Sentencia AP-508-11 — Registro 3868
Resumen
Sentencia recurrida confirma denegatoria a la oposición formal a la imposición de medidas de aseguramiento de bienes y a la petición de desaseguramiento de un bien inmueble
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." …"CONSIDERANDO (12): Que después del análisis correspondiente, la Sala manifiesta que el artículo 90 constitucional norma que garantiza los derechos que conforman el debido proceso, no debe ser señalada como vulnerada cuando las decisiones judiciales son contrarias a las pretensiones de las partes, en ese sentido, lo que garantiza la misma es el obtener una respuesta motivada y bien fundamentada dentro del marco legal aplicable y de acuerdo a las formalidades derechos y garantías establecidas por la ley, tal y como se aprecia en el presente caso. El órgano jurisdiccional convalido la medida de aseguramiento impuesta por el Ministerio Público, a una masa patrimonial determinada, que fue habida por una sociedad anónima de reciente creación y en un periodo determinado de tiempo, por lo que no se observa vulneración a derechos fundamentales, al tomarse la decisión de denegar el desaseguramiento de un bien determinado que conforma un todo con otros bienes. CONSIDERANDO (13): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo. CONSIDERANDO (14): Que por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 103 (Decreto)
- Ley de Ministerio Público, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."…"CONSIDERANDO (12): Que después del análisis correspondiente, la Sala manifiesta que el artículo 90 constitucional norma que garantiza los derechos que conforman el debido proceso, no debe ser señalada como vulnerada cuando las decisiones judiciales son contrarias a las pretensiones de las partes, en ese sentido, lo que garantiza la misma es el obtener una respuesta motivada y bien fundamentada dentro del marco legal aplicable y de acuerdo a las formalidades derechos y garantías establecidas por la ley, tal y como se aprecia en el presente caso. El órgano jurisdiccional convalido la medida de aseguramiento impuesta por el Ministerio Público, a una masa patrimonial determinada, que fue habida por una sociedad anónima de reciente creación y en un periodo determinado de tiempo, por lo que no se observa vulneración a derechos fundamentales, al tomarse la decisión de denegar el desaseguramiento de un bien determinado que conforma un todo con otros bienes. CONSIDERANDO (13): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo. CONSIDERANDO (14): Que por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 103 (Decreto)
- Ley de Ministerio Público, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 15 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley contra el delito de lavado de activos, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero del año dos mil trece.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado VÍCTOR MANUEL COTO GUERRA, a favor del señor ALDO ASFURA LACA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL FLUIR S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha ocho de junio de dos mil once, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, en fecha veinte de abril de dos mil once; con relación a las diligencias prejudiciales de aseguramiento de bienes inmuebles en la investigación instruida contra el señor ALDO ASFURA LACA y la Sociedad Mercantil denominada FLUIR S.A., por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se violentan en perjuicio de sus representados el debido proceso y el derecho de propiedad privada, estipulados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de noviembre de dos mil diez, el abogado LUIS ALFONSO CARDONA MACÍAS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, solicitando se decretara la medida cautelar de aseguramiento de tres bienes inmuebles, en relación a las diligencias investigativas instruidas contra los señores RENÉ ALFONZO RODRÍGUEZ VALLE, WILFREDO HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA, MARÍA ANTONIETA MEJÍA SERRANO Y LA SOCIEDAD MERCANTIL FLUIR S.A., por suponerlos responsables de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veinte de abril de dos mil once, el Juzgado de Letras citado, resolviendo sobre la oposición de medidas de aseguramiento de bienes, presentado por el abogado VÍCTOR MANUEL COTO GUERRA, en su condición de apoderado legal del señor ALDO ASFURA LACA y la Sociedad Mercantil denominada FLUIR S.A., resolvió desestimar dicha oposición formal así como el desaseguramiento de un bien inmueble ubicado en Aldea Las Cañadas, jurisdicción del municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán. (Folios 196 al 197 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que en fecha ocho de junio de dos mil once, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado VÍCTOR MANUEL COTO GUERRA, en su condición ya mencionada, y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara en fecha veinte de abril de dos mil once, relacionada en el inciso que precede. (Folios 04 al 12 de la segunda pieza de antecedentes) 4) El recurrente abogado VÍCTOR MANUEL COTO GUERRA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de julio de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del señor ALDO ASFURA LACA y la Sociedad Mercantil FLUIR S.A., por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha ocho de junio de dos mil once, es violatoria del debido proceso y el derecho a la propiedad privada, derechos amparados por los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma la acción de amparo en fecha siete de octubre de dos mil once, siendo omitida la vista al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el recurrente, Abogado VICTOR MANUEL COTO GUERRA, en fecha veinte de julio de dos mil once, interpuso recurso de amparo a favor del señor ALDO ASFURA LACA y la sociedad mercantil denominada FLUIR S. A., en contra de una resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, el ocho de junio de dos mil once, que confirma la decisión emitida por el Juzgado de Letras Tercero departamental de la misma sección Judicial, el veinte de abril de dos mil once, mediante la cual declara sin lugar la oposición formal a la imposición de medidas de aseguramiento de bienes y a la petición de desaseguramiento de un bien inmueble ubicado en El Sauce, Aldea Las Cañadas, jurisdicción del Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, peticiones recaídas en las diligencias de investigación iniciadas por el Ministerio Público, contra el señor ALDO ASFURA LACA y de la sociedad mercantil denominada FLUIR S. A., por suponerlo responsable de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): Que de autos se desprende que el Ministerio Público, en fecha uno de noviembre de 2010, solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de bienes inmuebles, en las diligencias investigativas que se adelantan en contra de la empresa mercantil denominada FLUIR S. A. conocida como FLUIRSA, a través de su representante legal y administrador único señor ALDO ASFURA LACA. Sostiene el Ministerio Público, que la sociedad anónima FLUIRSA; se constituyo el 20 de abril de 2007, mediante instrumento público No. 4 autorizado por el Notario DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, inscrita bajo el número 45 del Tomo 661 del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, siendo sus socios, el señor ALDO ASFURA LACA y ELMY VALLADARES RUIZ, en representación de sus menores hijos SERGIO SEBASTIAN Y JAIRO NEFTALI ambos de apellidos MEJIA VALLADARES. CONSIDERANDO (3): Que continua señalando el ente acusador, que entre los meses de abril del año 2008 y junio de 2009, la empresa mercantil FLUIRSA, ha adquirido bienes inmuebles en LOS Municipios de PALO BLANCO y PETO, en el Departamento de Santa Bárbara, por la cantidad de CATORCE MILLONES DE LEMPIRAS, (L14,000.000); un terreno ubicado en el Municipio de Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, por el valor de UN MILLON DE LEMPIRAS, (L1,000.000); un inmueble con un área de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO SEIS VARAS CUADRADAS (10,452.06 vrs2), ubicado en El Sauce, Aldea Las Cañadas, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán y una casa ubicada en el Lote número 18, Bloque C, de la Colonia Florencia.- Asegura el Ministerio Público que desde su constitución, dicha sociedad no ha efectuado actividades mercantiles ó cualquier tipo de actividad que justifique la adquisición de los fondos millonarios para la obtención de los bienes inmuebles enunciados, por lo que es imperativo la aplicación del artículo 15 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, que legitima al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público a dictar órdenes de aseguramiento tan pronto tengan conocimiento de hechos constitutivos del delito de Lavado de Activos. CONSIDERANDO (4): Que en fecha dos de noviembre del mismo año, el A-quo decretó medidas de aseguramiento sobre cada uno de los bienes inmuebles indicados por el Ministerio Público, a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). CONSIDERANDO (5): Que en el decurso de las diligencias, en fecha 7 de diciembre de 2010, el apoderado defensor del señor ALDO ASFURA LACA y de la sociedad mercantil FLUIRSA, presentó formal oposición específicamente al aseguramiento de bienes decretado con respecto al Lote de terreno ubicado en El Sauce, Aldea Las Cañadas, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, cuya extensión es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO SEIS VARAS CUADRADAS (10,452.06 vrs2). Argumenta el abogado defensor que dicho bien inmueble lo hubo por la suma de CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS (l160,000.00); pagado a plazos, acreditando que el señor ASFURA LACA, es dueño de la Farmacia Universal ubicada en Comayaguela, y es gerente general de la Empresa Ganadera AGROINDUSTRIAL, lo que le aporta el ingreso necesario para poder cumplir con el compromiso adquirido, demostrando de esa manera la obtención de fondos lícitos para el pago del bien inmueble ubicado en el Municipio de Valle de Ángeles, por lo que procede el desaseguramiento solamente del bien inmueble indicado. CONSIDERANDO (6): Que mediante auto de fecha veinte de abril de dos mil once, el A-quo resolvió desestimar la oposición formal de medidas de aseguramiento de bienes y el desaseguramiento del Lote de terreno ubicado en El Sauce, Aldea Las Cañadas, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, cuya extensión es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO SEIS VARAS CUADRADAS (10,452.06 vrs2); presentada por el ahora recurrente abogado Víctor Manuel Coto Guerra, a favor del señor ALDO ASFURA LACA, y de la sociedad mercantil FLUIRSA. Esta decisión fue conocida en el tribunal de alzada en virtud de recurso de apelación interpuesto, siendo confirmada en fecha ocho de junio de dos mil once, misma que se conoce ahora en virtud de acción de amparo interpuesta en su contra. CONSIDERANDO (7): Que en la demanda de amparo interpuesta se debe señalar que el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, enuncia como garantía fundamental violada la contenida en los artículos 103 y 90, de la Constitución de la República, preceptos que recogen los derechos fundamentales a la propiedad y al debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que leídos y analizados los escritos de interposición y formalización de la acción, el recurrente expresa que la sentencia impugnada, vulnera a su defendido el derecho fundamental al debido proceso, en tanto en la audiencia ad hoc celebrada, la defensa aportó los medios de prueba necesario para demostrar el origen lícito del dinero con que se obtuvo la propiedad que se pide se decrete el desaseguramiento. Señala que aportó la documentación que demuestra la licitud del origen, por lo que, a denegar lo peticionado, desconocen lo mandado en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos. Además de lo anterior, manifiesta que la denegatoria, le impide a señor Asfura Laca, disponer como dueño de la propiedad, vulnerándose así el contenido del artículo 103 constitucional. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 15 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos entre otros manifiesta: “Cuando el Órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Público, en su caso, tengan conocimiento de cualquiera de los hechos constitutivos del delito de lavado de activos, dictarán en forma inmediata, sin notificación ni audiencias previas, órdenes de aseguramiento, depósito preventivo o cualquier otra medida precautoria o cautelar establecida en la legislación nacional,…”. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 17 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos en el numeral primero establece: “Artículo 17. El Órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Público, en su caso devolverá al reclamante los bienes, productos o instrumentos cuando se acredite: 1.- El reclamante pruebe el origen legal y su interés legítimo en los bienes, productos o instrumentos…”.CONSIDERANDO (11): Que en el artículo 2 de la Ley mencionada, nos proporciona varias definiciones entre las cuales se lee en el numeral 9) Lavado de Activos: Actividad encaminada a legitimar ingresos o activos provenientes de actividades ilícitas o carentes de fundamento económico o soporte legal para su posesión. CONSIDERANDO (12): Que después del análisis correspondiente, la Sala manifiesta que el artículo 90 constitucional norma que garantiza los derechos que conforman el debido proceso, no debe ser señalada como vulnerada cuando las decisiones judiciales son contrarias a las pretensiones de las partes, en ese sentido, lo que garantiza la misma es el obtener una respuesta motivada y bien fundamentada dentro del marco legal aplicable y de acuerdo a las formalidades derechos y garantías establecidas por la ley, tal y como se aprecia en el presente caso. El órgano jurisdiccional convalido la medida de aseguramiento impuesta por el Ministerio Público, a una masa patrimonial determinada, que fue habida por una sociedad anónima de reciente creación y en un periodo determinado de tiempo, por lo que no se observa vulneración a derechos fundamentales, al tomarse la decisión de denegar el desaseguramiento de un bien determinado que conforma un todo con otros bienes. CONSIDERANDO (13): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo. CONSIDERANDO (14): Que por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, 2, 15, 16, 17 No.1 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos; Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha treinta de enero de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 508-P655-P683=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL