Sentencia AP-813-13 — Registro 7135
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar un recurso de apelación y confirma la del a-quo con relación a la demanda laboral para el pago en concepto de prestaciones laborales y demás indemnizaciones legales que en derecho corresponden
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que esta Sala de lo Constitucional, habiendo analizado el caso; manifiesta que aun y cuando se debe tomar en consideración la naturaleza jurídica del fuero laboral, que se caracteriza por ser un derecho flexible y garantista a favor del trabajador, se debe también analizar que el punto de controversia es la inadmisibilidad del medio de prueba propuesto denominado Confesión, el cual para el recurrente, se presentó en tiempo y forma, y para los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia se presentó en tiempo pero no en forma, por no acompañar en ese momento el pliego de preguntas..." ..." Que si bien, el derecho a la prueba es un derecho instrumental del derecho de defensa, de todos es sabido que los derechos fundamentales no son absolutos, y que la interpretación y comprobación de la concurrencia de las exigencias materiales y formales para la admisión de medios de prueba corresponde a los tribunales ordinarios. La Sala dice lo anterior en virtud de que el derecho a la prueba no tiene un carácter ilimitado. Este derecho como otros, por ejemplo el derecho al recurso, también íntimamente ligado al derecho de defensa, son derechos de configuración legal, es decir que su utilización debe sujetarse a las condiciones impuestas por la normativa procesal. En este sentido el artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles, establece que tratándose del medio de prueba confesión, el tribunal manda a citar para día y hora determinado al litigante que ha de prestar la declaración, y manda que ENTRE TANTO, se mantengan reservados los hechos acerca de cuales va a interrogarle. Por disposición del artículo 858 analógicamente se debe utilizar en el proceso laboral las normativa procesal civil 309, que manda respetar el término de 10 días para proponer medios de prueba y veinte días para evacuar la prueba propuesta. Admitir lo solicitado sería como aceptar la proposición de una parte de un medio de prueba, en el periodo de proposición de la prueba, y el resto que quedó pendiente de proponer, que se haga en el período de la evacuación, estando ya precluido el término de proposición, actuación que deforma el procedimiento previamente establecido, por lo es procedente denegar el recurso de amparo..."
Jerarquía: Reiterativa
...."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que no son propias de la materia constitucional y que corresponden juzgar con exclusividad al juez ordinario, por ese motivo no pertenecen a la jurisdicción constitucional y que si bien están vinculados con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, no encontrando esta Sala que del tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria por parte del Tribunal de Alzada, además resulta perceptible para esta Corte que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre de dos mil trece. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ELVIN IVAN ALEMAN FUENTES a favor del señor SERBELIO ALEMAN AYALA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, que revoca la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS de la SECCIONAL JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA de fecha quince de marzo de dos mil trece; en relación a la causa instruida contra el señor SERBELIO ALEMAN AYALA por suponerlo responsable del delito de TRANSPORTE DE ARMA DE GUERRA y TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente estima que la resolución revocatoria del Tribunal de Alzada, no está dictada conforme a derecho, pues no consideró las razones que valoró el A-quo en la audiencia de revisión de medidas para revocar las medidas cautelares personales que fueron dictadas previamente en la audiencia inicial. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según se desprende del acto reclamado el Ad-quem, revoca la decisión del A-quo a razón de que éste, al dictar su resolución no observó los principios procesales de proporcionalidad y de necesidad de acuerdo al tipo de delito del que se trataba; indicando la Alzada correctamente que el artículo 188 del Código Procesal Penal establece que la prisión provisional será revocada cuando hayan desaparecido los presupuestos que se tuvieron en cuenta para dictarla, disposición que de acuerdo con el Ad-quem no cumplió el Juez que modificó la medida de prisión preventiva, pues en principio el A-quo dictó auto de prisión y la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, estableciendo los presupuestos procesales para motivar tal disposición, no obstante con posterioridad se procedió a modificar la medida de prisión preventiva por parte del mismo Juzgado, omitiendo indicar las razones por las que estimó habían desaparecido los presupuestos que en su momento justificaron la prisión preventiva, razón por la que la Alzada dispuso revocar la decisión del A-quo decisión ésta que según aprecia ésta Sala, fue tomada en consonancia con lo establecido en el artículo 188 antes citado. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es en principio una decisión propia de la jurisdicción penal, misma que aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal[1]. En virtud de lo anterior, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por tanto no susceptible de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al advertirse que la misma se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.
CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que no son propias de la materia constitucional y que corresponden juzgar con exclusividad al juez ordinario, por ese motivo no pertenecen a la jurisdicción constitucional y que si bien están vinculados con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, no encontrando esta Sala que del tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria por parte del Tribunal de Alzada, además resulta perceptible para esta Corte que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 178 numeral uno, en relación con el 179 numeral dos, 188 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado ELVIN IVAN ALEMAN FUENTES a favor del señor SERBELIO ALEMAN AYALA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, advirtiéndose por ende que las alegaciones expuestas por el recurrente constituyen cuestiones de mera legalidad conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el trece de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.813=2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre de dos mil trece. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ELVIN IVAN ALEMAN FUENTES a favor del señor SERBELIO ALEMAN AYALA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, que revoca la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS de la SECCIONAL JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA de fecha quince de marzo de dos mil trece; en relación a la causa instruida contra el señor SERBELIO ALEMAN AYALA por suponerlo responsable del delito de TRANSPORTE DE ARMA DE GUERRA y TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente estima que la resolución revocatoria del Tribunal de Alzada, no está dictada conforme a derecho, pues no consideró las razones que valoró el A-quo en la audiencia de revisión de medidas para revocar las medidas cautelares personales que fueron dictadas previamente en la audiencia inicial. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según se desprende del acto reclamado el Ad-quem, revoca la decisión del A-quo a razón de que éste, al dictar su resolución no observó los principios procesales de proporcionalidad y de necesidad de acuerdo al tipo de delito del que se trataba; indicando la Alzada correctamente que el artículo 188 del Código Procesal Penal establece que la prisión provisional será revocada cuando hayan desaparecido los presupuestos que se tuvieron en cuenta para dictarla, disposición que de acuerdo con el Ad-quem no cumplió el Juez que modificó la medida de prisión preventiva, pues en principio el A-quo dictó auto de prisión y la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, estableciendo los presupuestos procesales para motivar tal disposición, no obstante con posterioridad se procedió a modificar la medida de prisión preventiva por parte del mismo Juzgado, omitiendo indicar las razones por las que estimó habían desaparecido los presupuestos que en su momento justificaron la prisión preventiva, razón por la que la Alzada dispuso revocar la decisión del A-quo decisión ésta que según aprecia ésta Sala, fue tomada en consonancia con lo establecido en el artículo 188 antes citado. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es en principio una decisión propia de la jurisdicción penal, misma que aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal[1]. En virtud de lo anterior, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por tanto no susceptible de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al advertirse que la misma se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.
CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que no son propias de la materia constitucional y que corresponden juzgar con exclusividad al juez ordinario, por ese motivo no pertenecen a la jurisdicción constitucional y que si bien están vinculados con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, no encontrando esta Sala que del tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria por parte del Tribunal de Alzada, además resulta perceptible para esta Corte que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 178 numeral uno, en relación con el 179 numeral dos, 188 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado ELVIN IVAN ALEMAN FUENTES a favor del señor SERBELIO ALEMAN AYALA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, advirtiéndose por ende que las alegaciones expuestas por el recurrente constituyen cuestiones de mera legalidad conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el trece de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.813=2013. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL