Sentencia AL-631-13 — Registro 7996
Resumen
Sentencia confirmó resolución interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que anuló audiencia de remate y adjudicación de bien inmueble por considerar que ejecución debe ser en base a normas supletorias de Código de Procedimientos Civles de 1906 y no el Código Procesal Civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria censurada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se deduce que el Ad-quem arribó a la conclusión de que correspondía confirmar la decisión del A-quo en vista que consta de autos que la primera actuación realizada en el proceso de ejecución tuvo lugar el día veintiséis de octubre de dos mil cuatro, fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, consecuentemente el procedimiento de ejecución debió desarrollarse conforme a las normas relativas a la ejecución en materia laboral y supletoriamente en las contenidas en el Código de Procedimientos de 1906 y no bajo el amparo del Código Procesal Civil como fue efectuado..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., dos de octubre de dos mil trece. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL SANDOVAL ZELAYA, a favor de JOSÉ ANTONIO GARCÍA ZUNIGA; recurso contra la sentencia interlocutoria emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha catorce de junio de dos mil trece, que confirma la Sentencia Interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, en fecha veintiséis de febrero de dos mil trece; con relación a la demanda laboral promovida por el señor JOSÉ ANTONIO GARCÍA ZÚNIGA contra el señor SPENCER JACKSON. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que debe subsanarse la resolución recurrida pues ésta valida el pronunciamiento del A-quo, referente a que en la etapa de ejecución de la sentencia definitiva del juicio de merito debe aplicarse las normas establecidas en el Código de Procedimientos de 1906, argumento éste con el que se decretó la nulidad de la audiencia de remate que fue desarrollada bajo las disposiciones del Código Procesal Civil, mediante la cual se remató el inmueble y se le adjudicó a su representado. CONSIDERANDO: Que en mismo escrito de interposición indica el recurrente que con el acto reclamado se violenta el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria censurada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se deduce que el Ad-quem arribó a la conclusión de que correspondía confirmar la decisión del A-quo en vista que consta de autos que la primera actuación realizada en el proceso de ejecución tuvo lugar el día veintiséis de octubre de dos mil cuatro, fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, consecuentemente el procedimiento de ejecución debió desarrollarse conforme a las normas relativas a la ejecución en materia laboral y supletoriamente en las contenidas en el Código de Procedimientos de 1906 y no bajo el amparo del Código Procesal Civil como fue efectuado. CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Civil establece en el artículo 915, que en los juicios especiales pendientes al entrar en vigencia el presente Código, se seguirán tramitando conforme al Código procesal anterior, y a partir de la sentencia o resolución, se aplicará el presente Código. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 915 del Código Procesal Civil; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL SANDOVAL ZELAYA, a favor de JOSÉ ANTONIO GARCÍA ZUNIGA; recurso contra la sentencia interlocutoria emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha catorce de junio de dos mil trece; por existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintinueve de octubre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Laboral No.631-2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., dos de octubre de dos mil trece. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL SANDOVAL ZELAYA, a favor de JOSÉ ANTONIO GARCÍA ZUNIGA; recurso contra la sentencia interlocutoria emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha catorce de junio de dos mil trece, que confirma la Sentencia Interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, en fecha veintiséis de febrero de dos mil trece; con relación a la demanda laboral promovida por el señor JOSÉ ANTONIO GARCÍA ZÚNIGA contra el señor SPENCER JACKSON. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que debe subsanarse la resolución recurrida pues ésta valida el pronunciamiento del A-quo, referente a que en la etapa de ejecución de la sentencia definitiva del juicio de merito debe aplicarse las normas establecidas en el Código de Procedimientos de 1906, argumento éste con el que se decretó la nulidad de la audiencia de remate que fue desarrollada bajo las disposiciones del Código Procesal Civil, mediante la cual se remató el inmueble y se le adjudicó a su representado. CONSIDERANDO: Que en mismo escrito de interposición indica el recurrente que con el acto reclamado se violenta el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria censurada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se deduce que el Ad-quem arribó a la conclusión de que correspondía confirmar la decisión del A-quo en vista que consta de autos que la primera actuación realizada en el proceso de ejecución tuvo lugar el día veintiséis de octubre de dos mil cuatro, fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, consecuentemente el procedimiento de ejecución debió desarrollarse conforme a las normas relativas a la ejecución en materia laboral y supletoriamente en las contenidas en el Código de Procedimientos de 1906 y no bajo el amparo del Código Procesal Civil como fue efectuado. CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Civil establece en el artículo 915, que en los juicios especiales pendientes al entrar en vigencia el presente Código, se seguirán tramitando conforme al Código procesal anterior, y a partir de la sentencia o resolución, se aplicará el presente Código. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 915 del Código Procesal Civil; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL SANDOVAL ZELAYA, a favor de JOSÉ ANTONIO GARCÍA ZUNIGA; recurso contra la sentencia interlocutoria emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha catorce de junio de dos mil trece; por existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintinueve de octubre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Laboral No.631-2013. Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL