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Sentencia AP-452-10 — Registro 3867

Resumen

Resolución recurrida declara sin lugar la excepción por falta de acción por falta de congruente con la naturaleza y verdadera finalidad de la misma,con relación a la causa instruida por la comisión del delito de Difamacion por Actos Constitutivos de Calumnias e Injurias

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."…"CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez; se aprecia que consideró que tal y como está planteada la excepción se refiere a que esta procede entre otros casos en que el Ministerio Publico ejercite una acción pública dependiente de instancia particular, sin haberlo solicitado la victima, ya que es requisito para el ejercicio de éstas que el ofendido exprese su deseo de proceder. Y el segundo supuesto la excepción se configura, por ejemplo cuando una persona, se esta juzgando nuevamente por los mismos hechos que motivaron anteriores enjuiciamientos. "...." CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de marzo de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA, a favor del señor JORGE CANAHUATI LARACH, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que declara sin lugar la excepción de falta de acción con relación a la causa instruida contra el señor JORGE CANAHUATI LARACH por suponerlo responsable de la comisión del delito de DIFAMACION POR ACTOS CONSTITUTIVOS DE CALUMNIAS E INJURIAS en perjuicio del señor JAIME ROLANDO ROSENTHAL OLIVA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil cinco, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el señor JAIME ROLANDO ROSENTHAL OLIVA, actuando en su condición propia, interponiendo la QUERELLA POR EL DELITO DE DIFAMACION POR ACTOS CONSTITUTIVOS DE CALUMNIAS E INJURIAS contra el señor JORGE CANAHUATI LARACH, para que mediante sentencia definitiva sea condenado a pagar la cantidad de veinte millones de Lempiras (L20,000000.00), dicho monto por indemnización de perjuicios y reparación de daños morales. 2) Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil cinco, el Abogado Carlos Enrique Bueso Pineda, actuando en su condición de apoderado legal del señor JORGE CANAHUATI LARACH interpuso ante el Juez A-quo la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, misma que fue resuelta por el Tribunal, sin lugar la excepción por falta de acción, y su tramitación será la del proceso Penal que corresponde a la misma, declarando vencido el plazo de diez días para la interposición de excepciones, nulidades o recusaciones, señalando fecha de audiencia para el tres de marzo del dos mil diez, para la proposición de pruebas. 4) Que en fecha veintidós de febrero del año dos mil seis, el Abogado CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, en su condición indicada presentó recurso de reposición y subsidiaria apelación contra la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, declarando el Tribunal sin lugar el recurso de reposición planteado y admitiendo subsidiariamente el recurso de apelación en ambos efectos con los agravios expresados. 5) Que en fecha veinticinco de marzo del dos mil diez, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, en la condición con que actúa y confirmó la resolución apelada por considerar que no se da ninguno de los supuestos de la excepción planteada. 5) El recurrente Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de julio del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor JORGE CANAHUATI LARACH afirmando que la decisión de la Corte de Apelaciones, de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que declara sin lugar la excepción de falta de acción con relación a la causa instruida contra el señor JORGE CANAHUATI LARACH por suponerlo responsable de la comisión del delito de DIFAMACION POR ACTOS CONSTITUTIVOS DE CALUMNIAS E INJURIAS en perjuicio del señor JAIME ROLANDO ROSENTHAL OLIVA. CONSIDERANDO DOS (2): Que el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA considera agraviado el derecho de su representado, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional es el contemplado en el primer párrafo del Artículo 90 de la Constitución de la República, el que nos determina el principio-derecho del Debido Proceso y de Defensa; y el concepto en que éste ha sido ultrajado se explica de la forma siguiente: “Este derecho ha resultado menoscabado con la resolución que hoy se impugna, en vista que la Corte de Apelaciones, al proceder a resolver el recurso de apelaciones presentado por la parte querellada, debió examinar la relación de hechos de la querella con las publicaciones acompañada a la querella, se advertía mínimanente la existencia de indicios de la comisión del delito imputado, para concluir junto con los aportes dados por esa parte para estimar la falta de acción, si en el caso especifico debía procederse a ejercer la acción penal. Era responsabilidad, entonces, que junto con el alegato del recurrente se observara no solo la posibilidad de participación en los hechos por parte del querellado, sino que antes, establecer que si objetivamente de las publicaciones del 23 al 25 de julio de 2005, se realizaba una imputación falsa de la comisión de un delito en perjuicio del señor JAIME ROLANDO ROSENTHAL OLIVA, o, con las mismas se narraban acontecimientos que conllevan la afectación se su honra, desacreditarlo o generar un menosprecio de su persona. CONSIDERANDO TRES (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, y una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha primero de octubre de dos mil diez, pronunciándose en el sentido que la falta de acción opuesta por la parte recurrente justificada en el hecho de que el querrellado no ha participado en el delito imputado por no haber una vinculación del encausado con los hechos expuestos en la querella, no es criterio del suscrito una justificación congruente con la naturaleza y verdadera finalidad de la excepción de falta de acción; ya que la verdadera esencia de ésta figura procesal, nada tiene que ver con la participación o no del querellado, puesta que esto es objeto de dilucidar en juicio, en caso que haya fracasado la conciliación. La excepción de falta de acción es intrínseca a la persona misma que tiene interés para acudir al ámbito jurisdiccional, es un derecho subjetivo que le asiste, y como tal, solo puede ser descalificado, cuando se ataca alguna deficiencia que regulada en la ley, le incapacita o inhabilita para ser parte actora en una acusación o querella. Por lo que es del parecer de que la sentencia recurrida no viola ninguna de las garantías Constitucionales señalada por el recurrente, por estar apegada a la ley, lo que la acción interpuesta no debe otorgarse. CONSIDERANDO CUATRO (4):Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez; se aprecia que consideró que tal y como está planteada la excepción se refiere a que esta procede entre otros casos en que el Ministerio Publico ejercite una acción pública dependiente de instancia particular, sin haberlo solicitado la victima, ya que es requisito para el ejercicio de éstas que el ofendido exprese su deseo de proceder. Y el segundo supuesto la excepción se configura, por ejemplo cuando una persona, se esta juzgando nuevamente por los mismos hechos que motivaron anteriores enjuiciamientos. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. SECRETARIO POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintidós de abril de dos mil trece, certificación del fallo de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 452-P553-P576=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL