Sentencia AL-574-11 — Registro 7992
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelaciones y confirmó fallo dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar defectos procesales de incompetencia de tribunal y falta de representación legal de demandante o de su procurador en relación a demanda ordinaria laboral para que patrono justifique imposición de sanciones a trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (BCH) contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional del debido Proceso alegado por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el ad-quem no debió de haber confirmado la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha tres de marzo del año dos mil once, y por la cual el referido Juzgado, falló declarando sin lugar las excepciones dilatorias interpuestas por la parte demandada, esto es la que tenían que ver con la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda, y la de la falta de representación legal del demandante o de su procurador..."..."esta Sala observa que la sentencia que se ha recurrido mediante esta vía constitucional y que fuera dictada por el ad-quem, ha dado respuesta en su totalidad al recurso de apelación impetrado; ahora bien, situación muy distinta es la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha once de marzo y por la cual se declara la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio cinco del expediente, sentencia que al adquirir el carácter de firme, evidentemente deja sin valor ni efecto la sentencia dictada en fecha diez de junio del año dos mil once por el ad-quem; y esto se entiende así porque la sentencia dictada por el a-quo ha declarado la nulidad absoluta de actuaciones, nulidad que abarca todo lo actuado a partir de la actuación que la misma resolución indica..."..."la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, al confirmar la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo, no lesiona en perjuicio del recurrente la garantía del derecho al debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por lo que el recurso de amparo interpuesto por el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de mayo del dos mil trece.- VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 8318, con oficina ubicada en el 5to., Piso del Edificio Principal del Banco Central de Honduras, en esta ciudad; a favor de BANCO CENTRAL DE HONDURAS(BCH), contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha diez de junio de dos mil once, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha tres de marzo de dos mil once, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL) contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH).- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, actuando en su condición de apoderado legal del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento Para que el Patrono pruebe que al imponer sanciones a 22 trabajadores lo hizo observando los artículos Nº 3, 93 y 96 numerales 3) y 11) del Código del Trabajo.- En caso de no hacerlo condenarlo a revertir cada una de las sanciones de dichos trabajadores.- Se le condene al pago de los días dejados de percibir, colaterales, llamados de atención y elmininar de expedientes todo lo actuado; contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS por medio de su Presidenta la Licenciada SANDRA MIDENCE DE MARTINEZ.- 2) Que en fecha uno de marzo del año dos mil diez, el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, en su condición de apoderado legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contesto la demanda interpuesta en contra de su representada.- 3) Que habiéndose señalado por parte del a-quo la fecha del treinta de junio de ese mismo año, para la celebración la audiencia de conciliación, la misma se llevo a cabo sin que hubiere acuerdo por parte de las mismas; por lo que se procedió a abrir la audiencia primera de tramite; audiencia en la cual el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, promueve: a) Incidente de nulidad absoluta de actuaciones, en vista de que la parte demandante no agoto previamente el tramite gubernativo establecido en el articulo 691 del Código del Trabajo; b) Excepción Dilatoria de Incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda, y c) Excepción Dilatoria por falta de representación legal del demandante o de su Procurador.- 4) Que en fecha tres de marzo del año dos mil once, el Juzgado de Letras citado, en la continuación de la primera de tramite FALLÓ: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA Y LA EXCEPCION DILATORIA DE FALTA DE REPRESENTACION LEGAL DEL DEMANDANTE O DE SU PROCURADOR, opuestas por el apoderado de la parte demandada... (F. 167 al 172 p. p.); contra la referida resolución, el apoderado legal de la parte demandada, interpuso recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación, el a-quo resolvió declarar sin lugar el primero y admitió el recurso de Apelación en el efecto devolutivo, así mismo señalo audiencia de continuación de la primera de tramite para el día viernes once marzo del año dos mil once, a las diez con treinta minutos de la mañana, en la que se leerá y notificara a los apoderados legales de las partes la sentencia interlocutoria que recaiga en el juicio con relación al incidente de nulidad de actuaciones, opuesto por el apoderado de la parte demandada.- 5) Que en fecha diez de junio de dos mil once, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán conociendo del recurso a de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que se deja relacionada en el numeral anterior FALLÓ: “1º CONFIRMANDO la sentencia interlocutoria proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán fecha tres de marzo del año dos mil once. …” (F. 41 al 42 de la s. p.).- 6) Que en fecha nueve de agosto del año dos mil once, el recurrente Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de su representada el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), por considerar que el fallo del ad-quem de fecha diez de junio del año dos mil once, es violatorio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la Republica.- 7) Que en fecha catorce de febrero de dos mil doce, el Ministerio Público, a través de la Fiscal adscrita para la Defensa de la Constitución, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, emitió dictamen, siendo del parecer que se DENIEGUE el recurso de amparo impetrado a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH).- CONSIDERANDO 1: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la Republica.- CONSIDERANDO 2: Que se conoce en amparo la sentencia proferida en fecha diez de junio del año dos mil once, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la que por unanimidad de votos confirmo la sentencia interlocutoria proferida en fecha tres de marzo del año dos mil once, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO 3: Que el recurrente abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), la garantía constitucional del debido proceso; para ello explica que sorprendentemente la sentencia dictada por el ad-quem, declara sin lugar el recurso de apelación planteado a favor de su representada y confirma la sentencia dictada por el a-quo, dice que la referida Corte al proferir su fallo, no ha tenido en cuenta que el Juzgado de primera instancia dicto sentencia interlocutoria de fecha once de marzo del año dos mil once, misma que tiene el carácter de firme y por la cual el referido Juzgado declaro con lugar el incidente de nulidad de actuaciones por él promovido, nulidad que abarca desde la presentación de la demanda, a partir del folio cinco (05) de la primera pieza de autos, y que en ese sentido la sentencia dictada por el a-quo anula todos los efectos posteriores que derivaron de la demanda interpuesta, incluso la sentencia recurrida en apelación.- CONSIDERANDO 4: Que bajo la panorámica planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional del debido Proceso alegado por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el ad-quem no debió de haber confirmado la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha tres de marzo del año dos mil once, y por la cual el referido Juzgado, falló declarando sin lugar las excepciones dilatorias interpuestas por la parte demandada, esto es la que tenían que ver con la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda, y la de la falta de representación legal del demandante o de su procurador. Alega el recurrente que el fallo confirmatorio dictado por el ad-quem no ha tenido en cuenta, que posteriormente el mismo a-quo en fecha once de marzo de ese mismo año, dicto sentencia interlocutoria por la que declaro con lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones opuesto también por la parte demandada, a partir e incluso de la presentación de la demanda; fallo del a-quo que al tener el carácter de firme ha anulado todas las actuaciones que derivan de la demanda interpuesta. En ese orden de ideas y dado que el recurrente ha invocado la vulneración de la garantía constitucional del Debido Proceso, menester es señalar que tal garantía comprende entre otros, el derecho a que la sentencia que emita un órgano jurisdiccional reúna los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes; en otras palabras el juzgador en su sentencia no podrá omitir cuestiones y pretensiones propuestas y pedidas; esta Sala observa que la sentencia que se ha recurrido mediante esta vía constitucional y que fuera dictada por el ad-quem, ha dado respuesta en su totalidad al recurso de apelación impetrado; ahora bien, situación muy distinta es la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha once de marzo y por la cual se declara la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio cinco del expediente, sentencia que al adquirir el carácter de firme, evidentemente deja sin valor ni efecto la sentencia dictada en fecha diez de junio del año dos mil once por el ad-quem; y esto se entiende así porque la sentencia dictada por el a-quo ha declarado la nulidad absoluta de actuaciones, nulidad que abarca todo lo actuado a partir de la actuación que la misma resolución indica.- CONSIDERANDO 5: Que por las razones antes expuestas, podemos concluir que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, al confirmar la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo, no lesiona en perjuicio del recurrente la garantía del derecho al debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por lo que el recurso de amparo interpuesto por el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, debe ser denegado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y oído el parecer de la fiscal, con fundamento en los artículos 8 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 664, 665, 666, 672, 710 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la sentencia interlocutoria de fecha diez de junio del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el doce (12) de junio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal número 574=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL