Sentencia AA-06-14 — Registro 5290
Resumen
Resolución suspendió provisionalmente durante el tiempo que dure la investigación al recurrente del cargo de Juez de Letras de Familia indicando que dicha suspensión "no constituye sanción para el investigado"; La Sala estima que al no especificar los hechos que dieron lugar a la suspensión se concluye que hay vulneración de la normativa de la propia Autoridad recurrida e incluso el debido proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo..."..."Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite afirmar: Que la resolución impugnada en esta vía constitucional, fundamentalmente vulnera las garantías de defensa y debido proceso, y ello se estima así, puesto que la aludida resolución es lo suficientemente clara en cuanto a sus términos, a saber: “…Visto y discutido el informe presentado por el Señor Inspector de Juzgados y Tribunales El Concejal CELINO AGUILERA, en el uso de la palabra propone: que en cumplimiento en lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que se suspenda de forma provisional por el tiempo que dure la investigación sin que esta suspensión sea una sanción para lo investigado……… MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA.- De lo anteriormente apuntado esta Sala entiende que la expresión proferida, esto es la que se refiere a que la suspensión decretada no constituye una sanción, no es conforme a derecho, y ello se estima así ya que la suspensión de un cargo aunque tenga un carácter temporal, constituye per se una sanción por cuanto la persona a la que se le impone forzosamente, se vera de una u otra manera afectada al dejar de asistir a su trabajo y consecuentemente tal medida incide directamente en aspectos psicológicos, sociales y familiares del suspendido, amen de lo anterior entendemos también que el suspendido de su cargo se ve afectado en el aspecto económico al dejar de devengar su salario mensual; y aunque en el caso de autos la resolución impugnada no señala nada al respecto, se colige que pudiese existir también una suspensión económica, ya que así lo deja preceptuado el ultimo párrafo del citado articulo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, cuando señala que “Tan pronto se acredite, a satisfacción del Consejo, el cese definitivo o la inexistencia de la causa que dio lugar a la suspensión, el o la funcionaria o empleado judicial reasumirá su cargo, con los derechos y sueldos, bonificaciones o cualquier otro beneficio dejados de percibir en el caso de haber sido improcedente la suspensión”.- La sala estima que al no especificar los hechos que dieron lugar a la suspensión se ha vulnerado lo preceptuado en el citado artículo 62 de la ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en cuanto se establece: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso.- De lo anterior se concluye que se vulnera el debido proceso por normativa debidamente la resolución..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 62 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de Octubre del año dos mil catorce VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA oa favor de SI MISMO, contra la resolución del punto número Siete (7) del Acta Número Diez (10) de la sesión celebrada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, en fecha tres de diciembre del año dos mil trece, mediante la cual se suspende de forma provisional por el tiempo que dure la investigación al Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, en su condición de Juez de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán. Manifiesta el recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales como ser el derecho a la dignidad del ser humano, el derecho a la legítima defensa y el derecho al debido proceso, todos consagrados en los artículos 59, 82 y 90 relacionados con el artículo 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de enero de dos mil catorce, compareció ante esta Sala, el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, promoviendo recurso de Amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución del punto número Siete (7) del Acta Número Diez (10) de la sesión celebrada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, en fecha tres de diciembre del año dos mil trece, mediante la cual se le suspende de forma provisional por el tiempo que dure la investigación del cargo de Juez de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, sin que esta suspensión constituya una sanción para el investigado, por considerar que no se han seguido los procedimientos disciplinarios administrativos ni judiciales y asimismo que se han violentado derechos constitucionales fundamentales como ser el derecho a la dignidad del ser humano, el derecho a la legítima defensa y el derecho al debido proceso, todos consagrados en los artículos 59, 82 y 90 relacionados con el artículo 94 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha diez de marzo de dos mil catorce, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folios 54 de la pieza de amparo). 3) Que en fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que SE DENIEGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio 67 al 76 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución contenida en el punto NÚMERO (07) del Acta número diez (10), de la sesión llevada a cabo en fecha tres (03) de Diciembre del año dos mil trece (2013), por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial; resolución mediante la cual el referido Consejo señala: (Sic.) “…:que en cumplimiento en lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se suspenda de forma provisional por el tiempo que dure la investigación, sin que esta suspensión constituya una sanción para los investigados; a los siguientes jueces: MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES, Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, JESSY PAULITA VENTURA RIVERA, Juez de letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, Atlántida; PEDRO JOSE VILLANUEVA Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARREOLA Juez de letras de Familia de Francisco Morazán y a GUILLERMO FELIPE BUSTILLO, Juez Coordinador del Juzgado de Letras seccional de Comayagua; ….RESUELVE: que se suspenda de forma provisional por el tiempo que dure la investigación, sin que esta suspensión constituya una sanción para los investigados; a los SIGUIENTES jueces: MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES, Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, JESSY PAULITA VENTURA RIVERA, Juez de letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, Atlántida; PEDRO JOSE VILLANUEVA Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARREOLA Juez de letras de Familia de Francisco Morazán y a GUILLERMO FELIPE BUSTILLO, Juez Coordinador del Juzgado de Letras seccional de Comayagua. La presente resolución surtirá efectos a partir del día tres de diciembre del presente año.”. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARREOLA, aduce que la Resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, ha vulnerado en su perjuicio el derecho a la dignidad del ser humano, el derecho de petición, a la legitima defensa, a un debido proceso, el principio de legalidad, contenidos respectivamente en los artículos 59, 80, 82, 90, 95, 303, 304 y 317 de la Constitución de la República; para ello expone que tales vulneraciones constitucionales se habrían producido en primer lugar por que la citada resolución del Consejo de la Judicatura al ser de publico conocimiento a través de los medios periodísticos, televisivos y demás del país, ha violentado su derecho a la dignidad personal, el derecho a la defensa, y el derecho a un debido proceso; ya que tanto su reputación personal como la de su familia se ha visto afectada. Con la sola lectura de la noticia, la opinión pública se forma una opinión desfavorable de persona, ya que se asume que esa noticia es producto de un procedimiento llevado a cabo con todas las garantías constitucionales y la sociedad que ahora condena a un Juez, desconoce la realidad de los hechos. Deja constancia que manifestaron los medios de comunicación, que las razones de su suspensión, se deben por haber cometido el impetrante actos de corrupción, falta de respeto a la Coordinación, incumplimiento de resoluciones emitidas por el Tribunal de alzada, falta de respeto al Jefe de Personal y retardo malicioso de justicia. Expone que esta noticia salió a la luz por medios radiales, escritos, televisados y por Internet, y hasta dos días después de conocerlo la población de Honduras, se le notificó al ahora recurrente la resolución de la suspensión, en la cual no se establecen, señala, las causales ni los procedimientos llevados a cabo para la determinación de la misma. CONSIDERANDO (4): Que respecto de la vulneración del derecho de defensa apunta que la misma se produce, por cuanto en la referida Resolución del Consejo de la judicatura y la Carrera Judicial se toma la decisión de suspenderlo de su cargo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de defenderse, teniendo como base el referido Consejo para tomar tal determinación únicamente el informe del Inspector General de Juzgados y Tribunales. Expone que se le ha vulnerado el derecho a ser oído en juicio, tal como lo manda el artículo 94 constitucional, y que si bien el Consejo en su resolución señala que dicha suspensión NO ES UNA SANCIÓN, el hecho de no permitirle ejercer sus funciones, y peor aún no percibir su remuneración, constituye una sanción severa. CONSIDERANDO (5): Que estima el recurrente de amparo que se ha vulnerado en su perjuicio la garantía constitucional del debido proceso, ya que con la referida resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se le ha juzgado anticipadamente; y mas aun cuando la propia ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece en su articulo 62 que la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. Debate que se le ha sancionado sin derecho a ser escuchado y sin que se le de la oportunidad procesal de proponer las pruebas que desvanezcan los cargos que se le imputan. CONSIDERANDO (6): Que también el impetrante de amparo dice que la supra citada resolución del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, vulnera por tiempo indefinido su derecho al Trabajo, pues no puede ejercer como Abogado independiente, en tanto no se le ha despojado de su investidura de Juez de la República, manteniéndolo en una situación de precariedad económica pues no puede honrar los compromisos adquiridos. Derecho al trabajo garantizado en el artículo 127 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que al tenor del ya citado articulo 62, dice que a lo anterior se establece que la sanción a el impuesta se ha basado en un informe de la Inspectoría de Tribunales, que ha hecho investigaciones sobre resoluciones judiciales, lo que se encuentra totalmente fuera del ámbito de su competencia ello de conformidad con lo señalado en el articulo 24 de la citada ley. CONSIDERANDO (8): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho de ser oído y vencido en juicio, manifestación específica del derecho de defensa, establecidas dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (9): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (12): Que de la lectura y análisis de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, serán aplicables al caso los artículos siguientes: artículo 3 literal e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala como una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura: “Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico”. El párrafo primero del artículo 24 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “La Inspectoria General de Órganos Jurisdiccionales desarrollara su actividad en función de garantizar el buen funcionamiento de estos, excluyendo de sus atribuciones la inspección del ámbito y contenido de las resoluciones judiciales, contra las cuales únicamente caben los recursos procesales…..”. El artículo 53 literal c) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala:” La condición de empleados y funcionarios judiciales se suspenderá en los casos siguientes: …….c) Cuando así lo hubiere acordado el Consejo, provisional o definitivamente, por razones disciplinarias.” CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 62 de la ley en comento, es observancia obligatoria, disposición que señala: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los jueces y magistrados en el cumplimiento de sus funciones en ningún caso podrán ser objeto de corrección disciplinaria”. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señala: “Contra la resolución emitida en aplicación del procedimiento disciplinario el afectado podrá interponer el recurso de reposición en el plazo de tres (3) días desde la notificación de la resolución que pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la jurisdicción contencioso administrativo.” CONSIDERANDO (14): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite afirmar: Que la resolución impugnada en esta vía constitucional, fundamentalmente vulnera las garantías de defensa y debido proceso, y ello se estima así, puesto que la aludida resolución es lo suficientemente clara en cuanto a sus términos, a saber: “…Visto y discutido el informe presentado por el Señor Inspector de Juzgados y Tribunales El Concejal CELINO AGUILERA, en el uso de la palabra propone: que en cumplimiento en lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que se suspenda de forma provisional por el tiempo que dure la investigación sin que esta suspensión sea una sanción para lo investigado……… MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA.- De lo anteriormente apuntado esta Sala entiende que la expresión proferida, esto es la que se refiere a que la suspensión decretada no constituye una sanción, no es conforme a derecho, y ello se estima así ya que la suspensión de un cargo aunque tenga un carácter temporal, constituye per se una sanción por cuanto la persona a la que se le impone forzosamente, se vera de una u otra manera afectada al dejar de asistir a su trabajo y consecuentemente tal medida incide directamente en aspectos psicológicos, sociales y familiares del suspendido, amen de lo anterior entendemos también que el suspendido de su cargo se ve afectado en el aspecto económico al dejar de devengar su salario mensual; y aunque en el caso de autos la resolución impugnada no señala nada al respecto, se colige que pudiese existir también una suspensión económica, ya que así lo deja preceptuado el ultimo párrafo del citado articulo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, cuando señala que “Tan pronto se acredite, a satisfacción del Consejo, el cese definitivo o la inexistencia de la causa que dio lugar a la suspensión, el o la funcionaria o empleado judicial reasumirá su cargo, con los derechos y sueldos, bonificaciones o cualquier otro beneficio dejados de percibir en el caso de haber sido improcedente la suspensión”.- La sala estima que al no especificar los hechos que dieron lugar a la suspensión se ha vulnerado lo preceptuado en el citado artículo 62 de la ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en cuanto se establece: “La responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos en esta sub sección y en todo caso con respeto a los principios que informan el debido proceso.- De lo anterior se concluye que se vulnera el debido proceso por normativa debidamente la resolución. CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 3 literal e), 24,26, 53 literal c), 62, 68 y 69 de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57 y 58 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA,, a favor de SI MISMO, contra la Resolución contenida en el punto siete (07) del acta número diez (10) de la sesión celebrada en fecha tres (03) de Diciembre del año dos mil trece (2013), emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSITUCIONAL.”
Y a solicitud del Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, y para que surta efectos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 0006-2014.
CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.