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Sentencia EP-654-12 — Registro 3766

Resumen

Detención del imputado en celdas de máxima seguridad, sin comunicación con su familia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"encuentra sometido a procesos penales aún pendientes, y que su ingreso en las celdas de máxima seguridad se decidió observando y respetando en primera instancia las recomendaciones legales y regimenes penitenciarios vigentes de aplicación general, no obstante esta Sala estima oportuno recalcar a la Autoridad recurrida la aplicación y consideración de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de Julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977, y Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General, en su resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990. CONSIDERANDO: Que en línea de lo anterior, es meritorio señalar que los regímenes disciplinarios diferenciados son establecidos en los referidos instrumentos, según la condición jurídica de los recluidos, así: a) Para las Personas Detenidas o en Prisión Preventiva, la regla 92 de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos dispone que a la persona acusada se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con su familia desde el momento de su detención y a recibirlos de visita, la cual puede ser restringida en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento; y, b) Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, estipulan en el Principio 19, que toda persona detenida tiene derecho a ser visitada y tener comunicación con sus familiares en particular con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por la ley o reglamentos. CONSIDERANDO: Que el Hábeas Corpus o Exhibición Personal es la acción que tutela a las personas que se encuentran ilegalmente presas, detenidas, cohibidas de cualquier modo en el goce de su libertad; o cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal o coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, no siendo el caso como ha sido relacionado. CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente consignado, de acuerdo a las actuaciones realizadas al efecto por la Jueza Ejecutora nombrada y de los informes rendidos por las autoridades penitenciarias y policiales, no se advierte que la privación de la libertad que ha sido impuesta al MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO pueda considerarse ilegal o arbitraria, habiendo sido la misma dispuesta por el órgano jurisdiccional respectivo a razón de procesos penales incoados a éste. Adicionalmente esta Sala encuentra que el traslado del señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO al módulo de alta seguridad, fue ordenado asimismo por la autoridad penitenciaria competente, mediante resolución motivada y como consecuencia de las circunstancias en las que se ha visto implicado el encartado, ello con el fin de salvaguardar su integridad física."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil trece. VISTO: El recurso de exhibición personal interpuesto por la Abogada NIDIA GISSELA CASTILLO FUNEZ, quien actúa en su condición de Procuradora Defensora de los Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenido y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a favor de MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO, quien, según la impetrante se encontrara en la Penitenciería Nacional, presuntamente en calidad de detenido en una celda de máxima seguridad desde el día 27 de agosto del año dos mil doce, y bajo un (sic) “régimen de incomunicación” para con sus familiares, desconociendo el estado de su integridad corporal, acción que se presenta en contra de las actuaciones del Director de Centros Penales ABRAHAN FIGUEROA TERCERO. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO: Que en fecha tres de septiembre de dos mil doce, este Tribunal admitió el recurso de exhibición personal interpuesto, procediendo a designar como Jueza Ejecutora a la Abogada GIOVINESSA DUBOIS ZAVALA, Defensora Pública de este Departamento, a efecto de que inmediatamente se constituyera en el lugar de la detención del supuesto agraviado, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del mismo y decretar de ser preciso todas las medidas necesarias para mantener su integridad, así como requerir a la autoridad denunciada para que rindiera informe relacionado a los motivos por los cuales ha sido remitido el agraviado a celdas de máxima seguridad. CONSIDERANDO: Que según se desprende del informe y ampliación que ha presentado a esta Sala la Jueza Ejecutora, se constata lo siguiente: A) Inició las actuaciones en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”, en la cárcel de Máxima Seguridad, para entrevistarse personalmente con el ofendido el señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO y requirió al Comisionado de Policía señor CARLOS ARNOLDO MEJIA LOPEZ, en su condición de DIRECTOR DE CENTROS PENALES, para que rindiera informe sobre los extremos expuestos en el presente recurso de exhibición personal a favor del agraviado. De acuerdo al informe rendido por el DIRECTOR DE CENTROS PENALES, se determina que el señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO, ingresó a ese centro penal, en fecha 02 de abril del año 2012, por orden del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en virtud del proceso penal Número 729-12, el cual se inició en contra del agraviado con el nombre de ELMER ALEXIS FIGUEROA ALVARENGA, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, verificándose posteriormente por el Juez de Letras Unificado de Tegucigalpa, NOE NAZARETH BURGOS HERRERA, que el nombre correcto del acusado es MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO, mediante identificación que fue obtenida a través del Registro Nacional de las Personas; asimismo se encuentra pendiente en contra del mismo imputado, otro proceso penal registrado bajo Número 34710-2011 por el delito de ASESINATO y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de GUSTAVO ALFREDO LANDAVERDE y la señora HILDA EMPERATRIZ CALDERA TOSTA en el mismo JUZGADO DE LETRAS PENAL. También del informe rendido por el DIRECTOR DE CENTROS PENALES se relaciona, que el traslado del perjudicado a la Penitenciaria de la Ciudad de Danlí, El Paraíso, responde a la solicitud de remisión girada por el JUZGADO DE LETRAS DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, en fecha 29 de junio del año dos mil doce, para evacuar diligencias pertinentes en la causa penal Número de 50-2012, que en ese despacho se conoce en contra del sindicado, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de JUAN ALBERTO ESCOTO y por el delito de ROBO en perjuicio de GREGORIO ALBERTO GONZALES ORDOÑEZ; Además indica que el Régimen de Comunicación que fue aplicado al interno, fue emitido por la Dirección de la Penitenciería Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”, en fecha 28 de Agosto del 2012, mediante la Resolución Administrativa Interna Número 076-2012, producto de la Solicitud realizada por el Inspector de Policía KADER ASSAF URBINA SANDOVAL, encargado de la Penitenciaria Nacional de Danlí, Departamento del Paraíso, en la que manifestó temer por la vida del recluso, razón por la que solicitó el traslado de ese centro penal hacia Támara con medidas de seguridad, circunstancia que motivó que al señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO, se le recluyera en el Módulo de Máxima Seguridad, el cual esta clasificado en el nivel 4, por tratarse de la protección de la integridad personal del interno, reduciendo también el Régimen de Comunicación, conforme lo regulan los artículos 52 literal d, 67 párrafo último y 88 del Reglamento Especial para el Funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; B) A su vez, la Jueza Ejecutora requirió al DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Comisionado General JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, para que rindiera informe sobre los hechos que originan el presente Recurso de Exhibición Personal a favor del señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO, quien hizo eco de las actuaciones relacionadas por el DIRECTOR DE CENTROS PENALES, el Comisionado de Policía CARLOS ARNOLDO MEJIA LOPEZ; C) La Jueza Ejecutora requirió al DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, el Inspector de Policía KADER ASSAF URBINA SANDOVAL, en virtud de los informes brindados por el Comisionado de Policía CARLOS ARNOLDO MEJIA LOPEZ en su condición de DIRECTOR DE CENTROS PENALES y el Comisionado General JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, en su condición de DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA; señalando el Inspector de Policía KADER ASSAF URBINA SANDOVAL, que al agraviado lo remitieron a dicho centro penal por orden del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARÁN, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, por el lapso de tiempo necesario para la evacuación de unas diligencias judiciales, las cuales finalizaron con auto de prisión con la medida cautelar de prisión preventiva, y de acuerdo a información de que el afectado podría hacerse daño físicamente por sí mismo o de la mano de otro interno, motivo por lo que solicitó que fuese trasladado a la Penitenciaría Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto; D) Posteriormente la Jueza Ejecutora se trasladó a las instalaciones de los JUZGADOS UNIFICADOS DE LO PENAL, donde entrevistó personalmente al agraviado, que había sido remitido a ese órgano jurisdiccional para la celebración de la Audiencia De Declaración de Imputado en la causa Número 34710-11, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de GUSTAVO ALFREDO LANDAVERDE y la señora HILDA EMPERATRIZ CALDERA TOSTA. El imputado manifestó a la Jueza Ejecutora durante la entrevista, que físicamente se sentía bien, que en el centro de internamiento recibía sus alimentos pero que resentía la falta de comunicación con su familia, logrando corroborar así la Jueza Ejecutora que el procesado no ha sido sometido a vejámenes torturas o golpes; E) Con la ampliación del informe, la Jueza Ejecutora GIOVINESSA DUBOIS ZAVALA, señaló que la Resolución Administrativa Interna Número 076-2012, emitida por la Dirección de la Penitenciería Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”, de fecha 28 de Agosto del 2012, fue emitida conforme a derecho y que la misma fue decidida estimando la protección integral del agraviado; y si bien es cierto se ha restringido la comunicación del procesado, éste señaló en una entrevista posterior mantenida con la Jueza Ejecutora, que habla con su señora cada ocho días por cinco minutos; F) Que basada en la información obtenida, la Jueza Ejecutora fue del parecer de que se declare no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus de merito, por no enmarcarse los hechos manifestados por la peticionaria en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que el artículo 49 de del Acuerdo Número 027-2011 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad que contiene el Reglamento Especial para el Funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,592 y vigente a partir del 12 de agosto del 2011, establece: “El sentido de la clasificación de los privados de libertad en los diferentes niveles, consiste en garantizar a los privados de libertad, personal penitenciario y visitantes en general, la seguridad y un ambiente de convivencia pacífica y una operación segura de los Establecimientos.”. Asimismo el artículo 58 del mismo reglamento indica que tal clasificación se realiza en cuatro niveles, siendo el último el módulo de alta seguridad al que fue transferido el imputado, lo cual según fue acreditado en el presente tramite, no se debió a un acto disciplinario o de sanción, sino que para procurar la seguridad personal del afectado. En cuanto al régimen de comunicación del procesado, no consta que la autoridad penitenciaria haya privado a éste de la misma, sin embargo esta Sala ha logrado advertir que el encartado tuvo comunicación vía teléfono con su señora, durante cinco minutos y si bien esta circunstancia esta así regulada por el artículo 121 del referido reglamento, esta Sala considera que las restricciones al régimen de comunicación a los privados de libertad deben tener un carácter excepcional y deben a la vez estar debidamente justificadas y acordadas previamente por la autoridad penitenciaria por las razones y circunstancias establecidas por la ley, debiéndose tener en cuenta por parte de la autoridad penitenciaria que la salvaguarda de los derechos de los privados de libertad le corresponde al Estado, a sus autoridades y/o representantes, resultando inconsecuente que se apliquen disposiciones y restricciones mas allá de las que sean estrictamente necesarias para asegurar tanto el propósito del internamiento como las garantías individuales y de protección judicial que asisten a los reclusos. CONSIDERANDO: Que de las actuaciones llevadas a cabo por la Jueza Ejecutora, contenidas en el informe del presente recurso, se logra establecer que el señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO, se encuentra sometido a procesos penales aún pendientes, y que su ingreso en las celdas de máxima seguridad se decidió observando y respetando en primera instancia las recomendaciones legales y regimenes penitenciarios vigentes de aplicación general, no obstante esta Sala estima oportuno recalcar a la Autoridad recurrida la aplicación y consideración de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de Julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977, y Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General, en su resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990. CONSIDERANDO: Que en línea de lo anterior, es meritorio señalar que los regímenes disciplinarios diferenciados son establecidos en los referidos instrumentos, según la condición jurídica de los recluidos, así: a) Para las Personas Detenidas o en Prisión Preventiva, la regla 92 de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos dispone que a la persona acusada se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con su familia desde el momento de su detención y a recibirlos de visita, la cual puede ser restringida en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento; y, b) Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, estipulan en el Principio 19, que toda persona detenida tiene derecho a ser visitada y tener comunicación con sus familiares en particular con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por la ley o reglamentos. CONSIDERANDO: Que el Hábeas Corpus o Exhibición Personal es la acción que tutela a las personas que se encuentran ilegalmente presas, detenidas, cohibidas de cualquier modo en el goce de su libertad; o cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal o coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, no siendo el caso como ha sido relacionado. CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente consignado, de acuerdo a las actuaciones realizadas al efecto por la Jueza Ejecutora nombrada y de los informes rendidos por las autoridades penitenciarias y policiales, no se advierte que la privación de la libertad que ha sido impuesta al MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO pueda considerarse ilegal o arbitraria, habiendo sido la misma dispuesta por el órgano jurisdiccional respectivo a razón de procesos penales incoados a éste. Adicionalmente esta Sala encuentra que el traslado del señor MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO al módulo de alta seguridad, fue ordenado asimismo por la autoridad penitenciaria competente, mediante resolución motivada y como consecuencia de las circunstancias en las que se ha visto implicado el encartado, ello con el fin de salvaguardar su integridad física. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior resulta oportuno que esta Sala haga ver a la autoridad penitenciaria la necesidad de regular el régimen de comunicación en atención a lo estipulado en la ley y en los principios que sobre el tratamiento de los reclusos han sido citados en esta resolución, debiendo tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que al efecto y en base a los mismos ha realizado esta Sala. CONSIDERANDO: Que esta Sala concluye que al no constatarse las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es procedente, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar sin lugar el recurso interpuesto. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Regla 92 de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Principio 19 de Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 24, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada NIDIA GISSELA CASTILLO FUNEZ quien actúa en su condición de Procuradora Defensora de los Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenido y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a favor de MARVIN NOEL ANDINO MASCAREÑO en contra de las actuaciones del Director de Centros Penales ABRAHAN FIGUEROA TERCERO, por las razones expuestas y estipuladas en este fallo; Y MANDA: Que la Secretaría de la Sala proceda a certificar el presente fallo para su debido conocimiento a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; a la Dirección General de Establecimientos Penales y al Director de la Penitenciería Nacional “Dr. Marco Aurelio Soto”; y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal bajo el número 654=12.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL