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Sentencia AP-178-11 — Registro 8058

Resumen

Acto recurrido que confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución con relación a libertad condicional y conmuta de pena por trabajo comunitario por los delitos de robo de vehículo y robo simple

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, observando esta Sala la vulneración del Debido proceso en el pronunciamiento del Ad-Quem, cuando señala: “No importa cuántas penas se hayan impuesto en concurso real, si cada una de ellas no sobrepasa los cinco años, todas son conmutables de pleno derecho por dinero o en su defecto por trabajo comunitario; y sobrepasándolas una de ellas, es de esperar que una vez que se cumpla más de la mitad, sino pasa de doce años, o las dos terceras partes si pasa de doce años, se acceda a la libertad condicional” de esta manera se aparta del cumplimiento de la norma relativa a la acumulación de penas, con lo cual se anula la efectividad del derecho material y por ende vulnera el principio de legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo del dos mil trece.- VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, a favor del señor MOISES CHAVARRIA FLORES, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero del año dos mil once, que confirmó la resolución dictada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diez, por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor SANTOS VIRGILIO CARRASCO, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE, en perjuicio del señor MOISES CHAVARRIA FLORES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que luego de haberse presentado Requerimiento Fiscal en contra del señor SANTOS VIRGILIO CARRASCO, se celebró Audiencia Inicial en fecha diecinueve de agosto del año dos mil cinco, en la que se decretó Auto de Prisión en contra del imputado por considerarlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE, en perjuicio del señor MOISES CHAVARRIA FLORES, imponiéndole la media cautelar de Prisión Preventiva.- 2) Que en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil cinco, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual condenó al imputado a la pena de siete años seis meses de reclusión por el delito de Robo de Vehículo, y tres años nueve meses de reclusión por el delito de Robo Simple, ambos en perjuicio del señor MOISES CHAVARRIA FLORES.- 3) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diez, en resolución tomada en Audiencia de Libertad Condicional y Conmuta de Pena de Reclusión por Trabajo Comunitario, el Juzgado de Ejecución de esta sección Judicial resolvió: “PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de Libertad Condicional y conmuta de pena de reclusión por trabajo comunitario a favor de SANTOS VIRGILIO CARRASCO FLORES. SEGUNDO: Decretar la medida de seguridad de Libertad Vigilada de presentarse el día treinta de cada mes a la Secretaria del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a firmar en libro de libertades condicionales, TERCERO: Prohibición de salir del país.- CUARTO: Le queda prohibido que concurra a los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas y drogas, así mismo consumirlas.- QUINTO: Prohibición de portar armas de fuego y armas blancas.- SEXTO: Este Juzgado informa al condenado que si durante el período de prueba incurre en un nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, se le revocará la Libertad Condicional y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma el tiempo que haya permanecido en libertad.- SEPTIMO: El plazo a cumplir para el trabajo comunitario es de SETENTA DIAS (70) que realizara en tiempo completo (8 horas diarias) para lo cual deberá someterse a la disciplina de la institución, la que está obligada a informar del cumplimiento o incumpliendo del mismo.- OCTAVO: Se designa como lugar de cumplimiento en la Unidad de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal del Distrito central.- NOVENO: Debe someterse a la disciplina laboral de la institución en caso de incumplimiento, tanto del plazo como de las condiciones, la institución debe informar a este juzgado, asimismo de cumplimiento total del plazo… .- DECIMO: En caso de incumplimiento se dará cuenta al Ministerio Público para que, se suspenda la audiencia a efecto de dictar la Resolución. Quedando notificadas las partes en estrado.” (Folios 79 al 81 de autos).- 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido la Abogada MARY ALBINA ZEPEDA FONSECA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintisiete de enero del año dos mil once, mediante la cual resolvió: “1) Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto.- 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.” (Folios 103 al 106 v. de autos).- 5) El recurrente Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de marzo del año dos mil once, reclamando amparo a favor del señor MOISES CHAVARRIA FLORES, por considerar que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha veinte de mayo de dos mil once.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO(2): Que la acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero del año dos mil once mediante la cual confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra el señor SANTOS VIRGILIO CARRASCO, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULOS Y ROBO SIMPLE en perjuicio del señor MOISES CHAVARRIA FLORES.- CONSIDERANDO (4): Que el impetrante, al formalizar su recurso considera vulnerados por la resolución de la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán las siguientes normas Constitucionales: artículos: “90, 95 en relación con los artículo 303 y 313 referentes al imperio de la Ley”. “Considera que se ha quebrantado el Derecho a la Tutela Judicial efectiva al vulnerarse el Debido proceso y el Principio de Legalidad por las siguientes razones fácticas y jurídicas: El Derecho a la Tutela Judicial comprende la libertad de de acceso a la justicia, el derecho de obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, y, que esa sentencia se cumpla, o sea la ejecutoriedad del fallo; siendo necesario garantizar esta ejecutoriedad, pues de lo contrario el reconocimiento de los derechos establecidos en la sentencia sería vano, una mera declaración de intenciones, con grave lesión de la seguridad jurídica, pues como parte culminante del proceso, la ejecución de la sentencia debe satisfacer las pretensiones de justicia de la sociedad como parte interesada en el proceso. En el caso concreto, se considera vulnerado este derecho fundamental, pues la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones se basa en que el condenado reúne los requisitos para la aplicación de los beneficios de libertad condicional por el delito de Robo de Vehículos y conmuta por el delito de Robo simple, de manera individual a pesar de haber sido cometidos en concurso real. Causando una grave lesión a la seguridad jurídica, al no considerar lo establecido en el Artículo 35 del Código Penal, que establece el concepto de concurso real de delitos y el tratamiento que debe dársele al mismo, estableciendo que la determinación de la pena aplicable para el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. El concurso Real de delitos es un supuesto de pluralidad de acciones u omisiones y pluralidad de delitos en donde el sujeto ha realizado varias acciones u omisiones y cada una de ellas es constitutiva de un delito, es decir, una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos”. Señala además que “el condenado fue sentenciado a las penas concretas de 7 años 6 meses de reclusión por el delito de Robo de Vehículos y de 3 años 9 meses de reclusión por el delito de Robo simple, penas que debieron ser acumuladas de conformidad al artículo 35 del Código Penal a efecto de condenar al reo a la suma de las penas, es decir a 11 años, 3 meses, pues no se pueden cumplir simultáneamente por resultar ilusoria la aplicación de una de ellas, de esta manera no procede la aplicación de un beneficio para cada delito, pues las penas deben ser acumulada, siendo procedente el beneficio que corresponda conforme a la Ley, solo en cuanto a la totalidad de las penas acumuladas”.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente se apoya en jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, específicamente en las siguientes Sentencias: Expediente número 2318 del 19 de febrero del año 2004 donde establece: “en el caso de concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno y condenar al reo de conformidad a dicha suma” y la sentencia dictada en el expediente 610-09, donde se establece que “la intención del legislador y autentico espíritu del artículo 35 antes citado, en cuanto a la condena a varias infracciones penales o concurso real, es que las mismas se cumplan acumuladas, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse efectivas en forma simultánea, de tal manera que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, el condenado no podrá solicitar el beneficio de la conmuta”.[1].- CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en la motivación del fallo recurrido, en su numeral Tres deja establecido que el señor SANTOS VIRGILIO CARRASCO, no incurrió en infracción única, que pueda considerarse como medio necesario para materializar otras infracciones, por el contrario, al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de estos hechos, dos infracciones al ordenamiento penal vigente, también independientes en consecuencia toda vez que se encuentra acreditado en el proceso, que respecto de la primera de las penas, éste ha cumplido más de la mitad de la reclusión a que fue condenado, y que además satisface los otros requisitos exigidos por la Ley en la segunda de dichas penas, por lo que resulta procedente que se le concedan los beneficios de libertad condicional y conmuta. Sigue señalando “que la posición sostenida por ese Tribunal ha sido favorecida por los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la cual es consecuente con que todas la penas impuestas por varios delitos, cuando han sido cometidas en concurso real y siempre que las mismas no excedan de cinco años cada una, son conmutables por dinero a razón de diez Lempiras por día o por trabajo comunitario, como lo determina el Artículo 61 No.2 y párrafo tercero del Código Penal; no siendo obstáculo para este propósito que la sumatoria de todas las condenas sea superior a cinco años”.- Reiterando “No importa cuantas penas se hayan impuesto en concurso real, si cada una de ellas no sobrepasa los cinco años, todas son conmutables de pleno derecho por dinero o en su defecto por trabajo comunitario; y sobrepasándolas una de ellas, es de esperar que una vez que se cumpla más de la mitad, sino pasa de doce años, o las dos terceras partes si pasa de doce años, se acceda a la libertad condicional”. Sigue señalando en el “numeral cuatro, literal c) del referido fallo, que la acumulación de que trata el párrafo final del artículo 35 del Código Penal, está concebida como una operación mental, con el único propósito de no lesionar el derecho del condenado a la libertad condicional cuando ha cometido varios delitos en concurso real…”. Precisando en el caso que nos ocupa, indica el Ad-Quem que “al condenado se le impusieron en concurso real dos penas de reclusión una de 7 años 6 meses y otra de 3 años 9 meses, si se acumulan las penas como pretende el Ministerio Público resulta una sumatoria de once años tres meses de reclusión, con lo cual al condenado de manera arbitraria no solo se le incrementa el tiempo de reclusión para que pueda acceder al beneficio de la libertad condicional, sino que se le priva de gozar del derecho a la conmuta, el cual queda automáticamente eliminado de la acumulación, lo cual, además, es violatorio del artículo 61 que establece que la reclusión hasta por cinco años es conmutable, por dinero o trabajo a favor de la comunidad, sin poner ninguna otra limitación que las que se aprecian en la propia norma, dentro de las cuales no se encuentra la petición del condenado”. Apoya su fallo el Ad-Quem en la Sentencia de Amparo dictada el 12 de octubre del dos mil diez.- CONSIDERANDO (7): Que los argumentos del recurrente señalan aspectos de derecho penal sustantivo y de aplicación de la Ley Penal, dentro de la Garantía Jurisdiccional inherente al el Estado de Derecho. Debiendo analizar si el fallo del Ad-Quem satisface el derecho fundamental a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable. Aprecia la Sala que el fallo recurrido contiene la motivación y fundamentación jurídica suficiente, consideración formal que abarca la constatación de que la decisión judicial recurrida ha sido emitida por un órgano jurisdiccional competente, en congruencia con el asunto debatido y dentro de un plazo que no excede los seis meses desde que tomó el conocimiento del asunto la instancia, con lo cual se confirma el respeto al derecho a oír justicia en un plazo razonable, salvaguardado como garantía mínima del imputado en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (8): Que analizado el artículo 35 del Código Penal vigente se encuentran hasta tres supuesto de ejecución de pena en concurso real de delitos, lo cual deberá ser valorado cuidadosamente y de acuerdo a las circunstancias del caso por el Juez Natural, al momento de realizarse el computo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga[2]. El primer supuesto es el de la simultaneidad de las penas como regla general, “La posibilidad de cumplimiento simultáneo estará en función de la naturaleza y efectos de las distintas penas”[3], por lo que el primer criterio para negar la posibilidad de cumplimiento simultáneo es que las penas sean de idéntica naturaleza y no acumulativas, no resultando compatibles ninguna de las penas privativas de libertad y las privativas de derechos de idéntico contenido[4], de lo que resulta el segundo supuesto de imposibilidad de cumplimiento simultaneo de las penas; y el último supuesto, que recae en que una de las penas se vuelva ilusorio su cumplimiento, en cuyo caso, las penas deberán cumplirse sucesivamente, principiando por las mayores, siempre observando el limite del principio de acumulación de las penas, que señala, que no podrán exceder de treinta años, conforme a los prescrito en el artículo 97 de la Constitución de la República en relación con el artículo 35 último párrafo del Vigente Código Penal. Siguiendo este orden de ideas el Ad-Quem en su resolución se aparta del principio y del cumplimiento de la norma que señala la acumulación de las penas impuestas en concurso real de delitos y en relación al otorgamiento de beneficios al condenado.- CONSIDERNADO (9): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, observando esta Sala la vulneración del Debido proceso en el pronunciamiento del Ad-Quem, cuando señala: “No importa cuantas penas se hayan impuesto en concurso real, si cada una de ellas no sobrepasa los cinco años, todas son conmutables de pleno derecho por dinero o en su defecto por trabajo comunitario; y sobrepasándolas una de ellas, es de esperar que una vez que se cumpla más de la mitad, sino pasa de doce años, o las dos terceras partes si pasa de doce años, se acceda a la libertad condicional” de esta manera se aparta del cumplimiento de la norma relativa a la acumulación de penas, con lo cual se anula la efectividad del derecho material y por ende vulnera el principio de legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que la recurrente señala que la resolución del Ad-Quem vulnera la vigencia del imperio de la ley, constitucionalmente prescrito en el Artículo 303 y 323, preceptos que rigen la potestad jurisdiccional y la responsabilidad legal de los funcionarios; este concepto de la infracción no fue desarrollado debidamente, en la forma como en el fondo, no siendo posible ni siquiera inferir de los antecedentes y argumentos de la impetrante en que forma la resolución jurídica bajo análisis, pudo provocar lesión al imperio de la Ley, en tanto característica esencial del estado de derecho. Razón por la que no se considera la infracción a la vigencia del imperio de la Ley.- CONSIDERNADO (11): Que del análisis a los antecedentes y argumentos expuestos por la recurrente esta sala encuentra que efectivamente se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial relacionado al debido proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los Artículos: 82, 90 párrafo primero, 95, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No.5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 35, del Código Penal, 1, 2, 3, numeral 2, 7, 8, 9 numeral 3, 41 No.1, 45, 48, 63, 65, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO de que se ha hecho mérito. Y MANDA Que con la certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. REDACTO EL MAGISTRADO LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el quince (15) de julio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal número 178=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] A favor de las posiciones jurisprudenciales citadas, la Sala de lo constitucional ha fallado los siguientes expedientes: AP 621-08 del 31 de julio del 2009 y AP 610-09 del 9 de febrero del 2010. resulta ilustrador el recurso de amparo número 1238-1408-1417-05 del 29 de noviembre del 2005, en el cual se recapitula que el concurso real de delitos tiene lugar cuando una persona debe responder por varias violaciones de la ley penal, siendo necesario que los actos ilícitos sean apreciados en forma autónoma, de manera que la aplicación de una de las penas no resulte excluyente de la aplicación de las otras. Precedente en Contrario, lo constituye el AP345-08 del seis de octubre del 2009, donde se fundamenta que el principio de acumulación entendido de un modo aritmético, si no se limita de algún modo, conduce a penas draconianas, incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica, siendo lógico que se arbitren determinados criterios, en los que, combinando los diversos principios se llegue a penas proporcionales.

[2] En el marco de las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Resolución adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; y de la Ley de Rehabilitación del Delincuente.

[3] Córdova Roda, J. Comentarios al Código Penal, T.II. 1972, pags. 338 y ss.

[4] Choclán Montalvo José Antonio. Culpabilidad y Pena. Su medición en el sistema Penal salvadoreño. Talleres Gráficos UCA, noviembre 1999. Pág. 172.