Sentencia AP-631-12 — Registro 18907
Resumen
En Consulta la sentencia que declara sin lugar y en consecuencia sobresee el recurso de amparo presentado por los recurrentes con relación a la querella por suponerles responsables del delito de usurpación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de Justicia Constitucional, es atribución de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Tribunales de Sentencia, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 4: Que el artículo 10 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de que los jueces adopten medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y para que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieren producido, dentro de las que se enmarca el desalojo del que trata el artículo 227 del Código Penal, figura que al exigir la acreditación del derecho correspondiente, si bien tiene connotaciones cautelares de resguardo del derecho penalmente protegido, como lo es la propiedad, patrimoniales por el momento procesal en que se prevé su decisión, constituye un incidente que ha de resolverse previo a la continuación del proceso recién iniciado; de tal forma que, al tenor de lo que dispone el artículo 354 numeral 2 del Código Procesal Penal, es susceptible del recurso ordinario de apelación; razón por la cual, la acción de amparo, como la que fue presentada ante de Apelaciones de Choluteca y Valle, al ser un recurso extraordinario, que esencialmente se define como el remedio procesal que se concede en especiales circunstancias, taxativamente determinadas por la ley, sin generalidad, limitado a ciertos fines, y cuando no procede ningún otro de los denominados recursos ordinarios, debió, como en efecto se hizo, declararse sin lugar de plano, en virtud de tener entre los presupuestos procesales establecidos legal y jurisprudencialmente para la procedencia de la pretensión de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios que la ley o leyes que rigen el acto franquean para atacarlo, dadas las particularidades que plantea el proceso de amparo; pues éste posee características propias que lo configuran como un proceso especial y extraordinario en su materia; y, no haberse previamente interpuesto, el recurso de apelación, como medio ordinario para lograr la subsanación de la resolución contra la cual reclama. CONSIDERANDO 5: Que el razonamiento expresado por esta Sala de lo Constitucional, en el considerando precedente parece haber sido observado por de Apelaciones en su resolución y en virtud de ello, el fallo proferido resulta congruente con la posición que esta sala sostiene; sin embargo, al haberse omitido por el ad quem, una motivación clara y suficiente que justifique su decisión, lo que procede es la reforma de su resolución, en cuanto al fundamento de la misma, prevaleciendo la denegatoria de la acción de amparo.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 277 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 354 numeral (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de de lo Constitucional de de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de Mayo del año dos mil trece. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, dictada por APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, que declara sin lugar y en consecuencia sobresee el recurso de amparo presentado por los señores JOSE DELIS ESCOBAR e ISABEL AVILEZ a favor de las señoras MARILIN SUJEY AMAYA REYES e ILSE ADELA OSORTO, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, con relación a la querella promovida contra MARILIN SUJEY AMAYA REYES, JOSE DELIS ESCOBAR TORRES, MARIA LUCRECIA PEREIRA REYES, ILSE ADELA OSORTO AGUILAR e ISABEL AVILEZ AMADOR, por suponerles responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los señores BENJAMIN VELASQUEZ RODRIGUEZ Y MARINA HERRERA AGUILERA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 64, 90, 103, 104 y 106 de de 1) Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de de Choluteca, departamento de Choluteca, los señores BENJAMIN VELASQUEZ RODRIGUEZ y MARINA HERRERA AGUILERA interponiendo querella contra los señores MARILIN SUJEY AMAYA REYES, JOSE DELIS ESCOBAR TORRES, MARIA LUCRECIA PEREIRA REYES, ADELA OSORTO AGUILAR e ISABEL AVILEZ AMADOR, por suponerlos responsables del delito de USURPACION. (Folios 01 al 05 de la primera pieza). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintitrés de marzo de dos mil doce, el referido Tribunal de Sentencia resolvió (sic) “1.- Ordenar el inmediato desalojo de los señores Marilin Sujey Amaya Reyes, José Delis Escobar Torres, María Lucrecia Pereira Reyes, Adela Osorto Aguilar e Isabel Avilez Amador, quienes se encuentran ocupando, un lote de terreno ubicado en el sitio conocido como Puerto de Cedeño (El Edén) del Municipio de Marcovia, con una extensión de Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Metros Cuadrados (39,759.00 mts2), propiedad de Benjamín Velásquez y Marina Herrera. 2.- Nombrar Juez Ejecutor a Santos Emiliano Álvarez, para que ejecute el desalojo de las personas que se encuentran en posesión del terreno arriba descrito y dejar en efectiva posesión a Benjamín Velásquez y Marina Herrera de los terrenos antes referidos, y para realizar tal diligencia el Juez Ejecutor deberá de hacerse acompañar de miembros de , Agentes de de Investigación Criminal y de un miembro observador del Comisionado de los Derechos Humanos Regional de Choluteca, a fin de dar fe del procedimiento y evitar violaciones a los derechos humanos tanto de los intervinientes en la diligencia como de las personas que van a ser desalojadas. …” (Folios 23 y 24 de la primera pieza). 3) Que JOSE DELIS ESCOBAR e ISABEL AVILEZ, comparecieron ante de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, interponiendo recurso de amparo a favor de las señoras MARILEN SUJEY AMAYA REYES E ILSE ADELA OSORTO, contra la resolución que se deja relacionada en el numeral que precede, afirmando que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90, 103, 104 y 106 de de 4) Que en fecha veintiséis de abril de dos mil doce, de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle dictó sentencia mediante la cual (sic) “RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Alexander Herrera en su condición de apoderado legal de los señores MARLIN SUJEY AMAYA REYES e ILSE ADELA OSORTO, y contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, por suponerlas responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de los señores BENJAMIN VELASQUEZ RODRIGUEZ Y MARINA HERRERA AGUILERA, de generales expresadas.- SEGUNDO: en consecuencia SOBRESEER las diligencias de amparo.- …” (Folios 28 y vuelto de la segunda pieza). 5) Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil once, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO 1: Que se conoce el recurso de amparo penal venido en consulta, conocido por de Apelaciones Seccional de los departamentos de Choluteca y Valle; interpuesto por los señores JOSE DELIS ESCOBAR e ISRAEL AVILEZ, a favor de las señoras MARILEN SUJEY AMAYA REYES e ILSE ADELA OSORTO contra la resolución de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diez, emitida por el Tribunal de Sentencias del departamento de Choluteca, al haberse ordenado el desalojo de un inmueble, en la querella interpuesta contra dichas señoras por suponerlas responsables del delito de USURPACION en perjuicio de BENJAMIN VELASQUEZ RODRIGUEZ y MARINA HERRERA AGUILERA. CONSIDERANDO 2: Que en dicha resolución, el Tribunal De Sentencias, ordenó “el inmediato desalojo de MARILIN SUJEY AMYA REYES, JOSE DELIS ESCOBAR TORRES, MARIA LUCRECIA PEREIRA REYES, ADELA OSORTO AGUILAR e ISABEL AVILEZ AMADOR, por encontrarse ocupando un lote de terreno ubicado en el sitio conocido como puerto de Cedeño (El Edén) del Municipio de Marcovia, con una extensión de treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (39,759.00 mts2), propiedad de BENJAMIN VELÁSQUEZ Y MARINA HERRERA.” Posteriormente, conociendo de la acción de amparo interpuesta por , de los departamentos de Choluteca y Valle, declaró “sin lugar el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Alexander Herrera en su condición de apoderado legal de los señores MARLIN SUJEY AMAYA REYES E ILSE ADELA OSORTO, y contra las actuaciones responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los señores BENJAMIN VELASQUEZ RODRIGUEZ y MARINA HERRERA AGUILERA…” que entre los requisitos de interposición de la demanda de amparo, se encuentra el indicar los recursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación y como requisito indispensable que la ley exige y que al no haberse realizado la notificación no ha comenzado a correr el plazo para interponer los recursos. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de Justicia Constitucional, es atribución de de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Tribunales de Sentencia, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 4: Que el artículo 10 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de que los jueces adopten medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y para que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieren producido, dentro de las que se enmarca el desalojo del que trata el artículo 227 del Código Penal, figura que al exigir la acreditación del derecho correspondiente, si bien tiene connotaciones cautelares de resguardo del derecho penalmente protegido, como lo es la propiedad, patrimoniales por el momento procesal en que se prevé su decisión, constituye un incidente que ha de resolverse previo a la continuación del proceso recién iniciado; de tal forma que, al tenor de lo que dispone el artículo 354 numeral 2 del Código Procesal Penal, es susceptible del recurso ordinario de apelación; razón por la cual, la acción de amparo, como la que fue presentada ante de Apelaciones de Choluteca y Valle, al ser un recurso extraordinario, que esencialmente se define como el remedio procesal que se concede en especiales circunstancias, taxativamente determinadas por la ley, sin generalidad, limitado a ciertos fines, y cuando no procede ningún otro de los denominados recursos ordinarios, debió, como en efecto se hizo, declararse sin lugar de plano, en virtud de tener entre los presupuestos procesales establecidos legal y jurisprudencialmente para la procedencia de la pretensión de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios que la ley o leyes que rigen el acto franquean para atacarlo, dadas las particularidades que plantea el proceso de amparo; pues éste posee características propias que lo configuran como un proceso especial y extraordinario en su materia; y, no haberse previamente interpuesto, el recurso de apelación, como medio ordinario para lograr la subsanación de la resolución contra la cual reclama. CONSIDERANDO 5: Que el razonamiento expresado por esta Sala de lo Constitucional, en el considerando precedente parece haber sido observado por de Apelaciones en su resolución y en virtud de ello, el fallo proferido resulta congruente con la posición que esta sala sostiene; sin embargo, al haberse omitido por el ad quem, una motivación clara y suficiente que justifique su decisión, lo que procede es la reforma de su resolución, en cuanto al fundamento de la misma, prevaleciendo la denegatoria de la acción de amparo. POR TANTO: Que de de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de de , por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de de ; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46, 49 numeral 3, 68 y 69 Ley sobre Justicia Constitucional; 227 del Código Penal y, 10, 354 numeral 2 del Código Procesal Penal FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por de Apelaciones Seccional de los Departamentos de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, en cuanto a su fundamentación jurídica. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 631=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL