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Sentencia RP-1370-09 — Registro 3769

Resumen

Después de la condena por el delito de Difamación Constitutiva de Injurias ha sobrevenido un hecho nuevo, que hace evidente que el comportamiento por el cual se le condenó no es punible

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (15): Que el Articulo 96 numeral 6 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, señala que las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevengan hechos nuevos; entendiendo por tal, aquel suceso fáctico vinculado al delito y del cual no se tuvo conocimiento en el proceso judicial, de manera que no pudo ser controvertido, se trata pues de un suceso ligado al hecho punible del que sin embargo no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del trayecto procesal; en ese orden de ideas esta Sala arriba a la conclusión que en el caso de autos efectivamente se ha producido un hecho nuevo posterior a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, mismo que tiene que ver con que la Sentencia dictada por este Alto Tribunal, a través de La Sala Laboral, ha señalado que la parte demandada la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), probó plenamente la causal en que se fundó para despedir a la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, esto es que la referida señora fue despedida por que incumplió las disposiciones del acuerdo No.139-2002 del Acta 617, emitidas por el Consejo Universitario, en lo que se refiere a la prohibición para que los empleados de la UNAH realicen trámites de obtención de titulo a favor de particulares, siendo que al señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, se le condenó en la instancia penal, precisamente por las declaraciones que este vertiera a un medio de comunicación, y por las cuales hacia alusión a la conducta observada por la referida señora, y por las cuales la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) la despidió, consecuentemente el argumento esgrimido por el recurrente, en cuanto a que se ha producido un nuevo hecho, después de la condena, es conforme a derecho por lo tanto debe ser estimado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de mayo del dos mil trece.- VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas y de este domicilio, a favor de SI MISMO, contra la Sentencia dictada en fecha cinco de diciembre de dos mil dos, por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa MDC., Francisco Morazán; con relación a la causa que fue instruida en su contra y por la cual se le condenó como responsable del delito de DIFAMACION CONSTITUTIVA DE INJURIAS, en perjuicio de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil dos, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa MDC., la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, interponiendo querella contra los señores JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO y JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, en sus condiciones de Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUH) y Auditor Interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) respectivamente, por la comisión de los delitos de DIFAMACIÓN E INJURIAS, en su perjuicio.- 2) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil dos, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa MDC., Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en la causa instruida contra los señores JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO y JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, por el delito de DIFAMACION CONSTITUTIVA DE INJURIAS, en perjuicio de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, sentencia mediante la cual falló: a) Condenando a los acusados como autores responsables del delito de DIFAMACION CONSTITUTIVA DE INJURIAS, al señor JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO, a la pena de dos años y un mes de reclusión en la Penitenciaría Nacional y al señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, a la pena de un año con seis meses de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, además como consecuencia de la pena de reclusión a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el mismo tiempo de la condena, así como al trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento en que cumplan la condena; b) Declarando la responsabilidad civil proveniente de la responsabilidad penal de los condenados JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO y JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, y c) Los condenó en costas personales y gastos ocasionados en el juicio. Fundamenta el A-Quo su decisión en los Artículos 303 de la Constitución de la República; 49, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 69, 105, 107, 157 del Código Penal. (Folios ciento cuarenta y seis -146- al ciento cincuenta y nueve -159- de los antecedentes).- 3) Que con fechas veinte y veintiuno de enero de dos mil tres comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, los Abogados MARCELINO BANEGAS LAGOS y ALFREDO VIGIL MOLINA, actuando en su condición de defensores respectivamente de los señores JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, y JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO, interponiendo y a su vez formalizando el Recurso de Casación por Infracción de Ley contra de la Sentencia Definitiva de fecha cinco de diciembre de dos mil dos, por considerar que la misma infringe los preceptos establecidos en los Artículos 24 numeral 5), 32 y 157 del Código Penal en relación al 160 y 349 numeral 3) del mismo cuerpo legal, al hacer una interpretación errónea de la Ley, haciendo las debidas citaciones pero obviando su significación precisa, alterando así su propia naturaleza y dándoles un sentido distinto al que tiene, afectando de manera determinante la parte resolutiva de la Sentencia.- 4) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil cinco, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por los Abogados MARCELINO BANEGAS LAGOS y ALFREDO VIGIL MOLINA, en sus condiciones indicadas, contra el fallo dictado en fecha cinco de diciembre de dos mil dos por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán; profirió resolución declarando sin lugar el mismo.- 5) Que en fecha once de diciembre de dos mil nueve, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor de SI MISMO, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa MDC., Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco de diciembre de dos mil dos, en la cual se le condena como autor responsable del delito de DIFAMACION CONSTITUTIVA DE INJURIAS, en perjuicio de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, fundamentando su acción en el numeral 6 del Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- 6) Que en fecha quince de agosto de dos mil once, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contando con la comparecencia del señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, representado por la Abogada ITZEL ANAI PALACIOS; la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, representada por el Abogado FELIX EDGARDO GARCIA SUAREZ, y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ocasión en la que, cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido Recurso de Revisión.- CONSIDERANDO (1): Que el recurrente funda su petición en la causal sexta del Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al tenor de la cual se establece que “…las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, cuando:……6) después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió….”.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia condenatoria dictada en fecha cinco de diciembre del año dos mil dos, por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, expresa que de la valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y de acuerdo a los criterios de la sana critica, el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, fue la persona que vertió declaraciones injuriosas en contra de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, mismas que fueron publicadas en el Diario EL HERALDO, en su edición del día viernes uno de marzo del año dos mil dos; afirmación del Tribunal sentenciador que según expone el recurrente resultaría desvirtuada, ya que después de la referida condena ha sobrevenido un hecho nuevo que hace evidente que los hechos por los cuales se le condenó no es punible, señala que el hecho o elemento nuevo consiste en la sentencia dictada en fecha siete de diciembre del año dos mil cinco por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia mediante la cual el mas Alto Tribunal de la Republica, casó totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección y declaró sin lugar la demanda interpuesta por la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, para que se le reintegrara al empleo del que se le despidió, y así mismo se le pagaran los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios; fundamentándose la Sentencia de Casación en lo siguiente: “Que confrontada la sentencia recurrida con los cargos expuestos y admitidos, resulta evidente que el juzgador ha incurrido en Infracción de Ley sustantiva por: a) Violación indirecta de los Artículos 112 letra e) y l) en relación con el 97 numeral 3) del Código del Trabajo por apreciación errónea de la prueba singularizada; y b) En infracción directa del Articulo 112 letra e) y l), en relación con el Articulo 97 numeral 1), 3) y 13), todos del Código del Trabajo…., este Tribunal, inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes, forma su convencimiento en el sentido de que la parte demandada probó plenamente la causa en que fundó el despido y observó lo dispuesto en la cláusula No. II del contrato colectivo entre la UNAH y el SITRAUNAH.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente señala que el fallo dictado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se funda entre otras, en las siguientes consideraciones: a) Que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dio por terminado el contrato de trabajo con la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, invocándole la causal de “Haber cometido un acto inmoral, violentando la disposición o acuerdo No.1349-2002 del acta 617 del Consejo Universitario celebrado el veintiocho de noviembre del año dos mil tres, que dice: “Se prohíben a los estudiantes, funcionarios y empleados de la UNAH que en forma continua y permanente tramiten ante la Secretaria General y oficina de Registro, expedientes de graduación, extensión de títulos, auténticas, equivalencias, monografías, matrículas, archivo, calificaciones, etc., al no cumplirse la presente disposición a los funcionarios y empleados se les aplicará aparte de lo establecido en el Contrato Colectivo vigente, el Artículo 92 y 112 del Código del Trabajo, si fuere el caso. Que en fecha 18 de diciembre de 2003, se presentaron a la Secretaria General de la UNAH, los estudiantes Maria Leticia Hernández Sánchez, Reyna Suyapa Cárcamo Montes y Norman Iván Díaz Alvarenga, manifestando haber pagado a la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, cantidades de dinero por trámites de graduación; y b) Que este Tribunal inspirado en los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal de las partes, forma su convencimiento de que la parte demandada probó plenamente la causa en que se fundo el despido…”. Señala el recurrente que el despido de la referida señora se fundó en los hechos que él señaló y por los cuales él fue condenado, hechos que la Sala de lo Laboral sostiene en su sentencia fueron probados en el juicio laboral; alega que esa decisión judicial encierra un nuevo elemento de prueba que hace evidente que el hecho cometido y por el cual él fue condenado, no es punible, de conformidad con lo que dispone el Articulo 158 del Código Penal que literalmente expresa. “Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado público y se trate de hechos concernientes al cargo. En este caso el acusado será absuelto si probare ser cierta la imputación”. Aduce que en el caso de mérito se dan todos los presupuestos que se señalan en el citado Artículo, ya que la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, era empleada pública y los hechos que se le atribuyen son concernientes al cargo; además, con la sentencia de la Sala Laboral a que se hace referencia, hay prueba irrefutable de ser cierta la información.- CONSIDERANDO (4): Que en fecha quince de agosto de dos mil once, tuvo lugar la audiencia señalada por la Sala de lo Constitucional, a los efectos de que la parte afectada por la admisión del Recurso pudiera presentar oposición, así como también para que las partes presentaran las pruebas en apoyo de sus pretensiones; cedida que le fue la palabra al Abogado FELIX EDGARDO GARCIA SUAREZ, en su condición de Apoderado Judicial de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, manifestó su oposición al Recurso interpuesto, alegando que: “No debe darse el Recurso de Revisión por que la Ley establece que no puede activarse juicios fenecidos, la sentencia se emitió el cinco de diciembre del año dos mil dos, aún a ésta altura la perjudicada no hace efectiva la parte civil, en virtud de que este caso se ha venido en Apelación de hecho, Casación, Amparo, Revisión y una nueva Revisión que se está conociendo. En tal virtud, si fuera posible que el argumento del revisionista pudiera surtir efectos bajo el criterio de que el Derecho Penal es un derecho autónomo con su propia forma de organización, marco jurídico y jurisdicción, si fuera posible extrapolar sentencias proferidas por otras salas como es la que invoca el revisionista de materia laboral emitida por la Sala Laboral, cuando a la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, le fue declarada sin lugar una sentencia en materia laboral y que con esta sentencia y sus elementos, según el revisionista se prueba que incurrió en responsabilidad en su puesto de trabajo y con este supuesto se puede probar la Revisión Penal, se incurriría en violación de garantías constitucionales. Una sentencia firme puede ser revisada por dos únicas razones, por considerar que el hecho no existió y segundo por considerar que el condenado no lo cometió en caso de existir el hecho, ha sido debidamente probado en juicio que el solicitante efectivamente incurrió en un delito de injuria y por eso fue condenado. En su oportunidad no alegó que mi representada incurrió en una falta administrativa y por tal causa no lo puede invocar ahora, por tal motivo el escrito presentado son los mismos hechos que el Recurso de Revisión 1563-2005, en el cual se emitió una Sentencia que deniega la Revisión y ahora pretende invertir los hechos y dice que mi representada es culpable, por lo que ya expuse no se puede extrapolar una Sentencia Laboral a un caso penal y además no existe revisión en materia laboral, por lo cual esto volvería ilusoria la Garantía de Revisión. A la señora se le dio la razón cuando querelló a dos personas que actuaron en su descrédito y deshonra, consideró que la solicitud planteada por el revisionista no puede ser admitida porque se plantea en los mismos hechos que la primera y en este caso, no en hechos nuevos si no los mismos que ya planteo el Abogado Roberto Carlos Guzmán en el expediente 1563-2005, por lo cual no es cierto lo que plantea el revisionista “Que solo le llamó la atención a la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez”; y por tal motivo hoy vengo a presentar nuevamente los documentos que ilustran la culpabilidad del solicitante, el cual plantea de manera aislada su revisión y estos documentos consisten en una trascripción SEPROC, en donde se transcribe la declaración de otro de los condenados que es el señor José Rodolfo Montalbán Toscano, e igualmente la publicación de Diario La Tribuna en donde no son hechos simples ausentes de “animo injuriandi” que pretende acreditar el recurrente sino que afectan el derecho a la honra y al propia imagen y que certifica el periodista Director Ejecutivo de diario La Tribuna, en el expediente 1563-2005 consta otra publicación de diario El Heraldo, que dichas declaraciones si se produjeron, consecuentemente y para terminar esta exposición, considero que apreciados estos hechos se proceda a la no admisión de esta acción y si por cuestiones reglamentarias se siguiera adelante con esta revisión se declare sin lugar el Recurso, por que lo que obra aquí es un abuso de éste, vemos que no existe contradicción entre el bien jurídico protegido y la justicia que son elementos que se toman en cuenta para fallar en revisión. Esto es así por que el ciudadano Juan Ramón Rodríguez conmutó su pena y cumplió las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por lo que nos preguntamos que persigue el recurrente, esto es beneficio económico que es demandar a mi representada la señora Sevilla Vásquez, al Estado y la posterior condena, lo cual sin duda volvería ilusoria las garantías establecidas por la Constitución de la República, y sin duda esta actitud seria opuesta a las diversas Convenciones firmadas por Honduras en materia de Derechos Humanos”.- CONSIDERANDO (5): En la continuación de la referida audiencia, cedida que le fue la palabra a la Apoderada Legal de la parte recurrente, la Abogada ITZEL ANAI PALACIOS, manifestó: “En esta oportunidad vengo a ratificar la Revisión presentada por el señor Rodríguez López, contra la Sentencia en la cual se le condenó como responsable del delito de Difamación constitutiva de Injurias en perjuicio de la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, esto se hace por haber sobrevenido un hecho nuevo que es la Sentencia en materia laboral de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, mediante la cual se Casó por la Sala Laboral, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, y se declaró sin lugar la demanda presentada por la señora Sevilla Vásquez, contra la UNAH, y me permito leer dos Considerandos de esa sentencia: “Que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dio por terminado el contrato de trabajo con la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, invocándole la causal de haber cometido un acto inmoral, violentando la disposición o Acuerdo numero 139-2002, del Acta 617 del Consejo Universitario, celebrado el 28 de noviembre de 2003 que dice: “Se prohíben a los estudiantes funcionarios y empleados de la UNAH, que en forma continua y permanente tramiten ante la Secretaria General y oficina de Registro, expedientes de graduación, extensión de títulos, autenticas, equivalencias, monografías, matrículas, archivos, calificaciones etc.” Al no cumplirse la presente disposición a los funcionarios y empleados se les aplicará aparte de lo previsto en el contrato colectivo vigente, el Artículo 92 y 112 del Código del Trabajo, si fuere el caso. Que con fecha dieciocho de diciembre de 2003, se presentaron a la Secretaria General de la UNAH, los estudiantes Maria Leticia Hernández Sánchez, Reyna Suyapa Cárcamo Montes y Norman Iván Díaz Alvarenga, manifestando haber pagado a la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, cantidades de dinero por trámites de graduación. Igualmente en otro Considerando de la Sala Laboral establece: “Que este Tribunal inspirado en los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal de las partes, forma su convencimiento de que la parte demandada probó plenamente la causal en que fundó su despido”. Esta sentencia constituye el hecho nuevo en el cual se funda la revisión y se confirma que el hecho por el cual fue condenado mi representado no es punible de conformidad a lo preceptuado en el Artículo 158 del Código Penal, ya que la señora Sevilla Vásquez era empleada pública y los hechos que se le atribuyen son concernientes al cargo, además con la sentencia de la Sala Laboral a que se hace referencia hay prueba irrefutable de ser cierta la imputación, por que si bien es cierto que ante las expresiones de naturaleza injuriosa no cabe la “exeptio veritatis”, también lo es que tratándose de empleados o funcionarios públicos, se admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, cuando las expresiones vertidas versen sobre los hechos concernientes al ejercicio del cargo, tal como lo establece el Artículo 158 del Código Penal, propongo como medios de prueba la certificación de la sentencia de la Sala Laboral referida y la Gaceta número 122 de diciembre de 2005, ambos acompañados al escrito de interposición de la demanda y proponemos la inspección judicial en el expediente que se encuentra en la Dirección de Recursos Humanos de la UNAH, que corresponde a la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, que acredita que ella era empleada de esa institución y que los actos objeto de la imputación que se le atribuye a mi cliente fueron por un tiempo concernientes al cargo que ella desempeñaba como empleada de la UNAH”. Finalmente, en la señalada audiencia se le cedió la palabra a la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien manifestó lo siguiente: (Sic:) “Una vez revisado el expediente y revisados los alegatos de cada una de las partes, el Ministerio Público percibe que ambas demandas, querella penal y Demanda Laboral por el despido que interpusiera la señora Martha Alicia Sevilla Vásquez, por actos que se realizaron en su contra y el reclamo laboral de su reintegro y demás derechos, se desprenden de un mismo hecho, como es la denuncia de irregularidades en la tramitación de documentos de alumnos que estaban por graduarse, que son los mismos hechos que hoy motivan esta revisión, por un hecho nuevo, como ser la sentencia de la Sala de lo Laboral, en donde conociendo de una Casación se le da vuelta a la sentencia de primera instancia y reconoce a la Universidad en la demanda a su favor, declarando sin lugar la demanda de Martha Alicia Sevilla, y siendo que estos hechos se derivan de los mismos acontecimientos por los cuales el señor Rodríguez fuera condenado, y aún y cuando esto sea una cosa juzgada, la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que el Recurso de Revisión podrá ser interpuesto en cualquier tiempo para revisar una sentencia injusta. De la lectura del Articulo 158 del Código Penal, relativo a la injuria, se establece que se reúnen los requisitos que establece la Ley como ser que la señora Sevilla Vásquez era una empleada pública, por ocupar un cargo estatal y una vez que la Sala Laboral ha revisado una sentencia en la cual se declara sin lugar esa demanda, estos mismos hechos sirven como elemento de prueba que en su momento fueron utilizados para condenar al señor Rodríguez y ahora sirven para desvirtuar esta condena. Esto se considera un hecho nuevo por que es posterior a la condena del señor Rodríguez, haciendo alusión a lo que se refiere por la parte querellante que no se puede extrapolar algo laboral a lo penal, sin embargo este hecho sirve para acreditar que ante la Sala Laboral, si se pudo acreditar la existencia de los hechos que motivaron la Querella, en tal virtud y en aras del principio de objetividad que informan las actuaciones del Ministerio Público considero que se debe declarar con lugar la acción intentada”.- CONSIDERANDO (6): Que el fundamento del Recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica, en aquellos casos en que una persona haya sido condenada injustamente, no contemplar lo anterior, es decir que una sentencia pueda ser revisada por el mas Alto Tribunal del país, deviene en una situación inadmisible en un Estado de Derecho. En este sentido, la revisión penal plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales del ordenamiento jurídico, por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo y, en general, cualquier resolución judicial, en un momento determinado, sea irrevocable, y el principio de Justicia, que en su sentido jurídico lo entendemos como el conjunto de leyes que garantizan que los Órganos Jurisdiccionales apliquen sin discriminaciones o privilegios las Leyes igualmente para todos, como también que excepcionalmente se pueda hacer revisión de una sentencia firme, y con ello reconocer el derecho fundamental que le asiste al condenado de que su causa pueda ser conocida nuevamente cuando el mismo estime que se le ha condenado injustamente.- CONSIDERANDO (7): Que en aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que fuesen manifiestamente injustas, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitir la posibilidad de que se pueda revocar dicha sentencia, o, por el contrario, dar prioridad al principio de justicia y admitir, que, en ciertos casos, la cosa juzgada puede quedar sin efecto. El fundamento del Recurso de Revisión, como antes queda dicho responde a ésta última opción, es decir, a la prevalencia de la justicia que junto a la libertad, la cultura, el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituyen las bases en que descansa el Estado de Derecho, esto al tenor de lo establecido por el Artículo 1 de nuestra Constitución Política.- CONSIDERANDO (8): Que la Revisión Penal, al margen o con independencia de que se le considere un Recurso propiamente dicho o un procedimiento autónomo, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.- CONSIDERANDO (9): Que la causal de rescisión o anulación de la Sentencia condenatoria firme, invocada por el recurrente, es la que se encuentra prevista por el numeral 6) del Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esto es, cuando después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió, o que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma mas favorable.- CONSIDERANDO (10): Que en el motivo invocado por el recurrente, cabe distinguir tres supuestos: a) Que el hecho no existió, b) Que el condenado no lo cometió, y c) Que el hecho cometido no es punible o se encuadra en una norma mas favorable. En el primer caso se presentará cuando el hecho delictivo por el cual se juzgó al imputado no se ha producido en el mundo real, el segundo, cuando estando acreditada la existencia de un hecho tipificado como delito, resulta evidente y sin ningún asomo de duda, que el condenado no intervino en su comisión y el tercero se da cuando el hecho por el cual fue condenado el imputado no es punible o el mismo encuadra en una norma mas favorable para el condenado.- CONSIDERANDO (11): Que en ese orden de ideas, podemos afirmar que el supuesto señalado en el numeral 6) del Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige que la concurrencia de esos hechos o elementos de prueba nuevos evidencien que el hecho no existió o que habiéndose producido éste, el imputado no lo cometió, todo ello de una forma tan exacta y certera que no permita abrigar duda alguna, resaltando, de una parte el error cometido en la sentencia revocada y de otra, la notoria inculpabilidad del condenado.- CONSIDERANDO (12): Que el recurrente plantea a esta Sala de lo Constitucional como hecho nuevo, posterior al fallo condenatorio dictado en su contra por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, la sentencia dictada en fecha siete de diciembre del año dos mil cinco, por la Sala Laboral-Contencioso-Administrativo de este Alto Tribunal, que Casó TOTALMENTE la sentencia dictada en fecha quince de febrero de dos mil cinco, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial; en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado AGUSTÍN RAFAEL LAGOS VALLADARES, actuando en su condición de Apoderado sustituto de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH); del examen del referido fallo esta Sala observa que el mismo en su parte conducente básicamente se refiere a lo siguiente: “…….. Que la parte demandada en la contestación de la demanda rechazó la pretensión de la demandante y en el acápite HECHOS Y RAZONES EN QUE SE BASA LA DEFENSA alegó tener causa o motivo para dar por finalizada la relación de trabajo con la demandante sin responsabilidad de su parte, en virtud de que la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ había incumplido lo dispuesto en el Acuerdo No.139-2002 del Acta 617 del Consejo Universitario que prohíbe a los empleados de la UNAH realizar trámites de obtención de título a favor de particulares, por lo que la Jefatura de Personal le notificó el acuerdo de despido mediante oficio No.2805 del 19 de diciembre del 2003, notificando también al SITRAUNAH, a la Inspectoría del Trabajo y a otras unidades internas de la UNAH, enviándoles copia del acuerdo de cancelación. Que ambas partes, para acreditar los extremos alegados en la demanda y contestación de ésta, respectivamente propusieron los medios probatorios que consideraron pertinentes así: documental e inspecciones judiciales, los que fueron evacuados oportunamente.…… Que de acuerdo con el Código de la materia y la normativa laboral interna que regula la relación de trabajo entre la UNAH y sus trabajadores, la causal invocada en el despido, faculta al empleador a poner fin al contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Acreditándose con la prueba documental consistente en el oficio No.2805-DRH del 19 de diciembre del 2003 del acuerdo de despido de la demandante, que de éste se le envió copia al SITRAUNAH y en la certificación del acta de conciliación de fecha 23 de enero del 2004, celebrada en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, consta que el SITRAUNAH acudió en defensa de la señora SEVILLA VASQUEZ, por medio del Fiscal de la Junta Directiva Central, señor JOSÉ AMILCAR ESPINOZA PERDOMO (ver folios 4, 5, 6 y 7 de la primera pieza). Que la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, al demandar el reintegro al trabajo, no emplazó a su empleador para que este probara la justa causa en que se fundó el despido, causal que ha quedado probada fehacientemente con la prueba documental e inspecciones judiciales evacuadas en el proceso; al respecto, la parte demandante no aportó prueba alguna que acredite que la señora SEVILLA VASQUEZ, no incurrió en la causal en que se fundó el despido. Si bien la cláusula II del contrato colectivo citado dispone el compromiso de enviar copia del despido al sindicato para realizar las investigaciones del caso, en manera alguna vulnera el derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para despedir al trabajador que ha infringido la Ley, sin perjuicio de que el SITRAUNAH, pueda realizar las investigaciones pertinentes. Que son obligaciones de los trabajadores observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; y constituyen causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, todo acto inmoral que el trabajador cometa en el lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado, así como cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumban al trabajador de acuerdo con los Artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Que el trabajador que haya sido despedido en forma injustificada e ilegal podrá demandar el reintegro a su trabajo, y el patrono estará obligado a justificar ese despido, de lo contrario deberá proceder al reintegro del trabajador demandante, y en el caso de autos, estando debidamente acreditada la causal de despido de la trabajadora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, el reclamo de reintegro resulta improcedente, debiendo en consecuencia absolverse a la institución demandada de toda responsabilidad. Que este Tribunal, inspirado en los principios científicos que informa la crítica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes, forma su convencimiento en el sentido de que la parte demandada probó plenamente la causa en que se fundó el despido y observó lo dispuesto en la cláusula No.II del contrato colectivo entre la UNAH y el SITRUNAH”.- CONSIDERANDO (13): Que la Sentencia condenatoria dictada en la Jurisdicción Penal en contra del señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, como responsable del delito de DIFAMACIÓN constitutivas de Injurias en perjuicio de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, establece que en fecha uno de marzo del año dos mil dos, apareció una nota periodística en el diario EL HERALDO, cuyo titulo rezaba: “A LA FISCALIA DE LA REPUBLICA PIDEN INVESTIGAR ADULTERACION DE DOCUMENTOS EN ENTREGA DE TITULOS”; noticia en que se atribuye al entonces Auditor Interno de la Universidad, y ahora condenado JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, la presentación de una denuncia ante el Consejo Universitario sobre irregularidades cometidas en los trámites y documentación de estudiantes próximos a graduarse en esa casa de estudios, así como también el de señalar que varios empleados de la Universidad, entre quienes se encuentra la Secretaria de la Facultad de Ciencias Medicas, la señora MARTHA ALICIA SEVILLA, se dedican a efectuar trámites de expedientes de estudiantes que están por egresar, añadiendo que casos como este existen más en la Universidad, ya que tal labor le deja beneficios personales a las personas que se dedican a esa actividad. Expresiones estas que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, consideró que lesionaban el honor e imagen de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA, puesto que en ellas se le atribuye participación en la realización de tramites irregulares y por ende al margen de la Ley, efectuados con ánimo de lucro a favor de estudiantes próximos a egresar de la Universidad.- CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y de los alegatos esgrimidos por el recurrente menester será entonces que en el caso de autos, se considere si el fallo dictado por la Sala Laboral-Contencioso-Administrativo de este Alto Tribunal, es un hecho nuevo sobreviniente al fallo condenatorio dictado en contra del señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, que pudiese dar lugar a que la Sentencia firme dictada en su contra pueda ser revisada en esta instancia constitucional, en ese orden de ideas y del análisis del referido fallo, esta Sala observa que el mismo señala que esta debidamente acreditada la causal de despido de la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, de su puesto de trabajo en la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), causal que tiene que ver con que la misma había incumplido lo dispuesto en el Acuerdo No.139-2002 del Acta 617 del Consejo Universitario que prohíbe a los empleados de la UNAH realizar tramites de obtención de titulo a favor de particulares.- CONSIDERANDO (15): Que el Articulo 96 numeral 6 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, señala que las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevengan hechos nuevos; entendiendo por tal, aquel suceso fáctico vinculado al delito y del cual no se tuvo conocimiento en el proceso judicial, de manera que no pudo ser controvertido, se trata pues de un suceso ligado al hecho punible del que sin embargo no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del trayecto procesal; en ese orden de ideas esta Sala arriba a la conclusión que en el caso de autos efectivamente se ha producido un hecho nuevo posterior a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, mismo que tiene que ver con que la Sentencia dictada por este Alto Tribunal, a través de La Sala Laboral, ha señalado que la parte demandada la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), probó plenamente la causal en que se fundó para despedir a la señora MARTHA ALICIA SEVILLA VASQUEZ, esto es que la referida señora fue despedida por que incumplió las disposiciones del acuerdo No.139-2002 del Acta 617, emitidas por el Consejo Universitario, en lo que se refiere a la prohibición para que los empleados de la UNAH realicen trámites de obtención de titulo a favor de particulares, siendo que al señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, se le condenó en la instancia penal, precisamente por las declaraciones que este vertiera a un medio de comunicación, y por las cuales hacia alusión a la conducta observada por la referida señora, y por las cuales la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) la despidió, consecuentemente el argumento esgrimido por el recurrente, en cuanto a que se ha producido un nuevo hecho, después de la condena, es conforme a derecho por lo tanto debe ser estimado.- CONSIDERANDO (16): Que por las razones anteriormente expuestas, el Recurso de Revisión interpuesto a favor del condenado, debe ser declarado con lugar.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 96 No.6), 99, 101 y 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: I) Declarando con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, a favor de SI MISMO, y II) Anula la Sentencia Definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa MDC., en fecha cinco de diciembre del año dos mil dos, Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de junio de dos mil trece.- VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado FÉLIX EDGARDO GARCÍA SUÁREZ, contra la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, que declara ha lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ y que anula la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa de fecha cinco de diciembre de dos mil dos.- CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho.- CONSIDERANDO: Que consta de autos que el recurrente fue notificado por medio de Cédula el diecisiete de junio del presente año, procediendo a interponer recurso de reposición por escrito separado hasta en fecha veinte de junio del corriente año, acción que claramente se encuentra fuera del término concedido por la ley para hacer uso del mismo, por lo que resulta procedente que el recurso interpuesto sea desestimado por ser extemporáneo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 95, 99, 106, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR POR EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el Abogado FÉLIX EDGARDO GARCÍA SUÁREZ por ser extemporáneo; Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recurrida por el peticionario. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve (19) de julio del año dos mil trece (2013), certificación de las resoluciones de fechas veintiuno (21) de mayo y veinticuatro (24) de junio del año dos mil trece (2013), recaídas en el Recurso de Revisión Penal con orden de ingreso en este Tribunal número 1370=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL