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Sentencia AL-717-12 — Registro 8053

Resumen

Acto recurrido que confirma el auto interlocutorio proferido por el a-quo con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por el reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de una Excepción Dilatoria de Incompetencia del Tribunal ante quien se presentó la Demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., dieciséis de julio de dos mil trece.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, a favor de SAMUEL FRANCISCO SANTOS FUENTES, FANNY DINORA LÓPEZ FERNANDEZ, JAYME RANDOLFO AGUILAR VALLE, JOAQUIN VELASQUEZ ZAVALA, EDNA LIZETH SEVILLA RODRIGUEZ, HECTOR ARNULFO CENTENO BALTAZAR, HECTOR JAVIER RODRIGUEZ DURAN, REGNER ORLANDO RIVERA RAMIREZ, SAYRA ELIZABETH PORTILLO ORELLANA, TOMAS ALBERTO CACERES CASTRO y JORGE MAURICIO RODRIGUEZ PANTING, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintitrés de julio de dos mil doce, que confirma el auto interlocutorio proferido por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha cuatro de junio de dos mil doce, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SAMUEL FRANCISCO SANTOS FUENTES, FANNY DINORA LÓPEZ FERNANDEZ, JAYME RANDOLFO AGUILAR VALLE, JOAQUIN VELASQUEZ ZAVALA, EDNA LIZETH SEVILLA RODRIGUEZ, HECTOR ARNULFO CENTENO BALTAZAR, HECTOR JAVIER RODRIGUEZ DURAN, REGNER ORLANDO RIVERA RAMIREZ, SAYRA ELIZABETH PORTILLO ORELLANA, TOMAS ALBERTO CACERES CASTRO y JORGE MAURICIO RODRIGUEZ PANTING, contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, se desprende que éste no comparte la resolución dictada por la Alzada, mediante la cual confirma la excepción dilatoria interpuesta por el Estado, misma que indica el impetrante, no se encuentra regulada en el Código Procesal Civil, siendo también del parecer que la causa corresponde ser conocida por los Juzgados de lo laboral, toda vez que la relación laboral entre sus representados y el Estado no esta basada en un contrato administrativo, sino en uno estrictamente bilateral.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurrente, se puede apreciar que invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, la declaración y garantías reconocidos en los artículos 64, 82, 90 y 127 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución que fue impugnada, en vista que en el subjudice no se califica la existencia de la relación de trabajo entre los demandantes y la institución demandada, sino que solo coloca el conocimiento de la misma en una jurisdicción que no le corresponde a ese Tribunal de Alzada en razón de la esfera de atribuciones fijadas por la ley, razón por la que el conocimiento de dicha causa corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la contratación que se realizó fue mediante acuerdo ministerial. En cuanto al alegato del recurrente, referente que en el Código Procesal Civil no se regulan las excepciones sino solo Defectos Procesales, la Alzada indicó que en el Código del Trabajo se encuentran reguladas las excepciones, y que el Código Procesal Civil solo resulta aplicable en aquellos casos no regulados en la materia laboral.- CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan".- CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por el reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de una Excepción Dilatoria de Incompetencia del Tribunal ante quien se presento la Demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 710 y 858 del Código del Trabajo;1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, a favor de SAMUEL FRANCISCO SANTOS FUENTES, FANNY DINORA LÓPEZ FERNANDEZ, JAYME RANDOLFO AGUILAR VALLE, JOAQUIN VELASQUEZ ZAVALA, EDNA LIZETH SEVILLA RODRIGUEZ, HECTOR ARNULFO CENTENO BALTAZAR, HECTOR JAVIER RODRIGUEZ DURAN, REGNER ORLANDO RIVERA RAMIREZ, SAYRA ELIZABETH PORTILLO ORELLANA, TOMAS ALBERTO CACERES CASTRO y JORGE MAURICIO RODRIGUEZ PANTING, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintitrés de julio de dos mil doce, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho (8) de agosto del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal número 717=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL