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Sentencia AP-164-13 — Registro 8057

Resumen

Acto recurrido que confirma la desestimación de los incidentes de falta de acción y extinción de la acción penal presentado por el impetrante, con relación a querella instruida en su contra por supuesta responsabilidad en un delito de fraude

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que una vez iniciado el proceso, en el transcurso de la audiencia de Debate, la Defensa del encartado opuso las excepciones de falta de acción, prevista por el artículo 46 No. 2) del Código Procesal Penal, y la excepción de extinción de la acción penal señalada en el numeral 3) de la norma señalada,  arguyendo que el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, actuando en su condición de apoderado de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V., carece de legitimación activa, para impetrar la acción penal que se conoce. CONSIDERANDO (7): Que el excepcionista alegó, respecto de la excepción de falta de acción, que de acuerdo a lo que prevé el artículo 209 del Código de Comercio, es que, quien representa a las sociedades anónimas, ya sea judicial o extrajudicialmente, es un administrador o el Consejo de Administración; al mismo tiempo señala que el artículo 78 del Código de Comercio prevé, que las sociedades de responsabilidad limitada, serán representadas por los gerentes y se sabe que la sociedad querellante se denomina “FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA S. A. de C. V.”, es decir una sociedad anónima que no puede ser representada por el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, a quien el gerente de la empresa querellante le otorgó el poder de representación para accionar penalmente, y, al no ser el gerente el representante legal de dicha sociedad anónima, no esta autorizado para otorgar poder de representación, y consecuentemente , el abogado, como ya se dijo, no tiene la representación de la sociedad y por ende no esta legitimado para accionar en nombre de ésta. Ahora, con relación a la excepción de extinción de la acción penal, el recurrente manifiesta que el presente caso, se trata de un conflicto de derecho societario, y en tal sentido, según el principio de especialidad, aduce el recurrente que en el mismo, debe primar las normas del Código de Comercio y no las normas penales. Señala que la responsabilidad que se le pretende deducir a su representado, proviene de una actuación en calidad de miembro de un órgano de la sociedad, por lo que no cabe, señala, la aplicación de las normas penales, cuando se trata de alegar una prescripción dentro de un proceso penal, si el delito por el que se acusa tiene su origen en un asunto mercantil. CONSIDERANDO (8): Que en resolución de fecha 19 de septiembre de 2012, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, y CONFIRMA la resolución dictada por el a-quo en la cual se declara SIN LUGAR los incidentes planteados. CONSIDERANDO (9): Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, la defensa del imputado interpuso acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado el derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que según expone el recurrente, la infracción del precepto constitucional invocado se ha producido, cuando la Corte de Apelaciones confirma la desestimación de los incidentes de falta de acción y extinción de la acción penal interpuesto por la defensa del imputado, establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 46 del Código Procesal Penal.  CONSIDERANDO (11): Que por otro lado, el recurrente sostiene que el Tribunal Ad Quem vulnera la garantía del debido proceso, al haber aceptado la legitimación activa del abogado representante de la parte querellante, existiendo pruebas de descargo aportadas por la Defensa que desvirtúan las aportadas por el ente acusador, como son las consistentes en documentos que demuestran que la empresa querellante es una sociedad anónima, y que su representante legal en un gerente general, y es éste el que otorga a un abogado un poder para ejercitar acciones en el campo penal; todo ello contraria a la ley, ya que si se trata de un gerente general, dicha atribución solo le compete si representa legalmente a una empresa de responsabilidad limitada, ya que cuando se trata de sociedades anónimas, le corresponde al consejo de administración y no a un gerente general. La aceptación de dicha representación por parte del Tribunal ad-quem es contraria a lo establecido en el artículo 209 del Código de Comercio y consecuentemente, del debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que el Código de Comercio desarrolla lo relativo a las sociedades anónimas en el articulado que va del artículo 90 al 270, y dentro de estos establece en el artículo 209 que: “La representación judicial o extrajudicial de la sociedad corresponderá al administrador o al consejo de administración, que actuará por medio de su presidente. El uso de la firma social corresponderá al administrador, al consejero o consejeros que se determinen y, a falta de designación, al presidente del consejo.   Si la escritura social lo autoriza, el consejo podrá delegar parcialmente sus facultades de administración y representación en un consejero delegado o en las comisiones que al efecto designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquel y darle periódicamente cuanta de su gestión.”     CONSIDERANDO (13): Que el artículo 78 de la norma antes citada establece que: “La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminad. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá derecho a revocar en cualquier tiempo a sus administradores.” CONSIDERANDO (14): Que uno de los métodos más útiles en orden a la interpretación de las normas y que es aplicable a cualquier rama o sector del ordenamiento jurídico, es el método lógico o sistemático al que alude el artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil, donde se establece que           “…El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía…”. CONSIDERANDO (15): Que una interpretación lógico-sistemática de las normas legales antes relacionadas, nos lleva a concluir que las sociedades anónimas serán representadas por un administrador único o por un consejo de administración, que bien es cierto pueden nombrar uno  o varios  gerentes generales, los  que tendrán las atribuciones que se les confieran como tal y como lo establece los artículos 218 y 219 del Código de Comercio pero que conforme debida correspondencia y armonía de las leyes, la administración y representación de las mismas la tienen los sujetos supra mencionados, la Sala de lo Constitucional, observa que a folio 558 de la primera pieza, consta la escritura pública número catorce del siete de abril del año mil novecientos ochenta y siete, autorizada en la notaria del abogado VIRGILIO FORTIN MACHADO, en la cual en la cláusula número 21 dice: “..La Sociedad será dirigida, administrada, regulada y representada con amplias facultades, salvo las que competen a la Asamblea de Accionistas, por el Consejo de Administración…” en relación con el Gerente General, la cláusula 22 dispone: “El Consejo de Administración tendrá plenos poderes de administración y dominio, pudiendo realizar por medio del Gerente General, todos los actos conducentes a la ejecución de los fines de la sociedad, de conformidad con lo que prescriben los presentes estatutos…”. CONSIDERANDO (16): Que la Sala concluye,  después de analizar la normativa del Código de Comercio y el instrumento público de constitución de la sociedad “FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA S.A. de C.V.”   que consta a folio 558 ya mencionada, que el apoderado querellante no estaba legitimado para interponer ante los tribunales  de la República las acciones penales en nombre de la sociedad antes mencionada, pues la representación como persona jurídica denominada Sociedad Anónima está a cargo de un administrador único o al consejo de administración tal como lo establece la norma legal supra indicada. CONSIDERANDO (17):   Que por todas las razones anteriormente expuestas, La Sala es del criterio por que se otorgue el amparo solicitado por el abogado JOSE MARCELINO VARGAS a favor del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional no se pronuncia en concreto sobre el motivo del amparo alegado en relación a la excepción de extinción de la acción penal en virtud de haber prosperado el motivo anterior de excepción por falta de acción o representación legal de la sociedad “FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA S.A. de C.V..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de agosto del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE MARCELINO VARGAS a favor del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, que confirma una resolución de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, dictada por la sala tercera del Tribunal de Sentencia, departamento Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor ARISTIDES SOTO ALCERRO por suponerlo responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de noviembre del año dos mil cinco, el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, actuando en su condición de apoderado de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V., compareció ante el Tribunal de Sentencia, departamento Francisco Morazán, presentando Querella en contra del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO por suponerlo responsable de los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES y contra las señoras ILSE GLADYS HERNANDEZ de FUNEZ y LAURA ELENA NUÑEZ por el delito de ESTAFA en perjuicio de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V. 2) Que en la audiencia respectiva celebrada fecha veintidós de noviembre del año dos mil once, la sala tercera del Tribunal de Sentencia, del departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “…Declarar sin lugar los incidentes planteados por el apoderado defensor del querellado, ordenar la continuación del debate, señalando fecha para los días 30 Y 31 de agosto del año en curso, en razón de lo cargada que se encuentra la agenda de la sala, haciendo la observación que el mismo se desarrollará en la sala segunda del Tribunal de Sentencias de ésta Ciudad…” (Folio quinientos treinta y nueve (539) de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado JOSE MARCELINO VARGAS, en su condición de defensor privado del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, dictó resolución mediante la cual resolvió; (Sic) “DECLARAR Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto.-SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución dictada por el A-quo….” (Folios quinientos ochenta y ocho (588) al quinientos noventa y dos (592) de los antecedentes). 4) EL recurrente abogado JOSE MARCELINO VARGAS compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, reclamando amparo, a favor del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO, contra le resolución dictada por el Ad-quem, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, alegando que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional el día cinco de junio de dos mil trece. 5) Que en fecha veinte de junio del año dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho abogado MARIO RENE ALBERTO ALONSO, quien en su dictamen es de la opinión que NO DEBE OTORGARSE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que del análisis de la diligencias y de las argumentaciones que expone el recurrente esta Sala estima que la cuestión central por la que se recurre es contra la resolución de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce dictada por el Tribunal Ad-quem, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE MARCELINO VARGAS y confirmar la resolución dictada por la sala tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en resolución de fecha veintidós de noviembre del año dos mil once. CONSIDERANDO (2): Que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (3): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. .CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en amparo expone en sus argumentaciones que la resolución dictada por el Ad-quem es violatoria del artículo 90 de la Constitución de la República, el cual recoge la garantía procesal denominada “debido proceso”, la cual aunque en si lleve implícita otras garantías procesales específicamente protegidas, en términos generales se le concibe como el reconocimiento al derecho que tiene todo ciudadano de ser juzgado por juez competente en un proceso revestido de todas las formalidades legales, y respetando los derechos y garantías que legalmente le asisten. CONSIDERANDO (5): Que el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, actuando en su condición de apoderado de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V., en fecha treinta de noviembre del año dos mil cinco, compareció ante el Tribunal de Sentencia, departamento Francisco Morazán, presentando Querella en contra del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO por suponerlo responsable de los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES y contra las señoras ILSE GLADYS HERNANDEZ de FUNEZ y LAURA ELENA NUÑEZ por el delito de ESTAFA, en perjuicio de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (6): Que una vez iniciado el proceso, en el transcurso de la audiencia de Debate, la Defensa del encartado opuso las excepciones de falta de acción, prevista por el artículo 46 No. 2) del Código Procesal Penal, y la excepción de extinción de la acción penal señalada en el numeral 3) de la norma señalada, arguyendo que el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, actuando en su condición de apoderado de la sociedad mercantil de FOMENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA S.A. DE C.V., carece de legitimación activa, para impetrar la acción penal que se conoce. CONSIDERANDO (7): Que el excepcionista alegó, respecto de la excepción de falta de acción, que de acuerdo a lo que prevé el artículo 209 del Código de Comercio, es que, quien representa a las sociedades anónimas, ya sea judicial o extrajudicialmente, es un administrador o el Consejo de Administración; al mismo tiempo señala que el artículo 78 del Código de Comercio prevé, que las sociedades de responsabilidad limitada, serán representadas por los gerentes y se sabe que la sociedad querellante se denomina “FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA S. A. de C. V.”, es decir una sociedad anónima que no puede ser representada por el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, a quien el gerente de la empresa querellante le otorgó el poder de representación para accionar penalmente, y, al no ser el gerente el representante legal de dicha sociedad anónima, no esta autorizado para otorgar poder de representación, y consecuentemente , el abogado, como ya se dijo, no tiene la representación de la sociedad y por ende no esta legitimado para accionar en nombre de ésta. Ahora, con relación a la excepción de extinción de la acción penal, el recurrente manifiesta que el presente caso, se trata de un conflicto de derecho societario, y en tal sentido, según el principio de especialidad, aduce el recurrente que en el mismo, debe primar las normas del Código de Comercio y no las normas penales. Señala que la responsabilidad que se le pretende deducir a su representado, proviene de una actuación en calidad de miembro de un órgano de la sociedad, por lo que no cabe, señala, la aplicación de las normas penales, cuando se trata de alegar una prescripción dentro de un proceso penal, si el delito por el que se acusa tiene su origen en un asunto mercantil. CONSIDERANDO (8): Que en resolución de fecha 19 de septiembre de 2012, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, y CONFIRMA la resolución dictada por el a-quo en la cual se declara SIN LUGAR los incidentes planteados. CONSIDERANDO (9): Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, la defensa del imputado interpuso acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado el derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que según expone el recurrente, la infracción del precepto constitucional invocado se ha producido, cuando la Corte de Apelaciones confirma la desestimación de los incidentes de falta de acción y extinción de la acción penal interpuesto por la defensa del imputado, establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 46 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (11): Que por otro lado, el recurrente sostiene que el Tribunal Ad Quem vulnera la garantía del debido proceso, al haber aceptado la legitimación activa del abogado representante de la parte querellante, existiendo pruebas de descargo aportadas por la Defensa que desvirtúan las aportadas por el ente acusador, como son las consistentes en documentos que demuestran que la empresa querellante es una sociedad anónima, y que su representante legal en un gerente general, y es éste el que otorga a un abogado un poder para ejercitar acciones en el campo penal; todo ello contraria a la ley, ya que si se trata de un gerente general, dicha atribución solo le compete si representa legalmente a una empresa de responsabilidad limitada, ya que cuando se trata de sociedades anónimas, le corresponde al consejo de administración y no a un gerente general. La aceptación de dicha representación por parte del Tribunal ad-quem es contraria a lo establecido en el artículo 209 del Código de Comercio y consecuentemente, del debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que el Código de Comercio desarrolla lo relativo a las sociedades anónimas en el articulado que va del artículo 90 al 270, y dentro de estos establece en el artículo 209 que: “La representación judicial o extrajudicial de la sociedad corresponderá al administrador o al consejo de administración, que actuará por medio de su presidente. El uso de la firma social corresponderá al administrador, al consejero o consejeros que se determinen y, a falta de designación, al presidente del consejo. Si la escritura social lo autoriza, el consejo podrá delegar parcialmente sus facultades de administración y representación en un consejero delegado o en las comisiones que al efecto designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquel y darle periódicamente cuanta de su gestión.” CONSIDERANDO (13): Que el artículo 78 de la norma antes citada establece que: “La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminad. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá derecho a revocar en cualquier tiempo a sus administradores.” CONSIDERANDO (14): Que uno de los métodos más útiles en orden a la interpretación de las normas y que es aplicable a cualquier rama o sector del ordenamiento jurídico, es el método lógico o sistemático al que alude el artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil, donde se establece que “…El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía…”. CONSIDERANDO (15): Que una interpretación lógico-sistemática de las normas legales antes relacionadas, nos lleva a concluir que las sociedades anónimas serán representadas por un administrador único o por un consejo de administración, que bien es cierto pueden nombrar uno o varios gerentes generales, los que tendrán las atribuciones que se les confieran como tal y como lo establece los artículos 218 y 219 del Código de Comercio pero que conforme debida correspondencia y armonía de las leyes, la administración y representación de las mismas la tienen los sujetos supra mencionados, la Sala de lo Constitucional, observa que a folio 558 de la primera pieza, consta la escritura pública número catorce del siete de abril del año mil novecientos ochenta y siete, autorizada en la notaria del abogado VIRGILIO FORTIN MACHADO, en la cual en la cláusula número 21 dice: “..La Sociedad será dirigida, administrada, regulada y representada con amplias facultades, salvo las que competen a la Asamblea de Accionistas, por el Consejo de Administración…” en relación con el Gerente General, la cláusula 22 dispone: “El Consejo de Administración tendrá plenos poderes de administración y dominio, pudiendo realizar por medio del Gerente General, todos los actos conducentes a la ejecución de los fines de la sociedad, de conformidad con lo que prescriben los presentes estatutos…”. CONSIDERANDO (16): Que la Sala concluye, después de analizar la normativa del Código de Comercio y el instrumento público de constitución de la sociedad “FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA S.A. de C.V.” que consta a folio 558 ya mencionada, que el apoderado querellante no estaba legitimado para interponer ante los tribunales de la República las acciones penales en nombre de la sociedad antes mencionada, pues la representación como persona jurídica denominada Sociedad Anónima está a cargo de un administrador único o al consejo de administración tal como lo establece la norma legal supra indicada. CONSIDERANDO (17): Que por todas las razones anteriormente expuestas, La Sala es del criterio por que se otorgue el amparo solicitado por el abogado JOSE MARCELINO VARGAS a favor del señor ARISTIDES SOTO ALCERRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional no se pronuncia en concreto sobre el motivo del amparo alegado en relación a la excepción de extinción de la acción penal en virtud de haber prosperado el motivo anterior de excepción por falta de acción o representación legal de la sociedad “FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA S.A. de C.V.” POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 183, 230, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323 párrafo primero de la Constitución de la República, 46 numeral 2) y 3) del Código Procesal Penal, 19 párrafo primero del Código Civil, 78, 208, 209, 218 y 219 del Código de Comercio, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3)literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Otorgando el amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, por no estar el querellante debidamente legitimado para incoar dicha acción; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. REINA SAGRARIO SOLORZANO. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de septiembre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 164=13.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL