitida en aplicación del procedimiento disciplinario el afectado podrá interponer el recurso de reposición en el plazo de tres (3) días desde la notificación de la resolución que pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la jurisdicción contencioso administrativo.”..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que la imposición de una sanción sin dar oportunidad de defensa, acción que confirmó el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en la resolución RECURRIDA al señalar que es irrecurrible, vulnera automáticamente los derechos de defensa y debido proceso garantizado por la Constitución de la República, amen de que también vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 10 señala: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella, en materia penal”; constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de Noviembre del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, mediante la cual suspende en forma provisional a la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA del cargo de Juez de Letras Seccional de Choloma, Cortes. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 68, 70, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 numerales 3, 4 y 5; y 317 de la Constitución de la República; artículos 6 y 7 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículos 5, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número TRECE del Acta número ONCE de la sesión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial llevada a cabo en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, resolvió: “que se suspenda de forma provisional a los siguientes funcionarios judiciales: RAMON ENRIQUE BARRIOS, Juez de Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula por tener tres denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales; ANGEL UBENCE PERDOMO CARCAMO Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara por tener seis denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales; NORMA LIZETH FUENTES MORALES Juez de Letras de Familia de Francisco Morazán por tener seis denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales; KARLA LIZETH ROMERO DAVILA, Juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, por tener tres denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales; YESIKA DOLORES GRANADOS, Juez del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, por tener siete denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales; LUIS ALONSO CHACON VALLADARES, Juez de Letras Seccional de Yoro por tener diez denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales; MARTHA GEORGINA ESCALANTE, juez de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, por tener seis denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales y YAMILE DELGADO DUBON, Secretaria General del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, por tener diez denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoria General de Juzgados y Tribunales. La presente resolución surtirá efectos a partir del día diez de diciembre del presente año. La misma es IRRECURRIBLE.” (Folio 139 AL 140) de la pieza de Amparo).2) Que la recurrente abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de febrero del año dos mil catorce, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SÍ MISMA, contra la Resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, contenida en el punto número TRECE del Acta número ONCE de la sesión llevada a cabo en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 68, 70, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 numerales 3, 4 y 5; y 317 de la Constitución de la República; artículos 6 y 7 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículos 5, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce. 3) En fecha cuatro de agosto de dos mil catorce compareció el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, presentando abstención de emitir dictamen, en virtud de no contar con el texto de la resolución recurrida, por lo que él fiscal para la Defensa de la Constitución desconoce la fundamentación con que se baso la resolución objeto de este proceso, siendo también de que desde la fecha en que se emitió el informe han trascurrido más de 90 días en que ya se pudo haber emitido una resolución definitiva en la presente causa. 4) En fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce se tuvo por recibida la certificación de la resolución de fecha diez de diciembre del año dos mil trece, emitida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, por lo que se procedió a dar nueva vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. En esta misma fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, se recibió para conocimiento de este Alto Tribunal, la certificación de la resolución dictada en fecha diecinueve de marzo del año dos mil catorce, por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, mediante la cual resolvió, entre los aspectos mas relevantes los siguientes: “PRIMERO: Desestimar los hechos denunciados en contra de la Jueza MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, Jueza de Letras Titular de Juzgado Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, por retardo en la tramitación del expediente 0502-2013-00193, deducido en la denuncia en la denuncia Numero 0502-2013-00151, por no encontrarse responsabilidad de su parte en la comision de tales hechos.- SEGUNDO: Declarar la responsabilidad Administrativa de la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, por incurrir en las infracciones menos graves y graves establecidas en los articulo 3 literal g) y 4 literal a), c) y k), previstas en el régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el acta número 4 en sesión celebrada en fecha 29 de octubre del año 2013, por; A) Haber incurrido con su conducta en irrespeto y falta de decoro al dirigirse al Receptor Armando Rodríguez, infringiendo de esta manera los preceptos establecidos en el articulo 3 literal g) del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y 1 del Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales; B) No observar el cuidado debido al firmar el acta de continuación de audiencia laboral contenida en el expediente laboral 0502-2011-00227, cuyo preámbulo no guarda congruencia con los hechos que se establecen en la misma, incumpliendo con su actuar lo establecido en su articulo 4 literal k) del Régimen disciplinario 2 literal g) y 3 literal c) del Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales; C) No haber observado la debida puntualidad para iniciar una audiencia señalada en el expediente 0502-2012-00005, de manera injustificada contrario a lo establecido en la Circular No. 8 contenida en el oficio NO.2293-SCSJ-2012, actitud que limita las horas de despacho al público; D) incumplimiento de sus funciones al omitir el procedimiento establecido para decretar la inadmisión de la demanda 0502-2012-00142, por incompetencia territorial de juzgado omitiendo de esta manera el despacho de asuntos que señala la ley... CUARTO: Imponer como sanción disciplinaria a la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, como Jueza del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, DESTITUCION DEL CARGO SIN RESPONSABILIDA INSTITUCIONAL, por incurrir en las conductas establecidas en el articulo 3 y 4 del Régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, mismas que constituyen faltas menos graves y graves… (FOLIOS 143 AL 148) 5) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil catorce, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE Y SE DECRETE SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS en virtud de ser el acto reclamado un acto consumado de modo irreparable art. 46 #5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número trece del Acta número once de la sesión llevada a cabo en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, resolvió: “que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para el investigado, a los siguientes funcionarios judiciales:… MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, Juez de Letras del Juzgado seccional de Choloma departamento de Cortés, por tener seis denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales…. La presente resolución surtirá efectos a partir del día diez de diciembre del presente año. La misma es IRRECURRIBLE.” (ver folio 139 y 140 de la pieza de Amparo). CONSIDERANDO (2): Que la recurrente Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, compareció ante este alto Tribunal, en fecha diez de febrero del año dos mil catorce, interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMA, contra la Resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, contenida en el punto trece del acta número once de la sesión celebrada en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, referida en el considerando anterior, la cual considera violatoria de los dispuesto en los artículos 68, 70, 82, 94, 89, 90, 95, 96, 127 y 128, de la Constitución de la República; 6.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5.1, 8.1, 8.2, 9, 11 y 25.2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Que de la revisión de los antecedentes, esta Sala observa que en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, dictó Resolución Número 57-58-59-60-61-2014 mediante la cual recomendó: “PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa de la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, por incurrir en infracciones menos graves y graves, establecidas en los artículos 3 literal g) y 4 literal a), c) y K), del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el acta número 4, en sesión celebrada en 29 de octubre del 2013. SEGUNDO:… TERCERO:…. CUARTO: Imponer como sanción disciplinaria a la abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, Jueza del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, de DESTITUCIÓN DEL CARGO SIN RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL, por incurrir en las conductas establecidas en el artículo 3 y 4 del Régimen disciplinario aprobado por el consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, mismas que constituyen faltas menos graves y graves…. Haciendo la notificación y advertencias procesales del caso.” Es en base a esta decisión que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tomo la decisión de imponer la sanción referida. (Ver Folios del ciento ocho al ciento dieciocho de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (4): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la resolución que se recurre vía acción de amparo, mediante la cual resolvió que se suspenda de forma provisional sin que dicha suspensión constituya una sanción para la investigada Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA, estableciendo que la misma es irrecurrible, constituye una vulneración del derecho de defensa, por cuanto en la referida Resolución del Consejo de la judicatura y la Carrera Judicial se toma la decisión de suspenderla de su cargo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de defenderse, teniendo como base el referido Consejo para tomar tal determinación únicamente el informe del Inspector General de Juzgados y Tribunales. Expone que se le ha vulnerado el derecho a ser oída en juicio, tal como lo manda el artículo 94 constitucional, y que si bien el Consejo en su resolución señala que dicha suspensión NO ES UNA SANCIÓN, el hecho de no permitirle ejercer sus funciones, y peor aún no percibir su remuneración, constituye una sanción severa, y es mas grave aun cuando el referido Consejo indica, como quedó dicho, que la resolución es irrecurrible. CONSIDERANDO (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, al igual que lo estima la recurrente de amparo, señala que la resolución que se recurre vía acción de amparo, al ser vulneratoria del derecho de defensa, consecuentemente vulnera la garantía constitucional del debido proceso, ya que con la referida resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se le ha juzgado anticipadamente; y mas aun cuando la propia ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece en su articulo 62 que la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. Debate que se le ha sancionado sin derecho a ser escuchado y sin que se le de la oportunidad procesal de proponer las pruebas que desvanezcan los cargos que se le imputan. CONSIDERANDO (8): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, la recurrente lo ha relacionado con el derecho de ser oída y vencida juicio, manifestación específica del derecho de defensa, establecidas dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (9): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 62 de la ley en comento, es observancia obligatoria, disposición que señala: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces y magistrados en el cumplimiento de sus funciones en ningún caso podrán ser objeto de corrección disciplinaria”. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “Contra la resolución emitida en aplicación del procedimiento disciplinario el afectado podrá interponer el recurso de reposición en el plazo de tres (3) días desde la notificación de la resolución que pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la jurisdicción contencioso administrativo.”

CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la imposición de una sanción sin dar oportunidad de defensa, acción que confirmó el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en la resolución RECURRIDA al señalar que es irrecurrible, vulnera automáticamente los derechos de defensa y debido proceso garantizado por la Constitución de la República, amen de que también vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 10 señala: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella, en materia penal”; constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 3 literal e), 24,26, 53 literal c), 62, 68 y 69 de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57 y 58 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MARTHA GEORGINA ESCALANTE LEIVA a favor de SI MISMA, contra la Resolución contenida en el punto número TRECE del Acta número ONCE de la sesión del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial llevada a cabo en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y a solicitud del Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, en su condición de Sub Procurador General de la República y Coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Materia de Derechos Humanos, y para que surta efectos legales en el Caso No. 12,816, denominado López Lone y Otros Vs. Honduras, incoado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de enero de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 123-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.